Los padres de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a diario leen noticias y no supieron de Arturo Bermúdez Zurita sino hasta el 8 de marzo cuando el Secretario de Seguridad Pública estatal optó por armar una fiesta, desnudando a 12 de sus oficiales de confianza. El Gobernador Javier Duarte de Ochoa les dijo: “Los entiendo, yo también soy padre”, frase similar a la que emitió el delegado Marcos Conde, cuando los familiares externaron su tragedia ante él. Hoy el ex delegado de Tierra Blanca está en la cárcel, en el penal de Amatlán de los Reyes.
Los padres de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca exigen a las autoridades de Veracruz agilizar las investigaciones. Foto: Blog Expediente
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo/BlogExpediente).- Se cumplen 60 días del caso Tierra Blanca. Dos meses para los padres durmiendo en el suelo del ministerio público de Tierra Blanca, viviendo entre ratas de drenaje, a la espera de respuestas de sus cinco muchachos secuestrados. En el campamento sólo los han visitado 31 familias con el mismo cáncer de una desaparición. Un lugar ignorado por los políticos, e incluso por los religiosos de la región.
Hasta la fecha han sido capturados ocho ex elementos de Seguridad Pública del Estado, quienes fueron consignados a ocho penales distintos en Veracruz. La Fiscalía General, asegura que es para proteger la intrigad física de los detenidos.
Por su parte, la Policía Federal capturó el 24 de enero a Francisco Navarrete Serna y a otras dos personas, identificados por el Gobierno federal como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, responsabilizados por la distribución de droga, secuestros y homicidios en Tierra Blanca, Veracruz.
Mientras, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el pasado 1 de marzo que según las declaraciones de uno de los agentes detenidos, los cinco muchachos fueron asesinados, quemados, triturados por una máquina de caña y arrojados sus restos a los brazos del Río Blanco. Sin embargo, los padres tienen clara su exigencia: “Ayúdenos a encontrarlos”:
“Exigimos a las autoridades el regreso de nuestros hijos. Todavía nos faltan tres. Queremos ver el fin de las investigaciones. Recuperarlos como sea, pero que capturen a todos los agresores intelectuales y materiales”, se lee en un pronunciamiento colgado en el perfil de Facebook de las familias de los cinco jóvenes. Donde también denuncia la falta evidencias periciales, el abandono del caso, y el nulo apoyo de líderes sociales de la región.
Dos meses que tampoco han sido suficientes para la Secretaria de Gobernación, pues no ha logrado obtener la acreditación de los padres victimizados, quienes ante sus veredictos periciales optaron por recurrir a elementos extranjeros. Foto: Blog Expediente
EL CAMPAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, AL QUE MUCHOS IGNORAN
Por ejemplo, el Edil panista de Tierra Blanca, Saúl Lara González, jamás se ha aparecido por el inmueble, si acaso se tomó la molestia de enviar colchonetas del albergue municipal en señal de apoyo. Permanece enclaustrado en el Palacio Municipal, sin dar entrevistas a la prensa ni la cara a las víctimas de la desaparición forzada.
La Diputada local del distrito VIII, la priísta Marcela Aguilera Landeta, egresada de la Universidad Veracruzana y originaria de Tierra Blanca, tampoco se ha dado espacio en su agenda para entrevistarse con los padres de Playa Vicente.
Los padres victimizados a diario leen noticias y no supieron de Arturo Bermúdez Zurita sino hasta el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, cuando el Secretario de Seguridad Pública del Estado optó por armar una pachanga, desnudando a 12 de sus oficiales de confianza, ordenando que sacudieran sus pezones morenos al ritmo de Reggaeton.
Del Gobernador Javier Duarte de Ochoa sólo permanece en el celular de Bernardo Benítez el registro de una llamada con lada 228. El máximo mandatario en Veracruz les dijo hace poco más de mes y medio: “Los entiendo, yo también soy padre”, frase similar a la que emitió el delegado Marcos Conde, cuando los padres externaron su tragedia ante él. Hoy el ex delegado de Tierra Blanca está en la cárcel, en el penal de Amatlán de los Reyes.
Y en misma sintonía a grises, los tres sacerdotes terrablanquenses y las monjas encargadas de socorrer a los migrantes tienen falta en los 60 cuadrados dibujados en una lámina de papel bond, donde los padres registran el correr del tiempo. Los agentes del catolisismo también se han olvidado del caso Tierra Blanca.
Sin importar que su líder, de acuerdo al organigrama institucional, Felipe Gallardo, obispo de Veracruz, emitió con una firmeza similar con la qu#101; sus colegas regatean el diezmo: “A Duarte le creció el hampa y se le salió de control”, resonó el toque de guerra. Sin embargo, sus hombres de sotana permanecen absolviendo infidelidades y pleitos de mercado.
Así se han largado 60 días. Dos meses que tampoco han sido suficientes para la Secretaria de Gobernación, pues no ha logrado obtener la acreditación de los padres victimizados, quienes ante sus veredictos periciales optaron por recurrir a elementos extranjeros. “Ellos nos dirán la verdad, sólo así aceptaremos”, sostiene Bernardo Benítez, padre de desaparecido.
Y, además, no sólo las víctimas se abstienen de los resultados en las investigaciones federales, se han vuelto escépticos de la justicia mexicana, o al menos dudan, pues estrecharon las manos con el Alto Comisionado de la ONU, además de haber direccionado su caso hasta Ginebra, Suiza, en busca de recomendaciones al consulado mexicano para una búsqueda certera.
Y así las víctimas deciden permanecer en su acto de protesta, se rehúsan a la resignación y a la imposición de una segunda Verdad Histórica:
“Dicen que los muchachos ya están muertos, que supuestamente los quemaron. Pero si a mí me entregaran un pedacito de hueso o un puño de cenizas y me dijeran: esta es tu hija, yo no aceptaría. Para estar conforme yo quiero recuperar por lo menos su cuerpo. Enterrar completa a mi niña”, la postura de la madre de la menor de edad desaparecida.
Mensaje que parece replicarse en el campamento. Producto de la ausencia de resultados por parte de la justicia estatal y federal. Sin importar que los actores sociales de la región los ignoren y abandones a su negra suerte.
Con fotografías de sus desaparecidos, los padres de Tierra Blanca esperan noticias de sus hijos. Foto: Blog Expediente
Los días seguirán, ignorando qué llegue primero: la resignación, la justicia o la tragedia.
El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también es el jefe máximo del sistema penitenciario en Veracruz, ordenó redistribuir a sus ocho policías detenidos acusados de desaparición forzada por el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, en igual número de reclusorios, bajo el pretexto de cuidar su seguridad de todos y cada uno de ellos, quienes según la versión oficial habrían entregado a los cinco jóvenes de Playa Vicente a los malandros.
He aquí los nombres de cada policía detenido y el penal donde están recluidos.
El hallazgo de los restos de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y el secuestro y posterior asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar en Orizaba confirmaron que Veracruz se convirtió en un estado inseguro, no sólo para los comunicadores, la violencia llega a todos los habitantes. Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías.
Anabel Flores Salazar, periodista de Veracruz asesinada esta semana. Foto: BlogExpediente
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– Esta semana Veracruz se convirtió en el centro de la noticia por dos acontecimientos que causaron la indignación de la comunidad internacional. A la par que una periodista fue secuestrada de su domicilio en Orizaba, la Secretaría de Gobernación informaba del hallazgo de los restos de dos de los jóvenes desparecidos en Tierra Blanca en enero pasado.
La madrugada del 8 de febrero, Anabel Flores Salazar, quien cubría la información policíaca para el diario El Sol de Orizaba y colaboraba con otros periódicos, fue secuestrada en su hogar en el municipio de Orizaba por hombres armados que alegaron tener una orden judicial para su arresto.
La indignación por parte del gremio creció en el transcurso del día al ver la respuesta de las autoridades estatales quienes en un primer comunicado vincularon a la víctima con la delincuencia organizada sin haber realizado las investigaciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigieron al Gobierno mexicano localizar a Anabel y brindar protección a sus dos hijos.
No había terminado el día y otra infortunada noticia salió a la luz: El hallazgo de los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca el pasado 11 de enero.
Los padres se trasladaron de Veracruz a la Ciudad de México para instalarse afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en busca de respuestas sobre el caso de sus hijos quienes cumplían un mes de desaparecidos.
Por la noche, luego de una reunión que los padres sostuvieron con el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo; el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, se informó la terrible noticia.
En un comunicado, la dependencia precisó que al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho “El Limón”, con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos.
Los familiares de las víctimas abandonaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad sin hacer comentarios.
Al siguiente día otra mala noticia mantuvo a Veracruz en el ojo del huracán.
Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana que había sido reportada como desaparecida, fue asesinada y su cuerpo lanzado a la cuneta de una carretera, confirmó la Fiscalía General del Estado de Veracruz y aseguró que el cuerpo fue “plenamente identificado por los familiares”.
Horas antes, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Sospechaba que era Flores Salazar y así fue.
No bastaron las peticiones de los organismos internacionales, el gremio periodístico y la sociedad, Anabel se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El 10 de febrero, un día después de la muerte de Anabel, 43 reporteros veracruzanos manifestaron en una carta abierta su repudio por el asesinato.
El gremio periodístico exigió a los gobiernos federal y de los estados de Veracruz y Puebla, así como al Congreso de la Unión y al de las dos entidades, dejar “de ser omisos” y parar “esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres”.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, emitió una alerta temprana para proteger la libertad de expresión en dicho estado. De nada sirvió, Anabel está muerta.
El pasado fin de semana, la Segob pidió al padre de uno de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca que se trasladara a la Ciudad de México. Ante la negativa de Bernardo Benítez, la dependencia le envió boletos de avión y reiteró que era “importante”. Cinco horas después de reunirse con funcionarios, el afectado informó que “mi hijo ya está muerto” y dijo que en el lugar donde fueron indentificados los restos de dos jóvenes habían cientos restos carbonizados.
Bernardo Benítez y Columba Arróniz González, padres de Bernardo Benítez Arróniz, desaparecido el 11 de enero de 2015 en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: BlogExpediente
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo/BlogExpediente).- “Los análisis de Bernardo, mi hijo, indican que ya está muerto “, palabras provenientes del número telefónico de don Bernardo Benítez Herrera. Recién salía de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a las 18:04 horas.
Los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente, desaparecidos el pasado 11 de enero, luego de una diligencia de al menos cinco horas, salieron a bordo de una Suburban Nissan color blanco y cristales oscuros, con placas terminación 15 -48. No hubo espacio para declaraciones ante la prensa. Fueron trasladados de inmediato al campamento en el Ministerio Público de Tierra Blanca.
Luego de una espera de 29 días, pruebas científicas arrojaron funestos resultados: Las osamentas marcadas de tizne, indicaron que el fragmento de tibia pertenece a Bernardo Benítez Arróniz, mientras que de José Alfredo González Díaz se halló su camiseta, tipo polo verde agua. Lo demás solo polvo cenizo y restos carbonizados. Resta esperar.
DON BERNARDO PRESENTÍA LA NOTICIA
Don Bernardo Benítez Herrera tuvo una sórdida corazonada. Fue un fin de semana distinto. El doble de tazas de café bebió. Cuatro cajetillas de cigarros consumidas, no tres como acostumbra el padre del hoy finado Bernardo Benítez Arróniz. No quería acudir a la cita en la Ciudad de México. Tampoco abandonar el campamento. Menos, perder las esperanzas.
“Debe de venir a México, don Bernardo. Es importante” le decían elementos de la Secretaría de Gobernación (Segob), vía celular desde el sábado 7 de febrero. “No, gracias. Si ustedes dicen que sólo será una visita a las instalaciones de la PGR, SEIDO y Gendarmería Nacional, no me interesa. Yo me quedo a hacer guardia en Tierra Blanca”.
Sin embargo, la Segob insistía. Entonces, hizo llegar los boletos de avión vía correo electrónico al padre de familia. “Es importante, don Bernardo”, concluían así los mensajes vía WhatsApp. Él analizaba los contenidos escritos, sorbía su café negro y exhalaba su angustia con humo grisáceo.
Sólo así salió el líder de los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente, acompañado de su esposa, Columba Arróniz González. Partieron el pasado domingo rumbo a la Ciudad de México. Lleno de sospechas oscuras sobre su hijo. Silencioso y pensativo. Su destino sería fatal. El trágico 9 de febrero de 2016. El Día 29.
El resto de los familiares fueron trasladados en vuelos comerciales a las diligencias que ya les aguardaban en la Ciudad de México. Nunca sospecharon que el primer viaje en avión de tres madres afectadas, sería motivo de desgracia. Nadie habría abordado de haber sabido el cometido, aseguran.
PLAYA VICENTE PRESENTE
La estancia en la capital del país estivo monitoreada desde diferentes puntos. Todos atentos al misterio sembrado por la Segob. La gente de Playa Vicente optó por no quedarse de brazos cruzados. “Vamos a hacer presión”, gritaban en el parque del pueblo. Mientras se organizaban a media noche.
“Queremos respuestas contundentes. Exigimos las cabezas de Bermúdez y Luis Ángel Bravo” diseñaban sus exigencias en pancartas y lonas con las fotografías de los cinco jóvenes desaparecidos.
Un contingente de al menos 100 personas se repartieron en dos camiones colectivos. Las oficinas de la Segob era el objetivo. “Vamos por una entrevista con Osorio Chong”, decían los líderes del movimiento.
No obstante, los ecos de la protesta llegaron hasta Roberto Campa Cifrián, quien mediante su secretario personal, cuestionó por teléfono a don José Benítez Herrera el sábado 7 de febrero de 2016:
“Don José, buenas noches. Eh, eh, eh… ¿están organizando un… una marcha para el lunes 9 de febrero?”, cuestionó el funcionario federal mediante titubeos.
“No sabemos nada, señor. Hay mucha gente que nos apoya y está dispuesta a hacerlo. Pero de ésto no estamos enterados”, dijo don José Benítez Herrera, padre del joven desaparecido, José Benítez de la O.
El funcionario federal se despidió. No obstante, prefirió tomar precauciones y contó un operativo con muros de aluminio sólido y centenas de policías federales; con escudos y macanas hacían impenetrable el acceso a las instalaciones federales. El contingente de Playa Vicente, que incluía tanto a hombres, mujeres y niños, fue bloqueado a dos cuadras de su cometido.
A la altura de Versalles y Atenas, por la calzada Reforma, donde elementos de la Policial Federal amedrentaron y violentaron a los manifestantes, dejando el saldo de un hombre lesionado y una embarazada golpeada en el vientre y herida del brazo izquierdo.
Así bloquearon al grupo de Playa Vicente. Entonces decidieron moverse a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, (SEIDO), a presionar y exigir informes. Mientras recibían informes de la junta en la CNS con tintes misteriosos.
“DOS JÓVENES ESTÁN MUERTOS: BERNARDITO Y ‘COCHI’”
Pasaron minutos que mutaron en impacientes horas. Los padres de los cinco jóvenes continuaban en reunión con el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Ciprián, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, y el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Fue a las 18:03 horas cuando de la CNS salieron los padres de los cinco jóvenes, abordo de una camioneta Suburban color blanca y vidrios oscuros. Apenas se vislumbraba los rostros hinchados de las madres, heridas por la irremediable pérdida.
No hubo espacio para declaraciones ante la prensa nacional, tampoco estaciones. Los familiares fueron trasladados a la ciudad de Tierra Blanca en helicópteros de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fue mediante un mensaje de texto, que don Bernardo Benítez confirmó la noticia, que ya le impacientaba desde el fin de semana anterior: “Los análisis de Bernardo, mi hijo, indican que ya está muerto “, dictó en el texto lapidario.
De acuerdo con familiares y allegados en el campamento de Tierra Blanca, los restos dictaminaron que se trata de los dos finados: Bernardo Benítez Arróniz, de quién fue recuperado fragmentos de su tibia, hallados en el rancho de Tlalixcoyan, Veracruz, y José Alfredo González Díaz, alias “El Cochi”, de quien se halló una camiseta, posiblemente, tipo polo verde agua. Las demás pruebas sólo son polvo cenizo y restos carbonizados. Resta esperar el desenlace para las otras tres familias.
No obstante, doña Dionisia Sánchez Mora, madre de Mario Arturo Orozco Sánchez, mientras abraza a su hermana sentencia: “Todos sabemos que a mi hijo también lo quemaron”.
“NO ESTAMOS CONFORMES CON LO QUE NOS DICEN”
Ya ubicados en las instalaciones del Ministerio Público, los padres de los cinco jóvenes privados de su libertad el pasado 11 de enero en Tierra Blanca , dijeron que no aceptan los resultados de las pruebas a nivel federal. Los cuerpos permanecen en la Ciudad de México y serán evaluados por los peritos argentinos que llevaron el caso Ayotzinapa.
Aún con el semblante rígido y el llanto contenido, los padres caminan sigilosos en los pasillos del ministerio público de Tierra Blanca, apenas saludan, apenas sorben café negro.
Las madres se postran ante imágenes religiosas, como hicieron en los 29 días anteriores. Dos de ellas ya oran por el eterno descanso de sus primogénitos, Bernardo Benítez Arróniz y José Alfredo González Díaz. Tres más imploran a figuras celestiales que no se trate de los suyos, que no hayan tenido el mismo final pulverizado.
El destino, al momento seguirá siendo esperar el veredicto, que lo tendrán finalmente instituciones extranjeras. Hay una aparente desconfianza en las instancias nacionales. Padres que se aferran a la vida de sus hijos. Familiares que lloran en las esquinas para no contagiar a los principales afectados.
El pueblo de Playa Vicente talla los hombros de los padres de familia. La frase de apoyo unificado es clara la emite el líder playavicentino, “Aquí estamos Bernardo, dispuestos a lo que sea, a lo que sea”. El padre, herido de muerte, sólo da un sorbo a su taza y aprieta la quijada.
De cinco jóvenes secuestrados por elementos policiacos en Tierra Blanca se han agregado 18 padres de familia más reclamando a sus hijos. En la caminata para la misa del obispo, las cantinas bajaron los decibeles de sus rockolas al paso de la feligresía con los padres dolientes. En Veracruz “nos falta seguridad, tranquilidad y confianza”, dice el Obispo en el día 25 de espera frenética y angustiante. Vecinos de Playa Vicente se trasladan a Tierra Blanca, solidarios con sus amigos, los padres de los chicos secuestrados.
Por Miguel Ángel León Carmona
Fotos de Miguel Ángel León Carmona, BlogExpediente para SinEmbargo
Tierra Blanca, Veracruz (BlogExpediente.SinEmbargo).– “Hay graves necesidades en los familiares de estos cinco desaparecidos, pero hoy oramos también por los otros de Tierra Blanca, quienes en fechas pasadas les ocurrió algo igual y todavía no se sabe de ellos. Toda esta gente que asalta, que desaparece, que asesina no sé de qué familia proviene”.
Plegarias celestiales elevaron padres de 23 personas cornadas por las bestias de la inseguridad en Veracruz. Familias laceradas, con la angustia podrida que carcome sus pensamientos a diario. Todos acudieron al llamado del obispo Felipe Gallardo Martín del Campo.
Al único refugio de las víctimas en el legado duartista, la justicia divina. Existe un tajante agnosticismo en la indiferente trinidad compuesta por Arturo Bermúdez, Javier Duarte de Ochoa y Luis Ángel Bravo Contreras.
El líder de la diócesis de Veracruz, nombró uno a uno a las personas privadas de su libertad en el presente sexenio. La lista no llegaba a su fin y ya paralizaba a los presentes. No se trataba de un largo listado de feligreses convalecientes, se presentaron 23 fotografías que evidenciaron la sórdida impunidad que radica en Tierra Blanca, Veracruz.
Sara Cruz Contreras, madre de joven entregado al crimen organizado por policías estatales el 15 de octubre de 2013, aclara que ya no se trata de la ciudad a la que la gente conoce como La Novia del Sol, son pendejadas, sentencia, estamos en el mero infierno.
La lista con las 23:
1.- Juan de Dios Gómez López-desaparecido el 19 de septiembre de 2013
2.- Rodrigo Gómez López-desaparecido el 19 de septiembre de 2013
3.- José Rodolfo López Cruz-desaparecido el 15 de octubre de 2013
4.- Miguel Ángel Pulido San Juan-desaparecido el 05 de diciembre de 2014
5.- Francisco Damián Rodríguez Bazán-desaparecido el 16 de junio de 2015
6.- Tomás Maza García-desaparecido el 01 de octubre de 2015
7.- José Abraham Barrera Licona-desaparecido el 09 de octubre de 2015
8.- David Ruíz Pérez-desaparecido el 09 de octubre de 2015
9.- Daniel Fernández Ramírez-desaparecido el 09 de octubre de 2015
10.- Elizabeth Benítez Salamanca-desaparecido el 09 de octubre de 2015
11.- Hugo Trujillo Hernández-desaparecido el 11 de diciembre de 2015
12.- Álvaro Jácome Lara-desaparecido el 21 de diciembre de 2015
13.- José Benítez de la O-desaparecido el 11 de enero de 2016
14.- Bernardo Benítez Arróniz-desaparecido el 11 de enero de 2016
15.- José Alfredo González Díaz-desaparecido el 11 de enero de 2016
16.- Mario Arturo Orozco Sánchez-desaparecido el 11 de enero de 2016
17.- Susana Tapia Garibo-desaparecido el 11 de enero de 2016
18.-José de Jesús Gutiérrez Ramos-desaparecido
19.- Christian Michelle Herrera Rodríguez-desaparecido
20.- Fernando Domínguez Camacho-desaparecido
21.- Yair Prieto-desaparecido
22.- Diego Cruz Domínguez-desaparecido
23.- Jesús Alberto Saldaña Estrada-desaparecido
Así entonces se unificaron las desgracias, las familias de 17 desaparecidos, cedieron las sillas del frente a los cinco padres de las llagas recién abiertas, parientes de los muchachos de Playa Vicente, levantados por policías de la Seguridad Pública en Veracruz y entregados presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación.
FAMILIAS PEREGRINAN
El vigésimo quinto día en el campamento del Ministerio Público de Tierra Blanca, recobró en un inicio la fuerza de los cinco padres. Don Bernardo Benítez Herrera comparte con tristeza que el apoyo de la gente ha venido disminuyendo con el correr del tiempo. Con la defunción de las horas.
“Es horrible, no quisiera pensar que en algún momento quedaremos solos. Sin nuestros hijos y tampoco sin estas personas que cobijan nuestras penas”. No obstante, en punto de las 16:30 horas, al menos 60 terrablanquenses comenzaron a conformar el contingente católico.
Sacudieron su miedo a los demonios de la impunidad. Salieron sigilosos a marchar. Acompañaban a los afectados. Otros más apenas se asomaban desde sus negocios, desde la planta alta de sus hogares. No había apoyo físico, no obstante, incluso las cantinas del pueblo bajaron los decibeles de la música de banda y las meretrices cabizbajas respetaron el momento de dolo.
Hubo llantos desde el inicio de la peregrinación. La señora Gloria de la O, madre de desaparecido, suele ser la más resistente ante esta tragedia. Sin embargo, fue la primera en quebrar en llanto. No contuvo la nostalgia, tan sólo se aferraba a la imagen de su hijo, José Bernardo Benítez de la O.
Por su parte, el señor José Alfredo González Díaz se desplazaba con dificultad por las calles de Tierra Blanca. El haber perdido parte del pie derecho, gangrenado a causa de su diabetes, no le impidió caminar con la fotografía de José Alfredo González Díaz hasta la iglesia para pedir al ser celestial por el pronto regreso de “El cochi”, como la familia llama al desaparecido.
Así avanzó el contingente, abanderado por las cinco penas. En el centro, don Bernardo Benítez Herrera, el hombre sin miedo. Quien ha declarado en repetidas ocasiones que ofrecería su cuerpo al crimen organizado a cambio de su hijo, Bernardo Benítez Arróniz.
Las seis cuadras de distancia concluyeron hasta la puerta de la Parroquia del Carmen. El obispo Felipe Gallardo Martín del Campo ya los esperaba con agua bendita y los brazos extendidos. La pena reproducida en llanto se propagó como peste negra al toparse con el representante de la diócesis en Veracruz.
Las penas fueron apaciguadas con ánimos cristianos “Esperanza, hermanos. Ustedes son una familia fuerte, admirable. Respeto la forma en que han enfrentado este martirio”. Los padres entraron al recinto ya repleto de playavicentinos. Los mismos que tomaron la Fiscalía General del Estado para apresurar las búsquedas de sus paisanos.
ANTESALA DE UN ESCENARIO LÚGUBRE
“Hasta lo irremediablemente humano Dios lo puede remediar. A lo mejor el Señor no conceda lo que piden, porque tiene algo mejor para ustedes”. Fueron las palabras del obispo Felipe Gallardo Martín del Campo, quien desembocó las lágrimas de los 23 familiares de desaparecidos.
Si bien los psicólogos de la Gendarmería Nacional ya habían tratado el pasado 28 de enero particularmente con los padres de los cinco desaparecidos, no obstante que el ritmo cardiaco había sido registrado como estable, resistente ante posibles escenarios lapidares, el día 25 de esta travesía infrahumana será considerado hasta hoy cómo el más duro de todos.
El tacto del obispo de Veracruz, pese a ser llevado con delicadeza, no estuvo exento de flagelar los sentidos de los padres. Cada salmo: “A mi súplica, Señor da respuesta pronta”, cada verso eclesiástico penetraba el alma humana de los presentes. Demonios en los imaginarios aparecían y se mofaban de la inmunda realidad, sin poder ser exorcizados por el patriarca diocesano.
Familiares y amigos tallaban los hombros de los padres en el momento de la paz; pero el dolor se escabullía. La estabilidad paternal sucumbía ante las imágenes de sus muchachos. La cifra demoniaca de 23 desaparecidos mermaba la fe de los presentes, tan sólo el caso más congelado data del 19 de septiembre de 2013.
Particularmente el llanto del señor Bernardo Benítez Herrera, líder del grupo, imposibilitan los calificativos ante tal sentimiento. Quejidos dejaban ver lo complicado de esta guerra. La podrida angustia, enfermedad propagada en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
“Nos falta seguridad, tranquilidad y confianza. Muchas veces quienes deben de hacer el bien se tardan o simplemente no la hacen. Toda esta gente que asalta, que desaparece, que asesina no sé de qué familia proviene. Justicia y Paz pidamos a Dios, hermanos”.
Fueron las palabras del obispo que dieron por terminada la eucaristía. Una antesala de lo lúgubre terminaba de vivirse. Palabras de apoyo se intercambiaban entre los 23 familiares mutilados, pero no eran suficientes para el momento de intimidad apabullante.
La gente regresaría al campamento, a tomar pastillas sedantes para hacer a un lado lo vivido y seguir en pie, replicando los gritos de batalla. Sonidos de guerra que aglomeran las desgracias, pero a la vez erradican el medio en Tierra Blanca y ponen de cabeza a la justicia humana, a la despótica trinidad de Arturo Bermúdez, Javier Duarte de Ochoa y Luis Ángel Bravo Contreras.
El Gobernador Javier Duarte reconoció que la desaparición de los cinco jóvenes, ocurrida el pasado 11 de enero a manos de agentes de la Policía Estatal, es un hecho que indigna, pero que “no debe empañar el esfuerzo y dedicación de miles de elementos por el actuar de unos cuantos malos elementos”.
Los manifestantes bloquearon los tres accesos al edificio de la Fiscalía en demanda a la destitución, y posterior investigación, del titular de la SSP del estado. Foto: @FUNDEM_Mx
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Familiares de desaparecidos en Veracruz realizaron un plantón este día frente a la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por los casos que involucran a elementos de su corporación.
Alrededor de las 6:30 horas de este lunes, uno 100 integrantes de los colectivos Solecito de Veracruz y Por la Paz Xalapa bloquearon los tres accesos al edificio de la Fiscalía para impedir la entrada a los trabajadores de la dependencia en demanda a la destitución, y posterior investigación, del titular de la SSP del estado.
Las familias acusan al Jefe de Policía de Veracruz de comandar agentes vinculados con el crimen organizado y realizar el levantamiento de las víctimas.
“Queremos la renuncia de Bermúdez Zurita, una investigación en donde explique de qué manera, si por acción u omisión, ha sucedido todo esto ¿qué involucramiento tiene? La policía de Veracruz ha sido sistemática en la desaparición de muchachos”, denunció una integrante de Solecito.
De acuerdo con los familiares, su mensaje debe alcanzar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que “se entere de lo que pasa en Veracruz. Es insostenible la situación que hemos alcanzado, hemos llegado a niveles atroces”.
Familias en las afueras de la Fiscalía de Veracruz. Foto: @FUNDEM_Mx.
Con cartulinas, mantas, fotografías y averiguaciones previas, los manifestantes documentaron los casos de más de 80 desaparecidos en la entidad.
“En el caso Tierra Blanca es la confirmación de una serie de sospechas de los vínculos entre la Policía Estatal y la delincuencia organizada. No nada más son los cinco de Tierra Blanca, somos miles lo que estamos con familiares de desaparecidos, pero nuestros casos están en el olvido, tenemos investigaciones con cuatro o 10 tomos, pero nuestros familiares no aparecen”, aseveró Sara Rodríguez González, del colectivo Por la Paz Xalapa.
En tanto, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, reconoció que la desaparición de los cinco jóvenes, ocurrida el pasado 11 de enero a manos de agentes de la Policía Estatal, es un hecho que indigna, pero que “no debe empañar el esfuerzo y dedicación de miles de elementos por el actuar de unos cuantos malos elementos”.
En conferencia de prensa para dar a conocer los avances del estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia, Duarte dijo que los “siete malos elementos de la Policía Estatal traicionaron a Veracruz, denigraron su uniforme y compromiso al cometer el delito de desaparición forzada, privando de la libertad de estos jóvenes”.
Dijo que desde que conoció el caso instruyó al Secretario de Seguridad Pública del estado a iniciar una investigación interna para deslindar las responsabilidades de quienes participaron y actuaron en consecuencia, medida con la que, de acuerdo con el Gobernador, se logró la captura de los siete policías estatales y la de un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, además de que hay otros 27 policías en calidad de presentados.
Los cinco jóvenes desaparecidos iban a festejar el cumpleaños de uno de ellos. Foto: Blog Expediente.
LOS DETENIDOS EN TIERRA BLANCA
El pasado 11 de enero, cinco jóvenes de entre 16 y 27 años de edad desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal. Hasta el momento hay siete agentes detenidos, quienes declararon que entregaron a las víctimas a un grupo de delincuencia organizada.
Entre los detenidos está el titular de la Delegación Estatal en la Región de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, a quien se le vincula con más desapariciones en otras regiones de Veracruz donde ejerció su cargo desde 2008.
La Fiscalía General del Estado ejerció acción penal en contra de Conde Hernández y otros seis mandos policiacos, uno de ellos detenido el pasado 18 de enero, por el delito de desaparición forzada.
La Fiscalía también investiga la participación de Francisco Navarrete Serna, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, en la desaparición de los jóvenes.
Los desaparecidos en Tierra Blanca son Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente.
Las autoridades ministeriales descubrieron, por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad, que agentes policiacos habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
De acuerdo con las declaraciones de Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, elementos de la SSP de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Bernardo Benítez declaró que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
Los padres de los cinco jóvenes urgieron al Gobierno federal que evalúe y garantice la limpieza de las corporaciones policiacas de seguridad en Veracruz porque no confían en la policía de Javier Duarte de Ochoa. También le recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto que en la entidad todavía no hay #MisiónCumplida.
Los cinco jóvenes desaparecieron hace casi dos semanas en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Blog Expediente.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca hicieron hoy un llamado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que evalúe y garantice la limpieza de las corporaciones de seguridad en Veracruz porque no confían en la policía del Gobernador Javier Duarte de Ochoa. También le recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto que en la entidad no hay #MisiónCumplida.
“Reiteramos que NO CONFIAMOS en la Policía Estatal porque fueron ellos quienes se llevaron a nuestros hijos y los entregaron a una célula del crimen; como hoy se sabe 3 de los 7 policías detenidos, incluido el delegado de la policía en Tierra Blanca, son presuntos responsables. Ellos no habían pasado los controles de confianza y seguían en activo”, señalaron los padres de los jóvenes en un comunicado.
Recordaron que este lunes se cumplen dos semanas del secuestro de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O, a manos de la Policía Estatal, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz.
Los padres de los cinco desaparecidos confiaron en la intervención del Gobierno federal en el caso, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, del titular de la Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castilla, de la Procuraduría General de la República (PGR) y Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“El envío de 100 elementos de la Gendarmería a Tierra Blanca el sábado 23 de enero nos alienta porque confiamos en que falta menos para reencontrarnos con Susy, Mario, Bernardo, José y Alfredo”, destaca el comunicado.
Los padres de los cinco jóvenes le recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto que en Veracruz todavía no hay #MisiónCumplida.
Hicieron un llamado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en Veracruz se implemente el Mando Único Policial debido a la “incapacidad de los municipios para proteger a la ciudadanía”.
Reiteramos a las personas que tienen a sus hijos que se los devuelvan
“Ustedes seguramente tienen hijos; nosotros no les deseamos las horas de angustia y sufrimiento que nos han hecho vivir y seguimos sin saber por qué y para qué se los llevaron. Somos familias honradas y trabajadoras; lo único que queremos es PODER TENER DE VUELTA A NUESTROS HIJOS EN CASA , ABRAZARLOS Y TRATAR DE SEGUIR LA VIDA COMO LA LLEVÁBAMOS ANTES DE QUE USTEDES NOS LOS ARREBATARAN”, destacaron.
Los padres agradecieron a los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación nacionales y estatales que se han sumado a la cobertura de la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca.
“Amigos de las redes sociales y medios de comunicación, su apoyo y mensajes de aliento nos han reconfortado día con día. Sabemos que no estamos solos. Gracias por sumarse y por aspirar, como nosotros a tener un MÉXICO EN PAZ donde podamos transitar libremente sin temor a que la policía al servicio del crimen nos agreda y lastime como sociedad”, mencionaron.
El comunicado está firmado por Dionisia Sánchez Mora, madre de Mario Arturo Orozco; María del Carmen Díaz Garrido, madre de José Alfredo González Díaz; Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia Garibo; Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez Arroniz y Gloria de la O Santos, madre de José Benítez de la O.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos integraron el colectivo “Solecito”, para demandar a las autoridades de todos los niveles que aclaren en destino de los estudiantes. Foto: Cuartoscuro
VINCULAN A LÍDER DETENIDO CON DESAPARICIÓN
Miembros de la policía federal detuvieron este domingo en Veracruz a tres presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presumiblemente vinculados a la desaparición de los cinco jóvenes, informaron autoridades.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que las tres personas fueron detenidas en la localidad de Tierra Blanca cuando viajaban en dos camionetas con armas y droga, y vinculó a los detenidos con los delitos de secuestro y homicidio.
Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones públicas, indicó a The Associated Press que eran parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más fuertes del país en estos momentos, y agregó que se les vinculaba a la desaparición de los cinco jóvenes, por lo que ahora confiaban en poder recabar pistas para localizarlos.
Cuatro hombres y una mujer (menor de edad) fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca el pasado 11 de enero, cuando —según dijeron sus familiares a la prensa local— regresaban de celebrar un cumpleaños en el puerto de Veracruz.
La Fiscalía veracruzana detuvo a varios agentes que confesaron haberlos detenidos pero que, en un primer momento, ocultaron los arrestos. Desde entonces no se tiene ninguna pista de su destino.
La Fiscalía de Veracruz detuvo el pasado 17 de enero a Marcos Conde Hernández, Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca y a Otoniel Cruz Linares policía de esa corporación, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de cinco jóvenes el pasado lunes 11 de enero. Foto: Cuartoscuro
Familiares de las víctimas viajaron esta semana a la Ciudad de México para intentar agilizar su búsqueda y se reunieron, entre otros, con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien dijo que encontrar a los muchachos era una “obligación” de las autoridades.
Con este fin, se desplegaron en Veracruz elementos de la Gendarmería, quienes este domingo hicieron las tres detenciones mencionadas.
Si se confirman tanto los vínculos de los agentes policiales como de los miembros del cártel en la desaparición de los jóvenes, el caso sería una nueva muestra de la connivencia entre elementos de seguridad y el crimen organizado.
En otros puntos del país ya se ha acreditado la participación de agentes policiales con el crimen y en graves violaciones de los derechos humanos. Entre los casos más sonados está la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero en 2014, o la matanza de 193 migrantes en 2011 en San Fernando, Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.
En Veracruz están presentes varios grupos de la delincuencia organizada, entre ellos los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
Los policías acusados son: Luis Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco, todos ellos miembros de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz (SSP).
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Cuatro de los siete policías detenidos por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, recibieron auto de formal prisión como presuntos responsables del delito de desaparición forzada, informó este día la Fiscalía General de Veracruz.
Los policías Luis Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco todos ellos miembros de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz (SSP).
A través de un comunicado se dio a conocer que derivado de la contundencia de los elementos probatorios aportados por la fiscal investigadora al vencimiento del término constitucional ampliado, el Juez Primero de Primera Instancia de Cosamaloapan dictó el auto de formal prisión a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como presuntos responsables del delito de desaparición forzada de cinco jóvenes.
Por la mañana de hoy, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer un video en el que se observa la camioneta de la policía estatal cuando sigue al auto en el que viajaban los jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de enero en el municipio de Tierra Blanca.
Otra de las grabaciones presentadas muestra el momento en el que la misma camioneta escolta al carro, que supuestamente ya es conducido por un policía mientras los jóvenes viajan en la parte trasera.
Según Bernardo Benítez Herrera, padre de una de las víctimas, los cinco jóvenes fueron detenidos por policías estatales cuando abastecían de combustible el vehículo en el que viajaban y allí fueron vistos por última vez por un vecino que los conocía.
Los jóvenes desaparecidos son José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, Mario Arturo Orozco, de 27 años, Alfredo González Díaz, de 25 años, y Susana Tapia, una estudiante de 16 años.
El Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras dijo que, según las investigaciones, las cinco personas fueron entregadas a un grupo delincuencial, sin embargo, dijo, se desconocen las causas de ello.
Las autoridades ministeriales descubrieron, por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad, que agentes policiacos habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
Los cinco jóvenes desaparecieron hace una semana. Foto: Blog Expediente.
Veracruz (México), 18 ene (EFE).- Un séptimo agente de la policía de Veracruz fue detenido por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes, informó hoy el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
En declaraciones a Efe, el funcionario aseguró que con el testimonio del agente detenido tienen indicios más “focalizados” de lo ocurrido a los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en el municipio de Tierra Blanca y los posibles lugares donde se encuentran.
“Ya son siete. Seis que están a disposición del juez, uno más transcurriendo el plazo constitucional ministerial y tenemos elementos con base en testimonio de hechos de lo ocurrido posteriormente”, dijo.
El funcionario reveló que una vez que los jóvenes fueron aprehendidos por los policías, los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada, aunque se desconocen aún los motivos para hacerlo.
Como parte de la investigación fue detenido el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y cinco agentes más, a los cuales se le suma el séptimo, que en las próximas horas será consignado a un juez acusado del delito de “desaparición forzosa”.
Las autoridades ministeriales descubrieron, por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad, que agentes policiacos habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
El funcionario afirmó que, con los indicios de participación de la delincuencia organizada, el Gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), intervendrá de manera directa en las investigaciones.
Las autoridades estatales y federales trabajan en la búsqueda y localización de los jóvenes con más de 140 elementos operativos y de inteligencia.
Con los nuevos elementos, manifestó Bravo, se llevan a cabo dos operativos especiales “focalizados”, ya “no tan dispersos como fue en los días pasados”, mediante los cuales las autoridades esperan localizar a los jóvenes en las próximas horas. EFE
La Fiscalía General de Veracruz informó que el delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, el agente Otoniel Cruz Linares, fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes, de entre 16 y 27 años de edad, ocurrida el pasado 11 de enero, y de quienes se desconoce su paradero. Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos.
Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos acusados de haber desaparecido el 11 de enero a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. Foto: Especial.
Veracruz (México), 17 ene (EFE).- Un jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y uno de sus agentes fueron detenidos por su presunta participación en la “desaparición forzada” de cinco jóvenes ocurrida en Tierra Blanca el pasado 11 de enero, informó hoy la Fiscalía General del Estado.
Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos acusados de haber desaparecido el 11 de enero a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, asentado en la zona centro de Veracruz.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó de la detención del delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y del agente Otoniel Cruz Linares.
Ambos fueron acusados por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los jóvenes detenidos por policías estatales y cuyo paradero aún se desconoce.
El informe oficial señala que, con base en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, el juez de primera instancia radicado en el Distrito Judicial de Cosamaloapan giró las órdenes de aprehensión solicitadas.
Una vez cumplidos los mandatos judiciales, el jefe policiaco y su subalterno fueron recluidos en una penitenciaría del municipio de Cosamaloapan, donde en breve serán puestos a disposición del juez.
Bernardo Benítez Herrera, padre de una de las víctimas, denunció la semana pasada que los cinco jóvenes habían sido detenidos por policías estatales cuando abastecían de combustible el vehículo en que viajaban y allí fueron vistos por última vez por un vecino que los conocía.
Autoridades estatales y federales mantienen trabajos de búsqueda y localización de los jóvenes con más de 140 elementos operativos y de inteligencia.
Asimismo, se estableció una estrategia de colaboración con el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El sábado, la PGR informó del inicio de sus investigaciones del caso, a raíz de una denuncia recibida por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó el jueves pasado que cuatro policías fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de los cinco jóvenes.
La Fiscalía General de Veracruz consignó a los cuatro elementos de la Policía Estatal detenidos el pasado 14 de enero, acusados de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. La PGR inició una averiguación previa que lleve a la localización de las víctimas. Pero una infinidad de acusaciones más en el estado, que involucran a fuerzas de seguridad pública, han quedado en el limbo.
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, recibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Foto: Blog Expediente
Por Ignacio Carvajal
Xalapa/Ciudad de México, 17 de enero (BlogExpediente/SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, ocurrida el pasado 11 de enero. Pero una infinidad de casos que involucran a fuerzas de seguridad pública permanecen en el olvido.
Anoche, a través de un comunicado, la dependencia informó que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, recibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca.
La PGR y elementos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han llevado a cabo distintas investigaciones en el municipio veracruzano, donde cinco jóvenes, de entre 16 y 27 años de edad, fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal el pasado 11 de enero, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
De acuerdo con la Procuraduría, las indagatorias se han extendido hacia otros lugares en los que se podría contar con información sobre el paradero de los jóvenes.
“El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ordenó también la práctica de diversas diligencias que serán desahogadas este fin de semana, con apoyo de la Policía Federal y peritos de la PGR”, detalló la dependencia.
Ayer sábado, la Fiscalía General de Veracruz consignó ante un Juez a los cuatro elementos de la Policía Estatal detenidos el pasado 14 de enero, acusados de desaparición forzada por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
Los acusados son René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche Colorado, Omar Cruz Santos y Edgar Omar Ruiz Tecalco, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Delegación de Tierra Blanca, quienes ya fueron ingresados al penal regional por el delito de desaparición forzada de personas.
La dependencia estatal informó que los trabajos de búsqueda y localización de los jóvenes “continúan de manera permanente, para lo que el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha designado más de 100 elementos operativos de tres delegaciones de la Policía Ministerial”.
Familiares de jóvenes secuestrados recriminan al Gobernador Javier Duarte la desaparición de sus hijos. Foto: Cuartoscuro
“En la integración de la indagatoria participaron tres fiscales regionales y especializados; siete fiscales investigadores, 15 auxiliares de fiscales, 10 peritos especializados, dos asesores, así como la Unidad de Análisis e Inteligencia, con lo que suman 140 personas desplegadas para la atención de este caso”.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lunes 11 de enero en Tierra Blanca, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.
Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, detalló esta semana en entrevista con distintos mediosque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Dijo que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos algún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, destacó el padre del joven en entrevista para Grupo Fórmula.
Las madres de los jóvenes desaparecidos exigen a las autoridades resultados, y a los criminales clemencia. Foto: Cortesía, BlogExpediente
VERACRUZ: DESAPARICIONES FORZADAS
Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra Blanca.
Desde 2011, a medida de que se recrudeció la violencia en la zona centro, en el puerto y en el sur de Veracruz, de estos casos se desprende que el gobierno ha aplicado la desaparición forzada como una política de estado para quitar a quien “se porta mal”.
Aunque el primer caso reconocido en todos sus aristas fue el del joven Gibrán Martiz, sustraído en Xalapa por policías de la SSP –materia de una recomendación al gobierno de Veracruz por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, hay además de esos 42 casos, otros 16 homicidios en los que se han visto involucrados gendarmes.
Ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, menos la Fiscalía, ha dado elementos suficientes para pensar que estos asuntos han sido atendidos y resueltos, salvo en situaciones donde la política ha estado de por medio, como lo fue con los alcaldes de Coatepec y el de Medellín de Bravo, Roberto Pérez Moreno, y Omar Cruz, que ahora andan a salto de mata, y sólo por eso hay policías detenidos y presentados ante el juez.
O peor aún, los policías señalados de malos manejos sólo han sido requeridos por la ley, cuando la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha intervenido y los presenta ante la Procuraduría General de la República, como ha pasado en lo que va del gobierno de Duarte, con al menos seis redadas en los que han sido apresados unos 80 oficiales por vínculos con la delincuencia organizada.
En la solicitud de información 00017000303015, la PGR indicó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la SEIDO en Veracruz ha consignado ante jueces federales a unos 77 civiles por delitos del fuero federal. La misma dependencia, en la petición 00017000389715, dijo que en ese mismo lapso de tiempo, son 186 los elementos de la policía del estado y municipales que se han presentado ante un juez federal por diversos delitos, desde el secuestro hasta delincuencia organizada. Es decir, las autoridades federales apresan a más uniformados que a civiles por violar las leyes.
Familiares de desaparecidos en Veracruz han acusado a la policía estatal de estar involucrados en los secuestros. Foto: Cuartoscuro
Así, Blogexpediente presenta el recuento de casos de casos en donde uniformados fueron mencionados en desapariciones y o que terminaron encerrados porque presuntamente quebraron la ley.
2011
• En junio, es encontrado el cadáver del elemento de la Marina Wilson Luna Tolero y siete policías de la municipal de Tuxpan (siendo alcalde Alberto Silva) son enviados a la cárcel bajo el señalamiento de su tortura hasta la muerte.
• En agosto, en medio de una balacera entre policías y ladrones, y la muerte por una bala perdida de un civil, desaparece el maestro Miguel Martínez Morales, de Peñuela, Córdoba, y se desata una ola de manifestaciones por elementos del SNTE que derivan en la detención de once oficiales de la zona, pero sólo uno, el delegado de la SSP en Fortín, Fermín Ramírez Bonilla, se queda y es sentenciado 25 años; y el profesor no aparece ni hay pistas de qué pasó con él.
• En diciembre de 2011, es detenido el ex inspector de la policía municipal de Orizaba por secuestro y asociación delictuosa, señalado por el plagio de la hija de un político de la zona centro de Veracruz, meses después fue encontrado sin vida en su celda en La Toma.
2012
• El 24 de septiembre de 2012, la SEMAR detuvo en Xalapa y en San Luis Potosí a 35 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas.
Familiares de Ángel Montiel San Pedro, en abril, acusan que está desaparecido desde entonces en Córdoba tras haber sido interceptado por tres patrullas del Mando Único. No hay detenidos.
2013
• En enero de 2013, desaparecen ocho elementos de la Policía Municipal de Úrsulo Galván: Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Luis Javier Valenzuela González y Aureliano Sánchez Tonil.
Hasta ahora no hay datos de su paradero, las madres y esposas están sobreviviendo con lo poco que es pagado por el Ayuntamiento, y son once niños que literalmente han quedado huérfanos. No hay detenidos.
• El 10 de enero, en Medellín, en medio de un operativo de la SSP, desaparece Ángel Ulises Lara Pulido de 22 años, consta en la denuncia 776/2013 de la Agencia Primera del Ministerio Público de Medellín de Bravo. La familia denuncia también que la policía detuvo ese día y no consignó al taxista Miguel Osorio. No hay detenidos.
• En febrero, Cintya Aranda Ruano, de 21 años, iba con cinco meses de embarazo, acompañada de su novio, a quien también se llevan supuestos elementos de la SSP en Cardel. Sin detenidos.
• Expediente 23/2013 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), documenta el asesinato de una persona en Tlacolulan a manos de policías de la SSP, sólo lo iban a detener por violencia intrafamiliar. Sin detenidos.
• El expediente 45/2013 de la CEDH dice que en Banderilla, ese año, la policía golpeó salvajemente a un detenido hasta que “días después, falleció, supuestamente propiciado por los malos tratos y golpes”. Sin detenidos.
• Isaac Hernández Campos, 29 años, desaparecido en junio en Córdoba después de haber sido detenido por elementos del Mando Único. Sin detenidos.
• Emilio Brandy Nicolás, en junio, sacado de su casa por sujetos vestidos como elementos de la Policía, en Córdoba. Sin detenidos.
• Juan Enrique Mendoza Perdomo, sacado por supuestos policías el 30 de diciembre de 2013 en Poza Rica, después de días de protestas contra el Mando Único, su cadáver aparece amarrado de pies y manos en un río. No hay detenidos.
• Ricardo Adrián García Cruz y David Salas Sarías habría sido llevados por la fuerza cuando circulaban sobre la carretera Veracruz-Cardel, en diciembre, denuncia 1416/2013 de la Agencia cuarta del MP. No hay detenidos.
• Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, en diciembre de 2013, denuncia 1293/VMP/2013; Víctor Álvarez Damián, 17 años, expediente 1269/VMP/2013 en el Puerto de Veracruz, las familias acusan que elementos de la Policía y Mando Único de Veracruz, los sacaron de sus casas; los chicos presuntamente eran parte de una banda de ladrones que asaltaban en la zona universitaria. No hay detenidos.
• En octubre de 2013, elementos de la patrulla 1397 de la SSP detuvo a al taxista Andrés Aguilar Marín en la capital y hasta la fecha no aparece. No hay detenidos.
• En septiembre, David Duran Mota, llevado por la fuerza por elementos del Mando Único después de bajarlo de un taxi, a él se lo llevan en la patrulla marcada con el 1050. No hay detenidos.
• En diciembre, indica la denuncia 1157/2013/SN, elementos de la SSP sustrajeron al comerciante Héctor Jesús Carrera Méndez, domiciliado en la zona centro de Orizaba. No hay detenidos.
2014
• En enero, Gibrán Martíz, ex integrante de la Voz México, es detenido ilegalmente por elementos de la SSP en Xalapa, junto a dos de sus amigos, el cantante y otro chico aparecieron muertos, y el otro joven sigue desaparecido. Es el primer caso en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó a Veracruz de que sus policías ejecutaron una desaparición forzada. Sin detenidos.
• Herón Miranda Godos es sustraído de su trabajo en Xalapa, en mayo, hay sospechas de que participaron elementos de la SSP en la desaparición por no haber querido colaborar en el pago de cuotas a un cártel; hay antecedentes de amenazas por parte de un oficial de la SSP. No hay detenidos.
• También en mayo de 2014, Iván Arévalo Pérez y Diego Antonio Corro Ruiz presuntamente son sustraídos por elementos de la Fuerza Civil en Coatzacoalcos; sus familiares protestaron durante dos días hasta que fueron devueltos. Meses después, Arévalo Pérez fue abatido en un enfrentamiento con autoridades.
• En septiembre de 2014, por la causa penal 18/2014, fueron detenidos tres mandos de la policía municipal de Coatepec, acusados de participar en el homicidio del Tesorero, Guillermo Pozos Rivera; ellos habrían interceptado y asesinado al funcionario por órdenes del alcalde, Roberto Pérez Moreno, prófugo de la justicia.
• En octubre de 2014, se integró la investigación 728/2014, contra ocho elementos de la Policía Municipal de Orizaba por desaparición forzada de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri. Los policías que se lo llevaron, presuntamente, entregaban detenidos con poder adquisitivo a los Zetas para que le exigieran rescate a sus familias.
• Nathanael Fernández Alcántara, José Armando Jiménez de la Cruz, Eric Leobardo Solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano y Heber Arturo Castillo, detenidos el 2 de septiembre de 2014 en un retén entre Cosoleacaque y Minatitlán. Sólo tres han aparecido, sin vida. Las familias acusaron desde el inicio a elementos del Mando Único, pero no hay detenidos.
• En noviembre, Carlos Ortiz y Emmanuel Josymar Hernández Medrano, empleados de un bar en Orizaba, detenidos al salir del trabajo por la policía, días después aparecieron sin vida, a uno le cortaron las orejas y la lengua. No hay detenidos.
2015
• Moisés Sánchez Cerezo, periodista número 11 asesinado en el duartismo, fue sustraído de su casa el 5 de enero de 2015 por sujetos armados presuntamente con el apoyo de elementos de la municipal acreditable (es decir, pasaron por la academia de Lencero). Entre los implicados, también un ex elemento de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río; el jefe de la policía detenido, Martín López Meneses, ya está libre.
• En marzo de 2015, cinco elementos de las municipales de Río Blanco y Tatatila, son detenidos por secuestro y delincuencia organizada, según la carpeta UECS/COR/002/2015.
• Tres exelementos de la municipal de Alcutzingo quedan detenidos el 5 de mayo de 2015, por la desaparición forzada de dos personas que presuntamente pertenecían a una célula delincuencial.
• El 11 de mayo de 2015, supuestos elementos de la Fuerza Civil detienen en Coatzacoalcos José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos, Eliaquín Alvarado Villafuerte y Roberto Gallegos Osorio, consta en la denuncia 234/ de la Agencia Segunda del MP. No hay detenidos por estos hechos.
• El 12 de mayo de 2015, en Tlaxcala, fueron detenidos tres oficiales municipales de Cuitláhuac en el estado de Tlaxcala, que presuntamente andaban en patrulla oficial y uniformados para cometer secuestros. La noche de la detención, traían armas de grueso calibre prohibidas para su uso y dos personas secuestradas.
• En Tamiahua, el joven Jalib García Vidal fue detenido por la policía el 8 de junio de 2015, después de una golpiza, es llevado al hospital, donde perdió la vida. El comandante de la policía acreditable está en la cárcel, condenado a un año de prisión preventiva por la investigación 650/2015.
• En julio de 2015, 15 elementos de la municipal de Pueblo Viejo, a la cárcel por el secuestro de dos personas a las que también torturaron hasta la muerte, el juez dictó formal prisión a nueve y el resto salieron libres.
2016
• El 11 de enero, son detenidos cuatro elementos de la SSP destacados en Tierra Blanca por la sospecha de que aplicaron desaparición forzada a cinco jóvenes de Playa Vicente, según la investigación ministerial 26/2016 de la Agencia Primera del Ministerio Público de Tierra Blanca.
Cientos de marchas se han realizado en Veracruz donde reclaman a las autoridades estatales las desapariciones en la entidad. Foto: Cuartoscuro
Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, entre ellos una menor de edad, en Tierra Blanca, Veracruz, iniciaron una movilización en medios nacionales para denunciar que el Gobierno de Javier Duarte ignora la denuncia que involucra a policías estatales en los hechos ocurridos el pasado lunes.
Familiares y amigos de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca piden ayuda para localizarlos. Foto: Facebook
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Cuatro hombres y una menor de edad desaparecieron el pasado lunes en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser interceptados por elementos de la Policía Estatal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lunes en Tierra Blanca, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.
El Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
“A las probanzas se suma la presunción de flagrancia del delito, toda vez que las víctimas se encuentran en calidad de desaparecidas y hay continuidad; así como el dolo de sus acciones, debido a que no reportaron las detenciones a sus superiores; por el contrario, las pretendieron ocultar”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Ministerial de Veracruz informaron que ya se “activaron los protocolos de actuación ministerial para búsqueda y localización de personas”, por lo que trasladaron a 40 elementos de la Policía Estatal adscritos al municipio de Tierra Blanca como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.
Algunas versiones aseguran que son siete los desaparecidos en Tierra Blanca, sin embargo, el Ministerio Público tiene registro sólo de cinco.
Las personas fueron identificadas como Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, al momento de presentar su denuncia “habían otras dos personas que lloraban por los suyos”, desaparecidos el mismo día.
Cámaras de seguridad de una gasolinería y de los establecimientos comerciales Chedraui y Coppel cercanos al lugar de los hechos pudieron captar el momento del rapto, sin embargo, aseguran los familiares, las autoridades no han recurrido a ese recurso.
Los padres de los jóvenes desaparecidos iniciaron una movilización en diversos medios nacionales para presionar al gobierno a intensificar la búsqueda y detener a los responsables.
Foto del sábado 9 de enero en la que aparecen cuatro de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Blog Expediente
Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, detalló este día, en entrevista con Radio Fórmula, que elementos de la SSP de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Dijo que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos algún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, finalizó el padre del joven.
Momentos antes, en entrevista con “Brozo” en El Mañanero, Bernardo Benítez dijo que el Gobierno de Javier Duarte ha ignorado las denuncias, pues nadie de su oficia se ha comunicado con los padres de los jóvenes para ofrecer avances de la investigación.
“Lo último que supimos fue que trasladaron a los elementos a Xalapa para interrogarlos y tomarles su declaración, para saber –insistió- cuáles de todos ellos o todos están inmiscuidos, no sólo de este caso, sino de otros casos que han sucedido”, dijo.
Bernardo Benítez también informó a medios que hay videos que demuestran cómo policías estatales se llevaron a los jóvenes a bordo de una patrulla policíaca y de un automóvil Jetta blanco, de su hijo.
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