La legislatura de Oklahoma ratificó una ley que prohibirá cualquier aborto desde el momento de la fertilización, salvo cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. Esta sería, hasta ahora, la normatividad más restrictiva en este tema en Estados Unidos.
Washington, 19 de mayo (EFE).– La Cámara Baja del estado de Oklahoma(Estados Unidos) ratificó este jueves una ley que prohibirá cualquier aborto desde el momento de la fertilización y que entrará en vigor en el momento en que el Gobernador, el republicano Kevin Stitt, la firme.
Stitt ya ha avisado de que firmará cualquier restricción sobre el aborto que llegue a su mesa, en plena polémica por la filtración del borrador de una sentencia del Tribunal Supremo del país que revocaría la protección federal de este derecho reproductivo.
Medios estadounidenses señalan que, de aprobarse, el nuevo texto de Oklahoma se convertiría en la norma contra el aborto más restrictiva del país.
La ley prohíbe cualquier aborto excepto cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos revocaría la protección federal de este derecho reproductivo. Foto: Andrew Harnik, AP.
Además, siguiendo la línea de la polémica ley contra el aborto aprobada el año pasado en Texas, la nueva norma permite a los ciudadanos denunciar a cualquier compañía o persona que asista a una mujer en la interrupción de su embarazo.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca,Karine Jean-Pierre, consideró que la iniciativa es el “esfuerzo más extremo” emprendido hasta la fecha por un estado para restringir el derecho al aborto.
Además, consideró que la iniciativa forma parte de una ofensiva contra el derecho al aborto impulsada por “políticos ultra MAGA”, acrónimo de “Make America Great Again” (Hagamos a EU grande de nuevo), el eslogan de campaña y de la presidencia de Donald Trump (2017-2021).
Oklahoma ya tiene en vigor una ley que, como la de Texas, prohíbe los abortos a partir de las primeras seis semanas de embarazo.
Además, otra norma firmada por el gobernador en abril y que entrará en vigor este verano prohíbe cualquier interrupción del embarazo salvo para salvar la vida de la madre.
Hay protestas a nivel nacional que exigen la continuidad del acceso al aborto en un año en el que legisladores y jueces conservadores lo han puesto en peligro. Foto: AP
Varios estados republicanos -entre ellos Oklahoma-, han preparado además “leyes resorte” que entrarán en vigor en el momento en que se conozca la sentencia definitiva del Supremo, a mediados del verano.
Aunque el tribunal ha aclarado que el borrador filtrado a la prensa no es “definitivo”, todo apunta a que la principal instancia judicial del país fallará en contra de la famosa sentencia “Roe contra Wade”, que desde 1973 protege el derecho a interrumpir el embarazo a nivel federal.
Si esto ocurre, los estados que lo deseen tendrán vía libre para aprobar vetos al aborto en su territorio.
Con vestimentas en azul y blanco, colores que también predominaron en globos y velas de humo, integrantes de los colectivos denominados Provida marcharon en calles de la capital mexicana en protesta por la resolución de la SCJN, que emitió diversos pronunciamientos encaminados a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Ciudad de México, 3 de octubre (AP).- Miles de personas marcharon el domingo en Ciudad de México y otras localidades del país para mostrar su rechazo al aborto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera varios pronunciamientos que suponen pasos hacia la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo.
Con gritos de “Vida sí, aborto no”, los manifestantes, la gran mayoría mujeres vestidas de blanco y azul, caminaron por el centro de la capital mexicana. Fueron convocadas bajo el lema de “Marcha en favor de la mujer y la vida” y con el apoyo de los obispos mexicanos.
Los participantes, en su mayoría mujeres, caminaron por el centro de la capital mexicana, vestidos de blanco y azul. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
“Que no estamos a favor de la cultura de la muerte, que tenemos que proteger a los más vulnerables como son los niños y los ancianos (…) porque ahí hay vida, no es un manojo de células”, dijo Maria del Rosario Hernandez Altamirano, de 48 años y sin hijos.
Adriana Jiménez, de 47 años y con tres hijas, pedía que se diera a las mujeres “las alternativas necesarias para que, en caso de que quieran abortar, tener otras opciones”.
Sólo en la CdMx, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo se permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin importar las circunstancias. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
También se convocaron marchas en la capital y en otras localidades para manifestarse en favor del derecho de las mujeres a decidirsobresu cuerpo, pero con mucha menor presencia. El azul y blanco de los globos y la ropa se cambiaba por el verde de los pañuelos triangulares, símbolo del aborto libre.
La “Marcha en favor de la mujer y la vida” contó con el apoyo de obispos mexicanos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En septiembre los movimientos feministas mexicanos celebraron varias decisiones que supusieron avances importantes hacia la despenalización total del aborto, aunque todavía queda un largo camino para conseguir que sea legal y libre en todo país.
Los manifestantes aseguraron que su movimiento es para proteger la vida del concebido y de la mujer. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
La Suprema Corte primero declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo y estableció que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida.
“Vida sí, aborto no”, fueron algunas de las consignas que expresaron los inconformes con la resolución de la SCJN. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ambas decisiones afectan a dos estados concretos pero sientan precedente para que los jueces de todo el país se pronuncien en el mismo sentido, con lo que se abrió la puerta a una serie de reformas legales, ya sean lideradas por los congresos locales o bien que prosperen a golpe de recurso judicial.
Lianna Rebolledo vocera del movimiento “A favor de la mujer y de la Vida”. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Además, el Alto Tribunal limitó los casos en los que el personal médico y de enfermería puede alegar objeción de conciencia para no realizar abortos.
En septiembre la SCJN emitió varios pronunciamientos importantes en camino a la posible despenalización del aborto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Sólo cuatro estados de México -la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo- permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue siendo un delito, con algunas excepciones.
La Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
La determinación forma parte de una serie de medidas en favor de la igualdad, con el objetivo de proporcionar una defensa especializada y profesional a los sectores mas desprotegidos.
Ciudad de México, 8 de septiembre (AP).- Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal anunció el miércoles por la tarde que la defensoríapública mexicana se encargará de asistir a quienes tengan causas penales por abortar.
El anuncio de Zaldívar llega un día después de que el alto tribunal declarara inconstitucional penalizar el aborto en México y forma parte de una serie de medidas presentadas por el Magistrado en favor de la igualdad, entre las que destacó también el permitir a partir de ahora las bajas de paternidad en el seno del poder judicial.
Día histórico para las todas mujeres, sobre todo para las más vulnerables. Se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer. Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos.
Un abrazo a todas las que con su lucha de años han hecho esto posible. pic.twitter.com/DJEli3NZHo
El fallo para que la interrupción voluntaria del embarazo no sea considerada delito afecta de manera inmediata al estado de Couahuila -cuya ley fue el objeto del recurso- pero establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares.
Sólo cuatro estados de México -la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo- permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue estando penalizado con algunas excepciones. Por eso organizaciones feministas indicaron el martes que la vía para avanzar en la despenalización era mediante recursos estado por estado.
Zaldívar dijo no saber cuantas mujeres o personas están acusadas en estos momento por interrupción del embarazo o cuántas están en prisión pero agregó que el objetivo es proporcionar una defensa especializada y profesional a los colectivos más desprotegidos, que son los más afectados.
Según la abogada Verónica Cruz, directora del colectivo “Las Libres”, hoy en día ya no existen mujeres encarceladas en México por abortar pero sí hay unas cuatro mil 600 carpetas de investigación abiertas en todo el país por ese delito.
Este 29 de diciembre se espera que los senadores y senadoras de Argentina decidan apoyar o no el proyecto de ley que permite la legalización del aborto en Argentina; la iniciativa impulsada por le actual Gobierno permitiría que mujeres con hasta 14 semanas de gestión aborten legalmente.
Buenos Aires, Argentina, 29 de diciembre (AP).- Setenta senadores, más de la mitad hombres, definirán la suerte del proyecto de ley que legalizaría el aborto en Argentina, una demanda del movimiento de mujeres que lleva décadas y podría cambiar el paradigma de una región en la que prevalece su penalización.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández y que recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.
La sesión en el Senado comenzará el martes a las cuatro de la tarde (hora local) y la votación, con resultado incierto, está prevista para la madrugada del miércoles. Los alrededores del Congreso fueron vallados a la espera de una multitudinaria convocatoria de activistas a favor y en contra en un contexto de máxima preocupación de las autoridades por el crecimiento en los contagios de coronavirus.
El debate será presidido por la Vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien sólo votará si hay empate.
Activistas por el derecho al aborto ven en una pantalla a legisladores en sesión afuera del Congreso en Buenos Aires, Argentina, el viernes 11 de diciembre de 2020. La cámara baja argentina aprobó un proyecto de ley que legalizaría el aborto. Foto: Natacha Pisarenko, AP
“La votación está pareja”, dijo a AP la Senadora oficialista Nancy González, una de las defensoras del proyecto. “Esto es voto a voto, seguimos trabajando, charlando con los indecisos… El mismo 29 se decidirá, mientras lo debatamos”.
El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3 mil muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38 mil mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.
En 2018 el Senado hizo naufragar una iniciativa similar.
Activistas proaborto se congregan en el exterior del Congreso mientras los legisladores debaten un proyecto de ley para la legalización del aborto. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Los senadores son 72, pero dos de ellos estarán ausentes este año: el expresidente Carlos Menem, quien se encuentra hospitalizado en grave estado de salud. El otro es José Alperovich, de licencia por acusaciones de violación. Ambos rechazan el aborto.
De los 70 que estarán en el debate, 43 son hombres. En parte la incertidumbre por la votación obedece a que las fuerzas políticas, incluido el peronismo gobernante, dieron libertad de acción a sus legisladores. Hasta última hora del lunes había cinco senadores cuya decisión era un misterio.
Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.
Un activista antiaborto reza durante una manifestación contra la despenalización del aborto, en el exterior del Parlamento argentino, mientras los legisladores debaten un proyecto de ley para su legalización, en Buenos Aires. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Según el movimiento feminista argentino, que lleva más de 30 años reclamando la legalización del aborto, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada a excepción de Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.
“Este 29 de diciembre tenemos la oportunidad como sociedad de avanzar hacia la ampliación de derechos. Senadores y senadoras sean parte de la historia y salden esta deuda de la democracia. Necesitamos esta ley para resolver un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, dijo en una solicitada de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de más de 700 organizaciones políticas, sociales, feministas, sindicales, académicas y estudiantiles.
En vísperas de la votación, el Cardenal Mario Poli lamentó durante la homilía de los Santos Inocentes en la catedral metropolitana que “mientras los médicos y enfermeras cumplieron su misión con heroico sacrificio por salvar vidas, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos”.
Verónica Vázquez, una activista antiaborto participa en una manifestación contra la despenalización del aborto, frente al Congreso de Argentina. Foto: Natacha Pisarenko, AP
“Para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas”, afirmó.
El proyecto de ley establece que fuera del plazo de 14 semanas, la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o salud integral. Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años de edad. La de menor edad tendrá que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.
Un activista antiaborto sostiene un rosario durante una manifestación contra la despenalización del aborto, frente al Congreso como legisladores debaten un proyecto de ley sobre su legalización, en Buenos Aires. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.
No se podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.
Los profesionales de la salud se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley serán reprimidos con una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
La ley además incorpora al aborto dentro de la cobertura integral y gratuita del sistema de salud público y privado.
Junto al aborto también debatirá el proyecto de ley sobre atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como plan de los “mil días”, que contempla ayuda económica para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó la semana pasada que las comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal serán las encargadas de analizar la iniciativa que viene del Poder Ejecutivo y de emitir a más tardar en dos semanas un dictamen que será votado en el pleno el 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias.
Por Cecilia González
Los Ángeles, 1 de diciembre (RT).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzará a tratar este martes el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que envió el Presidente, Alberto Fernández, en medio de un clima de fuerte expectativa por parte de los feminismos que esperan que ahora sí se apruebe; de resistencia de los sectores conservadores que se oponen al proyecto, y con la incertidumbre de si obtendrá los votos necesarios en su paso por el Senado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó la semana pasada que las comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal serán las encargadas de analizar la iniciativa que viene del Poder Ejecutivo y de emitir a más tardar en dos semanas un dictamen que será votado en el pleno el 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias. En caso de ser aprobado, pasará al Senado para su ratificación o rechazo antes de que termine el año.
De acuerdo con diversas estimaciones, y a igual que ocurrió hace dos años, se prevé que la legalización será aprobada por una mayoría de 129 votos o más en la Cámara de Diputados, pero el escenario es más complicado en el Senado, en donde hasta ahora se anticipan 33 votos a favor, 35 en contra y una abstención, por lo que será decisiva la posición que adopten tres legisladores que aún están indecisos.
A diferencia del debate de 2018, que duró cinco meses y en el que en ambas cámaras hubo más de mil expositores a favor y en contra, en esta ocasión el tratamiento parlamentario será más breve. En la Cámara de Diputados solo se escuchará a 50 profesionales de la salud, científicos, juristas y especialistas ético religiosos, y se dividirán entre partes iguales entre los que apoyan y rechazan la legalización.
Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades.#QueSeaLeypic.twitter.com/V7Lr6wBmuB
Por ser un proyecto del Gobierno, el ministro de Salud, Ginés González García, la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, serán los primeros expositores que se presentarán esta tarde ante las comisiones legislativas para desglosar un proyecto de ley, que consta de 21 artículos.
Estos son los principales puntos:
1.- Legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo de mujeres hasta la semana 14 de gestación.
2.- Ese plazo solo podrá ser mayor si el embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, o si es resultado de una violación. Para ello, la persona gestante deberá firmar una declaración jurada, requisito que no será necesario si es una niña menor de 13 años.
3.- Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios públicos y privados del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, con garantía de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, calidad y acceso a la información.
4.- En los casos de menores de 13 años, el aborto se realizará mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
5.- Si la persona gestante tiene entre 13 y 16 años, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el de al menos uno/a de sus representantes legales.
6.- Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad y derecho para decidir la interrupción voluntaria de su embarazo.
7.- El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero entonces tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida sin dilaciones.
8.- El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Y no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. Los profesionales que incumplan, serán sometidos a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
9.- Las y los funcionarios públicos, autoridades, profesionales y personal sanitario que dilaten injustificadamente, obstaculicen o nieguen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo podrán ser plausibles de sanciones penales de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
10.- El artículo 88 del Código Penal será reformado para establecer una pena de tres meses a un año de prisión a quien interrumpa su embarazo después de la semana 14 de gestación, salvo que sea producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
