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Hay un poder silenciador en México. La noche del 20 de marzo, en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, llamó a la puerta del periodista Leobardo Vázquez Atzin, y lo ejecutó. Fue el más reciente episodio que terminó en sangre, pero parece que no el último…

Ese poder, condena la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya se llevó a 133 periodistas en el país, y es una fuerza que se ejerce con amedrentamientos y amenazas, y termina en ejecuciones en calles de Culiacán, Sinaloa, o en parajes de Michoacán.

Pero no es algo que ocurra sólo en México. Reporteros Sin Fronteras presentó recientemente su ranking anual en el que mide el estado de la prensa en cada país. El balance está lejos de ser positivo: “Cada vez más jefes de Estado electos democráticamente ven a la prensa como un adversario”. 

Asimismo, expertos de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos pidieron en una declaración conjunta el fin de las amenazas a los medios de comunicación.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Hay un poder silenciador en México. La noche del 20 de marzo, en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, llamó a la puerta del periodista Leobardo Vázquez Atzin, y lo ejecutó. Fue el más reciente episodio que terminó en sangre, pero parece que no el último…

Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó los 133 homicidios de periodistas, la desaparición de 21 más y 52 atentados contra medios de comunicación que trae cargando el país. Y señaló que en el 90 por ciento de los casos prevalece la impunidad.

La CNDH subrayó que, frente al poder silenciador citado al principio, alzará su voz en favor de informadores y comunicadores, y exigirá a las autoridades acabar con la violencia contra ese gremio y dotar a sus integrantes de condiciones para que desempeñen su actividad profesional en forma segura.

“La violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos diez de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia”, indicó en un comunicado de prensa.

El mensaje de la CNDH vino acompañado del documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México”, elaborado conjuntamente con la productora Máquina Negra, en el cual se muestra que “ante el elevado nivel de impunidad en agresiones contra periodistas, el Estado mexicano tiene la obligación de impulsar en todos los niveles de gobierno acciones encaminadas a mejorar el trabajo de prevención del delito y garantizar que las investigaciones de los casos se desarrollen de manera seria, diligente y profesional”.

Recordó, además, a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que toda afectación a la libertad de expresión constituye acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.

3 DE MAYO 

Como cada 3 de mayo desde 1993, se celebra hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, no hay mucho para celebrar. El libre ejercicio del periodismo está seriamente comprometido en muchos países, y la situación está lejos de mejorar en los últimos años.

“Cada vez más jefes de Estado electos democráticamente ven a la prensa como un adversario”, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2018, presentado el mes pasado.

En su informe anual, la organización con sede en París apuntó especialmente contra los países “autoritarios como Turquía o Egipto, que han caído en la ‘mediafobia’, al punto de acusar de ‘terrorismo’ a numerosos periodistas y de encarcelar de forma arbitraria a los que no les son leales”.

Si bien en el continente americano RSF da cuenta de una “ligera mejora”, hay numerosos países en los que persisten los problemas. La impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa son algunos ejemplos.

Lo cierto es que América Latina es escenario de algunas de las violaciones más graves que se registran contra la libertad de informar en el mundo. El ejemplo más reciente fue el asesinato de tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia.

El reportero Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, recababan información sobre los ataques perpetrados por disidentes de las FARC en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas (noroeste). Fueron secuestrados el 26 de marzo pasado por el frente liderado por el Grupo Armado Residual Oliver Sinisterra, al mando del narcoguerrillero Walter Patricio Arizala Vernaza, más conocido por su alias: El Guacho. El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que fueron ejecutados el 13 de abril.

Por su parte, México, donde 11 periodistas perdieron la vida el año pasado, se convirtió en el segundo país más mortífero para la prensa en 2017, destacó RSF. “Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades, sobre todo a nivel local, o que tienen que ver con el crimen organizado padecen intimidaciones, agresiones o pueden incluso ser asesinados a sangre fría”, indicó el director para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.

Uno de los casos más resonantes fue el de Javier Valdez Cárdenas, cronista del semanario Ríodoce, colaborador de la agencia AFP en el estado de Sinaloa y reportero del diario La Jornada. Fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán.

El periodista, de 50 años, conducía su vehículo cuando fue interceptado por sicarios, que le dispararon y se fugaron. Había recibido varios premios internacionales por sus libros sobre el narcotráfico en México, y antes de morir había sido entrevistado por Infobae para un reportaje sobre las madres de los capos narcos.

Un caso increíble fue el de Cándido Ríos, asesinado a pesar de estar bajo la tutela del gobierno federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Fue acribillado el 22 de agosto en el municipio Hueyapan de Ocampo, en Veracruz. Había entrado en 2013 al programa porque se sentía amenazado por el ex alcalde de dicho municipio, Gaspar Gómez Jiménez.

Venezuela, en donde según la ONG, el gobierno del presidente Nicolás Maduro “siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios”, registró la mayor caída del continente en materia de libertad de prensa, perdiendo seis lugares en la lista.

“Nicolás Maduro se empeña en hacer callar a la prensa independiente y sigue controlando la información”, dijo Colombié. “En 2017, RSF registró un número récord de detenciones arbitrarias, de actos de violencia contra periodistas, en las manifestaciones por ejemplo, a manos de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia venezolanos”.

Para RSF, al impedir la labor de los periodistas, el Gobierno de Maduro “busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política que sacude al país”.

La historia de Jesús Medina, reportero gráfico de DolarToday, fue una de las más impactantes. Fue secuestrado y estuvo tres días desaparecido, después de publicar imágenes en las que se veía a presos del célebre penal de Tocorón, en el estado de Aragua, disfrutar de piscinas, de antenas parabólicas y hasta de un zoológico improvisado con especies en extinción, además de portar armas de fuego, tener motocicletas y gozar de compañía femenina.

“Me encapucharon, me torturaron. Me decían que me iban a matar”, contó luego de escapar del país, el 25 de noviembre pasado.

Cuba, donde el “régimen castrista monopoliza casi por completo la información”, sigue siendo el país peor calificado del continente (172º); mientras que Costa Rica, que cuenta con un “sólido marco legal en materia de libertad de información” es el mejor valorado (10º).

A nivel mundial, Noruega y Corea del Norte conservan el primer y último puesto del ranking de RSF. Siguen al país nórdico al tope del ranking Suecia, los Países Bajos, Finlandia y Suiza.

Aunque el continente europeo siga siendo la zona geográfica donde la libertad de prensa se encuentra menos amenazada, también se han multiplicado los casos de “violencia verbal” de líderes políticos contra la prensa, denunció RSF. De los cinco países que experimentaron los mayores descensos en la clasificación, cuatro son europeos: Malta (65º, -18), República Checa (34º, -11), Serbia (76º, -10) y Eslovaquia (27º, -10).

Precisamente en Malta se produjo uno de los atentados contra la prensa más conmocionantes de los últimos tiempos. La conocida periodista independiente Daphne Caruana Galizia, que lideró la investigación de los Panamá Papers en su país y había acusado de corrupción al Gobierno, murió en octubre de 2017 tras la explosión del auto en el que se trasladaba.

La muerte de Caruana Galizia, de 53 años, ocurrió cuatro meses después de que el Partido Laborista lograra una victoria en las elecciones generales que el primer ministro Joseph Muscat había convocado a raíz de una serie de escándalos en la que estaba implicado su círculo más cercano.

Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte “acostumbra a insultar y amenazar a los medios de comunicación”, cayó seis puestos (133º), mientras que la India, donde “los discursos de odio contra los periodistas son ampliamente difundidos en las redes sociales (…) a sueldo del primer ministro, Narendra Modi”, perdió dos (138º).

Siria, que está entre los cuatro con menor libertad de prensa en el planeta, sigue siendo el país en el que mueren más periodistas. Fueron 12 en 2017.

Una de las víctimas más conocidas fue Khaled Alkhateb, corresponsal de la cadena de televisión internacional rusa RT, que murió en julio del año pasado mientras cubría una operación del Ejército sirio en la provincia de Homs, tras ser alcanzado por fuego de artillería de yihadistas del Estado Islámico.

ONU,OEA Y OSCE PIDEN FIN DE AMENAZAS A MEDIOS

Expertos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) pidieron en una declaración conjunta el fin de las amenazas a los medios de comunicación.

En un comunicado, los relatores sobre la libertad de expresión y opinión de esas organizaciones subrayan con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa las amenazas crecientes a la existencia de medios independientes y diversos, en particular a los medios digitales.

En cuanto a las amenazas a la seguridad de los medios de comunicación, los expertos recuerdan a los Estados su obligación de “proteger a los periodistas y a otros que corren el riesgo de ser atacados por ejercer su derecho a la libertad de expresión” y de iniciar “investigaciones eficaces” cuando se producen ataques para que haya rendición de cuentas y asegurar “reparaciones efectivas”.

Señalan los Estados deben abstenerse de adoptar leyes innecesarias o desproporcionadas que penalicen o impongan sanciones más severas a los medios digitales que a su equivalente tradicional y deben asegurar que toda regulación de las plataformas sea conforme a los estándares internacionales.

También insisten en que las restricciones a la libertad de expresión basadas en conceptos como “la seguridad nacional” y la lucha contra “el terrorismo”, “el extremismo” o “la incitación al odio” deben definirse de manera clara y ser objeto de supervisión judicial para evitar discrecionalidad en su aplicación.

Acerca de las amenazas políticas, las organizaciones sostienen que los políticos y los funcionarios deben abstenerse de interferir políticamente en las operaciones de medios de comunicación, asumir el control comercial de los órganos reguladores o de medios de comunicación comerciales, comunitarios o públicos o presionar a las plataformas en línea para que regulen el contenido.

En lo que se refiere a las amenazas tecnológicas, la ONU, la OEA, la OSCE y la Comisión Africana recalcan que los Estados “no deben vigilar, ni siquiera de manera digital, a los medios de comunicación o a los periodistas, a menos que tal vigilancia se disponga por ley y sea necesaria y proporcional para proteger un interés legítimo”.

En el apartado de las amenazas económicas, los expertos internacionales subrayan que los medios de comunicación deben poder acceder bajo términos transparentes e imparciales y sin discriminación alguna a los recursos del Estado, incluida la publicidad oficial.

Además, los Estados deben crear un entorno económico que apoye un paisaje diverso de los medios de comunicación, que abarque medios tradicionales y medios que sirvan a comunidades locales o rurales, sin socavar su independencia, con sistemas de subsidios independientes o uniformes y exoneraciones fiscales.

Los relatores también tienen un mensaje para los propios medios de comunicación y plataformas en línea, pues les piden que “se tomen en serio su deber de respetar los derechos humanos” y que refuercen sus “estándares de profesionalismo y responsabilidad social”.

Además señalan que las plataformas en línea “deben operar de la manera más transparente posible”, en particular al permitir a los usuarios identificar a los creadores de contenido.

–Con información de EFE e Infobae.