Posts Tagged ‘desapariciones en Puebla’

Poncho desapareció hace 3 años en Puebla. No hay avances, cada tanto nos cambian de MP: familia

lunes, septiembre 16th, 2019

Aurelio Alfonso desapareció junto con su novia África Leticia Quiroga Castro, 21 años, y su maestro, Roberto Hernández Sánchez, 29 años, el 8 de septiembre de 2016 cuando presuntamente iban al centro de la ciudad de Xicotepec, Puebla. Desde entonces no se ha sabido nada de ellos.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Se han cumplido tres años desde la desaparición de Aurelio Alfonso Solís Castañeda, estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Xicotepec, Puebla. A la fecha, la familia no tiene rastro o pista clara que pudiera llevar a su paradero, o al menos a tener una pequeña noción de qué paso con el joven, su novia, y su maestro; en cambio, solo ha obtenido revictiminización de las autoridades y una investigación con múltiples anomalías, denunciaron.

Aurelio Alfonso desapareció junto con su novia África Leticia Quiroga Castro, 21 años, y su maestro, Roberto Hernández Sánchez, 29 años, el 8 de septiembre de 2016 cuando presuntamente iban al centro de la ciudad de Xicotepec, Puebla.

“Aquel día el mundo se cayó sobre nosotros [ en estos tres años] aprendimos que la ausencia de un ser querido ni con todo el dinero del mundo se llena”, expresó Patricia Solís, hermana mayor del joven.

Patricia Solís platicó, en entrevista con SinEmbargo, que durante este periodo de búsqueda, el caso se ha estancado o incluso ha retrocedido en algunas ocasiones porque constantemente les cambian de Ministerio Público.

Además, denunció, que las autoridades ministeriales en Puebla también han cometido diversas omisiones en la indagatoria, entre ellas, que archivaron los resultados de ADN por más de un año sin enviarlo a la oficina correspondiente, porque el MP no se molestó en solicitaros; tampoco les dieron una sábana de llamadas y se negaron a actuar a tiempo para obtener videos de los comercios de donde se cree que pudieron pasar las víctimas.

Alfonso tenía 20 años de edad y era alumno de recién ingreso de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica en el municipio de Xicotepec de Juárez, en Puebla. Foto: Especial.

SOÑABA CON SER PROMOTOR MUSICAL

Poncho, como le decían de cariño, era el menor de tres hermanos, tenía 20 años de edad y era alumno de recién ingreso de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica en el municipio de Xicotepec de Juárez, en Puebla.

“Él había sido locutor, era el más joven locutor de la cadena, pero cuando empezó a ver que las exigencias del medio pedían mucho más, dejó la radio para estudiar. […] lo que hacía era trabajar en un Oxxo doblando turnos para ir a la escuela los fines de semana”, compartió la hermana.

La familia se encargaba de organizar algunos festivales de radio en Xicotepec, lo que llamó la atención al joven. Quería profesionalizarse porque deseaba convertirse en promotor musical, es decir, organizar conciertos y con agrupaciones.

“A él le fascina la idea de hacer conciertos a nivel de empresario. Era un chico alegre, amaba la vida, la música de banda y las botas vaqueras”, manifestó la familiar.

 Aurelio tenía una relación con África, quien tuvo un bebé y la joven le comentó que él era el padre del niño.

“Venimos de una familia muy conservadora, así que mi hermano le dijo que él se iba a hacer cargo del bebé, la trajo a vivir a la casa durante tres meses”, platicó.

La pareja a veces se alternaba; en días se quedaban en casa de Poncho o a veces en la de África, agregó Patricia.

El jueves 8 de septiembre, Alfonso y África salieron de casa de él y avisaron que irían al centro de Xicotepec, ubicado a unas dos cuadras de su casa. Irían a comprar unos artículos que necesitaba el niño y regresarían en media hora. Eran cerca de las 5: 30 de la tarde. Desde entonces, la familia de Pocho no ha sabido con certeza más de ellos.

Los padres de Poncho, al ver que ese jueves no llegaba a casa, pensaron que quizá se habría ido a la vivienda de su novia.

“Como la familia de África vivía cerca de la Universidad donde él estudiaba y un fin de semana antes él se había quedado ahí para ya no tener que viajar tanto, cuando él no llegó a nuestra casa, mi mamá creyó que él estaba en casa de África”, explicó la entrevistada.

Las llamadas se iban directo al buzón de voz, sin embargo, a los parientes de Aurelio no les alertó, pues en la zona donde vive África, la señal es mala.

La familia de Poncho no se enteró de la desaparición hasta el domingo, cuando la mamá de Roberto Hernández Sánchez, un profesor de Aurelio, acudió a su casa para preguntar por el maestro porque la última vez que había sido visto era con Aurelio y África.

“Vino una amiga de nuestra familia, que es la mamá de Roberto, –que era muy amigo de nosotros–, y nos preguntó que si el maestro estaba en la casa o que si podía hablar con Aurelio porque no encontraban a Roberto”.

La madre de Aurelio acudió a la vivienda de África y preguntó por el joven. “La familia le dijo que ahí no están y que también no los habían visto desde el jueves y que ellos también pensaban que la pareja estaba en nuestra casa (la de Aurelio”, añadió la hermana.

De acuerdo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  en México existen 40 mil personas desaparecidas, 27 mil cuerpos sin identificar en forenses y unas mil fosas clandestinas. Dijo que es una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Encinas dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Víctimas. El año pasado se asignaron 468 millones de pesos 946 mil y se ejercieron apenas 6 millones.

FALLAS EN LA INDAGATORIA

Los parientes de Poncho y Roberto de inmediato iniciaron la búsqueda al percatarse que ninguno de los tres aparecía. Comenzaron en redes sociales. La radio local ayudó al lanzar spots sobre la búsqueda.

“El pueblo nos conocían porque trabajábamos en cosas de la radio, entonces, la noticia de la desaparición se dio a conocer de manera inmediata”, recordó Patricia.

Debido a que era domingo, y ese día el Ministerio Publico no trabaja, la denuncia fue interpuesta hasta el lunes 12 de septiembre de 2016.

Los allegados de las víctimas están seguros que fueron desaparecidos, sin embargo, hasta la fecha no hay un avance o pistas contundentes que permitan establecer una hipótesis o indicios de lo ocurrido a las tres personas desaparecidas. Contrario, culpó la entrevistada, han padecido una serie de omisiones y anomalías por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla.

Al inicio, los ministeriales pidieron a los familiares que cerraran las cuentas de Facebook, que no buscaran por redes sociales, ni difundieran la búsqueda, “porque podríamos afectar la investigación que supuestamente ellos estaban haciendo, cuando en realidad no hicieron nada”, detalló Solís.

Patricia, desde el inicio, solicitó la sabana de llamadas del celular de Aurelio, pero jamás le ha sido entregado dicho historial, mismo que por el tiempo que ha transcurrido, ya pudo haberse perdido.

“Yo quería saber si alguien le había llamado a mi hermano, si alguien lo había citado, y hasta el día de hoy no tenemos la sabana de llamadas”, dijo.

El encargado de homicidios y desapariciones de la casa de justicia en Huauchinango, Puebla, un municipio aledaño a Xicotepec, le dijo a la familia que no podían darle la sábana de llamadas porque la desaparición no estaba tipificada como un delito grave, y que ellos no podían tener acceso.

También solicitaron a las autoridades de Huauchinango un oficio para poder obtener los vídeos e imágenes de las cámaras de seguridad de diferentes comercios, –donde estimaban que pudieron pasar los desaparecidos–, pero les negaron girar dichos oficios.

“Nos dijeron que podía llevarse meses o hasta años para que los comercios, las tiendas, pudieran darnos esas grabaciones”, comentó la entrevistada.

La constante rotación de ministerios públicos es otro de los aspectos que menciona la familia de Alfonso Solís. En su caso, desde el inicio a la fecha, han cambiado al menos cinco veces de agente.

“El primero que llegaba, lo cambiaban a los seis meses o a los cinco meses y, era volver a empezar, volver a platicar, volver a recordar, sufrir, a pedir que vayan a pedir entrevistas de sospechosos”, detalló.

Los afectados son quienes prácticamente han realizado la investigación, comentó. Los avances y posibles pistas, eran proporcionados por los familiares.

“Nosotros éramos los que, se podría decir, que hacíamos la función que deberían hacer los policías ministeriales, que realmente no hacían nada porque decían que no se daban abasto con la cantidad de delitos que había; que solamente había tres policías ministeriales para toda la ciudad y que solamente tenían un carro para moverse, nos pedían a nosotros que les tuviéramos ‘compasión’, y que entendiéramos que eran muy pocos para toda la ciudadanía”, recordó Patricia.

Aunado a eso, la familia también se llevó una desilusión con la actuación de las autoridades de la universidad a la que acababa de entrar Aurelio.

“Algo muy doloso para nosotros, es que el rector de la Universidad Tecnológica de Xilopetec (en 2016), hizo una reunión con el alumnado y con los maestros, y como era tiempo de ingreso a la escuela, les dijo que negaran que mi hermano estudiaba en esa Universidad; que negaran que tenía una matrícula; que, si habían visto algo o escuchado algo, que no dijeran nada”, relató.

Roberto, amigo de la familia, desapareció el mismo día. Se estima que los tres desaparecieron juntos. Foto: Especial.

SIN ENTREGAR MUESTRAS

Las muestras de las pruebas de ADN estuvieron “archivadas” en las oficinas de la Fiscalía de Puebla por casi un año tres meses: dichos documentos debieron enviarse al Ministerio Público de Huachinango, y que se iniciará la confronta, pero no se hizo hasta que la familia reclamó, según comentó Patricia.

La entrevistada explicó que las familias o personas difícilmente pueden estar preparados para enfrentar una desaparición, y por eso desconocen muchos procesos, es por ese motivo que al momento en que reportaron la desaparición de su familiar, no sabían que podían pedir la muestra de ADN.

Fue hasta el año y medio en que Patricia comenzó a integrarse a colectivo de búsqueda que se percató que las autoridades no habían solicitado muestras de ADN.

“Cuando le pregunté a mi Ministerio Público por qué yo no tenía una muestra de ADN de mi hermano para poder confrontarlo con los cuerpos que hay en Veracruz o Hidalgo, colindantes a Puebla, el MP, me dijo que no había ¡’porque yo no se lo pedí!’, cuando era una obligación de ellos sacarnos a nosotros una muestra y danos un cuadernillo”, detalla.

Se entregó la muestra de ADN, –en abril de 2017–, pasaron meses, el Ministerio Público que atendía el caso fue nuevamente cambiado.

Patricia le exigió al nuevo MP la muestra de ADN, el agente le comentó que tenían que solicitarlo a la Fiscalía en Puebla, porque a la agencia de MP en Huauchinango no habían llegado. Por esas fechas, Patricia acudió a Puebla y ahí aprovechó para ir a las oficinas de la Fiscalía a preguntar si ya tenían las muestras: “y me dijeron que la muestra de ADN esta desde el año anterior, que no la habían enviado porque el MP de Huauchinango no la pidió”, narró.

Los afectados presentaron una denuncia ante Derechos Humanos por las irregularidades, pero decidieron no ratificarla por temor a represalias “por seguridad decidimos no darle continuidad porque vivimos en un pueblo pequeño”.

África era novia de Poncho.

LAS PISTAS EN VERACRUZ

La familia no descarta que la desaparición se pudo registrar en Poza rica, Veracruz, debido a una versión que proporcionó la mamá de África. De acuerdo con Patricia, la madre de la joven declaró que ella vio – ese jueves 8 de septiembre– a los tres en la estación de autobuses.

“Nos enteramos que la mamá declaró que un amigo de África, originario de Papantla, Veracruz, se puso en comunicación con ella, y le dijo que era increíble que hubiera desaparecido África lo citó a él en Poza rica o Papantla el fin de semana, que quedó de ir a verlo”, señaló.

En la declaración de la mujer, África le habría llamado alrededor de las 5: 30 de la tarde y le pidió que pasara por el bebé a la terminal de autobuses porque ellos iban a viajar, entonces la mamá supuestamente llegó y ahí le dieron al niño y se fueron”.

La familia de Poncho supone, de ser cierta la versión, que quizá África pidió a Poncho y Roberto, que la acompañaban a Veracruz y ahí se pudo llevar a cabo de la desaparición. Sin embargo, dicha versión no ha pido confirmarse totalmente.

Patricia detalló que han sido los tres años más difíciles de su vida. Para quienes tienen a un familiar desaparecido, enfrentan un desgaste físico, económico y emocional. La familia de Aurelio volcó toda su energía y sus recursos en la búsqueda del chico, en los que solventar los gastos implica sacrificios, pues constantemente tienen que viajar de Xicotepec a Puebla, que están ubicadas a casi tres horas y media de distancia.

“Son citatorios más citatorios, también hay que ir a exigir que te reciban llamada, nosotros empezamos a vender cosas, muebles, que la cita el celular electrodoméstico, teníamos que vender todo para viajar a Puebla”, dijo Patricia.

Aunado al sacrificio, as familias además padecen de la revictimización y desinterés de las autoridades.

“Es una cosa indignante lo que hace la Fiscalía de Puebla. En Puebla, la desaparición o estaba tipificada como un delito grave, en Puebla hay más de 2 mil 500 personas desaparecidas, pero es un delito que no está a la vista”, enfatizó Patricia.

Finalmente, la hermana de Poncho hizo un llamado a las nuevas autoridades del estado de Puebla a que volteen a ver el llamado de auxilio de las familiares de desaparecidos y que no sean indolentes a su dolor.

“Aunque sabemos que hay más motivos para seguir con vida, siempre habrá un dolor porque hay un espacio vacío en una mesa, hay un cuarto y una cama que no está ocupando la persona que debía ocupar, es un dolor que a nadie se le desea, es un dolor desesperación y angustia que no quisiera que nadie lo viviera”, concluyó.

Norma, embarazada, tomó un taxi en Puebla y desapareció. “Quiero vivas a mi hija y a mi nieta”: madre

jueves, septiembre 5th, 2019

Norma Mercedes, de 27 años, fue vista por última vez el 31 de agosto en la colonia Castillotla, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. “Ella tomó un taxi a las ocho y media, se dirigía al centro, y ya no sé más”, comentó María Norma López Carrillo, madre de la joven.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares, amigos y conocidos de Norma Mercedes Jiménez Carrillo, desaparecida después de abordar un taxi en Puebla, Puebla, exigieron a las autoridades la inmediata búsqueda y localización con vida de la joven que cuenta con ocho meses y medio de embarazo.

“Quiero viva a mi hija y a mi nieta; mi nieta está de por medio […] No es justo que estén desapareciendo las mujeres”, expresó en entrevista con SinEmbargo la señora María Norma López Carrillo, madre de la joven desaparecida.

La familia, junto con personas allegadas, preparó una movilización en la céntrica plaza El Gallito, para demandar la localización de la chica que lleva cinco días desaparecida.

El contingente se concentró en la plaza y se planteó que marcharán por la calle Reforma hasta llegar al Zócalo de Puebla.

Norma, de 27 años de edad, fue vista por última vez la noche del 31 de agosto en la colonia Castillotla, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. “Ella tomó un taxi a las ocho y media, se dirigía al centro, y ya no sé más”, dijo la madre.

Norma Mercedes está por dar a luz a una bebé. El 31 de agosto abordó un taxi y desde entonces no saben de ella. Foto: Especial

María López, la madre de la chica, prefirió no brindar mayores detalles de la investigación, sin embargo, solicitó apoyo para la búsqueda, “lo único que les pido es que por favor, difundan la desaparición de mi hija y mi nieta”.

“Hermana pronto te encontraremos. […] Ya está a días de dar a luz, por favor estamos desesperados. Norma te queremos ver en casa”, clamó por su parte una de las termas de Norma, en sus redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Puebla abrió la indagatoria CDI-097/2019/FED, luego que la familia de la chica interpuso la denuncia correspondiente.

Norma es abogada y estaba en trámite de su titulación. La profesionista mide 1.50 metros de altura y es de complexión mediana. Su cabello es castaño con puntas blancas. Ella vestía con blusa, pantalón y zapatos color negro al momento de su desaparición.

Durante la semana dos mujeres embarazadas fueron reportadas como desaparecidas, sin embargo, en el primer caso, la mujer ya fue localizada. Se trata de Tania Báez Cruz, agente de Tránsito de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, reportada como desaparecida el pasado 29 de agosto, cuando su hijo inició la búsqueda en redes sociales.

La Fiscalía de Puebla informó ayer que Tania fue ubicada ilesa, y detalló que la mujer había solicitado permiso en su trabajo para atender un tema personal, por lo que se descartó ser víctima de algún delito.

Familiares, amigos y allegados se movilizan hoy para exigir la pronta aparición de la joven desaparecida. Foto: Especial.

El pasado 8 de abril, se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 50 municipios del Estado de Puebla, la cual había sido solicitada, desde 2016, por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos autónomos.

Con la declaratoria, se estableció la emisión de al menos 45 medidas que deberá establecer las autoridades de Puebla para afrontar la violencia feminicida que persiste en el Estado.

“Las medidas son tendientes a promover el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial; la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos especializados y gratuitos, además de la rehabilitación y la reparación del daño de las víctimas”, detalló la Secretaría de Gobernación, al informar sobre la delación.

Los municipios en los que se decretó la AVG son Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán.

El Gobierno de Puebla y dichos ayuntamientos están obligados a realizar las investigaciones correspondientes y sancionar los actos de las autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas y garantizar que ciertos actos no queden impunes, de acuerdo a la AVG.

Norma, de 27 años de edad, fue vista por última vez la noche del 31 de agosto en la colonia Castillotla, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. “Ella tomó un taxi a las ocho y media, se dirigía al centro, y ya no sé más”, dijo la madre. Foto: Especial.

276 desaparecidas durante 2017 no ha merecido que se decrete la Alerta de Género en Puebla

martes, septiembre 4th, 2018

Puebla acumula desapariciones de mujeres y feminicidios aún así no se decreta la Alerta de Género. Entre 2016 y 2017, una solicitud de la medida contra la violencia ya fue rechazada y otra –que agrupa tres peticiones– está en trámite.

Grupos civiles promoventes ya impugnaron la negativa de la primera y para la segunda el proceso también ya está en tribunales ante lo que consideran omisiones y análisis superficiales de la problemática que padecen las mujeres en la entidad.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Puebla, con apenas 6 millones de habitantes, atraviesa una crisis de desaparición de mujeres y niñas. Pero el desinterés de la Secretaría de Gobernación (Segob) por investigar a fondo este fenómeno y su relación con delitos el feminicidio puede derivar en que, por segunda ocasión, se rechace la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, alertan organizaciones civiles.

El temor de las activistas no es menor, pues la entidad acumula dos solicitudes de Alerta de Género: la primera impulsada por la organización “Todos para Todos”, que fue rechazada y se encuentra en tribunales; y otra que actualmente está en trámite, en la que se agruparon las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la organización Protección Popular y la agrupación civil Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDHAC), y cuyo proceso ya fue impugnado.

La última petición realizada, en noviembre del año pasado, enfatiza en que se investiguen las desapariciones de mujeres en la entidad, además de los casos de violencia feminicida.

Datos de la Fiscalía General del Estado –obtenidos vía transparencia por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– señalan que entre 2015 y 2016 desaparecieron 820 mujeres, a seis de ellas las encontraron muertas y 300 no fueron localizadas. Para el año 2017 se registraron 276 casos y sólo de 27 se supo el paradero.

La cifra de feminicidios reconocidos por la Fiscalía de Puebla fue de 12 en el año 2016, para el siguiente año aumentó a 27 y hasta julio de este año se investigan 13.

Los datos reflejan sólo las investigaciones que son tipificadas bajo ese delito por las autoridades locales, aunque detrás podría haber más y que se califican sólo como homicidios dolosos ante una falta de investigación adecuada de las autoridades, según han alertado diferentes organizaciones sociales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en Puebla hubo 91 homicidios de mujeres en 2015, la misma cifra en 2016, para 2017 se reportaron 140. Mientras que la prensa local ha contabilizado al menos 64 muertes violentas en lo que va de 2018.

EL TORTUOSO CAMINO

La implementación de la AVG en Puebla se solicitó por primera vez desde 2016. En marzo de ese año –con Rafael Moreno Valle como Gobernador de la entidad– la organización “Todos para Todos” solicitó la medida de emergencia y el 7 de julio –ya con Antonio Gali Fayad al frente de la administración estatal– se notificó la no procedencia.

“Todos para Todos” obtuvo un amparo contra la resolución de la Segob, con el que el Juzgado Cuarto en Materia Civil Administrativa del Trabajo y Juicios Federal del Sexto Circuito presionó a la instancia para reconsiderar la implementación de la AVGM o renovar las recomendaciones que hizo al Gobierno poblano en esa ocasión para erradicar la violencia de género contra las mujeres de la entidad.

En 2016 –con Rafael Moreno Valle como Gobernador de la entidad– la organización “Todos para Todos” solicitó la medida de emergencia y el 7 de julio se notificó la no procedencia. Foto: Hilda Ríos, Cuartoscuro.

La primera solicitud fue denegada por la Segob porque concluyó que el Gobierno estatal había cumplido con las recomendaciones que le dio, sin embargo, este año la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) –que se encarga de coordinar el grupo de trabajo de evaluación– volvió a solicitar las mismas medidas, como la capacitación de funcionarios públicos, además de tres diagnósticos: sobre educación en temas de género, trata de personas y atención a víctimas de violencia y la creación de una fiscalía especializada en atender delitos de género.

“Eso evidencia que el Gobierno de Puebla simuló que cumplió las recomendaciones de 2016, y la Conavim lo aprobó. [Con esa simulación] Sólo ponen en riesgo la vida de niñas y mujeres”, reclama Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa de igualdad y justicia del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr), que da seguimiento a la alerta.

La activista resalta que lo más preocupante es que la Conavim sólo apuesta a las acciones estructurales a largo plazo e “ignora” que la AVGM se creó para actuar de manera inmediata ante contextos de violencia de género extrema que ponen en riesgo la vida de mujeres y niñas.

En 2017 –dos meses después de que la Segob negó la AVGM en Puebla– el feminicidio de la estudiante Mara Castilla en San Andrés Cholula consternó a la ciudadanía. Ella abordó un taxi Cabify, fue reportada como desparecida y posteriormente la encontraron asesinada y con signos de violencia sexual. Ante este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó una segunda alerta en octubre de 2017 por violencia feminicida, misma que la Conavim agrupó con la petición que las organizaciones Protección Popular Nacional y Sumando por Guerrero hicieron ese mismo mes, así como con la de la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; la petición se admitió a trámite en noviembre de 2017.

El grupo de trabajo coordinado por la Conavim realizó el informe sobre el contexto en la entidad y lo presentó hasta mediados de julio de 2018, aún cuando el reglamento de operación de la Alerta de Género establece un plazo de dos meses para hacerlo. “[La Conavim] no respeta ni su reglamento”, resalta Guzmán Cortés.

El Gobierno de Gali Fayad tiene un plazo de seis meses para cumplir las 15 recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo, de no hacerlo la AVGM tendría que decretarse.

Ante las irregularidades y omisiones el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Academia, Litigio Estratégico impugnaron el proceso de la elaboración del diagnóstico y los resultados de la Conavim.

La coordinadora del OCNF), María de la Luz Estrada, pone como ejemplo que el diagnóstico sobre desaparición es “superficial”: incluye datos que no están actualizados –contiene cifras del 2015– y se pretende relacionar todos lo casos con la trata de personas, cuando organizaciones civiles ya han identificado otros patrones.

“Hay mujeres que son constantemente violentadas en sus relaciones y tiempo después desaparecen, este tipo de factores no los contempló la Conavim. Queremos que se investiguen todas las posibilidades para garantizar a las víctimas y sus familias el derecho a la justicia”, demanda Luz Estrada.

En 2017, dos meses después de que la Segob negó la AVGM en Puebla, el feminicidio de la estudiante Mara Castilla en Cholula consternó a la ciudadanía. Foto: Cuartoscuro.

El amparo ante un juzgado federal pretende obligar a la instancia a investigar de nuevo todos los factores que influyen en las desapariciones de mujeres, así como en la violencia de género en Puebla y con ello  emitir nuevas recomendaciones para enfrentar el problema.

En la demanda, en manos de SinEmbargo, la organización argumenta que la Conavim  violentó el debido proceso e incumplió su reglamento, “pues no garantiza la debida diligencia y perspectiva de género”, además de entregar un informe basado en una investigación inefectiva.

Muestra de esto, señala la solicitud de amparo, es que aunque en el informe se reconoce el incremento del crimen organizado en algunas regiones del estado y el “entorno geográfico que rodea la trata y la explotación sexual de las mujeres en el llamado corredor Puebla-Tlaxcala”, el grupo de trabajo de la Conavim redujo las recomendaciones a acciones que ya son obligatorias y están establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Igualdad, así como en sus homólogas estatales.

“Ejemplo de ello es la recomendación de un ‘Programa único de capacitación sobre violencia feminicida, violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual así como búsqueda y desaparición’ cuando -dado el carácter emergente de la AVG- las acciones tienen que ser principalmente estructurales y a corto plazo”, argumentan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Academia, Litigio Estratégico en su solicitud de amparo.

El recurso interpuesto tiene un mayor alcance y de ganarse, la Conavim estaría doblemente obligada a cambiar su diagnóstico sobre la violencia de género en el estado, pues lo tendría que hacer también para la primera solicitud que fue rechazada.

La coordinadora del OCNF lamenta que sea necesario recurrir a recursos penales para obligar a la Segob a atender la violencia contra las mujeres y señala que “no es que la AVGM no funcione, lo que no funciona son los malos informes que no están atacando el problema, que no están haciendo una investigación seria que permita recomendar a partir de un contexto que está poniendo en riesgo a las mujeres”.

Datos de la Fiscalía General del Estado –obtenidos vía transparencia por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– señalan que entre 2015 y 2016 desaparecieron 820 mujeres. Foto: Cuartoscuro.

La defensora de derechos humanos Mariel Guzmán también identifica una serie de irregularidades en el proceso para solicitar la alerta en la entidad. La primera es que la Conavim agrupó tres solicitudes que hacen énfasis en temas distintos: la violencia feminicida, sexual y las desapariciones, pero ninguno de ellos se analizó a fondo, lo que se constata en el informe final de evaluación, donde, al contexto de delitos sexuales se le dedican dos párrafos y la desaparición de mujeres y niñas sólo un apartado de menos una cuartilla de extensión.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio explica que los funcionarios federales usan la coyuntura política para obstaculizar la medida de emergencia. “En la Segob ponen de pretexto que ya se van y nadie se hace responsable de nada, con dolo ignoran actuar ante situaciones que vulneran la vida de las mujeres ”, denuncia.

En días pasados, el OCNF y las más de 80 asociaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (Red TDT) reclamaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, su inacción para prevenir, atender, sancionar y erradicar  la violencia contra las mujeres y recalcaron que aún queda un centenar para que su mandato concluya.

Y al Gobierno Federal electo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo llamaron a evitar retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, de manera específica se dirigieron a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien solicitaron fortalecer  la Conavim.