Trece mil personas asesinadas en tres años y siete meses del actual Gobierno marcan el peor momento en seguridad de la era moderna de la entidad; irrisoria la disminución presumida por el Gobierno.
-Con información de Yajaira Gasca, Martha Silva y Carmen Pizano
Producción: Juan José Plascencia. Portada: Pinche Einnar
Guanajuato, 11 de julio (PopLab).- El Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez se ha convertido ya en el periodo más sanguinario de los 31 años que tiene el PAN en el poder en Guanajuato, derivado de una herencia de inseguridad y violencia que dejó Miguel Márquez Márquez.
Cuando Carlos Medina Plascencia se erigió como el primer Gobernador panista en 1991, las defunciones por homicidio en la entidad eran apenas 362 de acuerdo con registros del Inegi. A Medina le siguieron al menos tres sexenios en calma con Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva Ramírez, hasta que el punto más alto de la violencia estalló con Miguel Márquez a partir de 2015.
Los tiempos de calma se rompieron con Diego, se quedaron y todo apunta a que así va a terminar el sexenio que, como todos los gobiernos panistas, se ha planteado la seguridad y la tranquilidad de las familias como bandera política.
Ni la detención del capo más buscado ha frenado el fenómeno delictivo, entre tanto se multiplican los reclamos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y el Gobernador se aferra a sostener a su equipo de seguridad y a defenderlo contra las reiteradas críticas presidenciales. Además presume una supuesta disminución de 21 por ciento en homicidios.
Pero datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman el nivel de la tragedia: 13 mil 659 asesinados a lo largo de los tres años y siete meses, que equivalen a la población completa de Pueblo Nuevo.
Guanajuato ocupa desde hace algunos años los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos, pero junto a esta crisis, sigue creciendo también el número de personas desaparecidas.
Mujeres, niños y niñas, estudiantes, policías y también personajes de la política, nadie está a salvo de la ola de violencia descontrolada que vive el estado, según el eslogan gubernamental, “Grandeza de México”.
Los tiempos de calma se rompieron con Diego, se quedaron y todo apunta a que así va a terminar el sexenio. Foto: Pinche Einnar, Pop Lab
Las formas del crimen se han vuelto cada vez más atroces: personas calcinadas en colectivo como los integrantes del grupo musical Los Chuparrecio a finales de marzo en Celaya o el ataque en un bar que dejó 11 personas muertas también en este municipio y el multihomicidio de estudiantes del telebachillerato en Salamanca.
La cadena de violencia es incesante: la madrugada de este domingo, en León, sujetos armados atacaron a asistentes a una fiesta familiar en la colonia Santa María de los Cementos, calle Costas del Mar Caspio, dejando seis personas muertas, cuatro hombres, entre ellos un adolescente, y dos mujeres, además de ocho lesionadas, tres en condición grave. Entre estas últimas está una menor de edad. Los responsables escaparon en motocicletas. En la jornada del sábado y primeras horas del domingo, según comunicado de la Fiscalía estatal, hubo al menos 17 homicidios.
DIEGO, CICLO SANGUINARIO
Diego Sinhue llegó al poder en una curva ascendente de violencia que le heredó su protector, el Gobernador Miguel Márquez Márquez, quien durante su sexenio acumuló poco más de ocho mil 700 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del SESNSP.
La parte más crítica de la administración de Miguel Márquez se desató entre 2017 y 2018, es decir, durante los dos últimos años de su gestión, cuando se acumularon más de cinco mil víctimas de homicidio. Rodríguez Vallejo asumió a finales de septiembre de 2018 el cargo como Gobernador del estado y en sus primeros tres meses, sumó al menos 821 víctimas de homicidio doloso. Ahora que ha superado la mitad de su mandato, ya acumula 60 por ciento más asesinatos que los ocurridos durante todo el sexenio de su antecesor.
Durante la campaña, antes de convertirse en Gobernador constitucional del estado, Rodríguez Vallejo, comprometió un cambio de estrategia en seguridad y también de mandos en la materia. Después se retractó.
“Tenemos que mostrar resultados en el corto plazo sin demagogia, pero con un análisis profesional. Y nosotros nos hemos acercado a las mejores prácticas a nivel nacional… para poder implementarlas en Guanajuato”, declaró Diego a medios siendo candidato.
2018 cerró, de acuerdo con datos del Secretariado, con tres mil 290 víctimas. Pese a recibir un estado en llamas, el nuevo Gobernador determinó la permanencia de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, como los comandantes de la seguridad en Guanajuato, con el multicitado operativo “Golpe de Timón”.
Uno de tantos bloqueos carreteros, en Villagrán, en julio 2019. Foto: Pop Lab, archivo
La curva de la violencia siguió en ascenso. El año 2019 recibió al Gobierno de Diego con bloqueos carreteros del crimen organizado en Villagrán, Juventino Rosas, Celaya y Salamanca y un multihomicidio en un centro nocturno La Playa, en Salamanca. Al cierre de aquel año, las víctimas de homicidio fueron tres mil 540.
En enero de aquel año, el supuesto aseguramiento de combustible robado generó bloqueos carreteros, quemas de vehículos y pastizales y tiroteos en carreteras federales: Celaya-Salamanca, la carretera Panamericana y el camino a la comunidad de San Roque.
De acuerdo con reportes oficiales, al menos nueve vehículos fueron incendiados, entre camiones de transporte público, vehículos compactos y hasta un tráiler.
En marzo del mismo año, ocurrió un ataque armado en un centro nocturno llamado “La Playa”, en la colonia San Roque, también en Salamanca, hechos que dejaron como saldo 15 personas muertas y otras tantas lesionadas.
En 2019, también hicieron crisis las extorsiones en Celaya con el asesinato de varios empresarios y el incendio de negocios: tortillerías y taquerías, entre otros. Estos eventos fueron achacados al Cártel Santa Rosa de Lima.
2020, UN AÑO DE TERROR
Con 462 víctimas de homicidio doloso comenzó el mes de enero de 2020. La cifra pronosticó el terror que sería aquel año para los guanajuatenses, pues también se vivió el comienzo de la pandemia por la COVID-19. Lo peor fue que ni la captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, logró parar la espiral de violencia.
El 2 de agosto de 2020 autoridades locales y federales informaban sobre la captura del capo más buscando en Guanajuato, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima: José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. La detención ocurrió presuntamente durante un operativo conjunto con fuerzas federales en Celaya y Villagrán.
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El fin de la hegemonía del líder criminal aparentaba ser la culminación de un largo periodo de violencia para Guanajuato, según las autoridades estatales, pero esto no fue así. El día que se anunció la captura de “El Marro”, el Gobernador sostuvo que era un “gran paso para recuperar la paz en Guanajuato” y unas semanas después puso fin al operativo “Golpe de Timón” e informó del arranque de la estrategia Guanajuato Seguro.
Dos meses después de la captura de José Antonio Yépez, en octubre de 2020, Salvatierra acaparó los reflectores nacionales con el hallazgo de restos humanos de al menos 79 personas, de acuerdo con el reporte de Búsqueda e Identificación de Personas de la Secretaría de Gobernación.
Luego “brotaron” cuerpos enterrados de forma clandestina, supuestamente por grupos criminales en Acámbaro, Irapuato (La Cueva y Presa del Conejo); Celaya (Rincón de Tamayo y El Sauz de Villaseñor); Cortazar (Caracheo); Juventino Rosas (Ejido San Antonio de las Maravillas) y Moroleón (Cerro Prieto).
La Fiscalía General del Estado tuvo que reconocer su existencia, pues el Fiscal Carlos Zamarripa se había aferrado por mucho tiempo a argumentos legales para negar la existencia de fosas clandestinas, pero también para hablar con claridad sobre el número de personas desaparecidas en Guanajuato. Hoy, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, hay tres mil 086 personas desaparecidas en Guanajuato.
2020 fue el año más violento del que hasta ahora se tiene registro en la entidad. Según cifras del SESNSP hubo entonces cuatro mil 490 víctimas de homicidio doloso. Así Guanajuato fue por tercer año consecutivo, el estado con mayor número de homicidios en todo el país, esto según el Atlas de homicidios, México 2020 elaborado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia.
NI LA PANDEMIA CONTUVO LA VIOLENCIA
La pandemia por la COVID-19 se alargó y obligó a confinamientos prolongados para evitar contagios elevados en Guanajuato, pero tampoco esto disminuyó la violencia y la muerte. En 2021 se acumularon tres mil 516 homicidios dolosos, poco más de 900 delitos menos en comparación con las cifras de horror del año anterior.
En enero, un comando armado irrumpió en un velorio en Celaya y provocó la muerte de al menos nueve personas. El ataque fue grabado, en los videos difundidos públicamente se pudo escuchar más de un minuto de balazos. Testigos hablaron de más de 200 detonaciones.
Familias de desaparecidos se reúnen, por fin, con Diego Sinhue en enero 2020. Colectivos y activistas montan en las escalinatas del Auditorio del estado un performance con miles de grullas de papel, una por cada persona ausente. Foto: Pop Lab/archivo
También en enero, fue asesinado el Diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano. De acuerdo con testigos, el funcionario se ejercitaba y caminaba por la calle Álvaro Obregón en Juventino Rosas, cuando una persona llegó por atrás y le disparó. Acosta era el aspirante más visible para ser candidato a la Alcaldía por el PAN, la cual ya había ocupado en el pasado.
Sin embargo, en 2021 Guanajuato ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar en eventos de violencia extrema reportados en medios de comunicación, de acuerdo con el informe de la organización Causa en Común. De acuerdo con este registro, se registraron al menos 586 hechos atroces en la entidad con más de 800 víctimas; un año antes los hechos sumaron 566 y las víctimas más de mil.
96 masacres, 79 fosas clandestinas, 140 actos de mutilación, descuartizamiento o destrucción de cadáveres y 60 asesinatos de niños, fueron el saldo del año pandémico.
Pero el Gobernador presumió el registro de al menos mil homicidios menos que en 2020 y una reducción de 42 por ciento en la incidencia delictiva, esto durante un acto oficial en Salvatierra para la entrega de equipo de seguridad para policías municipales.
“Sabemos que aún tenemos mucho camino por recorrer, en materia de seguridad por supuesto lo hay más, pero pueden tener certeza de que no vamos a quitar el dedo del renglón, hoy podemos decir que vivimos en un Guanajuato más seguro que el que me entregaron hace tres años”, recalcó Diego sobre la situación de seguridad más recientemente durante su cuarto informe de Gobierno.
VIOLENCIA FEMINICIDA, ASCENSO SOSTENIDO
En 2020, la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) alertó en su informe “Violencia Feminicida en México: Aproximaciones y Tendencias”, sobre la escalada de Guanajuato del lugar 25 hasta cuatro en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio.
La información de incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sitúan a Guanajuato como la entidad que registra el mayor número de homicidios dolosos contra mujeres con 155 de enero a mayo de este año. La tendencia a la alza está documentada desde 2011 y su forma extrema particularmente destacada desde 2015, refiere la ONU Mujeres.
La maestra Lupita desapareció en Salvatierra en 2020. Su cuerpo fue encontrado un año después en las fosas clandestinas de ese municipio. Su hermano, Javier Barajas, se volvió buscador y luego integrante de la comisión estatal de búsqueda. Fue asesinado en mayo de 2021. Foto: Pinche Einnar, Pop Lab
Con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pueden identificarse al menos mil mujeres víctimas de homicidio doloso en Guanajuato entre 2019 y 2022.
En el registro de defunciones por homicidio, Inegi reporta 412 víctimas en 2019; 640 en 2020 y 249 en 2021.
En cambio, los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian un bajo número de víctimas de feminicidio: ocho en el último trimestre de 2018, 18 en 2019, 20 en 2020, 34 en 2021 y ocho entre enero y mayo de 2022. En total 89 víctimas durante la era de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
De acuerdo con esta estadística, las agresiones contra ellas ocurrieron con armas de fuego, armas blancas y con elementos de otro tipo, sin que se mencione cuáles.
La organización Causa en Común documentó en 2020 al menos siete asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 32 en 2021 y 16 entre enero y abril de este año en su reporte de Atrocidades y Eventos de Alto Impacto registrados en medios.
Esta clasificación contabiliza hechos en los que a las mujeres se les hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, destacó además un incremento de más de 20 por ciento en la incidencia de feminicidios en 2022 al pasar de cinco casos en los primeros meses de 2019 a ocho durante este año.
EXHIBE AMLO CIFRAS DE MUERTE
Ataque armado en un bar de Jaral del Progreso dejó once 11 personas muertas, siete hombres y cuatro mujeres, en septiembre 2020. Foto: Pop Lab, archivo.
En una de sus conferencias mañaneras, durante el pasado mes de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que desde el arranque de su administración Guanajuato acumula 10 mil homicidios dolosos. Sin embargo, los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que serían 13 mil 659.
Aquel día mencionó su preocupación sobre la situación de Guanajuato. Un día antes pidió al Gobernador evaluar la Fiscalía.
“A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, por qué tanto tiempo el Procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios y le he pedido respetuosamente al Gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la Fiscalía Estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan”, declaró en la mañanera del 26 de mayo.
López Obrador hizo referencia a la masacre ocurrida en Celaya el 23 de mayo en el Hotel Gala, en donde 11 personas fueron asesinadas en un ataque presuntamente cometido por integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Según las versiones de testigos, alrededor de 12 hombres a bordo de vehículos llegaron al alojamiento y también ingresaron a negocios contiguos; comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban ahí y luego prendieron fuego a las instalaciones.
Un par de meses antes, en la comunidad de San José el Nuevo, también en Celaya, una camioneta con siete cuerpos calcinados fue localizada. Los hombres fueron identificados como integrantes de la banda musical Los Chuparrecio.
También causó gran impacto, la masacre de estudiantes de un Videobachillerato en la comunidad de Barrón en Salamanca y el homicidio del hijo del Alcalde de Villagrán, esto ya durante el mes de junio.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre el repunte de homicidios dolosos entre abril y mayo. Guanajuato sigue siendo el primer lugar con más delitos. La misma secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, reconoció esta tendencia en mayo.
Una gráfica retrata los homicidios de mujeres durante el Gobierno de Diego Sinhue. Foto: Pop Lab
Esta gráfica muestra los homicidios de hombres durante el Gobierno de Diego Sinhue. Foto: Pop Lab
Esta gráfica revela los homicidios no identificados durante el Gobierno de Diego Sinhue. Foto: Pop Lab
En esta gráfica se observa la cantidad de homicidios totales durante el Gobierno de Diego Sinhue. Foto: Pop Lab
“Siguen seis entidades concentrando casi el 50 por ciento de los homicidios dolosos, este es Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. En el caso de Guanajuato hemos ido en incremento en el último mes con un alza de 72 víctimas más”, detalló en la conferencia mañanera del 20 de junio.
Destacó que entre abril y mayo se registró un incremento en los homicidios dolosos, pero refirió que las cifras son las más bajas desde hace cinco años y representan una disminución de 7.8 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. De enero a mayo de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta mil 292 víctimas de homicidios dolosos.
De manera recurrente, el Presidente López Obrador se ha pronunciado por la salida del Fiscal, de quien incluso señaló: “si Zamarripa fuera gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido”, pero el Gobernador ha reiterado una y otra vez su respaldo al funcionario.
253 POLICÍAS ASESINADOS DURANTE EL SEXENIO
Desde que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tomó protesta como Gobernador, el 26 septiembre de 2018, al menos 253 agentes de seguridad de diferentes corporaciones han sido asesinados en Guanajuato, lo que coloca a esta entidad como la más mortífera en el país para los policías (sitio Oficial caído). Además, otros 25 exagentes han sido ultimados en este periodo. Entre las víctimas hay por lo menos 27 mujeres.
Las corporaciones más afectadas resultan ser las policías municipales. Este año, de 31 víctimas de homicidio doloso y tres de homicidio culposo, el 47 por ciento eran agentes locales.
Si bien, el acumulado de casos en Guanajuato simplemente no tiene parangón, pues casi duplica la cifra de la siguiente entidad con agentes asesinados (GRÁFICA) hay tres hechos de impacto: el 19/9/19 cinco custodios fueron asesinados en la carretera Salamanca – Pueblo Nuevo, dos fueron heridos; el 11/12/19, las instalaciones de la Policía de Villagrán fue atacada: mataron a tres agentes, lesionaron a otro y privaron de su libertad a cuatro más y a un juez calificador, que días después fue liberado y se encontraron los cadáveres de los cuatro oficiales, siete homicidios en total; el 03/07/2020, cinco elementos FSPE del Mando Único de Jerécuaro fueron asesinados en la carretera Apaseo El Alto-Jerécuaro, dos oficiales mujeres fueron heridas. De los tres casos, sólo por el último hay un hombre vinculado a proceso.
Una de las patrullas balaceadas en el ataque a agentes FSPE en Jerécuaro, en julio 2020. Foto: Pop Lab, archivo.
EVIDENCIA CONSEJO CIUDADANO POCOS AVANCES
Guanajuato mantiene una tendencia general negativa que revela una profundización de la inseguridad y las violencias, sostuvo Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
El organismo presentó durante los primeros días de junio su informe sobre violencia, considerando entidades con mayor incidencia delictiva. Guanajuato ocupó en este análisis el primer lugar en homicidios dolosos.
Guerrero Chiprés reconoció que de acuerdo con la última comparativa de cifras de incidencia delictiva, hubo una reducción de 12 por ciento en incidencia general en la entidad, cifra que consideró moderada.
“Esa tendencia implica, pues sí un cierto avance, porque hay una disminución de 12 por ciento, pero es altísimo el número de homicidios de manera tal que, aún con la disminución, Guanajuato está en un primer lugar de las entidades con más carpetas abiertas por homicidio doloso… entonces sí hay una mejora tenue, relativa, pero el número tal de carpetas vinculadas a homicidio doloso es tan grande que mantienen a Guanajuato en un primer lugar entre las entidades con más carpetas por este delito”, subrayó.
Consideró que en Guanajuato la situación de inseguridad, sigue siendo grave, pues además de los altos números con relación a la carpetas de homicidios dolosos es necesario considerar la cifra negra (que es menor, pero existe) y que se trata de uno de los ilícitos más injuriosos para la sociedad.
“En resumen hay una confección de relativa a moderada de la incidencia, pero también hay qué decirlo, del contexto en donde estaba localizado Guanajuato, todavía es una situación, yo diría que grave”, enfatizó.
Explicó que Guanajuato no es de las seis entidades más pobladas del país y subrayó que a comparación de cómo se encontraba en materia de seguridad al menos hace seis años, la situación sigue siendo crítica. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, las entidades más pobladas del país son: el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México y Veracruz.
La peor masacre en la historia reciente del estado tuvo lugar en un centro de rehabilitación -anexo- en Arandas, Irapuato, donde fueron asesinadas 26 personas. Foto: Pop Lab, archivo
Guanajuato es el sexto con mayor incidencia delictiva en un registro, considerando 14 delitos de alto impacto y su población. De enero a mayo de 2022 se contabilizaron seis mil 409 delitos, lo que significó 245 por cada 100 mil habitantes.
Resaltó de forma general una disminución en delitos como el secuestro, el robo de vehículos con violencia y lesiones dolosas con arma de fuego, que se han reducido entre 40 y 20 por ciento, pero por otro lado destacó un incremento muy amplio en el delito de extorsión de más de 200 por ciento, esto comparando cifras de 2019 y 2022.
GASTA ESTADO MILLONES EN SEGURIDAD, PERO NO SE EVALÚA INVERSIÓN
En los últimos años el presupuesto etiquetado para atender el problema de violencia ha crecido, sin que existan mecanismos para poder evaluar de manera objetiva el gasto destinado a la seguridad pública en Guanajuato, manifestó la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, al presentar la iniciativa de ley con la que se busca crear un instituto de investigación destinado a revisar qué políticas públicas funcionan para reducir la inseguridad en el estado.
La inversión destinada para seguridad pública, que incluye el gasto de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, entre 2019 y 2022 suma más de 31 mil millones de pesos. Tan sólo este año, el presupuesto asignado para la FGE fue de tres mil 569 millones 915 mil 462 pesos y para la SSP fue de cinco mil 272 millones 412 mil 418 pesos.
La propuesta que trabajó con el especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, pretende la conformación de un organismo público con autonomía para que especialistas puedan hacer la revisión de lo que funciona y no en las estrategias de seguridad que ha implementado el Gobierno de Guanajuato, así como los municipios.
Ángel Rocha comentó que el Think tank -como se le llama en inglés a los centros de investigación de este tipo- estaría conformado por un consejo directivo de funcionarios, pero quienes harían la evaluación serían personas especialistas y los resultados tendrían que ser públicos para el conocimiento de toda la sociedad, operado con recursos públicos, pero con la independencia para poder hacer los estudios sin compromisos políticos.
“No hay evidencia empírica u objetiva que permita demostrar que el incremento del gasto en materia de seguridad, que hemos visto en los últimos años, se haya visto reflejado en la baja de incidencia delictiva o percepción de seguridad”.
De aprobarse la propuesta, sería Guanajuato el primer estado en contar con un instituto de investigación en materia de seguridad, que operaría de forma similar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Podrán saber qué funciona, orientar de mejor manera el gasto, la sociedad podrá entender y direccionar mejor sus esfuerzos de presión política, exigencia, sabrán qué funciona del Gobierno municipal, estatal, lo que no funciona. Espero, hago votos porque en las otras bancadas se encuentre eco de este proyecto porque es de beneficio colectivo”, detalló.
La iniciativa que ya fue presentada ante el Pleno del Congreso también será socializada entre el sector empresarial y con funcionarios del gobierno estatal para que el PAN la apoye.
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el impacto económico de la violencia en Guanajuato fue de 324 mil millones de pesos en 2021. En 2015, el deterioro en seguridad representó un costo de la mitad, 157 millones de pesos según el IEP.
El Índice de Paz México 2022 reveló que el costo de la inseguridad por habitante en el estado es de 51 mil 593 pesos, considerando tres componente: costos directos (inversión en seguridad), costos indirectos (acumulados después de hechos de violencia) y efecto multiplicador (repercusiones prolongadas en la economía).
