Miguel Aldana Ibarra fue uno de los primeros exfuncionarios mexicanos de alto rango en ser acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 1990 por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– Miguel Aldana Ibarra falleció este fin de semana en la Ciudad de México. No obstante, el legado del exdirector de la Interpol en México ha perdurado a la fecha, sobre todo por las implicaciones que tuvo para la historia reciente del país, en específico la referente a las organizaciones del crimen organizado y sus pactos con las autoridades, y —sobre todo— el involucramiento de las agencias estadounidenses en la política de seguridad del país.
Aldana Ibarra fue uno de los primeros exfuncionarios mexicanos de alto rango en ser acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 1990 por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente Enrique Camarena Salazar, de la Administración Antidrogas de ese país (DEA por sus siglas en inglés). Un gran jurado federal en Los Ángeles lo acusó a él, a Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la Policía Judicial Federal de México, y a otros 17 mexicanos de la muerte de este agente estadounidense.
Ese mismo año fue detenido en México por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por posesión, compra y suministro de cocaína y acopio de armas por lo cual estuvo preso cuatro años y ocho meses. En 1995 fue exonerado por un Tribunal Colegiado. Entonces aseguró que su encarcelamiento había sido producto de una venganza del entonces subprocurador Javier Coello Trejo, con quien tuvo diferencias importantes.
Además de haber estado al frente de la Interpol en la década de 1980, Aldana Ibarra también fue comandante en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), una agencia que pasó de perseguir disidentes en la Guerra Sucia a ir a la caza de narcotraficantes y —según ha quedado evidenciado con el arresto de varios de ellos— a delinquir bajo el cobijo del Estado.
En el caso de Aldana los señalamientos han provenido tanto de México como en Estados Unidos, en donde la DEA tenía vigente una solicitud de aprehensión por el asesinato en 1985 de su agente Kiki Camarena, quien había logrado infiltrase en el Cártel de Guadalajara, fundado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo “El jefe de jefes” y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”.
En su página web, aún se puede consultar su ficha en la que se le imputan a Aldana “crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal, asesinato grave de un agente federal”.
La ficha de Aldana ante la DEA.
En el expediente que se abrió en EU por el asesinato de Camarena, Miguel Aldana es señalado por testigos protegidos como uno de los funcionarios mexicanos que se encontraban en la casa donde fue torturado el agente de la DEA.
En ese sentido, se ha señalado que el secuestro, tortura y muerte de Camarena y su piloto, Alfredo Zavala Avelar habría sido ordenado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, actualmente buscado por autoridades de México y Estados Unidos, en venganza por la destrucción de su rancho en Chihuahua.
El caso marcó un antes y un después en la colaboración entre las agencias de seguridad de México y EU, ya que estas últimas manifestaron su reclamo por la muerte del agente de la DEA en reuniones de primer nivel, como revela el exsubprocurador Coello Trejo en sus memorias El Fiscal de Hierro (Planeta). En el libro, el exzar antidrogas reveló como en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari la agencia antidrogas de EU buscó instalar en el país alrededor de un centenar de agentes: “querían tener 100 agentes de la DEA en nuestro país, pero el gobierno se negó, llegamos a permitir poco más de 20 agentes”.
Miguel Aldana Ibarra. Foto: Oswaldo Ramírez, Cuartoscuro.
Aldana Ibarra encabezó en la década de los ochenta la llamada “Operación Pacífico” a través de la cual se logró irrumpir en el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, propiedad de Caro Quintero, el cual se pudo ubicar gracias a la información proporcionada por Camarena y que en su tiempo fue el golpe más grande que se había dado al narco hasta entonces.
A partir de este decomiso, fue que Camarena fue privado de su libertad y posteriormente asesinado, un crimen por el cual en México, sólo Miguel Ángel Félix Gallardo permanece en prisión.
En septiembre de 2013, SinEmbargo dio a conocer en un reportaje publicado por el periodista Humberto Padgett la red de complicidades de esa época entre el crimen organizado y las autoridades mexicanas.
En una declaración ante el Ministerio Público hecha tres veces y ratificada dos veces más ante un juez, Rafael Chao López, uno de los más ilustres comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, señaló cómo bajó la dirección de José Antonio Zorrilla Pérez en la DFS, quien suplió a Miguel Nazar Haro, se estableció una agenda muy claramente establecida a favor de Rafael Caro Quintero.
“Zorrilla emplazó sus hombres, incluido Miguel Aldana Ibarra, jefe de la Interpol México y a quien Estados Unidos le imputaría, en 1985, cargos por el asesinato de Camarena. En tanto, Chao López fue ascendido como coordinador de zona con sede en Monterrey y autoridad sobre Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán y Laredo, en Tamaulipas. En todas esas plazas fueron comisionados como comandantes personas de la confianza de Zorrilla Pérez y a quienes Rafael Chao coordinaba bajo la supervisión de Aldana Ibarra”, refiere la investigación Cuando los tigres del narco se soltaron.
Rafael Caro Quintero. Foto: Victor Mendiola, Cuartoscuro.
En ese mismo sentido, el periodista Juan Veledíaz publicó en abril de 2018 cómo Aldana sirvió de “puente” entre capos de la droga y el Gobierno federal servía para mantener contacto y control sobre las organizaciones criminales en el antiguo régimen, y relató en ese sentido un encuentro que tuvo el exdirector de la Interpol México con Miguel Ángel Felix Gallarado en abril de 1985 a quien le pidió interceder ante Caro Quintero para que liberara a Sara Cosío Vidaurri Martínez, sobrina del entonces secretario general de gobierno de la ciudad de México Guillermo Cosío Vidaurri.
Meses más tarde, refiere el periodista, Aldana se separó de la PGR en medio de versiones que lo vinculaban con capos de la droga. Posteriormente sería detenido en 1990 por Guillermo González Calderoni, uno de los jefes policiales más poderosos del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari y de los hombres de la confianza del entonces subprocurador Javier Coello Trejo.
En fechas recientes, Aldana causó polémica por haber salido a decir a la prensa del espectáculo que Marcela Basteri, madre del famoso cantante Luis Miguel, se encontraba con vida. En esa misma entrevista habló sobre su amigo íntimo, el exjefe de la policía capitalina, Arturo “El Negro” Durazo, conocido por sus abusos y excesos: “Luis (Rey, papa de Luis Miguel) quiso meter a Marcela con Durazo. Fue cuando yo me opuse, llegué y se la quité varias veces; no los dejé que estuvieran juntos. No entraba más a fondo, pero lo evitaba. Yo iba por ella y la sacaba”.
De igual forma salió en el documental Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía?, en el cual habló sobre la información que recopliaba la DFS sobre los periodistas. “Teníamos que tener información, sabíamos quién era quién. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos la información completa de los periodistas”, dijo para el largometraje.
Este domingo, el exmando policíaco falleció a los 76 años de edad, a consecuencia de un paro cardiaco, según confirmó su viuda, Sandra Corona López, en el Centro México Nacional, donde era atendido.
