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Lilia Alejandra García fue asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su madre, Norma Esther Andrade, lleva casi dos décadas –tres sexenios con tres presidentes, cuya “sordera” no ha ayudado– buscando justicia y en el camino ha sufrido dos atentados en contra de su vida, engaños de funcionarios públicos de todos niveles y, también, ha ayudado a otras familias a las que a sus hijas han privado de la vida.

La mujer que pasó de ser una profesora a una defensora de los derechos humanos reconocida, incluso, a nivel internacional, lo que no le ha valido justicia. Hoy busca que el caso de su hija llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues ya no se trata sólo de un asunto personal.

“Quiero obligar al Gobierno a que haga algo porque a sabiendas de quiénes son los asesinos no está haciendo nada. Quiero que cuando menos el Estado se comprometa a atender a los huérfanos sin importar la edad que tengan”, sostiene.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Norma Esther Andrade emprendió una intensa búsqueda de verdad y justicia tras la desaparición y asesinato de su hija Lilia Alejandra García, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su lucha se ha alargado por 17 años en los que ha sufrido amenazas, atentados de muerte y desplazamiento; ha visto entrar al cargo a tres diferentes presidentes de la República –dos del PAN y uno del PRI, todos ellos con “sordera”–, cuatro gobernadores y al menos seis distintos alcaldes, todos con promesas, pero jamás ha visto justicia.

Norma se convirtió en una de las activistas más notables del país, incluso reconocida internacionalmente, por la fuerza que ha mostrado en el extenso camino en busca de que el crimen de su hija no quede impune y en la ayuda que brinda a otras madres que padecen su mismo dolor. Sin embargo, la activista  ha perdido la esperanza en las instituciones mexicanas para lograr justicia para su hija.

La apuesta de la defensora está en las instancias internacionales, junto con sus abogados esperan que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie y de un informe de fondo para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues su objetivo y anhelo es obligar al Estado mexicano a mejorar sus protocolos para prevenir e investigar feminicidios y forzarlos a que reparen el daño con atención integral a los huérfanos de las mujeres víctimas del feminicidio, platicó en entrevista con SinEmbargo.

SE LA ROBARON

“Mamá, ¿me prestas dinero para la ruta?”, preguntó Lilia Alejandra a Norma antes de salir de casa rumbo al trabajo.Son las últimas palabras de su hija que recuerda Norma Esther Andrade. Era la madrugada del miércoles 14 de febrero de 2001.

Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años de edad, era madre de dos bebés, estudiaba la preparatoria abierta y trabajaba en una maquiladora ubicada en las calles Ejército Nacional y carretera Panamericana, en la fronteriza Ciudad Juárez.

El rastro de Alejandra se perdió cuando salió de su trabajo a las 19:30 horas de ese miércoles. Debía atravesar un lote baldío –situado frente a una plaza comercial– para llegar a la parada del camión que la llevaría de vuelta a casa.

Una vendedora de elotes, que declaró que Alejandra era su cliente, dijo que la joven no arribó a la parada de autobús.

Norma realizó la pesquisa porque desde que reportó la desaparición de su hija recibió un “trato insensible y omiso” por parte de las autoridades: primero el Ministerio Público la regresó porque no habían transcurrido 24 horas para denunciar y después – cuando aceptaron levantar la denuncia-, le respondieron que sólo serían solo dos ministerios quienes intentarían localizarla porque tenían cientos de personas desaparecidas, según ha denunciado la mujer a lo largo de estos años.

Siete días después de la desaparición, el cuerpo de Alejandra fue encontrado envuelto en una sobrecama gris con estampado de flores en el terreno urbano frente a la Plaza Juárez Mall. El cadáver estaba semidesnudo y con huellas de tortura: la menor fue atada de manos, violada de manera tumultuaria y estrangulada.

Cuando hallaron su cadáver tenía 24 horas de ser asesinada. “La tuvieron alrededor de seis días en cautiverio” y se presume que la tuvieron en una casa que podría estar a unas cuadras de ese lote baldío, pero no hay certeza de esa hipótesis, apunta Norma.

La madrugada del 21 de febrero -el día del hallazgo- una llamada al 060 alertaba que una chica semidesnuda corría por la Avenida Ejército Nacional, que sujetos la sometieron, la subieron a un vehículo blanco y ahí la golpeaban. “De hecho una señora habló a una televisora local muy enojada diciendo que algo había sucedido en ese lugar e incluso la mujer dijo ‘a ver si no la encuentran muerta al rato’. Y sí, ese día, en la tarde [a las 18:30 horas] encontraron a Alejandra”.

SER PERIODISTA

Alejandra se hacía cargo sola de Jade y Kaleb, tenían un año con cinco meses y cinco meses de edad, respectivamente. Trabajaba en la maquila para sostenerlos y estudiaba la preparatoria abierta.

“Ella empezó en el CBTIS 128 pero fue cuando se embarazó de Jade, dejó la escuela para tratar de formar una familia con el papá de Jade y Kaleb, pero pues eran muy jóvenes así que no funcionó la relación. Se separaron y Alejandra se quedó con sus dos hijos”, platica Norma.

En la secundaria fue presidenta del club de periodismo, su sueño era ser periodista. “Su maestra le dio una cámara y ¡ay como me dio lata!, siempre que había un evento me pedía que la llevara, a todos lados tenía que llevarla porque era su pasión”.

Su promedio escolar era regular pero era multitareas. Se integró al club de ajedrez, al grupo de danza, al equipo de basquet, al club de periodismo. Le gustaba la poesía y la oratoria. Norma recuerda que el poema favorito de Alejandra era “México creo en ti”, pieza con la que ganó un concurso de oratoria a nivel estatal.

INICIO DE UN CAMINO QUE NO ACABA

Norma Esther Andrade es hoy en día una de las activistas reconocidas en México e internacionalmente por ser una de las fundadoras y cabezas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las organizaciones que por más de 15 años han buscado a chicas desaparecidas, demandan justicia para mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y han alzado la voz por los feminicidios en el país.

“No es que un día me levantara y dijera: ‘Ay voy a ir a joderle el alma al Gobernador’”, aclara Norma, al narrar su inicio como activista.

Antes del asesinato de su hija, era una maestra sindicalizada que, reconoce, no estaba consciente ni informada sobre la situación de violencia que enfrentaban las mujeres y los asesinatos en Ciudad Juárez.

Luego del crimen de Alejandra se unió a la maestra Marisela Ortiz y otras mujeres. “fue cuando yo me di cuenta de lo que pasaba en la ciudad, porque Rosario Acosta, –otra compañera a quien le asesinaron a una sobrina– fue la que se encargó de abrirme los ojos”.

Al principio eran sólo un grupo que se unió en 2001 para buscar a chicas desaparecidas, para protestar y exigir justicia. Entre ellas estaba Marisela Ortiz, Rosario Acosta, y Norma.

Norma recuerda que más familias empezaron a pedirles ayuda después de que Marisela publicó en un periódico de alta circulación un escrito donde expresaban su impotencia e indignación.

Primero fueron los papás de Minerva Torres, en marzo de 2001. Ellos leyeron ese escrito, creyeron que este grupo eran expertas, las buscaron y les pidieron apoyo. La primera intensión de Norma fue negarse.

La activista recordó que el día que se reunió con los padres de Minerva se levantó de su asiento y les dijo: “Si no pude ayudar a mi hija, ¿cómo creen que los puedo ayudar?”.

Se retiró, dejó a Marisela con los papás, regresó a su casa llorando y su madre le preguntó la causa del llanto. “Le conté y ella me dijo que justo porque no pudiste ayudar a tu hija, debía ayudarlos. Entonces yo me devolví a la reunión, donde estaban los señores muy tristes y les dije: ‘si en algo les puede servir mi voz , mis manos’”.

Pasaron dos años, la exigencia de justicia se elevó y traspasó la líneas del estado de Chihuahua. La demanda se hizo a nivel nacional.

“En 2003, un servidor público [Filiberto Terrazas, funcionario de la gubernatura del priista Patricio Martínez,] dijo que éramos ‘una bola de viejas argüenderas y que éramos la piedrita en el zapato del Gobernador'”, sostiene Norma. A raíz de esos comentarios decidieron constituirse legalmente como asociación y de ahí nació “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.” (NHRC).

La activista detalla que en marzo de 2003 tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México en busca de una asesoría legal: primero en la Asociación Nacional de Abogados democráticos donde Ernestina Godoy nombró a David Peña Rodríguez como el abogado que iba analizar el caso de Alejandra, y en 2004 se integró Karla Michel Salas. Desde entonces son sus representantes jurídicos.

Al inicio, como colectivo y como víctimas, fue difícil para ellas trabajar con otras organizaciones civiles. “nosotras estábamos dañadas psicológicamente, todas. Nuestro dolor no nos permitía ver que era contra gobierno con quien debíamos luchar”.

En ese mismo año, el 26 de noviembre, las mujeres fueron recibidas en Los Pinos por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, quien en ese momento les prometió investigar homicidios, reparar daños y evitar más crímenes, según consignó una noticia publicada por La Jornada. Tras la visita las mujeres señalaron: “[Fox] nos empeñó su palabra y esperamos no tener que decir posteriormente que la incumplió”. En la imagen de nota, Norma aparece con una mirada fija, firme e inquisitiva sobre ex mandatario nacional.

A más de 15 años, Norma no ha tenido justicia y los homicidios de mujeres continúan extendiéndose en todo el país.

Entre los años 2000 y 2016, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el grupo más endeble de mujeres, por rango de edad, fue el de 20 a 29 años. En ese periodo, los feminicidios casi se triplicaron para este estrato demográfico, al pasar de 286 a 772 casos.

El informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” reveló que de 2007 y 2016, el 90 por ciento de los estados de la República mexicana [29 de 32] experimentó un aumento en la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con el informe, en los últimos 32 años se han registrado 52 mil 210 feminicidios en todo el territorio nacional. El 30 por ciento de ellos [15 mil 535 homicidios] ocurrió en los últimos seis años. Y mientras que la cifra más baja de exabruptos contra mujeres tuvo lugar en 2007 con 1 mil 089 casos, el año más infausto fue 2012, con 2 mil 769 defunciones.

SOBREVIVIENTE

Las integrantes de la asociación se enfrentaron al acoso, vigilancia permanente, intimidación y amenazas desde poco antes de la constitución de NHRC.

“Era muy común que judiciales nos siguieran, salíamos de algún lugar, ya hasta conocíamos a las camionetas, atrás de nosotros siguiéndonos”, señala la madre convertida en activista.

En 2005, personas desconocidas irrumpieron en la escuela y aula donde Norma impartía clases y se robaron el expediente que ella tenía sobre el caso de Alejandra.

Las amenazas se intensificaron en 2011. En ese año, una manta apareció en Juárez donde se amenazaba de muerte al integrante más pequeño de la familia de Marisela Ortiz. Ella y su familia tuvieron que dejar la ciudad. Norma decidió quedarse pese a que también le recomendaron dejar la frontera.

El 2 de diciembre de ese mismo año, Norma fue atacada a balazos afuera de su casa. Un sujeto le asestó cinco disparos. Una de las balas se alojó debajo de su corazón, otra la hirió en su mano izquierda y tres más cruzaron su hombro derecho.

Los vecinos no esperaron a que llegara la ambulancia y primero la trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde le dijeron que “no aceptaban baleados”. Después la llevaron a la Clínica 66 donde duró unas horas y finalmente fue transferida al hospital particular Centro Médico, ya que, temían que los agresores regresaran para rematarla.

La intervinieron quirúrgicamente el 3 de diciembre, a los ocho días la dieron de alta y la corrieron del hospital: “Un enfermero quitó las sondas, el suero, todo y me dijo: ‘ya esta dada de alta’. Nos corrieron literalmente, porque ni tiempo me dieron de recoger mis cosas, él las metió a una bolsa, y ni tiempo de cambiarme, así con el camión me sacaron”.

El nosocomio fue amenazado por dar atención a la defensora. “Cuando yo tuve oportunidad de ver el expediente, me di cuenta que habían llamado al hospital para decir que iban a matar a un enfermero cada día si me seguían dando atención medica, por eso el hospital me corrió”, detalla la mujer, quien fue llevada a varios hoteles bajo un fuerte operativo de seguridad mientras se recuperaba y estaba en disposición para salir de la ciudad tras el ataque.

El segundo atentado ocurrió dos meses después en la Ciudad de México afuera de una vivienda que había rentado el gobierno para ella. “Tenía solo 15 días de estar ahí, nadie sabia donde estaba, ni mis abogados ”.

Un sujeto la abordó y trató de privarla de la vida con una navaja cuando regresaba de dejar a su nieto en la escuela: “Abrí la puerta de mi casa, no sé qué me hizo voltear, volteo y lo primero que veo es el arma. En segundos solo pensé, ‘Ay no, otra vez no’, y por instinto le pegué con la mano enyesada, le di en la cara. me giré y empecé a pelear con el sujeto, a pegarle con la mano enyesada, a patearlo. Nos caímos los dos, y en ese momento él me da el navajazo en la mejilla y el cuello”.

Norma explicó que pese a que había cámaras,  la agresión no quedó registrada en el video porque sucedió justo en el momento cuando la cámara giraba y su vivienda quedaba en un punto ciego, añadió Norma.

Las investigaciones de los dos homicidios en grado de tentativa quedaron estancadas y archivadas.

“En Juárez no hay avances y en la Ciudad de México se fue a archivo muerto”, lamenta.

Durante 2011, al menos 16 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México. Seis eran mujeres, entre ellas, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas, Marisela Escobedo y Susana Chávez en Chihuahua; Isabel y Reyna Ayala Nava en Guerrero; y Carmela Elisarraráz Méndez en Michoacán.

ASESINO SERIAL SUELTO

 

El feminicidio de Lilia Alejandra sigue impune, pese a que las autoridades de Chihuahua ya tienen identificados a tres agresores con base a perfiles genéticos.

En 2010 solicitó un análisis a la cobija donde hallaron a Lilia Alejandra. Los resultados de los exámenes encontraron ADN que arrojó un perfil genético y de una de las manos de ella también se pudo identificar otro.

“Después se pidió un cotejo de esos perfiles en el bancos de datos. Se hizo con el Cereso, el del Semefo y de la Procuraduría, ahí nos arrojó una coincidencia genética y es donde ellos ubican a uno de los posibles agresores como un familiar de un ex funcionario de la Fiscalía que lo acababan de asesinar”, explica la madre.

Además, ese mismo perfil genético aparece en otros cuatro asesinatos. La posible primera víctima fue Rocío Cordero, asesinada en en 1994, otra mujer en 1995, una joven más en 1996, Alejandra en 2001 y la última víctima fue Coral Arrieta privada de la vida en el 2005.

“Hace poco, un Ministerio Público me dijo que esa persona ya ha de ser alguien avanzado de edad. Pero si estamos hablando que su primera víctima fue en 1994, ¿cuántos años tendría el agresor: 30 o 40 años? Ahorita tiene mi edad –58 o 65 años–, es un hombre perfectamente capaz para seguir haciendo sus pendejadas”, destaca.

A ocho años de la prueba genética y de presuntamente buscar al agresor entre la familia del ex funcionario asesinado aún no hay avances.

“Yo creo que no han hecho su trabajo como debe de ser. Si no querían aceptar, con las pruebas de ADN en la mano, que hay un asesino serial, entonces menos lo otro”, afirma.

VAN A LA CIDH: “GOBIERNO ME MINTÓ MUCHO”

Los 17 años que han trascurrido no borran, ni aminoran el dolor, la impotencia y la desilusión que siente Norma por el feminicidio de su hija y por el actuar de las autoridades de todos los niveles.

“Todo lo que la autoridad me decía en un principio yo lo creía. En el camino me mintieron y me mintieron muchísimo, como el hecho de que me dijeran que se habían velado las fotos del rollo de la cámara digital y en su momento yo se los creía porque desconocía lo que era una cámara digital , cuando a mi me dijeron que se había velado el rollo, yo lo creí y ya después me di cuenta de lo que era una cámara digital y que lo que estaban haciendo era mentirme”, narró .

La investigación sobre el asesinato de Alejandra ha estado plagada de errores, negligencias, omisiones, pérdida de evidencia y versiones falsas otorgadas a la familia, asegura la defensora de los derechos humanos, por lo que desde abril de 2003 solicitó que su caso fuera revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Cuando Manuel Esparza Navarrete declaró que su trabajo en la Fiscalía era esconder los cuerpos que encontraba, ya con eso, yo dije ‘no’. Fue cuando me senté y mandé la solicitud a la CIDH”, detalló.

La CIDH notificó a la defensora que admitía su petición en mayo de 2012. Los abogados de Norma enviaron el último informe en 2016. El Estado mexicano contestó hace y unos meses  y actualmente están a la espera del informe de Fondo del organismo internacional para en el caso pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No ofrecieron negociar con el Estado, pero yo no quiero negociar”, apuntó

Norma agrega que su siguiente meta es que el caso llegue a la Corte-IDH para que emitan una sentencia en la que se obliga al Estado a realizar políticas públicas eficaces contra los feminicidios y que el Gobierno se vea obligado a tomar acciones para proteger a los hijos de mujeres asesinadas que quedaron en la orfandad.

“Quiero obligar al Gobierno a que haga algo porque a sabiendas de quiénes son los asesinos no está haciendo nada. Quiero que cuando menos el Estado  se comprometa a atender a los huérfanos sin importar la edad que tengan”, apunta.

Norma pidió las autoridades que dejen de ser omisas. Además, exhortó a la sociedad a que se ponga en los zapatos de ellas “que no se espera¡en a cargar con el dolor que vinimos cargando las mamás para hacer algo o solidarizarse”.

Desde que Norma inició su peregrinar, han transcurrido tres administraciones federales encabezadas por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, políticos panistas activos en la opinión y “crítica” desde las redes sociales y Enrique Peña Nieto.

Además, ha lidiado con las gubernaturas de los priistas Patricio Martínez, José Reyes Baeza, quien busca ser senador por la vía plurinominal, el prófugo César Duarte Jaquez y ahora del panista Javier Corral, quien, dice, no ha querido recibirla.

Ciudad Juárez, donde desapareció Lilia Alejandra, ha sido gobernada por al menos seis distintos alcaldes: José Reyes Ferriz, (interino); el panista, José Alfredo Delgado Muñoz y los priístas, Héctor Murguía Lardizábal, de nuevo José Reyes Ferriz, y Enrique Serrano, quien era edil cuando Norma fue atacada; Javier González Mocken (interino) y Héctor Armando Cabada Alvídrez, que llegó por la vía independiente y acaba de terminar su cargo.

-Con información de Efrén Flores.