El Ayuntamiento de Jojutla tiene registro de dos dirigencias realizadas por la Fiscalía del Estado: una realizada en julio de 2014, en el mismo sitio donde hasta este viernes se exhumaron 28 cuerpos. En esa ocasión, sumaron 32 restos humanos. La otra fue en 2013, cuando se recuperaron al menos 15 cuerpos.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- En el cuarto día de dirigencias en las fosas de Jojutla, en Morelos, suman 28 cuerpos exhumados, sin embargo, el total de las víctimas en ese lugar podría ser de más de 70, pues en 2013 y 2014 las autoridades habrían recuperado 47 cuerpos.
El Edil de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó este día que en las fosas del panteón de la colonia Pedro Amaro ocurrieron al menos dos inhumaciones de cuerpos que fueron autorizadas por el cabildo y de las que existían registros en el municipio.
De acuerdo con el Alcalde, el Ayuntamiento tiene registro de dos dirigencias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE): la primera inhumación se habría realizado en 2013, cuando se recuperaron al menos 15 cuerpos. Ambos entierros colectivos pudieron ocurrir durante la administración de Hortencia Figueroa Peralta, actual Diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después fue es la ocurrida el 14 de julio de 2014 en el mismo sitio donde hasta este viernes se exhumaron 28 cuerpos. En esa ocasión, sumaron 32 restos humanos.
“Nosotros no hemos autorizado ninguna inhumación, han sido de años anteriores a mi administración, y el registro que hemos entregado [a la FGE] es con el expediente tal cual. Hoy podemos hacer aunque sea un poquito por las víctimas”, expresó Sotelo Martínez durante los trabajos realizados este viernes.
Además de que las altas temperaturas en esa zona complican las dirigencias, familiares de víctimas de desaparición acusaron a las autoridades del estado de entorpecer las investigaciones.
Como en Veracruz, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo y a la par de los gobernadores priistas, Graco Ramírez Garrido Abreu, un Gobernador emanado de la izquierda y en un primer momento apoyado por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, debe ser enjuiciado e investigado antes de que se vaya, dijo Javier Sicilia Zardain. Morelos es seguro, dijeron las familiares de víctimas, pero “es seguro que te maten, roben, te secuestren” y Graco oculta la realidad.
Javier Sicilia Zardain afirma que el perredista Graco Ramírez debe rendir cuentas antes de que se vaya. “Es un maestro de la corrupción”, dijo el activista. Foto: Cuartoscuro
Cuernavaca, Morelos, 10 de agosto (SinEmbargo).– Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos, debe rendir cuentas y ser enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad, antes de dejar el cargo, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
A dos años de que concluya la actual administración, el también escritor y poeta expuso que el Gobierno federal debe ir por Graco y no esperar a que el daño aumente, como lo hizo con el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
“Que rinda cuentas antes de irse, porque se van en la absoluta impunidad. Duarte va a salir así, como salió [Humberto] Moreira, luego tenemos que perseguirlos, o como salió el de Oaxaca, Ulises Ruiz, y tantos. ¿Dónde está Ángel Aguirre y Ayotzinapa?Empecemos por ahí, porque si no la estructura está al servicio de los criminales, de los intereses más obscuros”, dijo.
En los cuatro años de Gobierno del perredista, recordó Sicilia, en Morelos ocurrieron 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 secuestros y 77 mil robos.
“Y la deuda del estado es monstruosa. No ha dejado un sólo problema, ha agravado los problemas; es un Gobierno de saliva, que ha usado la mentira como forma de Gobierno”, detalló.
Sicilia y víctimas –entrevistadas por SinEmbargo– coincidieron en que en la entidad el Gobernador Graco Ramírez niega la realidad y los crímenes que se cometen en contra de la población civil.
Las fosas de Tetelcingo y en Jojutla revelaron 117 cuerpos y nueve bolsas con 12 fragmentos de personas. Algunos de los cadáveres con el tiro de gracia, sin identificación, en total clandestinidad.
“Las fosas de Jojutla son del Estado, donde no siguieron ningún protocolo. No se les informó a las familias. Otros están con tiro de gracia, sin necropsia, huesos. Y el Gobierno sale con que es una falta administrativa, una práctica común. Ese es un crimen de lesa humanidad, ¿por qué están desapareciendo cuerpos sin protocolos?”, planteó Sicilia.
La fosa de Tetelcingo fue descubierta por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven había que fue secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue llevado a la morgue, pero la Fiscalía morelense en lugar de entregarlo a sus familiares lo mandó a la fosa común sin avisar a la familia.
Tras el descubrimiento, otros familiares de desaparecidos, así como organizaciones y colectivos civiles, presionaron al gobierno de Morelos, por lo que la Fiscalía empezó a retirar los cadáveres del sitio. Entre los cuerpos había dos niños y un feto.
“Graco es un maestro de la corrupción, de la retórica de la mentira con una estructura psicópata. Hay una complicidad desde el Gobierno federal, que en lugar de investigar lo arropa, lo protege. Pero ahí están los agravios y las víctimas brotan de la tierra, como en Tetelcingo”, dijo Sicilia.
El activista afirmó que “a Graco lo vamos a sacar” y agregó que si la Secretaría de Gobernación no ataca la impunidad contra los gobernadores es síntoma de que “trabaja” con el crimen organizado.
Sicilia recordó que la marcha que se prepara para este 16 de agosto, en donde participarán líderes transportistas, las bases magisteriales, iglesia católica, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, colegios de abogados, el Frente Popular Gustavo Salgado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (AUEM) y familiares de víctimas de distintos delitos y violaciones de derechos humanos, será para exigir la renuncia y juicio político de Graco Ramírez.
Algunos familiares de víctimas aseguran que en Morelos sólo han obtenido retrasos en la investigación de sus casos, como le ocurre a Tranquila Hernández Lagunes.
La mujer perdió a su hija, entonces de 18 años, un 13 de septiembre de 2014 cuando la joven se dirigía a una tienda cercana a su domicilio.
“No he tenido ninguna respuesta, ni siquiera atención. No me han atendido, porque aunque te den una cita, te tienen sentada horas y horas. La última cita que tuve fue hace seis meses. Me dijeron que ellos me hablaban y no me han hablado”, dijo.
Tranquilina criticó la falta a avances para dar con el paradero de su hijo y se quejó del Gobierno de Graco Ramírez.
“Yo me siento perdida. No hay avances y para ellos no pasada nada. Morelos es seguro sí: seguro te roban, te matan, te secuestran, pero para el Gobernador no pasa nada”, indicó.
Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anahí Morales, estudiante de la UAEM y desaparecida desde 2012 cuando acampaba con su esposo en un pueblo del Estado de México, coincide con Tranquilina.
En Morelos el peregrinar de los familiares de las víctimas por la justicia puede llevar años. Desde que su hija desapareció el caso pasó de Fiscalía en Fiscalía e incluso el expediente fue turnado al Estado de México, sin resultados.
“En Morelos ya no existe la carpeta de mi hija, porque ellos fueron a acampar a un pueblo del Estado de México, pero nunca regresan. Luego se localiza el cuerpo de su esposo en una cañada, desnudo. Se localizan sus objetos, la casa de campaña, pero de mi hija ni un solo objeto personal ni la ropa que llevaba. Levanto mi denuncia en Morelos, paso de Fiscal a Fiscal y ninguno hizo una investigación adecuada. Después me preguntaba el asesor del Procurador que si yo a quién quería que investigaran, porque ellos ya no sabían”, narró.
Como Tranquilina, Angélica también ha tenido que esperar y llevar oficios de una oficina a otra, porque en la fiscalía no hay nadie que haga ese trabajo.
“Las cifras que saca el Gobierno de Morelos en el periódico no son reales, es peor; es difícil en Morelos la seguridad, por mi experiencia con las víctimas todos los días hay desparecidos”, indicó.
Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y analista internacional, precisó que el caso de las fosas de Morelos, es un ejemplo más de los crímenes que se cometen en el país.
“Tenemos miles y miles de personas desaparecidas y el estado está enterrando personas. No se hace la búsqueda de los familiares, en el caso de Tetelcingo personas que fueron inhumadas, el ocultamiento de cadáveres también es desaparición forzada, esas personas por qué murieron. Si no hay expedientes, cómo se atreve el Estado mexicano a dar por concluido el caso y enterrar 117 casos”, dijo.
Dayán recordó la negativa del Gobierno de Graco Ramírez a entregar información sobre las fosas a los familiares de las víctimas.
“El Gobierno del estado de Morelos tiene que aclara qué pasó, porque no puede salí con que es un problema administrativo. Lo que tratan de hacer es meter la pata por delante y no enfrentar el problema”, finalizó.
Familiares de desaparecidos en el país que acudieron a Morelos con la esperanza de encontrar alguna pista o restos en las fosas de Tetelcingo aseguraron que después de 12 días de trabajos, no están conformes con los resultados y la falta de información que se registró durante todo el proceso. Exigieron un informe completo sobre los cuerpos encontrados en el lugar y no otra “verdad histórica”.
Se estima que son 117 los cuerpos sacados de dos fosas en Tetelcingo. Foto:Francisco Cañedo, SinEmbargo
Tetelcingo, Morelos, 4 de junio (SinEmbargo).- Los trabajos de exhumación de restos en dos fosas de Morelos, lejos de satisfacer a familiares de desaparecidos, dejaron descontento, dudas y suspicacias. Señalaron la posible existencia de una tercera fosa.
Familiares de desaparecidos que tenían la esperanza de encontrar alguna pista de sus seres queridos reprocharon a las autoridades locales la falta de información sobre los 117 cuerpos, entre ellos los de dos niños y un feto, encontrados en dos fosas de Tetelcingo, incluso, señalaron que existe una tercera fosa.
“Definitivamente no quedamos conformes porque se sabe que hay una tercera fosa, que va pasar con esa fosa, no podemos quedar conformes con los cuerpos que sacaron hasta que no haya un resultado. Y nosotros los familiares tenemos que seguir presionando para encontrar a sus familias y que les den una cristiana sepultura. Hoy termina pero la confianza en las autoridades no está, acuérdese que dijeron que eran 116 cuerpos y salieron 117. Salieron tres niños y partes de cuerpos. ¿Esos cómo los cuentan?”, dijo a SinEmbargo Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, quien desapareció el 20 de febrero del 2011, en Nuevo León.
Tras el final de los trabajos de exhumación, sigue un proceso de cotejo de información de ADN para relacionar los restos con la información de sus familiares.
Sin embargo, como señala Manzanares, la confianza en las autoridades es poca, ya que la falta de información “es una demostración clara de que están coludidos con el narcotráfico, antes teníamos miedo de ellos, pero ahora son las autoridades las que tienen miedo de las familias. Por eso no nos dan la cara. Ellos saben de que nos les podemos ir encima, porque ya nadie les cree”.
“La crisis de Morelos es una crisis de profunda deshumanización política, las fosas de Tetelcingo, donde la policía sepultó los cuerpos de más de cien cuerpos de personas sin vida, resaltan el horror”, señaló por su parte un comunicado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Aracely Magdalena Rodríguez, madre de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal, desaparecido desde el 16 de noviembre del 2009, afirmó que desde el primer día se presentaron anomalías en el lugar.
“Yo estuve desde el primer día y hubo muchas anomalías, pero llego un momento en el la Fiscalía tuvo que ceder a lo que decíamos[…] hubo muchos contratiempos por la logística de la Fiscalía y porque no querían los ojos incómodos de la sociedad civil. Nos decían que nosotros no sabíamos lo que se estaba haciendo ahí adentro”, señaló.
Al igual que Patricia Manzanares, expresó su inconformidad con el proceso y externó su temor de que la explicación oficial sea una continuación de “verdad histórica” [del ex Procurador, Jesús Murillo Karam, cuando señaló que los 43 normalistas de Ayotzinapa había sido quemados en el basurero de Cocula] y no un informe real de por qué en el país se está enterrando a personas en fosas clandestinas.
El viernes concluyeron los trabajados de exhumación en las dos fosas de Tetelcingo. Familiares de desaparecidos se desplazaron desde distintas partes del país. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo
LA OSCURIDAD DE UNA FOSA
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia Zardain, también respaldó las versiones de los familiares de desaparecidos y exigió un informe claro sobre este proceso.
“El mismo hecho de que haya fosas aquí ya lo es [una anomalía]. Que no se hayan subido a las bases de datos, que no se haya buscado a las familias ya es tipificación de negligencia criminal. Cuánto más en un país con 30 mil desaparecidos. Aquí hubo menores. Ya desde el principio que se hayan obstinado en negar que existían estas fosas es negligencia”, expresó.
Y aseguró que la Fiscalía de Morelos no tiene carpetas sobre los 117 cuerpos y 10 bolsas que fueron sacados de las fosas.
“Yo diría que no es que sólo se hable de tres fosas es algo que la PGR [Procuraduría General de la República] tiene que aclarar. Si existe pues hay que investigar. Aquí no se cierran las cosas. Hay cosas muy graves.
Ayer, durante la jornada de conclusión de las actividades, una comitiva con ocho Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos desde septiembre de 2014, acudieron al lugar para expresar su apoyo a los familiares de los desaparecidos de aquella entidad.
El Gobierno de Morelos aseguró que en el panteón de Tetelcingo se mantendrá la atención a los familiares, provenientes tanto de esa entidad como de otros lugares del país, que buscan a sus parientes desaparecidos.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
