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En contra de la demanda ciudadana, un Juez de Distrito dio luz verde a la contratación de una deuda de 6 mil millones de pesos para el Gobierno de Chihuahua. Pese a lo impopular de la medida, el juzgado ratificó la medida avalada por el Congreso estatal que cuenta con mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Opositores al Gobernador César Duarte Jáquez intuyen que los recursos no servirán para garantizar la seguridad social, como se ha querido hacer ver, sino para terminar una millonaria campaña política que no terminó de fructificar.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Un estado con una delicada situación financiera será lo que Javier Corral Jurado, candidato electo, encontrará una vez ocupe su cargo como Gobernador de Chihuahua. El abogado y activista Jaime García Chávez aseguró que la contratación de la última deuda por parte del aún mandatario estatal César Duarte Jáquez terminará en los bolsillos de financistas de la reciente campaña por la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .

“¿Quién va a pagar el enorme y exorbitante gasto, legal e ilegal, que hizo el PRI en esta campaña con resultados ruinosos? Se estaría pagando con la cartera del pueblo los gastos exagerados que se pactaron en una campaña que finalmente fracasó”, dijo Chávez.

La campaña electoral del PRI costó 32.638 millones de pesos, esto es casi el doble de los 15.514 millones de pesos que le costaron a Javier Corral desplegar una estrategia electoral, ambos datos del Módulo de Transparencia del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), hechos públicos por el Diario de Juárez.

Jaime García Chávez ha estado detrás de los pasos de Duarte desde el 22 de septiembre del 2013, cuando presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso abusivo de atribuciones cometidos por el Gobernador César Duarte en lo que iba de su gestión y en especial por su participación en la creación de un banco llamado Unión Progresa.

César Duarte Jáquez tomó posesión de su cargo en septiembre del 2010. A finales de ese año la deuda de Chihuahua ascendía a 12 mil 547 millones de pesos, la cifra ascendió en cinco años a los 42 mil 175 millones de pesos registrados en marzo de este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aunque no es la deuda estatal más alta del país, sí es la más alta por habitante. El Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó a 3 millones 406 mil 465 habitantes, con lo que se estima que cada chihuahuense debe 12 mil 382 pesos.

Este martes un Juez Primero de Distrito rechazó la posibilidad de obtener una suspensión definitiva a la contratación de 6 mil millones de pesos que el Gobernador César Duarte solicitó en el último tramo de su mandato.

Una maniobra que fue calificada por el priista como bursatilización de recursos y no deuda. La bursatilización se refiere a la venta o cesión de activos (inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc.) hacia una inversión específica.

El Gobierno estatal pretende utilizar el 50 por ciento en obligaciones contratadas por el Estado y el resto a obras productivas. Algo que es ilegal, refirió García, ya que las deudas no pueden destinarse a gasto corriente.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue la organización que solicitó la suspensión este proceso de bursatilización de recursos dentro de un amparo en contra de la bursatilización de 6 mil millones de pesos de la empresa estatal Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV. Y pese a que la semana pasada obtuvo una suspensión provisional, el fallo para la suspensión definitiva fue rechazado para el tiempo que dure el resto del litigio.

Un tanto resignado a la contratación de deuda el Gobernador electo del Partido Acción Nacional Javier Corral encomendó ayer a los alcaldes que sean austeros en los gastos del erario. Un debilitamiento de las finanzas de la entidad buscado a propósito por el actual Gobierno del PRI, aseguró García.

En una entrevista a SinEmbargo, García Chávez , presidente del movimiento Unión Ciudadana, de la cual albergó a Corral hasta julio, y que asevera tener por meta el combate a la corrupción y la impunidad.

— ¿Qué viene ahora, una vez el fallo de suspensión fue rechazado? ¿Complicará la situación financiera del estado?

— En una primera etapa tuvieron que suspender el proceso de la autorización en el Congreso local. Finalmente, la autorización la obtienen para echar mano de unos excedentes carreteros que el Gobierno federal había concedido al estado. Pero, realmente, esos 6 mil millones en muy buena medida van hacia una deuda de corto plazo. Básicamente, pago a proveedores, seguramente un pago de la campaña del PRI a gente consentida por el régimen actual de Duarte. En este marco en particular vi muy bien que un juez de Distrito aceptara radicar una demanda de amparo para valorar esto, porque por línea general, el sistema financiero del Estado se basa en privar a los ciudadanos de injerencia en estas decisiones. Sin embargo, pues se ha negado la suspensión definitiva porque se alegó que no era una deuda de corto plazo. En realidad, el asunto es más grave.

— Considera que tiene que ver porque el Gobernador César Duarte ya va de salida.

— Lo que Duarte está pretendiendo es acrecentar la deuda de largo plazo que tiene a las finanzas chihuahuenses en situación de quiebra. Y bueno este amparo al negarse genera un desaliento porque era una solución que ya se veía venir favorable a los intereses de la sociedad. El aparato financiero del país obedece a un esquema de usura, de prepotencia en cuanto al financiamiento de los gobiernos, iba haber una nueva forma de encarar desde la ciudadanía sus planteamientos. Pero ya vemos que hay una especie de reversa en ese sentido. Pero más allá de eso, creo que hay una gran inconformidad social con este endeudamiento que está tramitando el Gobierno de César Duarte que está a menos de dos meses de terminar.

— Llama mucho la atención que este dinero iba excedentes carreteros y no haya una ilegalidad.

— Es que la Constitución prohíbe deudas de corto plazo. Y que sean para gasto corriente. Para nadie es un secreto en las relaciones locales que César Duarte estaría pagando deudas multimillonarias a gentes ligadas a los negocios de él. Negocios por corrupción política y eso es muy grave.

— ¿Ve alguna relación entre este endeudamiento y el caso del Banco Unión Progreso?

Más bien creo hay acreedores preferentes y cómplices de obras que estaban en proceso. Algunas se han suspendido, pero se quiere pagar preferentemente a los socios de Duarte. Y atrás de eso, estamos investigando en Unión Ciudadana, el pago de la campaña política. Pues quién va a pagar el enorme y exorbitante gasto, legal e ilegal, que hizo el PRI en esta campaña con resultados ruionosos. Entonces, se estaría pagando con la cartera del pueblo los gastos exagerados que se pactaron en una campaña que finalmente fracasó. Para el Gobierno de César Duarte no había plan B, ellos creían que iban a ganar siempre en cualquier escenario. Incluso no se resignan y siguen impugnando la elección de Gobernador, para aprovecharla como una moneda de cambio, para que se ceda por parte del nuevo Gobierno en este mecanismo de bursatilización en el que no es correcto involucrar los intereses de la sociedad para beneficiar a un Gobierno que se ha manejado en la impunidad.

— ¿Cree que se manejó con transparencia este tema de la bursatilización de 6 mil millones de pesos?

— Se ha evidenciado que los presupuestos ya no pueden estar sujetos a una tramitación obsequiosa como sucedió con el Congreso de mayoría priista actualmente, incluso con la plena ignorancia de los diputados. Algunos del PRI me han dicho que aunque no entendieron la iniciativa en ninguno de sus aspectos como monetización de la deuda, bursatilización, han dicho que la deuda no es deuda. O sea un lenguaje prácticamente metafísico, y lo que la sociedad necesita es que todo el procesamiento del estado tenga una transparencia y nitidez para que el común de los ciudadanos pueda entender. El que va pagar los platos rotos va ser quien gano la elección, en ese sentido ha sido atinado decir a los señores de los bancos que no le presten a César Duarte porque no rinde cuentas a cabalidad.

— Puede el Gobierno hacer algo para que las finanzas estatales sean sanas. ¿Es decir, es corresponsable de la deuda en Chihuahua?

— No les atañe el problema a nivel de administración federal, pero, yo creo que el banco de México debieran ver la situación de Chihuahua y no solapar a César Duarte. El Gobierno federal no puede estar como un simple mirón, sin intervenir. Sobre todo, en esta etapa está muy claro que César Duarte tiene el rechazo de Chihuahua. Es tiempo de que vean que si este problema se deja pasar pues será un problema mucho más amplio en unos cuantos meses cuando inicie el año fiscal del 2017 con cargas de deuda que se han venido colocando a nivel per cápita, como la número uno.

— Y en el caso de la investigación del banco Unión Progreso, ya van dos años sin resultados. ¿Hay elementos de dilación suficientes para gestionar un litigio paralelo que desentrampe esta situación?

— Yo creo que la gran decisión que vamos a tomar en Unión ciudadana en unos días más es si interponemos un amparo ante la justicia federal contra la titular de la PGR [Arely Gómez González], para que no esté en esta táctica dilatoria de franco patrocinio a la corrupción y la impunidad. Este es un asunto que ya debe estar en los tribunales. En cualquier país medianamente democrático César Duarte debería tener una orden de aprehensión en su contra. Hemos visto el rechazo popular en las elecciones, como apara que la Procuradora permanezca en el silencio e inacción.