“El silencio y el respeto del que habla la familia Arreola han sido de mi familia y míos durante 64 años. ¿En qué se basa el silencio y el respeto si ahora trae a la luz un asunto del que nunca hablé?”, escribe la autora mexicana en la misiva enviada este martes al periódico Reforma.
Poniatowska subraya: Mi relación no fue una de las “relaciones sentimentales” del “padre y abuelo Arreola” […] Fue la relación de un adulto casado que sabía lo que hacía con una joven inexperta e ingenua en todos los sentidos. Arreola jamás vio a mi hijo, jamás lo mantuvo. Pudo enviarle un libro, jamás lo hizo.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La autora mexicana Elena Poniatowskacontestó las declaraciones de los familiares del escritor y académico fallecido Juan José Arreola, luego de que enviaran una carta a medios el pasado sábado, refiriendo los comentarios que la también periodista había realizado acerca de su experiencia con el autor.
Recientemente Poniatowska reveló al periódico Reformaque el padre de su hijo, Emmanuel Haro, es Arreola, pero nunca se hizo cargo ni lo visitó. Por su parte, la escritora Tita Valencia refirió durante una entrevista con El País, que su relación fue “cruel y abusiva”.
Ambas fueron alumnas de Arreola cuando éste impartía un taller literario y sostuvieron una relación con él durante su juventud.
“Con tristeza y molestia hemos leído las recientes declaraciones de dos conocidas autoras que, efectivamente, sostuvieron relaciones sentimentales con nuestro querido padre y abuelo. Por respeto a ellas y a él -ausente para defenderse- habíamos decidido mantenernos en silencio. Sin embargo, la verdad de los hechos de aquellos años se ha transformado hoy en una injusta narrativa de falsedades que no podemos soslayar”, apunta la respuesta redactada por la familia del autor.
El comunicado también incluye una serie de cartas y mensajes de las citadas autoras hacia Arreola, sin edición, con el fin de “presentar una versión histórica distinta a la difundida”.
El texto señala que con esta Fe de Erratas buscan proteger la memoria Arreola, a quien se refieren con una “personalidad bondadosa”, que “lo mantuvo lejos de cualquier forma de violencia”.
Este martes, Reforma difundió la misiva que la escritora compartió en exclusiva para ese diario. A continuación, la transcripción íntegra:
“DERECHO DE RÉPLICA”
Son las 4:37 de la tarde del domingo 8 de diciembre de 2019 y leo estupefacta la carta de la familia del escritor Juan José Arreola. Jamás, en 64 años, he hecho declaración alguna acerca de Arreola y su entorno.
En mi novela, El amante polaco que Planeta lanzó en la Feria del Libro de Guadalajara el miércoles 4 de diciembre, sólo hablo de “El maestro”.
Mi hijo nació en un convento de monjas en Monte Mario, Roma, el 7 de julio de 1955. Cuando conocí a Arreola en 1954 (nací en 1932 y cumpliré 88 años el 19 de mayo del 2020), era una jovencita totalmente dispuesta al deslumbramiento. En esa época, las niñas que se educaban en colegio de monjas salían del convento igual que entraban, más niñas que nunca, páginas en blanco, sin ninguna preparación para la vida.
Arreola era un adulto, un hombre casado, con tres hijos, 20 años mayor que yo.
Mi relación no fue una de las “relaciones sentimentales” del “padre y abuelo Arreola”, sino un suceso fundamental en mi vida que habría de cambiar no sólo mi destino, sino el de mi hijo; fue la relación de un adulto casado que sabía lo que hacía con una joven inexperta e ingenua en todos los sentidos.
Aunque la familia de Arreola habla de respeto, la respetuosa fui yo, la que nunca pidió nada fui yo, la que no volvió a verlo nunca fui yo, la que guardó silencio fui yo.
Arreola jamás vio a mi hijo, jamás lo conoció, jamás lo mantuvo. Pudo enviarle un libro, jamás lo hizo. En cambio, si mi hijo hubiera manifestado el deseo de conocerlo, por respeto, habría cumplido su voluntad. Ya adulto, Mane jamás buscó verlo. Los verdaderos padres de mi hijo, doctor Emmanuel Haro Poniatowski, son su abuelo Juan. E. Poniatowski y el astrofísico Guillermo Haro.
Por lo visto, el “querido padre y abuelo” de los Arreola quién siempre se ufanó de sus conquistas, también lo hizo frente a su familia, puesto que ahora las festejan.
Como consta en la carta a máquina (escrita desde Roma, Italia, en 1955, y reproducida por Reforma el domingo 8 de diciembre de 2019), me preocupé por sus hijas, a diferencia suya que jamás lo hizo por mí o por mi hijo.
El silencio y el respeto del que habla la familia Arreola han sido de mi familia y míos durante 64 años.
¿En qué se basa el silencio y el respeto de la familia Arreola si ahora trae a la luz un asunto del que nunca hablé?
Supe desde un principio que Arreola jamás viajaría a Italia puesto que no podía cruzar una calle en la Ciudad de México. Mi carta de 1955, por lo tanto, es la de una incauta que intenta protegerlo. Cuando uno es joven, protege o camina al borde del abismo.
¿Alguna vez fue Arreola responsable de sí mismo? Su talento y su inteligencia lo enseñaron a usar a los demás.
Arreola nunca fue capaz de poner en orden su vida y eso lo sabe su familia. Sólo pudo “echar a perder quien sabe qué de muy bello que tenía”, como lo escribo en la carta de 1955, que reproduce Reforma.
Es desafortunado el caso de Tita Valencia que destapa una situación distinta a la mía, aunque tenga en común al mismo personaje.
Mi vida no se reduce a la frase final del capítulo 20 de El amante polaco, página 333 (la única vez en que expongo la acción de “el maestro”), y nada tiene que ver con “una injusta narrativa de falsedades imposible de soslayar”. A lo largo de 405 páginas, jamás aparece el nombre del “querido padre y abuelo”.
El Presidente López Obrador durante una de sus conferencias de prensa. Foto: Cuartoscuro
La Coalición Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Seguridad de los Periodistas –integrada por 17 organizaciones internacionales, nacionales y regionales— atina al advertir en su informe sobre México dado a conocer hace unos días que es muy preocupante que la Presidencia intente hacer pasar descalificaciones a medios y periodistas como derecho de réplica.
Lo es verdaderamente.
“Preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural”, indicaron, al final de su misión de observación en nuestro país, organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19.
Advirtieron que esta postura del Ejecutivo es “irresponsable y peligrosa” en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento. Y alertaron que los ataques contra los informadores mexicanos han crecido en el último año alimentados por la retórica y estigmatización del nuevo Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tema es absolutamente crucial para entender el tipo de relación que el Presidente mexicano ha decidido tener con los medios de comunicación y los periodistas, y las consecuencias que esa posición implica en un país donde los problemas salen de control cada vez más.
Me he referido reiteradamente en este espacio a esa distorsión amañada y tramposa por parte del Mandatario de un derecho innegable, para desvirtuar, no desmentir ni aclarar, informaciones que le resultan negativas. Invariablemente, su reacción es en el sentido de descalificar al medio y agredir a los periodistas con toda clase de epítetos denigrantes.
Desde el púlpito presidencial –escribí el 26 de julio pasado— López Obrador niega la historia y la evolución del periodismo moderno, no sólo en México sino en el mundo entero, para exigir a estas alturas –con tono de advertencia, ojo– total incondicionalidad de los medios a su proyecto, so pena de ser condenados a la ignominia por su dedo flamígero. Para ello hace un uso falaz de lo que llama “derecho de réplica” –una facultad de quien es aludido en alguna información para rebatir, desmentir o aclarar— sólo para descalificar, no para responder.
“Por supuesto que el Presidente no entiende –o finge no entender–, algo que es sencillamente indiscutible: el derecho de un medio de comunicación a ejercer su libertad de información y de crítica, le guste o no a los protagonistas políticos que se sienten afectados”, precisé. “De hecho, estamos en presencia no sólo de una actitud intolerante, sino de una nueva modalidad de la censura. Sin más”.
Habremos de recordarle una vez más que el derecho a réplica, incluido ya en la vieja Ley de Imprenta del Presidente Venustiano Carranza, es la facultad que tiene cualquier persona física o moral que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de comunicación e idénticas condiciones.
Lejos de recurrir a ese Derecho para en efecto desmentir una información falsa o inexacta, si fuera el caso, lo que hace el tabasqueño es arremeter contra el medio en cuestión con calificativos como “prensa fifí”, “neoliberales”, “conservadores” o “chayoteros”. Que yo recuerde, no ha desmentido cabalmente en este primer año de su administración una sola información en materia de inseguridad, economía o corrupción de funcionarios de su propio gabinete, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.
En cambio, casi todos los días la emprende en su conferencia de prensa matutina contra los medios que incluyeron alguna información que le es adversa. Y contra los periodistas ahí presentes que se atreven a hacerle cuestionamientos que le resultan incómodos. Todo ello, a partir de su nada modesta autoafirmación de que su autoridad moral y política (sic) le permite usar su derecho de réplica ante los dichos de la prensa, lo que antes, dijo, no sucedía.
Lamentable es de nuevo su respuesta a las conclusiones de la mencionada Coalición de organizaciones civiles defensoras de los periodistas, el miércoles pasado. Otra vez recurrió a la negación sistemática y a la descalificación, a pesar de las abrumadoras constancias de sus dichos y hechos a lo largo de estos primeros once meses de su administración.
Sin el menor rubor, negó ante los representantes de la Coalición ahí presentes haber utilizado lenguaje ofensivo contra periodistas que haya contribuido a estigmatizaciones, ataques o amenazas contra la prensa. “Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica porque también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres”, dijo.
Insistió testarudo que nunca jamás en el tiempo que lleva luchando ha afectado, agredido a un periodista, ni lo haría por una cuestión de principios, de convicción. “Vamos a seguir siendo respetuosos, pero no puedo aceptar de que estemos faltando al respeto a los medios, de ninguna manera, nunca lo vamos a hacer, es un asunto de principios”, advirtió.
El diario Reforma acompañó la información acerca de esa respuesta con una letanía de adjetivos que el propio Presidente ha endilgado públicamente a la prensa: Prensa fifí, conservadores, hampa del periodismo, están en falta los medios, guardaron silencio cómplice, si se pasan, ya saben; mostraron el cobre, mienten como respiran, Proceso no se portó bien con nosotros; ya casi no lo leo; camajanes, muerden la mano que les quitó el bozal, corruptos, chayoteros, no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, si sigue así va a terminar como un pasquín.… Válgame.
Sobre el reportaje titulado “La FES Acatlán, la más grande de la UNAM, se llena de anomalías, muestran la ASF y Transparencia”, la Dirección de Comunicación Social de la FES Acatlán, en su ejercicio de derecho de réplica, realiza a SinEmbargo precisiones y comentarios.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– En el reportaje titulado “La FES Acatlán, la más grande de la UNAM, se llena de anomalías, muestran la ASF y Transparencia”, que se publicó el 4 de mayo pasado en SinEmbargo, se plantean, entre otras cosas, que el 12 de marzo de 2017, Manuel Martínez Justo fue designado por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) para el periodo 2017–2021.
De acuerdo con el texto, en su corta gestión hallaron irregularidades de índole administrativo, académico y también supuestas desviaciones de carácter presupuestal. La Auditoría Superior de la Federación, añade, encontró anomalías en el ejercicio presupuestario por falta de documentación comprobatoria de 13.4 millones de pesos en las nóminas de la FES Acatlán.
Las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en su ejercicio de derecho de réplica, realizan a SinEmbargo las siguientes precisiones y comentarios.
CARTA ACLARATORIA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(Santa Cruz Acatlán, Estado de México. 8 de mayo de 2019)
Me dirijo a usted para formular comentarios y precisiones, en ejercicio del derecho de réplica, al reportaje firmado por Ramón Loyola publicado el pasado 4 de mayo, de título “La FES Acatlán, la más grande de la UNAM, se llena de anomalías, muestran la ASF y Transparencia”.
Formulo estas precisiones en beneficio de sus lectores y de la información veraz, oportuna y siempre profesional que caracteriza al medio de comunicación que Usted dirige.
Nos hubiera sido de suma importancia exponer al reportero nuestros puntos de vista cuando estaba siendo elaborado este reportaje, sobre todos los elementos de su contenido y también que conociera y tuviera a la vista los documentos probatorios de cada uno de los rubros señalados en su reportaje.
La Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán está en constante interacción con diversos medios de comunicación de toda índole para informarles de las actividades académicas, culturales y deportivas que se desarrollan en este recinto universitario.
En virtud a lo anterior me permito indicarle los elementos informativos que dan mejor contexto y respuesta puntual a los contenidos del reportaje del señor Loyola, así como se me otorgue el derecho de réplica con base en el Artículo 6o de nuestra Carta Magna.
1.- El reportaje afirma que el Dr. Manuel Martínez Justo “[…] fue designado como director, a pesar de no cumplir con lo establecido por la legislación de la universidad, en concreto con lo relacionado a la nacionalidad, pues es español de nacimiento.”
Al respecto me permito señalar que el Dr. Manuel Martínez Justo es mexicano por nacimiento de acuerdo con el artículo 30 de nuestra Constitución; nacionalidad acreditada fehacientemente con acta de nacimiento; clave única del registro de población; credencial para votar del Instituto Nacional Electoral; y certificado de nacionalidad expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se entregan copias.
2.- En cuanto a la aseveración de que “[…] no cuenta con los títulos universitarios […]”, anexo a la presente copia de los títulos de Licenciatura, Maestría y Doctorado.
El Dr. Manuel Martínez Justo cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 39 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México para ocupar el cargo de Director de Facultad.
Título de Manuel Martínez Justo expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Especial
Título del Master en Comercio y Finanzas Internacionales expedido por la Universidad de Barcelona. Foto: Especial
3.- Sobre la invalidez oficial del título de Doctorado obtenido por la Dra. Laura Páez Díaz de León, me permito señalar que dicha acreditación fue emitida por una de las universidades privadas de mayor prestigio a nivel nacional, avalada por la SEP y dicho Doctorado es reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del Conacyt. Se anexa copia.
4.- De acuerdo al artículo 41 del Estatuto General de la UNAM, es facultad de los directores conformar un equipo de funcionarios para el desempeño de la administración, buscando siempre el mejor perfil y el mejor desempeño profesional, acorde a las nuevas directrices de la institución.
El cuerpo directivo no fue renovado en su totalidad, puesto que varios de los funcionarios de la anterior administración fueron ratificados y otros reasignados a nuevas funciones, en el marco del nuevo programa de trabajo institucional.
Las demandas laborales que se ha interpuesto desde 2017 a la fecha no se refieren en su totalidad al proceso de renovación de funcionarios, sino a diversas acciones que los empleados han ejercido en lo que ellos estiman es la defensa plena de sus derechos laborales, que en algunos casos son de reinstalación. La FES Acatlán respeta esos derechos y ejerce lo que a Derecho compete ante las instancias laborales y administrativas que competen.
5.- Para efectos comparativos le hago saber que entre 2009 y 2017 se dieron 45 demandas laborales.
6.-Sobre los cambios de profesores en la planta docente de la Facultad, le hago saber que ese en un proceso natural en la historia universitaria ya que en los profesores de asignatura la movilidad es recurrente debido a renuncias, pensión, jubilación, defunción, entre otros.
7.-Sobre las dudas de los títulos profesionales de los funcionarios de la administración, le anexo sus títulos académicos de licenciatura o posgrado. Se anexan 165 copias de cédulas o títulos académicos de los funcionarios.
8.- La Secretaría de Posgrado e Investigación fue creada conforme a derecho y forma parte del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, documento que, como usted sabe, es el eje rector de una administración y es realizado al inicio de la misma, en su punto 2.1.1. La creación se materializó de acuerdo a la Guía Técnica para la Elaboración, Actualización y Modificación de Manuales de Organización, lo que ha sido debidamente fundado y presentado ante la Dirección General de Presupuesto de la UNAM, con fecha 27 de junio de 2017.
9.-El secretario del H. Consejo Técnico es el Dr. David Morales González, y fue presentado en sesión extraordinaria del día 16 de febrero de 2018. Se anexa copia.
10.- Es falso que la Lic. Fabiola Lara Treviño haya recibido 50 mil pesos por parte de Nacional Financiera en 2017.
11.- A la FES Acatlán se le solicitó formalmente ser la sede del 10o Congreso Internacional de la Red Académica y de Comercio y Negocios Internacionales (RACNI), que llevó como título “Innovación, del Emprendimiento a la Internacionalización de Empresas”, mediante escrito de la Dra. Alejandra Vera González, Presidente Fundador de la RED.
Por ello tanto la organización como la coordinación del mismo correspondió a los miembros de dicha RED. La FES Acatlán facilitó sus instalaciones dentro de la política de apoyo a la comunidad externa en eventos cuya temática represente beneficios para los alumnos y profesores de este recinto universitario, en este caso un tema de interés específico para las carreras de Relaciones Internacionales y Economía, entre otras.
A la FES Acatlán se le solicitó formalmente ser la sede del 10o Congreso Internacional de la Red Académica y de Comercio y Negocios Internacionales (RACNI). Foto: Especial
12.-Sobre el beneficio obtenido por el Lic. Miguel Ángel de la Calleja López por parte del FONCA, este apoyo lo consiguió de manera personal en el año 2016. La obtención de becas ajenas a la UNAM, no constituye irregularidad alguna.
13.- Es falso que la revista Figuras se haya proyectado desde el inicio de la actual administración. El proyecto comenzó a desarrollarse en agosto de 2018 y en enero de 2019 fue notificada a esta Facultad la posibilidad de iniciar el trámite de reserva de título ante Indautor. Se anexa copia del oficio correspondiente.
14.- Es falso que las personas que colaboran en el proyecto Figuras perciban pagos desde el inicio de la administración, toda vez que iniciaron la prestación de servicios en abril y mayo de 2018. Se anexa copia.
El proyecto Figuras comenzó a desarrollarse en agosto de 2018 y en enero de 2019 fue notificada a esta Facultad la posibilidad de iniciar el trámite de reserva de título ante Indautor. Foto: Especial
15.- Sobre el estímulo obtenido por Luis Paniagua Hernández por parte de la Secretaría de Cultura del Edomex, este apoyo lo consiguió de manera personal en el año 2017. La obtención de becas ajenas a la UNAM no constituye irregularidad alguna.
16.- Es falso que el viaje del Director a Rumania haya sido un pretexto para ausentarse de sus funciones, toda vez que en esa gira de trabajo se firmó un convenio de colaboración entre la FES Acatlán y la Universidad de Bucarest. Esta información fue publicada en los medios de difusión interna de la Facultad y es de dominio público. Se anexa copia del convenio.
17.- Sobre el supuesto plagio académico de la Dra. Erika Arias Guzmán, Coordinadora de Posgrado de la FES Acatlán, señalo a Usted que toda acusación de esta naturaleza siempre debe ser plena y debidamente corroborada por las instancias académicas o judiciales del caso, y en este sentido no hay ninguna acusación o sentencia que lo corrobore o sancione. Ruego Usted considerar lo anterior, dado que esta acusación difamatoria va en contra del prestigio y honor profesional y académico de la Doctora Arias Guzmán, respetada profesora y funcionaria de esta FES Acatlán.
18.- No es veraz que las películas “La tumba de las Luciérnagas”, “La princesa Mononoke” y “Roma” se hayan exhibido sin los pagos correspondientes. A la fecha no existe reclamo alguno ni mucho menos denuncia judicial de las empresas productoras o dueñas de los derechos.
19.- La marca World Record Guiness fue usada bajo los términos y condiciones establecidos, según el documento enviado por esa marca a la Facultad y que dice a la letra lo siguiente (Se anexa copia).
20.- En sentido contrario a lo señalado en el reportaje, esta administración atiende de inmediato y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, adjuntado o presentado los documentos y testimonios que se le requieren a la Facultad, por los canales conducentes.
Me reitero a su disposición para alimentar y compartir la información veraz, oportuna y profesional que significa a SinEmbargo.MX, en idéntica correspondencia a la política de comunicación que sigue esta institución bajo la dirección del Dr. Manuel Martínez Justo.
Atentamente
Lic. Alberto Guerrero Meneses,
Coordinador de Comunicación Social de la FES Acatlán.
Otro proyecto que extendía el derecho de réplica para que se aplicara en cualquier caso de agravio a una persona, no importando si los datos eran falsos o no, fue rechazado por los mismo ocho Ministros, pero en noviembre de 2016.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) declaró constitucional el aspecto central de la ley que reglamenta el derecho de réplica a los medios de comunicación.
La Corte avaló este reglamento con ocho votos contra dos, el cual reglamenta desde el 2015 y que a partir de este día será limitado a responder las publicaciones que contengan hechos falsos o inexactos.
Otro proyecto que extendía el derecho de réplica para que se aplicara en cualquier caso de agravio a una persona, no importando si los datos eran falsos o no, fue rechazado por los mismo ocho Ministros, pero en noviembre de 2016.
El Ministro Javier Láynez, aseveró que el nuevo proyecto presentado este lunes es sólo un complemento, pues el derecho de réplica no es un límite a la libertad de expresión, porque ahora se podrá ofrecer una a versión alternativa.
Tampoco, agregó, se trata de descubrir cuál de las partes tiene la razón, ya que la réplica no tiene fines de reparación, porque para ello, hay otras formas como las demandas por daño moral.
Varias acciones de inconstitucionalidad planteadas anteriormente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y partidos políticos son discutidas actualmente en le Pleno, luego de que algunos amparos presentados en 2017 fueron negados por las dos Salas de la Corte.
Réplicas a información publicada en inserciones pagadas, el proceso para solicitar la réplica ante los medio de comunicación (antes de acudir a los tribunales), incluso la multa máxima, ascendente a los 5 mil días de salario mínimo, para todos los medios que no respondan o quieran publicar la réplica, ya habían sido declaradas constitucionales con anterioridad por la Corte, en las sentencias de las Salas.
Ocho de los once ministros votaron en contra del proyecto proponía abrir las puertas a la publicación de aclaraciones respecto a informaciones que causen agravio aunque sean ciertas, después de que la mayoría de los ministros se manifestaran en contra.
Sólo tres Magistrados votaron a favor de la propuesta de Pérez Dayán. Foto: Cuartoscuro.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Después de tres sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió desechar la propuesta del Ministro Alberto Pérez Dayán sobre el derecho de réplica.
Ocho de los once ministros votaron en contra del proyecto proponía abrir las puertas a la publicación de aclaraciones respecto a informaciones que causen agravio aunque fueran ciertas, con el sólo hecho de que el solicitante se dijera agraviado.
Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y el ponente, Pérez Dayán fueron los únicos en pronunciarse a favor, por lo que la propuesta será returnada a otro de los ministros para que vuelva a redactar el proyecto de fallo.
El proyecto da respuesta a las peticiones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de que se declaren inconstitucionales diversos artículos de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica.
Varios artículos de la norma señalan que este recurso se puede ejercer respecto a informaciones que aludan a hechos “inexactos o falsos”, lo cual, de acuerdo con las agrupaciones políticas, excluye a toda información que, aunque sean cierta, “resulte agraviante” o se emplee palabras “degradantes u ofensivas”.
Siete magistrados de la SCJN decidieron no avalar la propuesta que pretendía el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, para que las personas que se sintieran “agraviadas” por información publicada en medios de comunicación pudieran hacer uso del mismo para hacer aclaraciones.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo/EFE).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto de modificaciones sobre el derecho de réplica a medios de comunicación.
Siete magistrados decidieron no avalar la propuesta que pretendía el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, que abre las puertas a la publicación de aclaraciones respecto a informaciones que causen agravio aunque sean ciertas.
Actualmente, una persona puede exigir a los medios una aclaración cuando se publican hechos falsos o inexactos.
Para avalar el proyecto Alberto Pérez Dayán se necesitaba que fueran los ocho magistrados votaran a favor y sólo quedan tres posicionamientos, por lo que fue desechada.
De acuerdo con el Ministro Arturo Zaldívar, quien votó en contra, el proyecto daba pie a que “cualquier persona pueda decir de manera subjetiva que algo la agravia, sin ninguna base objetiva”, con lo que se atentaba a la libertad de expresión.
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron los que interpusieron la acción de inconstitucionalidad que derivó en el polémico proyecto.
Varios artículos de la norma señalan que el derecho de réplica se puede ejercer respecto a informaciones que aludan a hechos “inexactos o falsos”, lo cual, de acuerdo con las agrupaciones políticas, excluye a toda información que, aunque sean cierta, “resulte agraviante” o se emplee palabras “degradantes u ofensivas”.
La Ministra Margarita Beatriz Luna se manifestó en contra de que, como señala el proyecto, se declare la invalidez de las porciones normativas como la fracción II del artículo 2, que hacen referencia al concepto “información falsa o inexacta”, dado que “lejos de remediar el problema que se quiere, se trae una situación todavía más compleja”.
“Si dejamos el artículo sin esa expresión, quiere decir que todas las informaciones son susceptibles de derecho de réplica”, expuso en su intervención.
El artículo en cuestión, consideró Luna, es “perfectamente válido”, se refiere a hechos falsos o inexactos, ya sea “en su totalidad, parcialidad o en aquellos sacados de contexto”.
El Ministro Arturo Zaldívar también se separó del proyecto porque consideró que “abre la posibilidad prácticamente a cualquier persona a cualquier sujeto que pueda decir de manera subjetiva que algo lo agravia sin ninguna base objetiva o normatividad”, lo que consideró “profundamente peligroso para la libertad de expresión de nuestro país”.
Esto, además, “no sería consistente con el sistema de protección dual” que impone un umbral de protección distinto a las personas con cargos públicos, quienes “están más expuestas a la crítica y a un escrutinio de sus actividades”.
El Ministro Eduardo Medina Mora fue más allá y se mostró favorable a declarar la invalidez del artículo 2 fracción II y otros.
Y de esta forma, pedir al legislador que trate la cuestión “de manera que no sea subinclusiva y que permita realmente atender este problema en un balance adecuado” entre la libertad de expresión y la oportunidad de corregir o acotar aquellas informaciones falsas o inexactas.
El próximo jueves los ministros retomarán la discusión sobre el proyecto, con las intervenciones de Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar.
La Ley de derecho de réplica se discutirá este martes en el Senado. Oposición y ONGs acusan que está hecha a modo para empresas como Televisa.
El Senado de la República discutirá esta semana la nueva Ley de derecho de réplica y la oposición denuncia que el PRI y sus aliados la avalarán para proteger intereses de televisoras. Foto: Ariana Pérez, SinEmbargo
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– La nueva Ley que reglamenta el derecho de réplica, la misma que será avalada por el Pleno del Senado de la República este martes, tendrá un criterio que favorece claramente los intereses de los medios de comunicación, principalmente de las televisoras, afirmaron senadores que se oponen a la minuta y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) explicó que la Ley Reglamentaria al Artículo 6o. constitucional abre deliberadamente un margen de discrecionalidad que siempre han exigido las empresas de comunicación para decidir por ellas mismas si rectifican o no hechos falsos difundidos en sus espacios.
Lo que significa, en realidad, anular la posibilidad de llevar a la práctica el derecho de réplica como una herramienta efectiva de defensa respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación.
“El contenido de ese proyecto de Ley se ha hecho a la medida de las exigencias de los cabilderos de televisoras privadas”, explicó Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la AMEDI.
El derecho de réplica es el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas aclaraciones, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación que sean inexactos o falsos.
Respecto a la nueva norma que avalará el Senado de la República, el Senador de izquierda, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que favorece el mercadeo del derecho de réplica, al permitir que los agraviados se vean en la necesidad de pagar al medio de comunicación que difundió una información falsa, para que ésta presente su aclaración o versión de los hechos.
“Prácticamente le abre a los medios de comunicación un nuevo mercado: el de la réplica. En donde podrán ejercerse el derecho a través de inserciones pagadas, cuando la réplica es un derecho gratuito, expedito y general”, sostuvo el Senador Encinas Rodríguez, durante la discusión de las minuta en comisiones.
Al mismo tiempo alertó sobre la posibilidad de que el derecho de réplica se convierta en una simulación para que partidos políticos o candidatos en campaña electoral sean “aludidos” en programas de televisión, para que la “aclaración” se convierta en un spot y se disfrace mediante la inserción pagada.
“Abre la posibilidad a prácticas en los procesos electorales de que se simulen spots de campaña como derechos de réplica ejercidos en los medios de comunicación de manera ilimitada”, alertó Encinas Rodríguez.
El dictamen que aprobará el Senado este martes, es en realidad la misma minuta que aprobó la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013, pocos días después de que estalló el escándalo por el cobro de “moches” en la asignación de recursos públicos federales, por parte del entonces coordinador panista Luis Alberto Villarreal.
El líder panista acusó al diario Reforma de emprender una campaña de desprestigio en su contra.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el texto contenía disposiciones contrarias a las mejores prácticas internacionales en esta materia, vulnerando incluso la literalidad de los convenios internacionales firmados y ratificados desde hace años por México.
Gabriel Sosa Plata, especialista en medios de comunicación y ex ombudsman de las audiencias en Noticias MVS, alertó sobre los efectos nocivos de la minuta, prácticamente desde que fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Casi dos años después, la AMEDI lanzó la misma alerta, ante la aprobación inminente de la minuta por una mayoría de senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN).
Por ejemplo, señaló que en el artículo 10 de la nueva Ley se establece que sólo procedería conceder la aclaración si “a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica”.
BUSCAN CONGRACIARSE CON TELEVISORAS
El Senador Javier Corral Jurado afirma que el modelo de derecho de réplica es “absolutamente benéficio” a las televisoras. Foto: Adolfo Vladimir, Cuaroscuro
Si en la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen de derecho de réplica fue solo cuestión de días, para buscar protección contra el escándalo por los “moches”, en el Senado no ocurrió lo mismo porque el texto estuvo “congelado” durante un año y ocho meses.
Sin embargo, un día antes de que iniciara la nueva legislatura, el 31 de agosto de 2015, comisiones unidas del Senado desenterraron la minuta y días después la aprobaron por mayoría, en los mismos términos que los avaló la Cámara de Diputados.
El artículo 19 del dictamen establece ocho excepciones para que las propias empresas de comunicación puedan negarse a publicar o difundir la réplica solicitada, según su propia valoración de la información, aunque sea claro que han dado a conocer hechos falsos sobre una persona.
“En esas ‘excepciones’ encontramos que cualquier empresa de comunicación también puede negarse a difundir una aclaración, sin importar que sea sobre una mentira o calumnia evidente, si la fuente citada para difundir esos datos es una agencia de noticias o un gobernante”, sostuvo la AMEDI.
El Senador panista Javier Corral sostuvo que el texto aprobado abre un abanico de ocho posibilidades para que los medios de comunicación se nieguen a otorgar el derecho de réplica, entre ellos el amparo y los engorrosos procesos judiciales.
“Hay una judicialización que se puede ir a las calendas griegas como todos sabemos, pues aunque exista una segunda instancia la resolución de ese juez puede ser impugnada mediante juicio de amparo por las empresas de comunicación, particularmente las televisoras para decirlo con toda claridad, porque en este tema lo que vuelve a estar en el centro de la discusión es el interés de las televisoras en este modelo de derecho de réplica que le es absolutamente benéfico”, dijo.
Por otra parte, legisladores presuntamente vinculados a los intereses de las televisoras, la llamada “telebancada”, defendieron la minuta, tal es el caso del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Legisladores de izquierda como Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Martha Tagle, entre otros, así como el panista Javier Corral alertaron sobre diversas inconsistencias en el texto, que claramente favorecen los intereses de los medios de comunicación, principalmente de las televisoras.
Advirtieron que la Ley no privilegia la prontitud en la difusión de las aclaraciones del agraviado. “Esta iniciativa que hoy comentamos no tiene procesos sumarios para que el daño se corrija de manera oportuna”, alertó la Senadora Dolores Padierna.
En otros aspectos riesgosos, la nueva Ley contempla sujetar la crítica periodística al derecho de réplica, “siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada”.
Otro caso de alarma: si un medio nacional publicara un cable proveniente de una agencia de noticias con información falsa, el medio puede negarse a publicar la réplica. Basta con que la agencia de noticias haga una aclaración al propio medio que dio a conocer los datos falsos, sin que tengan la obligación de dar a conocer las aclaraciones.
“Se trata de una redacción cómoda para eludir rectificaciones públicas incluso cuando se difundan flagrantes distorsiones a los hechos o datos que aludan a una persona en medios”, dijo el Senador Corral.
DERECHO DE RÉPLICA, PEOR QUE ANTES…
En México se ha esperado contar con una Ley que reglamente el derecho de réplica prácticamente desde 1917, fecha en que se reformó la Constitución política del país.
Durante más de 80 años, la Ley de Imprenta estableció algunos lineamientos sobre el derecho de réplica que se siguen utilizando, los cuales resultan a todas luces insuficientes y anacrónicos.
Por ejemplo, el artículo 27 de dicho ordenamiento es procesalmente inaplicable, en virtud de que carece de normas para ejercer el derecho; además de que es una noma imperfecta pues no prevé mecanismo y sanción alguna.
Sin embargo, podría resultar que sean más efectivos que la Ley Reglamentaria que este lunes fue aprobada en comisiones unidas del Senado.
Gabriel Sosa Plata detectó por lo menos cuatro los graves inconvenientes, entre ellos, que el procedimiento para que una persona agraviada tenga derecho a una réplica en medios de comunicación es todo menos “expedito y confiable”.
“El procedimiento judicial exige al afectado llenar un farragoso formulario que a nadie motivaría seguirlo”, alertó.
Según el artículo 25 de la ley aprobada en comisiones, en caso de que una persona necesitara aclarar alguna información falsa difundida en medio impreso o electrónica, ésta deberá presentar “pruebas que acrediten (…), la falsedad o inexactitud de la información publicada”, o que “demuestre el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.
Además, se exige al afectado que presente una copia de la emisión o publicación a la que alude en su reclamo de réplica, lo cual “resulta inviable”, por decir lo menos.
“Ello implicaría forzosamente solicitársela al medio en el caso particular de radio y televisión, lo que podría significar un obstáculo más para garantizar el derecho de réplica”, afirmó Gabriel Sosa.
Respecto a la protección a los medios de comunicación, el especialista enumeró ocho opciones que le permite la ley reglamentaria para que los sujetos obligados puedan negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica.
Otro problema grave objetado por los senadores se localiza en el artículo quinto, en donde se define el derecho de réplica
La ley aprobada contempla también sujetar la crítica periodística al derecho de réplica, “siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada”.
“En este caso es mejor no especificar si hay o no derecho de réplica en los géneros de opinión para que ésta sea extensiva a todos los ámbitos del derecho de información y del ejercicio de la misma”, afirmó el Senador Alejandro Encinas.
SENADORES REPROCHAN FALLAS DE LA NUEVA LEY
La Senadora Dolores Padierna Luna destacó los engorrosos trámites para el agraviado y que protegen al medio de comunicación que agravia. Foto: Cuartoscuro
Hasta hoy, en su mayoría, los medios de comunicación se niegan a que exista una regulación al derecho de réplica y con el pretexto de la autorregulación se han establecido figuras nombrados por ellos mismos que resultan claramente simbólicas y no representan la garantía de este derecho humano.
Los senadores coincidieron en la necesidad de que la Ley garantice el derecho de réplica tenga reglas claras, contundentes, de legalidad y que, además, se cumplan varios principios como son la gratuidad, la equidad, la prontitud, entre otros.
A decir de la Senadora Dolores Padierna, la Ley Reglamentaria aprobada se aleja de varios de estos principios.
“La réplica debe de establecer además un procedimiento sencillo, expedito y debiera de bastar con un escrito del agraviado con un oficio del agraviado con un correo electrónico, ah no, aquí se le mete al agraviado en una serie de requisitos. Y luego al sujeto obligado se le dan tres días hábiles después de que ya ocurrió el procedimiento tormentoso, para poder corregir el daño, ¡no!”, destacó.
Además, el aludido estaría obligado a probar que es falsa un información difundida por un medio de comunicación para tener acceso al derecho de réplica.
“Dejar la minuta como se encuentra podría interpretarse que se trata de los jueces especializados en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (sólo hay dos) en el Poder Judicial de la Federación con residencia en el Distrito Federal, lo que dificultaría la defensa de este derecho para los ciudadanos quienes tendrían que acudir a la capital a defender sus intereses”, explicó el panista Javier Corral.
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