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Cerca de 200 mujeres y hombres, entre ellos más de 45 niños y niñas provenientes de Cochoapa y Metlaltónoc han sido desplazados al municipio de Tlapa, en Guerrero. La pobreza, la falta de apoyos gubernamentales orientados al campo y los desastres naturales los han convertido en habitantes nómadas en busca de mejores oportunidades que les permitan una vida digna. Sin ninguna otra alternativa han caminado desde la región de La Montaña para llamar la atención del nuevo Gobierno federal.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Felipe es originario de Cochoapa, un municipio en la montaña de Guerrero en el que servicios como hospitales o escuelas son escasos. Desde hace algunos años migró al municipio de Tlapa de Comonfort donde aprendió el idioma español y pudo concluir la secundaria. Su situación económica no le permitió continuar con sus estudios por lo que tuvo que comenzar a trabajar en actividades de albañilería.

Como Felipe, muchas otras personas de su comunidad se desplazan de manera continua entre la montaña para poder estudiar o para poder recibir atención médica. Cada vez que es necesario los habitantes de estos dos municipios invierten el poco dinero con el que cuentan  para poder atender sus enfermedades en los hospitales de Tlapa; cuando las cosas son más difíciles tienen que ir hasta Chilpancingo, un gasto mayor que pocos pueden sostener.

El joven establecido en Tlapa fue sorprendido hace tres meses por  familias enteras. Habitantes de Chochoapa y Metlaltónoc, hablantes del idioma tu’un savi, habían decidido desplazarse para abandonar las duras condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban: pobreza, marginación y falta de servicios sociales que se habían agraviado en 2013, cuando las tormentas “Ingrid” y “Manuel” dejaron el territorio totalmente dañado. Más de 200 mujeres y hombres, entre ellos más de 45 niños y niñas, dejaron atrás su lugar de origen.

“Quedó totalmente rajado”, afirmó Felipe, quien a su vez recordó cómo después del desastre los comuneros de Cochoapa solicitaron el apoyo de Enrique Peña Nieto, sin que él o algunas  autoridades locales les brindaran respuestas. Los habían dejado en el abandono y el olvido.

La pobreza, la falta de apoyos gubernamentales orientados al campo y los desastres naturales habían convertido a los indígenas Na Savi en habitantes nómadas. Sin ninguna otra alternativa caminaron desde la montaña para llamar la atención del nuevo gobierno.

El 20 de noviembre del 2018 se establecieron en un terreno baldío de la colonia Las Mesas, de Tlapa de Comonfort, sin saber saber que éste le pertenecía a alguien. A los dos días de su llegada, Constancio Sánchez, apoderado legal del terreno, les exigió que pagaran el precio del terreno -450 mil pesos- o de lo contrario salieran del territorio. Sin alternativas permanecieron en el lugar.

Neil Arias, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,  afirma que con ánimo resolutivo los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc buscaron el apoyo del gobierno. En noviembre sostuvieron algunas reuniones con Dionisio Pichardo, Presidente Municipal de Tlapa, quien no pudo más que comprometerse con ellos a no usar la fuerza pública para desalojarlos.

Sin embargo, al no poder pagar la cuantiosa cifra, el 13 de enero, los indígenas Na Savi fueron desalojados con maquinaria pesada y camiones de volteo. Los encargados del desalojo acabaron con sus chozas improvisadas, además de los colchones y cobijas que habían conseguido para dormir, y las reservas de frijol y maíz con las que contaban.

El acto fue ordenado por el supuesto apoderado legal del terreno y observado por la policía preventiva municipal. Los oficiales de seguridad no hicieron nada por defender a los comuneros. Incluso, afirmó Arias,  se olvidaron de brindar atención a la señora Florentina Vázquez Martínez, quien fue golpeada hasta sufrir un desmayo y posteriormente llevada  al Hospital Regional de Tlapa por sus propios compañeros.

Al hablar sobre la historia del desplazamiento, Felipe insistió una y otra vez en la necesidad de que el nuevo gobierno preste atención a su caso. El 12 de enero tuvieron oportunidad de reunirse con el nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita a Tlapa. Los habitantes de ambas comunidades le extendieron sus necesidades. El encuentro les dio esperanza, sin embargo, en ellos aún persiste la duda ocasionada por el silencio.

Los comuneros están dispuestos a cruzar todos los caminos que sean necesarios para que se les brinden los apoyos que requieren para encontrar un sitio donde establecerse. Actualmente se encuentran en un terreno cercano al Hospital regional de Tlapa, fueron llevados por la organización Tlachinollan.

“Nosotros no queremos quitarle su terreno a nadie, queremos buscar la manera de pagarle. No sabíamos que el terreno tenía un dueño. Al Presidente [Andrés Manuel López Obrador] le entregamos en sus manos una petición y si no recibimos respuesta vamos a ir a México, a su oficina. Vamos a esperar a que nos diga algo”, agregó Felipe.

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

Los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que los desplazados internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Ramón Martínez, experto en desplazamiento forzado y defensor de la tierra, explicó que existe una necesidad en diferenciar los conceptos de migración y desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que el segundo implica todas aquellas condiciones que ponen en riesgo la vida de un individuo o de una comunidad.

“En México, el desplazamiento forzado tiene como origen la violación generalizada de derechos, la violencia generalizada o la situación de conflicto social que puede tener variantes como el conflicto, o por el despojo territorial de comunidades para la construcción de infraestructura gigante, para megaproyectos o para la privatización de la tierra, con todo un conglomerado de privatización de los recursos, un modo sistemático de despojo que por generaciones se ha producido”, afirmó el especialista.

De acuerdo con el experto, en México el desplazamiento forzado comenzó a repuntar en el 2012 cuando se incrementaron los actos violentos cometidos por el crimen organizado y por el Estado, este último ha cometido actos para destituir de sus tierra a las comunidades para construir  infraestructuras gigantes y megaproyectos. Asimismo, refirió que el fenómeno ha persistido por una falta de voluntad política para regularlo.

“Hay falta de voluntad política, falta de herramientas institucionales y legales y hay una falta de conciencia socio-política de este fenómeno generalizado en México (…) La agenda legislativa federal todavía es omisa del tema”, afirmó Martínez.

En el marco existen criterios de subjetividad, sin embargo, la ausencia de servicios sanitarios y alimentarios pueden ser considerados como motivos de desplazamiento al tener en cuenta que su ausencia son una negación de derechos humanos.

Los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc fueron alentados a desplazarse por  la negación histórica de dichos servicios, así como por la manifestación de los efectos de dos fenómenos naturales.

Paulino Rodríguez, responsable de atención y acompañamiento de jornaleros agrícolas y migrantes transfronterizos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconoce como principales motivos para el desplazamiento de los habitantes de la montaña de Guerrero la falta de atención que ha recaído sobre ellos:

“La población de Guerrero migra principalmente por la falta de empleo, porque sus suelos no son fértiles para sembrar lo más básico: maíz frijol. La marginación, la pobreza y la falta de políticas públicas para atender estas problemáticas obliga a las familias a migrar, principalmente a los campos agrícolas del interior del país. Un motivo nuevo de migración también es la violencia”.

El fenómeno histórico en Guerrero se explica  al conocer las condiciones sociales de pobreza, marginación y violencia.

LA MARGINACIÓN

En el 2016 las mediciones de pobreza del Coneval estimaban que el 43.6 por ciento de los mexicanos vivía en pobreza; es decir, 53.4 millones de personas enfrentaban por lo menos una carencia de los seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda  y acceso a la alimentación. A su vez, otro 7.6 por ciento, 9.4 millones de personas, tenían tres o más carencias de las seis posibles.

Los estados del sur del país concentran los números más altos de pobreza y pobreza extrema. En estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero más del 60 por ciento de su población se encuentra en esta situación de vulnerabilidad. En este último al menos  2.31 millones de personas son pobres y otras 868 mil 10 están en pobreza extrema.

Entre los municipios de Guerrero con mayor porcentaje de carencias se encuentra Chochoapa el Grande, con una estimación de 87.7 por ciento de pobreza. Es el municipio más pobre del estado, seguido por Metlatónoc con una medición de 76.9 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Guerrero, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ambos municipios presentan las cifras más altas de dependencia –valor que refleja el efecto de la fecundidad y la migración– y las carencias más grandes en materia educativa y de salud pública.

 En los rubros que se refieren a los porcentajes de la población asistente a la escuela, ambos municipios no están presentes por no presentar un número superior al 18 por ciento; sin embargo, en la tasa de analfabetismo encabezan la lista con un 56.1 por ciento para Cochoapa y un 43 por ciento para Metlatónoc.

Con un 99.1 por ciento y 98.5 por ciento de población autodenominada indígena, ninguno de los dos municipios se encuentra en el listado de población afiliada al sector público, esto a pesar de que las cifras más altas de hijos nacidos de mujeres de 15 a 49 años son para Cochoapa (de 3.3 hijos en promedio por mujer) y 3.1 para Metlatónoc. Lo mismo ocurre con el porcentaje de fallecimientos de mujeres mayores a 12 años: 17.7 por ciento para el primero y 13.9 para el segundo.

Las indicadores de marginalidad son aún más escandalosos cuando se comparan con el resto de la República. De acuerdo con las cifras del Índice de Desarrollo (IDH) elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el municipio de Chochoapa presenta las cifras más bajas 0.362 , frente a una media nacional de 0.732.

De igual forma es el segundo municipio con peor índice de educación, solo superado por Coicoyán de las Flores en Oaxaca y rebasado por más de ocho centésimas por la Alcaldía de Benito Juárez en la ciudad de México, 0.210 para el primero y 0.965 para el segundo.

El IDH calcula los niveles de vida digna, educación y salud, y se mide siempre en fracciones menores al número uno. La Alcaldía de Benito Juárez alcanza niveles superiores a los de Noruega, mientras que Cochoapa el Grande casi iguala a la República Democrática del Congo y es superado mínimamente por Liberia.

 VIOLENCIA, UNA AMENAZA LATENTE

El último informe de desplazamiento forzado presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) destacó que en el 2017 ocurrieron 25 eventos de desplazamiento forzado en México propiciados por la violencia.

En Guerrero se produjeron siete de los acontecimientos y afectaron a 5 mil 948 personas. Esto lo convirtió en el segundo estado con más episodios y en el segundo con más personas implicadas, sólo superado por Chiapas, que expulsó a 6 mil 090 personas.

En los últimos años, Guerrero se ha consolidado como uno de los estados más violentos de todo México. En 2010, la relación de muertes relacionadas con el narcotráfico había aumentado al triple, pasando de 289 eventos a 884 en un año. Las cifras fueron incrementándose con el paso de los años. En el 2013 el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo consideró la entidad más violenta, con 2 mil 87 homicidios.

El 26 de septiembre del 2014 se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa  “Isidro Burgos”. En el 2017 la Red TDT, organismo no gubernamental de defensa de derechos humanos, convocó una Misión de Observación a Guerrero (MOG) que hizo especial énfasis en la zona de Chilapa, uno de los municipios más violentos del estado y en donde se documentaron varios casos de desaparición forzada y desplazamiento.

En 2018, representantes nahuas, na savi, me’phaa y mestizos de diferentes comunidades, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, denunciaron un fuerte clima de violencia en la montaña del estado y señalaron que la delincuencia organizada había asumido el control total del territorio.

UN ESTADO SOSTENIDO POR MIGRANTES

La migración hacia territorios agrícolas al interior y exterior del país es una forma de vida en Guerrero. De acuerdo con las cifras del Inegi, en el estado hay una razón promedio de dependencia de 63, sin embargo en municipios como Cochoapa el Grande y  Metlatónoc hay más de 99 dependientes por cada 100 en edad laboral (119 y 118 respectivamente).

La migración de personas de la montaña, señaló Paulino Rodríguez, comenzó a finales de los años sesenta y desde entonces ha representado un flujo constante. Tan solo en la última temporada alta, ubicada entre los meses de septiembre a enero, se registraron con el Consejo de jornaleros entre 11 y 12 mil personas, pero se estima que el número rebasa las 30 mil.

Los principales destinos señalados por el experto son Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Morelos. Aunque debido a la extensión de la siembra de chile en estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Nayarit y Nuevo León, estos se han convertido en destinos.

En Estados Unidos los guerrerenses han optado por trasladarse al estado de California, Nueva York, New Jersey, Maryland, Virginia y Carolina del Norte.

“Los cambios para la región producidos por la migración han sido tanto positivos como negativos. Por una parte, las remesas  han elevado el nivel de vida. Las personas compran terrenos, constituyen viviendas, crean sus propios negocios, mantienen a sus familias que están en las comunidades de origen. Económicamente hay una potencialidad porque las remesas rebasan a los programas gubernamentales. Pero en la parte cultural hemos visto perderse algunas costumbres, se han retomado otros aspectos sociales, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo y el vandalismo”, añadió Paulino, quien antes de formar parte del grupo de derechos humanos fue jornalero en diferentes campos agrícolas, incluyendo los de Estados Unidos.

Sobre la población que más emigra aseveró que en el caso de la migración interna se trata de familias enteras. Los niños y sus madres son las que más padecen esta condición, sobre todo porque estas últimas se ven forzadas a realizar labores dobles que incluyen la razón de cuidado. En el caso de la migración a Estados Unidos ubicó a los jefes y jefas de familia como los sujetos principales, sin embargo sostuvo que en los últimos años ha aumentado el fenómeno entre jóvenes que van de los 13 a los 16 años.

Las cifras son inexactas, así lo señaló el experto y dijo que se debe en gran medida a la falta de voluntad del gobierno por prestar atención a dicho tema.

“El reto con el nuevo Gobierno federal es que retome estas cuestiones y cree una política pública para cuidar y proteger a las familias, principalmente jornaleros y jornaleros agrícolas. Y desde luego garantizar más la protección de los migrantes transfronterizos”, expusoRodríguez.