El imputado, identificado como Luis Ángel “N”, alias “La Güicha”, fue detenido y ahora será presentado ante un Juez de Control para llevar a cabo la audiencia inicial; es acusado de presuntamente asesinar a la periodista María Elena Ferral en marzo de 2020.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Luis Ángel “N”, alias “La Güicha”, fue detenido este miércoles por elementos de la Policía Ministerial por el presunto asesinato de una periodista en 2020, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
El sujeto fue detenido por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravia contra la periodista del Diario de Xalapa, María Elena Ferral ocurrido el 30 de marzo de 2020 y cuyos hechos fueron asentados en el proceso penal 46/2020.
Luis Ángel fue presentado ante un Juez de Control del Juzgado de Prceso y Precedimiento Penal Oral del VIII Distrito Judicial con el fin de llevar a cabo su audiencia inicial y definir su situación jurídica.
MARÍA ELENA Y MARÍA FERNANDA: EL ASESINATO DE UNA PERIODISTA Y EL ATAQUE A SU HIJA
La periodista María Elena Ferral falleció la noche del 30 de marzo de 2020, luego que fuera víctima de un ataque en Papantla, Veracruz.
El hecho fue confirmado por la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, quien señaló que Ferral había sido trasladada a un hospital de Poza Rica, pero los médicos no pudieron evitar su muerte.
El fallecimiento ocurrió a las 21:00 horas y se debió a la gravedad de las heridas que la corresponsal del Diario de Xalapa recibió.
Ferral reveló en 2016 que había recibido amenazas debido a sus trabajos periodísticos en los que se involucraba a Camerino Basilio Picazo, exalcalde de Coyutla y exdiputado local priísta, en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, exsíndico de Coyutla.
La periodista María Elena Ferral fue asesinada el 30 de marzo de 2020. Foto: Facebook, Fernanda De Luna Ferral
Dos meses después, el 24 de mayo, María Fernanda de Luna Ferral, hija de la periodista, sufrió un ataque a balazos mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre una carretera del municipio Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz.
Mediante una carta, la también comunicadora reportó la agresión de la que fue objeto la mañana de este domingo en la comunidad de La Galeana, del citado municipio, cuando se dirigía a la capital, proveniente de Poza Rica.
“Por la presente me dirijo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su gabinete de Seguridad, así como al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para darles a conocer lo siguiente”, introdujo en su carta.
“El día de hoy a las 10:40 de la mañana, fui víctima de un atentado en el que estuvo en peligro mi vida”, señaló la víctima.
“El ataque se registró en la comunidad la Galeana, del municipio de Gutiérrez Zamora, cuando nos dirigíamos a la capital del estado, provenientes de la ciudad de Poza Rica, cuando una camioneta tipo Suburban, de color negro nos dio alcance y disparó en varias ocasiones contra el vehículo en el que viajaba”, detalló la periodista de Quinto Poder de Veracruz.
La hija de la periodista hizo un llamado a las autoridades federales y estatales, tanto de Seguridad Pública como de Justicia, a tomar cartas en el asunto y esclarecer su atentado y la muerte de su madre.
Luego de un cateo en casa de su abuela en Mérida, Yucatán, Marlon fue detenido y trasladado para que enfrente el proceso penal que existe en su contra, por el cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Un Juez de control determinó dar a Marlon “N”, detenido este viernes por elementos de la Fiscalía General de Veracruz, un año de prisión preventiva oficiosa por su presunta comisión del feminicidio deMonserrat Bendimes en abril de 2021.
Después de varias horas de audiencia en la sala de juicios orales en la Unidad de Atención Temprana del XVII Distrito Judicial del estado, la Fiscalía formuló la imputación en contra del detenido por la agresiónen contra de quien era su novia, quien falleció en un hospital de Boca del Río posteriormente debido a las lesiones.
La próxima audiencia, informó la Fiscalía por medio de redes sociales, se fijó para el próximo 8 de junio de este año.
El Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La continuación de la audiencia se fijó para el 8 de junio del presente año.
La Policía Ministerial de la Fiscalía de Veracruz detuvo a Marlon “N” este viernes por el presunto delito de feminicidio cometido en agravio a la joven Montserrat Bendimes.
Luego de un cateo en casa de su abuela en Mérida, Yucatán, Marlon fue detenido y trasladado para que enfrente el proceso penal que existe en su contra.
Marlon estaba prófugo de la justicia desde hace más de un año y apenas el 16 de mayo había reaparecido en un video enviado de manera anónima a una televisora nacional para asegurar que la muerte de su exnovia Monserrat Bendimes Roldán no fue feminicidio.
En el video difundido en Imagen Televisión, Marlon “N” se declaró inocente del feminicidio de Monserrat Bendimes, ocurrido en abril de 2021 en Veracruz.
Marlon estaba prófugo de la justicia desde hace más de un año, después de haber golpeado a su novia Monserrat. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro
Además, planteó que la liberación de sus padres —quienes están en prisión preventiva desde noviembre por probablemente estar involucrados en el feminicidio— le permitiría llevar un “juicio justo”.
“Soy yo quien debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita (…) la libertad de mis padres me permitirá llevar un juicio justo, en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad”, señaló el presunto feminicida.
Monserrat, de 20 años, fue golpeada el 17 abril de 2021 por su pareja, Marlon “N”, quien la abandonó en el lugar tras causarle fracturas en brazos, cuello y cráneo. Sus padres se habrían encargado de trasladar a Monserrat a un hospital mientras ayudaron a escapar a su hijo.
Posteriormente, avisaron a la familia de la víctima sobre la agresión; días después, Monserrat tuvo muerte cerebral, fue desconectada y declarada muerta el 23 de abril.
Las tías y abuela de Carlitos están sumidas en la depresión desde el pasado 15 de febrero. Han transcurrido ocho meses desde el día en que desapareció, en el contexto de una fiesta de la iglesia. Siempre temen que haya tenido un destino trágico.
Por Ignacio Carvajal
Coatzacoalcos, 10 de noviembre (Blog Expediente Mx).—Carlitos es un niño de 12 años que vivía en el poblado de Las Barrancas (Cosoleacaque), cuando tenía apenas 4 años, su mamá lo abandonó para irse a trabajar a Coatzacoalcos.
En una humilde casa en “Las Barrancas”, el pequeño estaba creciendo al cuidado de su abuela y tías, hasta que el pasado 15 de febrero, desapareció de manera inexplicable.
La familia piensa que Carlitos tal vez se marchó a buscar a su madre, Karen García González. El chico estaba ilusionado en que llegara el día en que viviría de nuevo con su mamá y su hermano mayor.
Los dos niños resultaron abandonados por Karen en casa de su abuela materna. A sus 12 años, Carlitos ya sabía manejar el teléfono y las redes sociales.
Se hizo un perfil de Facebook donde comenzó a buscar a su mamá y cuando la encontró, cuentan los familiares del pequeño, la mujer entabló una breve comunicación con él, pero ante la insistencia del chico, la madre lo eliminó de sus amigos y lo bloqueó. Desde entonces, salió de su vida y estaba no localizable.
Durante varios días el pequeño estuvo muy triste esperando que mamá apareciera por la puerta con algún pastel o regalo.
Habitualmente, la joven Karen García González iba al pueblo de Barrancas para llevar dinero o regalos a sus pequeños, pero de un tiempo a la fecha, las visitas ya eran menos, incluso, ya no se paraba por el lugar y Carlitos la extrañaba profundamente.
Las tías y abuela de Carlitos están sumidas en la depresión desde el pasado 15 de febrero. Han transcurrido ocho meses desde el día en que desapareció, en el contexto de una fiesta de la iglesia. Siempre temen que haya tenido un destino trágico.
FISCALÍA LOS IGNORA
Cuando desaparece el pequeño, la familia acusa que es ignorada por el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que trabajan en la subunidad de Cosoloeacaque.
Los fiscales resultaron indolentes pese a las insistencias de lanzar la Alerta Ámber.
Sin embargo, gracias al acercamiento con el Colectivo de Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, lograron lanzar la alerta de búsqueda dos días después de la desaparición.
Al paso de los días, a la familia llegó el dato de que un hombre en Cosoleacaque, borracho, alardeaba de haber asesinado a un niño.
Es por eso que se asienta la denuncia por su desaparición y se comienza a investigar al sujeto. Hay testigos declarados quienes afirman haber escuchado a ese hombre mencionar que el cadáver del niño fue lanzado a una fosa clandestina.
A principios de mes, con el apoyo del Colectivo de Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado encabezó una búsqueda en un predio de “Las Barrancas”, en el cual había vivido la familia del sujeto señalado.
Armadas de varillas y personal especializado, se peinó una zona del predio en busca de algún indicio. En el pueblo se corrió el chisme de que había sido localizado el esqueleto del niño, pero es falso, en esa diligencia no hubo resultados.
La familia está contenta de que haya la esperanza de encontrarlo con vida pero las diligencias de la búsqueda en muerte avanzan de manera paralela.
Tratando de obtener una muestra de ADN, dentro de las acciones de búsqueda de Carlitos, un familiar de la madre la localizó en Coatzacoalcos en meses pasados.
Pese a la insistencia de la familia, una y otra vez Karen García se negó a colaborar, sólo cuando necesitó donadores de sangre accedió a entregar la muestra de sangre.
Sin embargo, el personal de la Fiscalía tardó mucho tiempo y ella murió a los 33 años el pasado 15 de septiembre en el hospital Gómez Farias. Estaba enferma de VIH y era sospechosa de COVID-19. Estando internada, la mató una insuficiencia respiratoria en menos de 30 minutos.
El personal de Héctor Ronzón, director de Servicios Periciales, teniendo el cadáver a la mano, perdió la oportunidad de sacarle la muestra.
Antes de ser enterrada, Periciales tomó el rastro de ADN de un hueso de la mamá de Carlitos para establecer su mapa genético con la lejana esperanza de encontrarlo en alguna fosa clandestina, aunque desean que el pequeño esté con vida, extraviado en las calles de Coatzacoalcos, tal vez cuando tomó la decisión de buscar a su mamá.
Se suman los meses y el personal de Verónica Hernández Giadans no ha encontrado pistas claras sobre el destino final del niño, tampoco se sabe si investigan al sujeto que presuntamente alardea haberla dado muerte a un menor y quien desde hace varios meses se marchó del pueblo con todo y familia.
De acuerdo con las investigaciones Víctor Manuel ‘N’ fue quien participó en la creación del esquema mercantil para el desvío de recursos por medio del esquema de empresas durante el sexenio de Duarte.
Ciudad de México, 8 mayo (SinEmbargo).- Elementos de la Fiscalía General de Veracruz realizaron un cateo en el complejo Emerald-Spa-Tower de la zona hotelera de Quintana Roo para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel ‘N’, presunto creador de más de 230 empresas fantasma durante el Gobierno de Javier Duarte Ochoa; el proceso no logró concretarse debido a que el acusado ya había huido del lugar.
El operativo fue coordinado con la Fiscalía General de Quintana Roo y forma parte de un proceso judicial que derivó la aprehensión de otros empresarios y ex funcionarios estatales por el presunto delito de fraude especifico en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF) en el estado de Veracruz, según informaron medios nacionales.
De acuerdo con las investigaciones Víctor Manuel ‘N’, fue quien participó en la creación del esquema mercantil para el desvío de recursos por medio del esquema de empresas durante el sexenio de Duarte.
En el lugar se hallaron documentos que podrán contribuir al reforzamiento de la investigación y detectar a otras personas que hayan presuntamente participado en el fraude entre los que se encuentran algunos notarios públicos y empresarios del estado.
LAS DETENCIONES
El pasado 17 de abril ocho ex funcionarios de la administración del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fueron detenidos por diversos delitos contra el servicio público, por la Fiscalía General estatal.
Medios locales y nacionales reportaron que entre los detenidos está Julián “N”, ex Director estatal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
También se desempeñó como ex Director de Atención Vulnerable del DIF, organismo presidido entonces por la ex esposa de Duarte, Karime “N”, quien actualmente afronta un proceso de extradición en Inglaterra, imputada por el supuesto desvío de más de 100 millones de pesos.
Los reportes indicaron que se le imputan los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.
También habrían sido aprehendidos los ex servidores públicos Víctor Manuel “N”, Emilia Yasbe “N”, Claudia “N”, Teodosio “N”, César “N” Francisco “N” y Pedro Francisco “N”. Todos laboraron en el DIF de Veracruz durante el mandato de Duarte.
Las detenciones derivaron de las denuncias realizadas en 2017, realizadas por la directiva del organismo.
La localización y rescate fueron posibles gracias a la colaboración de interinstitucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Coordinación Nacional Antisecuestro y la División de Investigación de la Policía Federal.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).–Una familia de origen hondureño,víctima de secuestro fue localizada y rescatada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La Fiscalía General de Veracruz informó que las investigaciones para localizar a las familia iniciaron el pasado 24 de julio.
La localización y rescate fueron posibles gracias a la colaboración de interinstitucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Coordinación Nacional Antisecuestro y la División de Investigación de la Policía Federal.
Las cinco víctimas, dos adultos y tres menores, fueron ubicadas gracias a los trabajos de inteligencia interinstitucional en el que también participó el Consulado de Honduras en México.
Después de efectuar la localización y rescate, la familia fue trasladada a las inmediaciones de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Coatzacoalcos, Veracruz.
Ahí, se les brindó atención médica, jurídica y psicológica.
La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades; hasta el momento solo se tiene el testimonio y declaración de uno de los probables responsables.
Marcos Even Torres se perfiló para el puesto desde inicios de año y generó escozor entre diversos actores de la sociedad civil y políticos que acusaron que con su designación, Miguel Ángel Yunes Linares trata de replicar lo que en su momento criticó a Javier Duarte: colocar a un incondicional para evitar ser investigado al finalizar su administración.
Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Marcos Even Torres, actual fiscal visitador de la Fiscalía General de Veracruz, fue nombrado Fiscal Anticorrupción.
Even Torres, funcionario cercano a Jorge Winckler, Fiscal General, y a Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, estaría al frente de la dependencia durante los próximos cinco años.
En medio de un cuestionado proceso, el Congreso de Veracruz eligió al Fiscal Anticorrupción del estado. Organizaciones civiles acusan que detrás de la selección del Legislativo local, con mayoría panista, está la mano del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que busca cubrirse las espaldas, al colocar a un cercano en ese puesto clave.
Marcos Even Torres se perfiló para el puesto desde inicios de año y generó escozor entre diversos actores de la sociedad civil y políticos que acusaron que con su designación, el Jefe del Ejecutivo trata de replicar lo que en su momento criticó a Javier Duarte: colocar a un incondicional para evitar ser investigado al finalizar su administración.
En junio de 2016, el Congreso de Veracruz retiró de la discusión en el pleno la designación.
El morenista Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador electo de Veracruz, demandó a los legisladores actuales a dejar en manos del nuevo Congreso la elección de los nuevos magistrados y del fiscal anticorrupción. En su primer mensaje a los veracruzanos apuntó que postergar la designación evitaría sospechas sobre ellos.
“Ya existe una elección de por medio donde el pueblo designó otra configuración política en su reclamo por justicia y por tanto, con todo el respeto, los exhorto a que permitan a que sea la próxima legislatura designada por el pueblo quien determine la designación”, dijo en su mensaje frente a Palacio de Gobierno.
Los familiares de personas desaparecidas lanzaron la campaña “SÚMATE X 1 ADN” para recaudar fondos para encontrar a sus seres queridos. Recordaron que la Fiscalía General del Estado recibió 20 millones de pesos para Servicios Periciales, dinero de recursos federales, pero al momento no han dado cuenta de donde quedaron.
Veracruz es llamada por los colectivos “la capital del secuestro”.
Puerto de Veracruz/Xalapa/Ciudad de México, 7 de octubre (Plumas libres/BlogExpediente/SinEmbargo).- Debido a que no hay recursos en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, los colectivos en búsqueda de desaparecidos en la entidad han tomado la iniciativa de por su cuenta recolectar dinero para poder realizar la toma de muestras de ADN y así identificar los cadáveres encontrados.
A través de un comunicado los colectivos piden la ayuda de la sociedad para unirse a esta campaña denominada “SÚMATE X 1 ADN” misma que iniciará el próximo 7 de octubre.
Al respecto Lucia de los Ángeles Díaz, del colectivo Solecito Veracruz, señaló que sí están participando en la campaña pero no está de acuerdo del todo con ella. “En lo personal no la creo necesaria porque a este paso estaremos pidiendo para comprarle hasta los insumos de papelería a la fiscalía”, señaló.
Hace unos días Lucia de los Angeles recordaba que a la Fiscalía General del Estado había recibido 20 millones de pesos para Servicios Periciales, dinero de recursos federales y que al momento no han dado cuenta de donde está el recurso.
“En el video de la entrevista con Campa, él dice que son 36 millones de recursos y después la Fiscalía dijo que 20 millones, pero ¿dónde están?”, afirmó. Con ese recurso sería suficiente para poder lograr la toma de ADN e identificación de cadáveres.
Señaló que estos recursos que están “perdidos” serían suficientes para lograr la identificación y todo lo necesario en Periciales, pero la Fiscalía no dice dónde están los recursos.
“Imagínate cuanto necesitaremos nosotras conseguir si cada muestra cuesta 3 mil pesos en promedio, hay más de 2 mil muestras que procesar (…) entonces imagínate primero buscar, luego localizar, exhumar y hacer las pruebas, todo nosotras, ¿y como para qué tendríamos a la fiscalía entonces?”, remató.
La campaña iniciará el próximo 7 de octubreFoto: Especial
Esta campaña “Súmate por 1 ADN” textualmente dice lo siguiente:
SOBRE CAMPAÑA “SÚMATE X 1 ADN”
Como es sabido, las familias de víctimas de desaparición forzada o desaparición por particulares, agrupadas en colectivos, nos hemos dado a la tarea de buscar a nuestras hijas y nuestros hijos, lo que nos ha llevado al desafortunado, lamentable y doloroso hallazgo de fosas clandestinas, en diferentes puntos del estado de Veracruz, en las cuales miles de restos humanos hemos desenterrado. Quienes vivimos este calvario, aun atravesamos por la incertidumbre que nos deja el no poder dar identidad a cada una de las personas que hemos ubicado en dichas fosas, y así poder hacerles llegar con sus familias. Lo anterior, debido a que las instancias gubernamentales carecen de los recursos económicos para la adquisición de los reactivos necesarios para hacer posible esto.
Para los que atravesamos esta desgracia es imposible pensar que la falta de dinero retrase nuestro acceso a la justicia y, sobre todo, a la paz interna que tanto requerimos. Es por ello que emprenderemos una acción que coadyuve y agilice la identificación de los restos hallados, a la que deseamos se sumen medios de comunicación, periodistas, actores políticos y sociales, académicos e intelectuales y, principalmente, cada uno de los miembros de nuestra comunidad.
Por lo que convocamos, atendiendo a la sensibilidad de la sociedad, a unirse a la campaña “SÚMATE X 1 ADN”, que consiste en recaudar fondos económicos con la finalidad de adquirir los reactivos para la identificación.
Inicialmente esta campaña se realizará en tres sedes del estado de Veracruz, en diferentes fechas y donde nos encontraremos, los miembros de siete colectivos de búsqueda, realizando la mencionada recolección, en los siguientes puntos:
· 7 de octubre, malecón del puerto de Veracruz
· 14 de octubre, Los Lagos en Xalapa, Ver.
· 21 de octubre, Malecón de Coatzacoalcos, Ver.
Además, se aceptarán donativos en el número de cuenta 5204 1651 1320 1192,
CLABE Interbancaria: 002882701137500710.
La colaboración y unidad de todos nosotros, puede ayudar a nuestras hijas e hijos a REGRESAR A CASA.
COLECTIVOS PARTICIPANTES:
COLECTIVO FAMILIAS DE ESAPARECIDOS ORIZABA – CORDOBA
RED DE MADRE VERACRUZ
SOLECITO
2 / 2
MAIA HERRERA POZA RICA
COLECTIVO FAMILIARES ENLACES XALAPA
BUSQUEDA COLECTIVA COATZACOALCOS ZONA SUR
MADRES EN BUSQUEDA BELEN GONZALEZ
MADRES EN BUSQUEDA COATZACOALCOS VERACRUZ
BUSCANDO A NUESTROS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS VERACRUZ
“A LOS MUERTOS SE LES TIENEN QUE DEJAR IR, Y A LOS DESAPARECIDOS SE LES TIENE QUE HACER VOLVER”
Protesta de jóvenes contra la violencia en el puerto de Veracruz. Foto: Cuartoscuro
LA SUCURSAL DEL SECUESTRO Y SECUESTRO FORZADO
Sólo 22 casos de desapariciones en Veracruz están reconocidos como forzadas. La participación, orden o vinculación de autoridades municipales o de cualquier índole están involucradas en estos actos violatorios a los derechos humanos.
La desaparición forzada es reconocida como un arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del estado.
Estos actos cometidos en la entidad costera son reconocidos a cinco años de su ejecución por funcionarios o servidores públicos. Principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y omisos por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Víctimas del Delito y Violación de Derechos Humanos.
De acuerdo con la recomendación 01/2017 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 81 personas desaparecidas de febrero del 2011 a octubre del 2016 no son buscadas correctamente por las autoridades estatales. Tampoco protegidas, ya que se involucran en la desaparición forzada.
La situación de inseguridad se fusionó en las áreas de justicia. Los funcionarios veracruzanos cambiaron de militancia partidista. Salieron priistas e ingresaron panistas. El problema de desaparición y forzada continúa.
Veracruz se mantiene como la segunda entidad en el país de registrar casos de personas desaparecidas. No localizadas en los ocho meses transcurridos del 2017. La estadística la difunde pública el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El primer sitio se mantiene con 359 en Guerrero. Le sigue Veracruz con 205, el tercer peldaño lo ocupa Tamaulipas con 136. Esta última entidad colindante al sur con Veracruz. Ambos comparten fichas de búsqueda. La mayoría, sin avances.
“Es un tema de años atrás pero el problema persiste, por eso tenemos que alzar la voz en favor de las familias de víctimas no solo para que nos escuchen, sino para que también se tomen las acciones”, exclamó Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Su visita a la entidad costera se dio esta mañana de octubre. Presentar la recomendación general número uno reunió a familias en busca de sus hijas, esposas o sobrinos no localizados en los últimos diez años. También congregó a la comisionada estatal de Derechos Humanos.
Por su parte, González Pérez reiteró que la desaparición y forzada no cesa en el país. “Veracruz no está exento de esta problemática, por eso la última recomendación pedimos acciones que puedan revertir esta situación. Desde luego está el tema de las fosas clandestinas, donde también hicimos mención y el flagelo se ve en varias entidades federativas”.
Colinas de Santa Fe mantiene la fosa clandestina más grande de Latinoamérica. Restos humanos siguen siendo exhumados por integrantes de colectivos en busca de su familiar. El Colectivo Solecito es el encargado de esta investigación sin obligación. La Fiscalía General del Estado (FGE) no realiza su función. Su titular, Jorge Wínckler Ortiz las evade, llegando al grado de bloquearlas de sus redes sociales como un menor de edad jugando en su teléfono móvil.
Hasta el mes de marzo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, admitió que entre diez y trece quejas presentadas en la institución que dirige, presumían la participación de funcionarios públicos.
Los entes señalados fueron la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Cinco años atrás, en 2011, la FGE recibía el nombre de Procuraduría General de Justicia (PGJ) y tomando de referencia el lapso que ocupa la recomendación número uno del 2017 por la CNDH, el primero en mención ante estas anomalías de justicia es Amadeo Flores Espinosa. Le sigue Luis Ángel Bravo Contreras, quien tomó protesta el 19 de febrero del 2014.
La responsabilidad se extendió con Jorge Wínckler Ortiz, abogado personal de la familia Yunes Márquez.
“Nada más que en la recomendación no logramos acreditar fehacientemente, sin lugar a duda, que efectivamente hubo participación de autoridad. Vamos a trabajar ahora sobre esos casos en particular. Lo que si se logra acreditar es que hay desaparición y hay negligencia en la investigación” recalcó Matzumoto Benítez.
Las omisiones, cinco años después reconocidas por la CNDH, han sido evidenciadas en más de una ocasión.
Tan solo el 16 de febrero del 2017, los familiares de desaparecidos tendrían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Roberto Campa Ciprián. Su impuntualidad y actitud evidenciaron las negligencias.
“No somos delincuentes, no traemos balas, no tenemos palos”, respondió Lucía de los Ángeles Lagunes, coordinadora del Colectivo Solecito Veracruz ante la negativa del personal de la FGE por ingresarlos a una sala de atención.
Entre los reproches, otras madres expresaron; “Lo que nosotros vivimos no se lo deseamos a nadie”, “Ya sabemos que es el tercer piso”, “Tenemos mucho rato paradas esperando”, “Es infame el trato que dan a otros seres humanos”, entre otros.
Un varón identificado como guardia de seguridad no pudo contener a las familias en espera. Pasaron el filtro de revisión y caminaron hasta el tercer piso, en la sala de juntas de la FGE. La molestia seguía en el aire. Los minutos transcurrían y los encargados de logística continuaban diciendo “ahorita vienen, ya están cerca”. Ambos funcionarios retrasaron su llegada y callaron a las familias en busca de sus desaparecidos.
Pese a que la FGE reporta haber procesado el predio de El Porvenir en su totalidad, localizado desde el pasado 15 de abril pasado, en Córdoba, Veracruz, en ninguna parte del inventariado se lee algún resto de madera, huesos de perro o excremento de vaca, aseveraciones que hizo públicas el Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras, en un comunicado oficial, luego del hallazgo realizado por la Primera Brigada Nacional de Búsqueda.
Blog Expediente tuvo acceso al oficio número FGE/FRJZCCOR/3562/2016, integrado a la Carpeta de Investigación IPJ-1/DXIV/4º/1427/2016, donde el Fiscal Regional Alejandro Dávila Vera detalla a la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos el avance de los servicios periciales a cuatro meses de haber culminado la primera etapa de las labores humanitarias.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo/Blog Expediente).- Al menos 126 piezas dentarías, 15 elementos balísticos, 10 mil fragmento óseos carbonizados y 7 perfiles genéticos masculinos, es el reporte -hasta ahora a medias- de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en dos de las cinco predios que han descubierto los colectivos de Desaparecidos en Veracruz durante su primera etapa de búsqueda.
Blog Expediente tuvo acceso al oficio número FGE/FRJZCCOR/3562/2016, integrado a la Carpeta de Investigación IPJ-1/DXIV/4º/1427/2016, donde el Fiscal Regional Alejandro Dávila Vera detalla a la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos el avance de los servicios periciales a cuatro meses de haber culminado las labores humanitarias.
Pese a que la FGE reporta haber procesado el predio de El Porvenir en su totalidad, localizado desde el pasado 15 de abril, en Córdoba, Veracruz, en ninguna parte del inventariado se lee algún resto de madera, huesos de perro o excremento de vaca, aseveraciones que hizo públicas el Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras, en meses pasados.
Con lo anterior, asentado en oficios de la propia FGE, queda evidenciado el comunicado de la Coordinación de Comunicación Social del Estado, donde se aseguró, minutos posteriores al hallazgo de los brigadistas, el 15 de abril, en el predio de San Rafael Calería, que los indicios no eran otra cosa que “restos de manera y telas sintéticas”.
“Es una manera sucia de desacreditarnos; pero ahora no sólo se sabe que la Fiscalía deja de buscar a nuestros familiares y descalifica nuestra labor social, además ya no se da abasto con tantos descubrimientos de las familias veracruzanas”, opina Juan Carlos Herrera, líder de la brigada nacional.
Como parte medular en el reporte pericial se lee que tan sólo en los terrenos de El Porvenir se identificaron 102 fragmentos óseos, de los cuales 130 resultaron factibles para el análisis y estatus de procesamientos.
Al momento, según el documento membretado, se han podido obtener siete perfiles genéticos completos, correspondientes a siete individuos del sexo masculino, ingresados a la Base de Datos de ADN de Policía Federal.
Sin embargo, se advierte en el reporte que ninguna de las identidades de los finados, corresponde a los 30 casos registrados por la Brigada Nacional en las instalaciones de la parroquia de los Santos Reyes, en Amatlán.
“Muchas de las familias no se someten a los análisis de ADN por miedo, es más ni siquiera denuncian la desaparición. Pero qué confianza puede haber en las autoridades estatales si ellos son señalados como responsables de los levantones”, comparte Aracely Salcedo, líder del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba.
Por otra parte, Sara Rodríguez, representante del Colectivo Por La Paz Xalapa, asegura que al menos 15 quejas se han emitido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde se responsabiliza a los mismos fiscales por amenazar a las familias para que aborten la misión de recuperar a los suyos.
A continuación se expone un resumen de la clasificación, procesamiento e identificación de los indicios que ha generado la FGE, bajo supervisión de la Policía Federal; siendo apenas una quinta parte del total de hallazgos que las asociaciones civiles han logrado hasta el momento.
El descubrimiento se documentó el viernes 15 de abril en la congregación de San Rafael Calería, Córdoba, Veracruz, en un terreno empleado para la producción de caña. Allí fueron removidas 11 cavidades clandestinas, en un radio de 30 metros.
Con base en el oficio 14186/2016, de fecha 22 de julio de 2016, sonado por el Lic. Richard Octavio Malpica Cano, Fiscal cuarto investigador de la Unidad Integra de procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV de Córdoba, Veracruz, se documentaron:
Fragmentos óseos mojados contenidos en una bolsa color negro, dentro de una cubeta blanco con amarillo, fragmentos óseos en su mayoría carbonizados de diferentes tamaños. Retazos de tela color negro sin leyendas visibles. Zapato color café y negro sin leyendas visibles. Pieza de tela a cuadros color azul con etiqueta negra con la leyenda “AVANI’S 5 100 & algodón. Dos zapatos color negro y blanco sin leyendas visibles.
Dos sandalias color azul con blanco sin leyendas visibles. Fragmentos óseos de diversos tamaños. 26 fragmentos de materia textil color negro. Dos baterías tipo D, color dorado con negro, marca Duracell. Ocho restos óseos de diversos tamaños. 120 fragmentos y restos óseos en su mayoría calcinados. Camisa manga larga color azul, con etiqueta color morado, con la leyenda en color blanco “Exclusivo D’ Frank”, Moda BOUTIQUE.
Pantalón de mezclilla color azul presenta una etiqueta color café con la leyenda ”DERWUIS”, en el bolsillo trasero presenta un bordado en color blanco con la leyenda “DERWUIS” 100 % algodón. Trozo de pantalón color azul, talla 30 presenta una etiqueta color azul y letras color blanco con las leyendas “Aldo Conti ITALIA”, “LANAS FITEX” 95 % lana y 5 % poliéster. Tres coronas clínicas de diente y una prótesis fija de tres unidades, recolectadas en el sedimento cuadrante 2A. 33 restos óseos de diversos tamaños y 1755 fragmentos y restos óseos en su mayoría calcinados.
PREDIO EL PORVENIR: VÉRTEBRAS, COSTILLAS Y CRÁNEOS
El hallazgo se dio el 20 de abril de 2016 cuando el hartazgo de un anónimo llevó a los brigadistas hasta un lugar marcado con la letra Zeta. “Escarben este pozo, aquí los malandros masacraron harta gente y después les echaron piedras encima”, señaló el anónimo.
El punto se encuentra en la Hacienda Los Paredones, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente también a Córdoba, un radio de 40 metros, a cinco minutos de las primeras 11 fosas de San Rafael Calería, como ahora los lugareños ubican a la congregación.
Los familiares escarbaron solamente dos metros y desenterraron 300 fracciones de vértebras y costillas cercenadas, paredes de cráneos sucios de lodo, un pedazo de fémur y otro de cadera, ambos rebasan los 18 centímetros de longitud.
De acuerdo con el oficio FGE/FRJZCCOR/3562/2016, el predio de El Porvenir, pese a que fue el primero en haber sido procesado, la FGE no ha terminado de siquiera de embalar los fragmentos, pues asegura, es el predio de mayor extensión y número de indicios.
Con base en el oficio 14164/2016, fecha 22 de julio de 2016, signado por el Lic. Jesús Herrera Hernández, Fiscal Investigador de la Unidad Integra de procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV de Córdoba, Ver, se documentó:
Un fragmento mandibular con urgente dentario, seis fragmentos dentarios (puente dental), dos prótesis dentarias y 126 piezas u órganos dentales, que de acuerdo con la doctora Rosalía Castro, madre de desaparecido, estas últimas no son otra cosa que dientes completos de las víctimas.
En el predio también se recogieron 15 elementos balísticos, que según expertos en criminalística, pueden ser desde las balas completas, el casquillo o el cartucho quemado del armamento.
PENDIENTES TRES PREDIO EN TRES CIUDADES
Una vez que la FGE, termine de procesas los indicios de los predios en Córdoba, Veracruz, deberán acudir a las ciudades de Paso del Macho, Veracruz e Ixtaczoquitlán, terrenos donde colectivos de desaparecidos han identificado más panteones clandestinos.
El 28 de julio de 2016, a unos 5 kilómetros del pueblo, en una zona de granjas colindante con Paso del Macho llamada Miguel Alemán, en el municiono de Paso del Macho, fue el último logro de la Brigada Nacional de Desaparecidos. En el sitio se reportó un pozo donde, presuntamente, el crimen organizaba arrojaba a sus víctimas.
El 09 de agosto de 2016, en la jurisdicción de Colonias de Santa Fe, familiares del colectivo Solecito Veracruz entregaron a las autoridades federales dos cavidades con al menos 60 fragmentos óseos incinerados. El predio seguirá siendo explorado en presencia de la agrupación civil.
El mismo 09 de agosto de 2016, en el centro del estado, en la comunidad de Moyoapan, el colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, dio con un punto señalado como campamento de exterminio, en el sitio encontraron también restos óseos carbonizados.
Son los resultados que han obtenido las asociaciones civiles a poco más de cuatro meses de haber iniciado sus búsquedas. El trabajo, ahora, resta para la Fiscalía General del Estado, pues los familiares advierten: “Esto va a seguir, si no quieren trabajar lo haremos por ellos; sólo que apunten todo lo que se consigue en cuatro meses”.
El Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que se apegarán a las leyes para resolver la situación de los presuntos agresores que hace un año violaron a una joven en Boca del Río. En tanto, la abuela de la víctima dijo que buscará una reunión con personal de la Presidencia de la República y de organizaciones internacionales, pues en Veracruz el caso está detenido.
Al menos 200 manifestantes, entre familiares, amigos, organizaciones civiles y miembros de partidos políticos, exigieron en el puerto de Veracruz “No más impunidad” y “Justicia”por el caso de la adolescente que fue violada por cuatro jóvenes. Foto: @gilius_22
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbrago).- Decenas de personas se manifestaron este día en Veracruz para exigir que se castigue a los cuatro jóvenes, presuntos hijos de políticos y empresarios, que hace un año abusaron sexualmente de una menor de edad.
Al menos 200 manifestantes, entre familiares, amigos, organizaciones civiles y miembros de partidos políticos, exigieron en el puerto de Veracruz “No más impunidad” y “Justicia”por el caso de la adolescente que fue violada en enero pasado en Boca del Río por un grupo de jóvenes mayores de 18 años, quienes hasta la fecha no han sido investigados.
“Veracruz, ¿Qué pasa? Levantemos la voz, justicia” y “Sr. fiscal pedimos: justicia y cárcel para los violadores”, son algunas de las exigencias de los manifestantes, quienes marcharon con globos blancos en mano por distintos puntos del puerto para concentrarse en el Zócalo de la ciudad.
María Elena Bretón de la Cruz, abuela de la víctima, dijo que la Fiscalía General de Veracruz no ha presentado ningún avance sobre la indagatoria.
“Se hizo la denuncia formalmente y los análisis a la niña que en aquella época tenía 17 años […] Se dice que son influyentes los padres de los chicos y por eso le quieren dar carpetazo al caso. Exigimos que entreguen a sus hijos porque son violadores profesionales, no nada más de este caso, tenemos otros casos por delante.
“Secuestraron a mi nieta, la violaron y ahora resulta que las víctimas son los otros [los agresores], porque están muy bien parados con el gobierno”, denunció la familiar de la menor, quien advirtió que la movilización podría llegar a la Ciudad de México si en Veracruz no hay resultados.
Dijo que buscará una reunión con gente de la Presidencia de la República, del DIF nacional y con organizaciones internacionales de derechos humanos.
Pidió al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que “ya deje de hacerle al monje y que haga justicia. Ellos [los presuntos violadores] son confesos. Tengo videos donde ellos confiesan que violaron y secuestraron [a sus víctimas]. Que se me haga justicia, no pedimos otra cosa”.
La violación tumultuaria ocurrió en enero de 2015 en Boca del Río cuando cuatro jóvenes: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, subieron a Daphne a un auto en contra de su voluntad y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro y en el baño del inmueble abusaron sexualmente de ella.
Los jóvenes han sido denominados en redes sociales como los “Porkys de Costa de Oro”, presuntamente pertenecen a una banda criminal integrada por juniors, la mayoría hijos de funcionarios o bien de gente con dinero.
Esta mañana, Javier Fernández, padre de la menor abusada, declaró en entrevista con Radio Fórmula que tardó cuatro meses en denunciar porque le prometió a su hijo que lo haría daño a los presuntos violadores, sin embargo, dijo que los padres de los agresores se han encargado de atacar y difamar a su hija, por lo que decidió hacer público el caso.
“Es gravísimo, indignante, inhumano. Yo no negocio ni voy a negociar nada, el caso está en manos de la Fiscalía”, dijo Fernández.
En conferencia de prensa, el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que se apegarán a las leyes para resolver la situación de la joven víctima y sus presuntos agresores.
Las autoridades ministeriales descubrieron, por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad, que agentes policiacos habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
Los cinco jóvenes desaparecieron hace una semana. Foto: Blog Expediente.
Veracruz (México), 18 ene (EFE).- Un séptimo agente de la policía de Veracruz fue detenido por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes, informó hoy el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
En declaraciones a Efe, el funcionario aseguró que con el testimonio del agente detenido tienen indicios más “focalizados” de lo ocurrido a los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en el municipio de Tierra Blanca y los posibles lugares donde se encuentran.
“Ya son siete. Seis que están a disposición del juez, uno más transcurriendo el plazo constitucional ministerial y tenemos elementos con base en testimonio de hechos de lo ocurrido posteriormente”, dijo.
El funcionario reveló que una vez que los jóvenes fueron aprehendidos por los policías, los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada, aunque se desconocen aún los motivos para hacerlo.
Como parte de la investigación fue detenido el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y cinco agentes más, a los cuales se le suma el séptimo, que en las próximas horas será consignado a un juez acusado del delito de “desaparición forzosa”.
Las autoridades ministeriales descubrieron, por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad, que agentes policiacos habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
El funcionario afirmó que, con los indicios de participación de la delincuencia organizada, el Gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), intervendrá de manera directa en las investigaciones.
Las autoridades estatales y federales trabajan en la búsqueda y localización de los jóvenes con más de 140 elementos operativos y de inteligencia.
Con los nuevos elementos, manifestó Bravo, se llevan a cabo dos operativos especiales “focalizados”, ya “no tan dispersos como fue en los días pasados”, mediante los cuales las autoridades esperan localizar a los jóvenes en las próximas horas. EFE
La Fiscalía General de Veracruz informó que el delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, el agente Otoniel Cruz Linares, fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes, de entre 16 y 27 años de edad, ocurrida el pasado 11 de enero, y de quienes se desconoce su paradero. Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos.
Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos acusados de haber desaparecido el 11 de enero a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca. Foto: Especial.
Veracruz (México), 17 ene (EFE).- Un jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y uno de sus agentes fueron detenidos por su presunta participación en la “desaparición forzada” de cinco jóvenes ocurrida en Tierra Blanca el pasado 11 de enero, informó hoy la Fiscalía General del Estado.
Con la detención de los dos oficiales suman seis los policías detenidos acusados de haber desaparecido el 11 de enero a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, asentado en la zona centro de Veracruz.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó de la detención del delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y del agente Otoniel Cruz Linares.
Ambos fueron acusados por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los jóvenes detenidos por policías estatales y cuyo paradero aún se desconoce.
El informe oficial señala que, con base en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, el juez de primera instancia radicado en el Distrito Judicial de Cosamaloapan giró las órdenes de aprehensión solicitadas.
Una vez cumplidos los mandatos judiciales, el jefe policiaco y su subalterno fueron recluidos en una penitenciaría del municipio de Cosamaloapan, donde en breve serán puestos a disposición del juez.
Bernardo Benítez Herrera, padre de una de las víctimas, denunció la semana pasada que los cinco jóvenes habían sido detenidos por policías estatales cuando abastecían de combustible el vehículo en que viajaban y allí fueron vistos por última vez por un vecino que los conocía.
Autoridades estatales y federales mantienen trabajos de búsqueda y localización de los jóvenes con más de 140 elementos operativos y de inteligencia.
Asimismo, se estableció una estrategia de colaboración con el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El sábado, la PGR informó del inicio de sus investigaciones del caso, a raíz de una denuncia recibida por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó el jueves pasado que cuatro policías fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de los cinco jóvenes.
La Fiscalía General de Veracruz consignó a los cuatro elementos de la Policía Estatal detenidos el pasado 14 de enero, acusados de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. La PGR inició una averiguación previa que lleve a la localización de las víctimas. Pero una infinidad de acusaciones más en el estado, que involucran a fuerzas de seguridad pública, han quedado en el limbo.
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, recibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Foto: Blog Expediente
Por Ignacio Carvajal
Xalapa/Ciudad de México, 17 de enero (BlogExpediente/SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, ocurrida el pasado 11 de enero. Pero una infinidad de casos que involucran a fuerzas de seguridad pública permanecen en el olvido.
Anoche, a través de un comunicado, la dependencia informó que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, recibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca.
La PGR y elementos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han llevado a cabo distintas investigaciones en el municipio veracruzano, donde cinco jóvenes, de entre 16 y 27 años de edad, fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal el pasado 11 de enero, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
De acuerdo con la Procuraduría, las indagatorias se han extendido hacia otros lugares en los que se podría contar con información sobre el paradero de los jóvenes.
“El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ordenó también la práctica de diversas diligencias que serán desahogadas este fin de semana, con apoyo de la Policía Federal y peritos de la PGR”, detalló la dependencia.
Ayer sábado, la Fiscalía General de Veracruz consignó ante un Juez a los cuatro elementos de la Policía Estatal detenidos el pasado 14 de enero, acusados de desaparición forzada por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
Los acusados son René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche Colorado, Omar Cruz Santos y Edgar Omar Ruiz Tecalco, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Delegación de Tierra Blanca, quienes ya fueron ingresados al penal regional por el delito de desaparición forzada de personas.
La dependencia estatal informó que los trabajos de búsqueda y localización de los jóvenes “continúan de manera permanente, para lo que el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha designado más de 100 elementos operativos de tres delegaciones de la Policía Ministerial”.
Familiares de jóvenes secuestrados recriminan al Gobernador Javier Duarte la desaparición de sus hijos. Foto: Cuartoscuro
“En la integración de la indagatoria participaron tres fiscales regionales y especializados; siete fiscales investigadores, 15 auxiliares de fiscales, 10 peritos especializados, dos asesores, así como la Unidad de Análisis e Inteligencia, con lo que suman 140 personas desplegadas para la atención de este caso”.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lunes 11 de enero en Tierra Blanca, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.
Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, detalló esta semana en entrevista con distintos mediosque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Dijo que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos algún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, destacó el padre del joven en entrevista para Grupo Fórmula.
Las madres de los jóvenes desaparecidos exigen a las autoridades resultados, y a los criminales clemencia. Foto: Cortesía, BlogExpediente
VERACRUZ: DESAPARICIONES FORZADAS
Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra Blanca.
Desde 2011, a medida de que se recrudeció la violencia en la zona centro, en el puerto y en el sur de Veracruz, de estos casos se desprende que el gobierno ha aplicado la desaparición forzada como una política de estado para quitar a quien “se porta mal”.
Aunque el primer caso reconocido en todos sus aristas fue el del joven Gibrán Martiz, sustraído en Xalapa por policías de la SSP –materia de una recomendación al gobierno de Veracruz por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, hay además de esos 42 casos, otros 16 homicidios en los que se han visto involucrados gendarmes.
Ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, menos la Fiscalía, ha dado elementos suficientes para pensar que estos asuntos han sido atendidos y resueltos, salvo en situaciones donde la política ha estado de por medio, como lo fue con los alcaldes de Coatepec y el de Medellín de Bravo, Roberto Pérez Moreno, y Omar Cruz, que ahora andan a salto de mata, y sólo por eso hay policías detenidos y presentados ante el juez.
O peor aún, los policías señalados de malos manejos sólo han sido requeridos por la ley, cuando la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha intervenido y los presenta ante la Procuraduría General de la República, como ha pasado en lo que va del gobierno de Duarte, con al menos seis redadas en los que han sido apresados unos 80 oficiales por vínculos con la delincuencia organizada.
En la solicitud de información 00017000303015, la PGR indicó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la SEIDO en Veracruz ha consignado ante jueces federales a unos 77 civiles por delitos del fuero federal. La misma dependencia, en la petición 00017000389715, dijo que en ese mismo lapso de tiempo, son 186 los elementos de la policía del estado y municipales que se han presentado ante un juez federal por diversos delitos, desde el secuestro hasta delincuencia organizada. Es decir, las autoridades federales apresan a más uniformados que a civiles por violar las leyes.
Familiares de desaparecidos en Veracruz han acusado a la policía estatal de estar involucrados en los secuestros. Foto: Cuartoscuro
Así, Blogexpediente presenta el recuento de casos de casos en donde uniformados fueron mencionados en desapariciones y o que terminaron encerrados porque presuntamente quebraron la ley.
2011
• En junio, es encontrado el cadáver del elemento de la Marina Wilson Luna Tolero y siete policías de la municipal de Tuxpan (siendo alcalde Alberto Silva) son enviados a la cárcel bajo el señalamiento de su tortura hasta la muerte.
• En agosto, en medio de una balacera entre policías y ladrones, y la muerte por una bala perdida de un civil, desaparece el maestro Miguel Martínez Morales, de Peñuela, Córdoba, y se desata una ola de manifestaciones por elementos del SNTE que derivan en la detención de once oficiales de la zona, pero sólo uno, el delegado de la SSP en Fortín, Fermín Ramírez Bonilla, se queda y es sentenciado 25 años; y el profesor no aparece ni hay pistas de qué pasó con él.
• En diciembre de 2011, es detenido el ex inspector de la policía municipal de Orizaba por secuestro y asociación delictuosa, señalado por el plagio de la hija de un político de la zona centro de Veracruz, meses después fue encontrado sin vida en su celda en La Toma.
2012
• El 24 de septiembre de 2012, la SEMAR detuvo en Xalapa y en San Luis Potosí a 35 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas.
Familiares de Ángel Montiel San Pedro, en abril, acusan que está desaparecido desde entonces en Córdoba tras haber sido interceptado por tres patrullas del Mando Único. No hay detenidos.
2013
• En enero de 2013, desaparecen ocho elementos de la Policía Municipal de Úrsulo Galván: Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Luis Javier Valenzuela González y Aureliano Sánchez Tonil.
Hasta ahora no hay datos de su paradero, las madres y esposas están sobreviviendo con lo poco que es pagado por el Ayuntamiento, y son once niños que literalmente han quedado huérfanos. No hay detenidos.
• El 10 de enero, en Medellín, en medio de un operativo de la SSP, desaparece Ángel Ulises Lara Pulido de 22 años, consta en la denuncia 776/2013 de la Agencia Primera del Ministerio Público de Medellín de Bravo. La familia denuncia también que la policía detuvo ese día y no consignó al taxista Miguel Osorio. No hay detenidos.
• En febrero, Cintya Aranda Ruano, de 21 años, iba con cinco meses de embarazo, acompañada de su novio, a quien también se llevan supuestos elementos de la SSP en Cardel. Sin detenidos.
• Expediente 23/2013 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), documenta el asesinato de una persona en Tlacolulan a manos de policías de la SSP, sólo lo iban a detener por violencia intrafamiliar. Sin detenidos.
• El expediente 45/2013 de la CEDH dice que en Banderilla, ese año, la policía golpeó salvajemente a un detenido hasta que “días después, falleció, supuestamente propiciado por los malos tratos y golpes”. Sin detenidos.
• Isaac Hernández Campos, 29 años, desaparecido en junio en Córdoba después de haber sido detenido por elementos del Mando Único. Sin detenidos.
• Emilio Brandy Nicolás, en junio, sacado de su casa por sujetos vestidos como elementos de la Policía, en Córdoba. Sin detenidos.
• Juan Enrique Mendoza Perdomo, sacado por supuestos policías el 30 de diciembre de 2013 en Poza Rica, después de días de protestas contra el Mando Único, su cadáver aparece amarrado de pies y manos en un río. No hay detenidos.
• Ricardo Adrián García Cruz y David Salas Sarías habría sido llevados por la fuerza cuando circulaban sobre la carretera Veracruz-Cardel, en diciembre, denuncia 1416/2013 de la Agencia cuarta del MP. No hay detenidos.
• Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, en diciembre de 2013, denuncia 1293/VMP/2013; Víctor Álvarez Damián, 17 años, expediente 1269/VMP/2013 en el Puerto de Veracruz, las familias acusan que elementos de la Policía y Mando Único de Veracruz, los sacaron de sus casas; los chicos presuntamente eran parte de una banda de ladrones que asaltaban en la zona universitaria. No hay detenidos.
• En octubre de 2013, elementos de la patrulla 1397 de la SSP detuvo a al taxista Andrés Aguilar Marín en la capital y hasta la fecha no aparece. No hay detenidos.
• En septiembre, David Duran Mota, llevado por la fuerza por elementos del Mando Único después de bajarlo de un taxi, a él se lo llevan en la patrulla marcada con el 1050. No hay detenidos.
• En diciembre, indica la denuncia 1157/2013/SN, elementos de la SSP sustrajeron al comerciante Héctor Jesús Carrera Méndez, domiciliado en la zona centro de Orizaba. No hay detenidos.
2014
• En enero, Gibrán Martíz, ex integrante de la Voz México, es detenido ilegalmente por elementos de la SSP en Xalapa, junto a dos de sus amigos, el cantante y otro chico aparecieron muertos, y el otro joven sigue desaparecido. Es el primer caso en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó a Veracruz de que sus policías ejecutaron una desaparición forzada. Sin detenidos.
• Herón Miranda Godos es sustraído de su trabajo en Xalapa, en mayo, hay sospechas de que participaron elementos de la SSP en la desaparición por no haber querido colaborar en el pago de cuotas a un cártel; hay antecedentes de amenazas por parte de un oficial de la SSP. No hay detenidos.
• También en mayo de 2014, Iván Arévalo Pérez y Diego Antonio Corro Ruiz presuntamente son sustraídos por elementos de la Fuerza Civil en Coatzacoalcos; sus familiares protestaron durante dos días hasta que fueron devueltos. Meses después, Arévalo Pérez fue abatido en un enfrentamiento con autoridades.
• En septiembre de 2014, por la causa penal 18/2014, fueron detenidos tres mandos de la policía municipal de Coatepec, acusados de participar en el homicidio del Tesorero, Guillermo Pozos Rivera; ellos habrían interceptado y asesinado al funcionario por órdenes del alcalde, Roberto Pérez Moreno, prófugo de la justicia.
• En octubre de 2014, se integró la investigación 728/2014, contra ocho elementos de la Policía Municipal de Orizaba por desaparición forzada de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri. Los policías que se lo llevaron, presuntamente, entregaban detenidos con poder adquisitivo a los Zetas para que le exigieran rescate a sus familias.
• Nathanael Fernández Alcántara, José Armando Jiménez de la Cruz, Eric Leobardo Solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano y Heber Arturo Castillo, detenidos el 2 de septiembre de 2014 en un retén entre Cosoleacaque y Minatitlán. Sólo tres han aparecido, sin vida. Las familias acusaron desde el inicio a elementos del Mando Único, pero no hay detenidos.
• En noviembre, Carlos Ortiz y Emmanuel Josymar Hernández Medrano, empleados de un bar en Orizaba, detenidos al salir del trabajo por la policía, días después aparecieron sin vida, a uno le cortaron las orejas y la lengua. No hay detenidos.
2015
• Moisés Sánchez Cerezo, periodista número 11 asesinado en el duartismo, fue sustraído de su casa el 5 de enero de 2015 por sujetos armados presuntamente con el apoyo de elementos de la municipal acreditable (es decir, pasaron por la academia de Lencero). Entre los implicados, también un ex elemento de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río; el jefe de la policía detenido, Martín López Meneses, ya está libre.
• En marzo de 2015, cinco elementos de las municipales de Río Blanco y Tatatila, son detenidos por secuestro y delincuencia organizada, según la carpeta UECS/COR/002/2015.
• Tres exelementos de la municipal de Alcutzingo quedan detenidos el 5 de mayo de 2015, por la desaparición forzada de dos personas que presuntamente pertenecían a una célula delincuencial.
• El 11 de mayo de 2015, supuestos elementos de la Fuerza Civil detienen en Coatzacoalcos José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos, Eliaquín Alvarado Villafuerte y Roberto Gallegos Osorio, consta en la denuncia 234/ de la Agencia Segunda del MP. No hay detenidos por estos hechos.
• El 12 de mayo de 2015, en Tlaxcala, fueron detenidos tres oficiales municipales de Cuitláhuac en el estado de Tlaxcala, que presuntamente andaban en patrulla oficial y uniformados para cometer secuestros. La noche de la detención, traían armas de grueso calibre prohibidas para su uso y dos personas secuestradas.
• En Tamiahua, el joven Jalib García Vidal fue detenido por la policía el 8 de junio de 2015, después de una golpiza, es llevado al hospital, donde perdió la vida. El comandante de la policía acreditable está en la cárcel, condenado a un año de prisión preventiva por la investigación 650/2015.
• En julio de 2015, 15 elementos de la municipal de Pueblo Viejo, a la cárcel por el secuestro de dos personas a las que también torturaron hasta la muerte, el juez dictó formal prisión a nueve y el resto salieron libres.
2016
• El 11 de enero, son detenidos cuatro elementos de la SSP destacados en Tierra Blanca por la sospecha de que aplicaron desaparición forzada a cinco jóvenes de Playa Vicente, según la investigación ministerial 26/2016 de la Agencia Primera del Ministerio Público de Tierra Blanca.
Cientos de marchas se han realizado en Veracruz donde reclaman a las autoridades estatales las desapariciones en la entidad. Foto: Cuartoscuro
Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, entre ellos una menor de edad, en Tierra Blanca, Veracruz, iniciaron una movilización en medios nacionales para denunciar que el Gobierno de Javier Duarte ignora la denuncia que involucra a policías estatales en los hechos ocurridos el pasado lunes.
Familiares y amigos de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca piden ayuda para localizarlos. Foto: Facebook
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Cuatro hombres y una menor de edad desaparecieron el pasado lunes en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser interceptados por elementos de la Policía Estatal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lunes en Tierra Blanca, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.
El Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
“A las probanzas se suma la presunción de flagrancia del delito, toda vez que las víctimas se encuentran en calidad de desaparecidas y hay continuidad; así como el dolo de sus acciones, debido a que no reportaron las detenciones a sus superiores; por el contrario, las pretendieron ocultar”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Ministerial de Veracruz informaron que ya se “activaron los protocolos de actuación ministerial para búsqueda y localización de personas”, por lo que trasladaron a 40 elementos de la Policía Estatal adscritos al municipio de Tierra Blanca como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.
Algunas versiones aseguran que son siete los desaparecidos en Tierra Blanca, sin embargo, el Ministerio Público tiene registro sólo de cinco.
Las personas fueron identificadas como Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, al momento de presentar su denuncia “habían otras dos personas que lloraban por los suyos”, desaparecidos el mismo día.
Cámaras de seguridad de una gasolinería y de los establecimientos comerciales Chedraui y Coppel cercanos al lugar de los hechos pudieron captar el momento del rapto, sin embargo, aseguran los familiares, las autoridades no han recurrido a ese recurso.
Los padres de los jóvenes desaparecidos iniciaron una movilización en diversos medios nacionales para presionar al gobierno a intensificar la búsqueda y detener a los responsables.
Foto del sábado 9 de enero en la que aparecen cuatro de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Blog Expediente
Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, detalló este día, en entrevista con Radio Fórmula, que elementos de la SSP de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Dijo que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos algún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, finalizó el padre del joven.
Momentos antes, en entrevista con “Brozo” en El Mañanero, Bernardo Benítez dijo que el Gobierno de Javier Duarte ha ignorado las denuncias, pues nadie de su oficia se ha comunicado con los padres de los jóvenes para ofrecer avances de la investigación.
“Lo último que supimos fue que trasladaron a los elementos a Xalapa para interrogarlos y tomarles su declaración, para saber –insistió- cuáles de todos ellos o todos están inmiscuidos, no sólo de este caso, sino de otros casos que han sucedido”, dijo.
Bernardo Benítez también informó a medios que hay videos que demuestran cómo policías estatales se llevaron a los jóvenes a bordo de una patrulla policíaca y de un automóvil Jetta blanco, de su hijo.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
