Los magistrados han expresado que existen indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “los supuestos casos derivados de dicha investigación parecen ser competencia de la Corte”.
La Haya, 15 de septiembre (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) dio hoy luz verde a la investigación de la guerra contra las drogas del Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Una sala de cuestiones preliminares de la CPI, compuesta por tres jueces, concluyó que “existe una base razonable” para la apertura de la investigación solicitada por la Fiscalía el pasado 14 de junio.
Según los magistrados, hay indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “los posibles casos derivados de dicha investigación parecen ser competencia de la Corte”.
En la decisión escrita de los jueces, de 41 páginas, se describen redadas policiales con numerosas víctimas mortales que formarían parte de “una política de Estado”, pues “hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno”.
El Tribunal hizo referencia a una circular de la Policía Nacional de Filipinas emitida el 1 de julio, el primer día de la Presidencia de Duterte, en la que se mencionaba la intención de “neutralizar” a los sospechosos de las redadas antidrogas.
Rodrigo Duterte, Presidente de Filipinas. Foto: EFE
La Fiscalía asegura que la palabra “neutralizar” es un eufemismo de “asesinar” y que cuenta con registros de miembros de la policía que afirman que “al matar a personas durante supuestas operaciones antidrogas, seguían las instrucciones del Gobierno”.
La jurisdicción del Tribunal con sede en La Haya se limitará a incidentes ocurridos hasta el 16 de marzo de 2019, fecha en la que entró en vigor la retirada de Filipinas de la CPI, anunciada por el Presidente Duterte cuando la Fiscalía abrió un examen preliminar en 2018.
A pesar de la decisión de la CPI, es poco probable que los investigadores del Tribunal internacional vayan a poder acceder a Filipinas a corto plazo para recopilar pruebas, pues el Gobierno de Duterte se ha mostrado desafiante ante la perspectiva de la investigación.
“Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte en octubre del año pasado durante un discurso televisado.
A pesar de que la CPI en este momento atiende mayormente casos ocurridos en África, la Jueza recalcó que es importante poner atención a las problemáticas de México y toda América Latina que vulneran los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por David Morales Urbaneja
La Haya, 16 may (EFE).- La primera Magistrada mexicana de la Corte Penal Internacional (CPI), Socorro Flores Liera, apostó en una entrevista con EFE por aplicar “la perspectiva de género” en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“En muchos de los crímenes de la competencia de la corte, las víctimas son mujeres, son niñas, y son delitos atroces. Ver esto con una perspectiva de mujer tiene siempre un aspecto relevante”, indicó la jueza, que tomó posesión del cargo el pasado marzo y tendrá un mandato de nueve años.
Para Flores, la justicia internacional debe tener en cuenta “las particularidades de cada una de las víctimas. En este sentido, el verlos con los lentes del género enriquece el trabajo de todas las instituciones”.
La jueza proviene del servicio diplomático de su país y ha llegado a un tribunal que ayudó a poner en marcha, pues formó parte de la delegación mexicana que negoció en 1998 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la corte.
“Lo ideal es que no hubiera casos, pero desafortunadamente en los conflictos seguimos viendo que se cometen conductas sumamente atroces y lo importante es que no queden impunes”, comentó.
La CPI tiene el objetivo de enjuiciar a los mayores responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los 123 países que aceptan su jurisdicción, con grandes ausentes como Estados Unidos, Rusia, China e Israel.
“Yo no podría decirles nada, pero claramente creo que el Estatuto y la corte son una institución complementaria de los sistemas judiciales nacionales”, dijo la Magistrada.
CENTRADOS EN ÁFRICA
Una de las mayores críticas al tribunal es que, por el momento, la mayoría de investigaciones abiertas y la totalidad de condenados son de países africanos.
Flores explicó que un buen porcentaje de esos casos “fueron remitidos por los propios Estados (Mali, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Uganda) o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Sudán y Libia)”.
“Los jueces no buscan los casos, esos fueron los que llegaron y se refieren a situaciones de muchísima gravedad, crímenes muy atroces que fueron cometidos”, indicó la Magistrada.
Por el momento no se han iniciado investigaciones en ninguno de los 28 países latinoamericanos que forman parte del tribunal, aunque sí se han abierto exámenes preliminares en Colombia, Venezuela y Bolivia.
La Magistrada no se pronunció sobre si, en un futuro próximo, la CPI pondrá mayor atención en el continente. “No es un asunto de una región sobre otra, sino de los temas que son llevados a la atención de la Fiscalía y los que son llevados por el fiscal a los jueces”.
COMPLEMENTARIEDAD
El tribunal de La Haya funciona por el principio de complementariedad, es decir, no interviene si los mecanismos de justicia nacionales hacen investigaciones fehacientes sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La corte no puede ver todo, la corte es limitada. Son dieciocho jueces y es una institución que hace todo lo que puede, pero evidentemente los Estados tienen una gran responsabilidad. Creo que cada uno tiene que hacer su parte porque lo que no se puede tolerar es que conductas de esta gravedad queden sin sanción”, dijo.
Uno de los aspectos que debe mejorar la CPI es, según Flores, hacer los juicios “de una manera ágil, eficiente y recortar los tiempos”, pues los procesos a menudo se alargan durante años.
El otro es mejorar la cooperación con los países miembros, algunos de los cuales han torpedeado investigaciones en su propio territorio -Kenia y Costa de Marfil- o se han negado a cumplir órdenes de arresto internacionales, como cuando Sudáfrica no detuvo en 2015 al expresidente sudanés Omar al Bashir.
El órgano legislativo de la corte, la Asamblea de Estados Partes, debe tomar cartas en el asunto cuando se repitan estos hechos, según Flores. “La Asamblea de Estados Partes tiene una competencia para poder examinar situaciones en donde no se haya dado cumplimiento” de las decisiones de los jueces.
La CPI es el tribunal encargado de perseguir y juzgar a los perpetradores de los crímenes más graves previstos por el derecho internacional: los crímenes de guerra, el crimen de agresión, el genocidio y los crímenes de la humanidad.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- La Embajadora mexicana Socorro Flores Liera fue elegida para convertirse en Jueza de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupará durante el periodo 2021-2030. Cabe destacar que es la primera vez desde 1998 que México cuente con una magistrada en la Corte.
“La elección de la embajadora @FloresLiera es reflejo del compromiso del @GobiernoMX con la #JusticiaInternacional, la lucha contra la impunidad y el cumplimiento de los objetivos de la @IntlCrimCourt en el marco de la política exterior feminista que abandera Bandera de México”, compartió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.
La CPI es el tribunal encargado de perseguir y juzgar a los perpetradores de los crímenes más graves previstos por el derecho internacional: los crímenes de guerra, el crimen de agresión, el genocidio y los crímenes de la humanidad.
Ante dicha elección, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard felicitó a la Jueza.
“Felicito a la Embajadora Socorro Flores Liera, electa Magistrada de la Corte Penal Internacional, orgullo para México y su política feminista. Mi reconocimiento al Dr Juan Ramón de la Fuente, a l@s subsecretarios Delgado, Reyes, Ventura y a tod@s quienes participaron, gracias!!!”, escribió el funcionario.
También, a las felicitaciones se unió la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DDHH, Martha Delgado.
“¡Gran noticia para México! La Embajadora Socorro @FloresLiera ha sido electa para convertirse en una de los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt, cargo que ocupará durante el período 2021-2030”, compartió.
¡Gran noticia para México!
La Embajadora Socorro @FloresLiera ha sido electa para convertirse en una de los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt, cargo que ocupará durante el período 2021-2030 pic.twitter.com/vHmcFdtUGK
Además, Socorro Flores Liera es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992 y cuenta con una amplia experiencia diplomática y jurídica, particularmente en la rama del derecho internacional.
Previo a esa experiencia, fue subsecretaria para Latinoamérica y el Caribe ante el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano, cargo que ocupó entre 2015 y 2017.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores había desarrollado las funciones de directora general de Organizaciones y Mecanismos Regionales Americanos y de directora general de Asuntos Globales.
También ejerció de consejera del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así como de directora de Derecho Internacional en la Oficina de Asesoría Legal.
Fuera de México, Flores Liera fue enviada como embajadora a las Misiones Permanentes de su país en Nueva York y también ante organizaciones internacionales con sede en Viena y fue responsable de la oficina de la CPI ante las Naciones Unidas en Nueva York entre 2006 y 2007.
Fue en 1992 cuando Flores Liera accedió al Servicio de Relaciones Exteriores Mexicano y en 2012 se convirtió en Embajadora.
A lo largo de su carrera profesional ha participado en negociaciones sobre distintos instrumentos relacionados con el derecho internacional público, el derecho penal internacional y el cambio climático.
María del Socorro Flores Liera es graduada en Derecho de la Universidad Ibero-Americana y posee un posgrado de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Cancillería destacó que desde que el embajador Juan Ramón de la Fuente asumió como Representante Permanente de México en la ONU, el país ha ganado todas las elecciones que se han operado desde la sede del organismo en Nueva York.
Detalló que tan sólo este año fueron 11 elecciones, incluidas las del Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Población y Desarrollo, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos y la Comisión de Estadística, entre otras.
A nivel individual se ganaron las candidaturas de las tres mujeres que se presentaron: Leticia Bonifaz al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Carolina Fernández a la Dependencia Común de Inspección y Socorro Flores Liera a la CPI.
Donald Trump dio a conocer que autorizó sanciones económicas y ampliar las restricciones del visado de elementos de la Corte Penal Internacional que investiguen a las tropas estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos.
Washington, Estados Unidos, 11 de junio (EFE).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó este jueves sanciones económicas así como ampliar las restricciones de visados contra funcionarios de la Corte Penal Internacional dedicados a investigar a tropas estadounidenses, en un nueva señal de rechazo al tribunal internacional.
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar con nuestra soberanía nacional“, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, “el Presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar personal de EU sin el consentimiento de EU”.
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Asimismo, señaló tener “fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la Fiscal Fatou Bensouda).
“Pese a los repetidos llamados de EU y sus aliados para su reforma, la Corte no ha tomado acción alguna para su reforma y ha continuado persiguiendo investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel”.
En su discurso ante la ONU en 2018, el Presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la “legitimidad y autoridad” de la corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.
Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998.
La visita se produjo después de que numerosas ONG hayan reclamado a la CPI en varias ocasiones que abra un examen preliminar en el país latinoamericano por crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por las fuerzas de seguridad.
La Haya, 12 sep (EFE).- La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado, aseguró este jueves a Efe que el Gobierno permitirá la visita de los investigadores de la Corte Penal Internacional (CPI) al país en caso de que el tribunal lo solicite.
“Seguiremos con el ánimo de seguir proporcionándole (a la Corte) la información que nos pida. En su caso, si quieren hacer visitas al país, se las facilitaremos”, dijo Delgado durante su visita a la sede de la CPI en La Haya, la primera hecha por un alto cargo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Subsecretaria mantuvo reuniones con el presidente del tribunal, Chile Eboe-Osuji, y la Fiscal general, Fatou Bensouda.
“Platicamos de la violencia en el país y todo lo que está pasando con el crimen organizado. Nos manifestamos en la más amplia disposición de colaborar y de proveer información”, explicó Delgado.
La visita se produjo después de que numerosas ONG hayan reclamado a la CPI en varias ocasiones que abra un examen preliminar en el país latinoamericano por crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por las fuerzas de seguridad.
Delgado aseguró que “hay instituciones suficientes hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada” en México, por lo que no cree que el tribunal de La Haya vaya a intervenir “en el corto plazo”.
Tras la reunión en la CPI, la Subsecretaria inauguró junto al presidente del tribunal la escultura “Alas de México”, del artista Jorge Marín, cuya obra ha sido colocada en la plaza que da acceso a la corte.
Luego del asesinato de decenas de manifestantes esta semana en la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunciará a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Palestinos en protesta. Foto: EFE.
La Haya, 17 de mayo (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunciará a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya tras la muerte esta semana de decenas de manifestantes palestinos en la Franja de Gaza por disparos del Ejército israelí, confirmó hoy a EFE una fuente diplomática.
La denuncia ya ha sido firmada por el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al Maliki, quien viajará a La Haya la próxima semana para presentar personalmente el caso ante la Fiscalía de la CPI.
El caso recogerá los presuntos delitos cometidos por el Ejército israelí, aunque la Embajada palestina no ha facilitado todavía los detalles específicos de si denunciará a Tel Aviv por crímenes contra la Humanidad, por genocidio o por ambos delitos competencia de la CPI.
La denuncia será presentada ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, el próximo “martes o miércoles”, añadió la fuente de la Embajada palestina en La Haya.
La tensión en la Franja de Gaza era ya alta desde que comenzaron las protestas palestinas por la Gran Marcha del Retorno, pero aumentó cuando el pasado lunes se hizo efectivo el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Al menos 62 manifestantes palestinos murieron por fuego israelí esta semana, lo que eleva a 110 las víctimas mortales desde que empezaron las manifestaciones el pasado 30 de marzo.
En abril de 2015, Palestina se convirtió en miembro de pleno derecho de la CPI, después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, lo que permite la posibilidad de que se juzguen crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados.
El Jefe de Estado filipino acusó a la CPI de tratar de imponer su jurisdicción sobre él “en violación del debido proceso y la presunción de inocencia”, más de un mes después de que el tribunal internacional iniciara un análisis preliminar para investigar la campaña antidroga.
El Presidente Rodrigo Duterte. Foto: EFE.
Manila, 14 marzo (EFE).- El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció hoy la retirada de su país “con efecto inmediato” de la Corte Penal Internacional (CPI) por los intentos de este tribunal de investigar su polémica “guerra contra las drogas” que ha causado más de 7 mil muertos.
“Declaro e inmediatamente doy aviso, como presidente de la República de Filipinas, de que Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma” que vincula a los países miembros a la CPI, expresó Duterte, en un documento divulgado en la prensa en Manila.
En su escrito, el Jefe de Estado filipino acusó a la CPI de tratar de imponer su jurisdicción sobre él “en violación del debido proceso y la presunción de inocencia”, más de un mes después de que el tribunal internacional iniciara un análisis preliminar para investigar la campaña antidroga.
Asimismo, señaló a funcionarios de la ONU como autores de “ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes contra mi persona y mi administración”, según el documento, que el Gobierno tiene intención de remitir de forma inminente al organismo con sede en La Haya.
La decisión se produce después de que Duterte amenazara en varias ocasiones en los últimos meses con retirarse de la CPI, un tribunal que cuenta con 123 miembros y en el que brillan por su ausencia importantes potencias como EU, China o Rusia.
La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino, que exigió juzgar a Duterte por “asesinatos en masa” durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.
El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales y de hecho ya existe en ellos un proceso abierto.
La “guerra contra las drogas” de Duterte, que goza de un apoyo cercano al 90 por ciento entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles
Mariana Mascorro, Montserrat León García, Max Benítez, Fernando Rea Morones y Neftalí Pérez Rodríguez, alumnos de entre sexto y décimo semestre de la Facultad de Derecho obtuvieron el triunfo ante los equipos representativos de República Dominicana y Venezuela.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Tres mujeres y dos hombres estudiantes de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganaron el primer lugar en la Competencia Internacional “Víctor Carlos García Moreno”, donde simularon la defensa de un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI). Además del primer sitio como equipo, fueron reconocidos por realizar el mejor escrito de la representación legal de víctimas y una de sus integrantes fue galardonada como la mejor oradora del concurso.
Este es el segundo año en el que alumnos de dicha casa de estudios obtienen el primer lugar en la competencia internacional que busca promover y difundir cómo funciona la CPl, los últimos avances en materia de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos, así como involucrar y capacitar a las y los universitarios en técnicas de juicios orales.
Mariana Mascorro, Montserrat León García, Max Benítez, Fernando Rea Morones y Neftalí Pérez Rodríguez, alumnos de entre sexto y décimo semestre de la FD, obtuvieron el triunfo ante los equipos representativos de República Dominicana y Venezuela, informó la UNAM en un comunicado.
El primer lugar en el Escrito de la Representación Legal de Víctimas, fue para los alumnos Fernando Rea y Mariana Mascorro. Y el Premio a la Oradora de la competencia, para Mascorro.
La temática de esta edición fue la justicia transicional de los Estados que egresan de un conflicto armado, dijo Max Benítez, quien, al igual que este año, en 2017 concursó y obtuvo la victoria.
La competencia, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México, se dividió en dos fases: la primera con un caso hipotético de un juicio penal internacional en donde se elaboraron escritos con las tres posturas de las competencias: defensa, fiscalía y representación legal de víctimas. Cada uno generó u una demanda internacional con todos los argumentos en defensa.
La segunda fase fue oral y se reunieron las universidades para el debate y la defensa del caso hipotético frente a diversos jueces. Se realizaron rondas de preguntas y cada equipo ofreció sus argumentos.
La concursante Monserrat Topacio León García dijo que el método del concurso es: “prácticamente aprender por tu cuenta, aprender a investigar, a argumentar, a debatir, a dialogar, lo que es una gran oportunidad de robustecer estas dinámicas”.
Por su parte, la estudiente Neftalí Pérez Rodríguez convocó a los estudiantes a interesarse por los temas de derechos humanos, de derecho internacional y derecho internacional humanitario, “que cada vez cobran más vigencia en todos los ámbitos de la vida pública”, informó la UNAM.
Desde 2001, año en que fue creada la competencia “Víctor Carlos García Moreno”, han participado al menos 80 equipos de diferentes países como México, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, así como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Colombia, España y Holanda; se estima que han participado aproximadamente 500 estudiantes, asesores y académicos.
La FD ha concursado durante 17 años, pero desde 2008 no tenía una racha ganadora.
Más de 100 organizaciones mexicanas publicaron hoy un informe, que presentará mañana ante la Corte Penal Internacional , en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México. Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes.
“La información analizada lleva los autores del informe a concluir que las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con Los Zetas en un contexto de innegable colusión”, destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación. Desde el punto de vista penal, México es “el caso más grave” de Latinoamérica debido a “los más de 200 mil homicidios y 30 mil desapariciones forzadas en sólo diez años”.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo/EFE).–La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron público hoy un informe, que presentarán mañana ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México.
Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes. Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de lo que ocurría en la entidad, incluso, mencionan una estrecha relación con Los Zetas.
De acuerdo con el testimonio de un ex miembro en una Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, difundido en 2016, este grupo criminal habría financiado la campaña del ahora Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.
El mexicano identificado como Adolfo Tavira declaró que observó a Los Zetas preparar una camioneta Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo destinada para apoyar a Rubén.
“Se hicieron algunas contribuciones de campaña para el Gobernador”, testificó Tavira, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.
“La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”, destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación.
La comunicación presentada a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas.
La FIDH también ha usado información disponible de fuentes abiertas para documentar dos sucesos especialmente graves.
Uno es la denominada “Masacre de Allende”, una localidad arrasada por miembros de Los Zetas durante tres días de marzo de 2011 “aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas”, según el documento de la FIDH.
El ataque causó decenas de muertos y se produjo sin que intervinieran las autoridades debido a que “para ese entonces Los Zetas ya tenían a su servicio a los veinte policías de Allende”, se asegura en el informe.
La evidencia, precisó el informe, sugiere que no sólo el municipio sino también el Gobernador de la época, Humberto Moreira Valdés, estaba al tanto de lo que pasaba y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
El otro episodio que denuncia la FIDH es el sucedido en la cárcel de Piedras Negras, que supuestamente “se convirtió un centro de operaciones de Los Zetas” durante años.
“Los presos de esta organización entraban y salían a su antojo de la prisión estatal, ocultándose cada vez que eran perseguidos por las fuerzas federales”, explicó el documento de la FIDH.
En su interior, fabricaban “el material necesario para sus actividades delictivas (…) y a la vez internaban a personas para asesinarlas” introduciéndolas en ácido “y/o quemándolas en tanques de acero”, detalló la investigación.
Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades. La cárcel de Piedras Negras está bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila
La representante de la FIDH ante la CPI, Carrie Comer, resaltó que algunos supuestos miembros de Los Zetas detenidos y juzgados en Estados Unidos ya han explicado ante los jueces la colaboración existente entre las autoridades mexicanas y el cártel.
“Eso está en los registros públicos del sistema de justicia de Estados Unidos, pero como se enfrentan a cargos de tráfico de drogas no se hace un análisis contextual de los crímenes contra la humanidad que se han cometido”, indicó.
“Llegamos a la conclusión de que existe un ataque sistemático dirigido contra la población civil en Coahuila”, dijo la representante de la FIDH, por lo que reclamó que la Fiscalía de la CPI abra una investigación preliminar sobre la situación en México.
Comer recordó que Coahuila se encuentra en la frontera con Estados Unidos, por lo que mantener el control territorial de ese estado significa tener acceso “a todo el tráfico de la región, no sólo de drogas sino también de armas, personas e incluso órganos”.
“Antes de que los Zetas rompieran con el cartel del Golfo era un territorio en disputa. Cuando los Zetas consolidaron su control, usaron nuevas tácticas para realmente cooptar gobernadores municipales y estatales”, aseguró Comer.
Los representantes de la FIDH sugirieron varias hipótesis que podrían explicar la connivencia entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas.
Respecto al periodo entre 2009 y 2012, consideraron que se trata de un caso claro de corrupción porque las autoridades locales fueron sobornadas por Los Zetas.
Sin embargo, entre 2012 y 2016, la FIDH piensa que podrían haberse dado “falsos positivos”, es decir, que las Fuerzas Especiales asesinaron a víctimas inocentes que fueron presentadas posteriormente como miembros de Los Zetas.
Otra posibilidad respecto a ese periodo es que integrantes de las fuerzas de seguridad “trabajaran para otro cartel”, por lo que esos asesinatos habrían servido para “hacer el trabajo sucio de controlar los crímenes cometidos en el área”, dijo la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
Desde el punto de vista penal, México es “el caso más grave” de Latinoamérica debido a “los más de 200 mil homicidios y 30 mil desapariciones forzadas en sólo diez años”, aseguró a la agencia de noticias Efe Reyes.
La directora para las Américas de la FIDH añadió que esas cifras “están en los mismos niveles que las dictaduras de Argentina o de Chile y son superiores a las del conflicto en Colombia”.
En el texto se indica que Tintori presentó un informe “con todos los casos violatorios de los derechos humanos sucedidos” durante el mandato de Maduro para que “la Corte Penal Internacional investigue y se haga justicia en Venezuela”.
Foto: EFE
Caracas, 6 sep (EFE).- Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor venezolano Leopoldo López, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos crímenes de lesa humanidad, hostigamiento y persecución contra los partidos políticos del antichavismo.
“Entregamos un informe en La Haya donde contamos todas las torturas contra los presos políticos (…) el hostigamiento, la persecución a partidos políticos de la oposición o por pensar distinto”, dijo Tintori según un comunicado difundido hoy por el partido político Voluntad Popular, fundado y liderado por López.
Entre los casos expuestos ante La Haya citan la masacre de Tumeremo, como se llamó al asesinato de 17 personas en una zona minera al sur de Venezuela, y la situación de la frontera, donde el Gobierno mantuvo cerrados los pasos hacia Colombia durante un año.
A juicio de la esposa de López, en Venezuela “estamos viviendo un momento muy difícil, porque no hay comida ni medicinas”, por lo que criticó que el Gobierno no haya permitido abrir el canal humanitario propuesto, entre otros, por ella “para salvar vidas”.
Tintori estuvo acompañada por el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, quien pidió a la CPI iniciar investigaciones “con carácter fundamentalmente preventivo” ante las “represalias” del Gobierno de Maduro.
“Hemos venido en representación de todas las víctimas de Venezuela, presentando evidencias irreversibles de crímenes de lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional”, añadió.
La CIDH, que tiene como misión defender los derechos humanos en el continente americano, lleva años pidiendo a la OEA que le asegure un presupuesto estable para poder cumplir eficazmente con su mandato. Los aportes voluntarios de los países latinoamericanos y caribeños a la Corte Penal Internacional, que sólo examina en estos momentos un caso americano, fue de 13 millones 705 mil 508 dólares, mientras que sus dotaciones voluntarias a la CIDH, con 6 mil 188 casos americanos, sólo fue de 199 mil dólares.
A fin de evitar esta “situación catastrófica”, la Comisión llama a los Estados miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros “urgentes y de libre disposición”. Foto: EFE/Archivo.
Washington, 23 may (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que suspende todas las visitas y audiencias previstas para este año y tendrá que despedir al 40 por ciento de su personal en julio si los países de la OEA no aportan fondos de manera urgente para paliar la peor crisis financiera de su historia.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió hoy un comunicado sin precedentes en el que asegura que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable “el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato”.
A fin de evitar esta “situación catastrófica”, la Comisión llama a los Estados miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros “urgentes y de libre disposición” para aliviar esta “crisis financiera extrema”, al tiempo que pide a la OEA que aumente su dotación anual, de sólo el 6 por ciento de su presupuesto (4.8 millones de dólares).
“La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA (13-15 de junio) adopte una decisión histórica y trascendental y aumente de forma radical el presupuesto del fondo regular y asigne a la CIDH y al sistema interamericano de derechos humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados”, pide el organismo en su nota.
La CIDH obtiene otros 5 millones de donaciones de países que no son de la OEA, pero estima que el mínimo con el que debería trabajar sería 24 millones aunque, según los comisionados, necesitaría una cantidad mucho mayor para cumplir el ideal al que aspira la CIDH.
Los recursos de la Comisión han disminuido en los últimos años tanto por la crisis financiera que arrastra la OEA, con impagos de sus propios miembros, como por una reducción de las donaciones de países europeos, centrados ahora en asuntos más próximos como el conflicto sirio y la crisis de refugiados.
Si la CIDH no consigue fondos adicionales en las próximas dos semanas, el 31 de julio no podrá renovar los contratos del 40 por ciento (30 personas) de su plantilla.
De los 78 trabajadores de la Comisión, sólo 31 están pagados con el fondo regular de la OEA, es decir, “menos funcionarios que países bajo su jurisdicción (34)”.
Los otros 47 funcionarios están financiados con donaciones, lo que presenta “problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, como demuestra la crisis actual”, denuncia la CIDH.
Actualmente, la Comisión tiene 6 mil 188 peticiones y casos en trámite, pero sólo 26 personas trabajan en la dirección de peticiones y casos, de las que en agosto sólo quedarían 13.
De esta manera, se acentuaría el retraso procesal “hasta un punto incompatible con el derecho de acceso a la Justicia” al no haber abogados y administrativos suficientes para notificar a las partes, procesar los expedientes “gigantes”, y llevar a cabo toda la tramitación.
Además, si no obtiene fondos antes del 15 de junio, la CIDH no podrá efectuar las visitas a países de este año y cancelará los periodos de sesiones de julio y octubre, con el consiguiente bloqueo en el procesamiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La CIDH, que tiene como misión defender los derechos humanos en el continente americano, lleva años pidiendo a la OEA que le asegure un presupuesto estable para poder cumplir eficazmente con su mandato.
En varias Asambleas Generales, el máximo órgano de la OEA y donde se reúnen los cancilleres, se han aprobado resoluciones para atender la situación de la CIDH pero después no se han visto traducidas en un aumento de recursos.
El Consejo de Europa, que atiende a 739 millones de personas, destina una media del 41.5 por ciento de su presupuesto (100 millones de euros) a la defensa de los derechos humanos, mientras que la OEA, que atiende a mil millones de personas, destina el 6 por ciento del suyo (5 millones de euros).
Un dato paradójico que señala la CIDH es que los aportes voluntarios de los países latinoamericanos y caribeños a la Corte Penal Internacional, que sólo examina en estos momentos un caso americano, fue de 13 millones 705 mil 508 dólares, mientras que sus dotaciones voluntarias a la CIDH, con 6 mil 188 casos americanos, sólo fue de 199 mil dólares.
“No es admisible que los Estados no financien y que estrangulen financieramente a esta entidad que tanto trabajo hace, además de los temas pendientes de incumplimiento de sus mandatos”, denunció el pasado abril en el último periodo de sesiones el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, que dejará el cargo en agosto.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se considera, junto con las misiones de observación electoral, uno de los elementos más reconocidos de la OEA, un organismo debilitado y cuestionado por algunos de sus miembros.
La sala preliminar indicó que los monumentos atacados eran vistos y protegidos como “parte importante de la herencia cultural de Tombuctú y de Mali y que no eran objetivos militares”.
Ahmad al Faqi al Mahdi, alias “Abu Tourab”, el primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de obras patrimonio de la humanidad, comparece ante la Corte Penal Internacional (CPI). Foto: EFE/Archivo
Bruselas, 24 mar (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que juzgará a Ahmad al Faqi al Mahdi, alias “Abu Tourab”, por crímenes de guerra, como presunto responsable de la destrucción de obras patrimonio de la humanidad en Mali, el primer caso de este tipo que llega al tribunal.
Al Mahdi está acusado de crímenes de guerra por la destrucción de monumentos históricos y religiosos en Tombuctú (Mali), en particular de nueve mausoleos y una mezquita.
La sala preliminar de la CPI consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía “son suficientes” para establecer una base que permita creer que Al Mahdi es “penalmente responsable (…) de la comisión del crimen de guerra alegado por la Fiscalía relativo a los ataques intencionados”.
Según la fiscal del CPI, Fatou Bensouda, esos monumentos fueron destruidos entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012.
La sala preliminar indicó que los monumentos atacados eran vistos y protegidos como “parte importante de la herencia cultural de Tombuctú y de Mali y que no eran objetivos militares”.
Añade que “fueron identificados específicamente, elegidos y convertidos en objetivo precisamente a la luz y por su carácter religioso e histórico”.
Como consecuencia del ataque, agrega, resultaron “o bien completamente destruidos o gravemente dañados”, y “su destrucción fue considerada un asunto grave para la población local”.
La sala basó su decisión en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa, que incluyeron a testigos, testimonios, material de vídeo, análisis de expertos y documentos oficiales, entre otros.
Según relató la Fiscalía, Tombuctú fue ocupada en 2012 por dos grupos que sellaron una alianza para gobernar la ciudad: Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Ansar ed Dine.
Al Mahdi está acusado de formar parte de esta segunda organización y de ser el jefe de Hesbah, órgano que vigilaba que la ley del tribunal islámico implementado por estos grupos fuese cumplida.
El acusado fue entregado a la Corte por las autoridades de Nigeria el pasado 26 de septiembre de 2015.
A principios de marzo, la fiscal gambiana dijo durante una audiencia preliminar celebrada en La Haya que las pruebas de las que dispone “son arrolladoras” y determinarán que Al Mahdi “fue el líder de esos ataques”.
El equipo de Bensouda añadió que el acusado también participó directamente en la destrucción de al menos cinco de los monumentos.
Era un patrimonio “importante no sólo desde un punto de vista histórico y religioso, sino también desde el punto de vista de la identidad para el pueblo de Mali”, consideró la Fiscalía el pasado enero.
Los malienses “son las principales víctimas de estos delitos y por ello merecen justicia”, consideró la Fiscal.
La decisión que confirma los cargos solo puede ser recurrida con la autorización de la sala de primera instancia de la CPI, indicó la Corte.
Montevideo, 8 oct (EFE).- La ratificación por parte de los siete países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no han suscrito el Estatuto de Roma, que en 1998 supuso la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), es un “desafío”, dijo hoy a Efe el secretario de asuntos jurídicos de la OEA.
En el marco de un seminario organizado en Montevideo en el que participan este jueves varios parlamentarios de la región para hablar de la importancia democrática de ese acuerdo, el representante de la OEA, Jean Michel Arrighi, señaló que todavía hay muchos retos por delante en la materia.
En este sentido, el presidente la Cámara de los Diputados de Uruguay, Alejandro Sánchez, apuntó que uno de ellos es la posibilidad de que la CPI tenga potestad para juzgar a empresas trasnacionales en el caso de que violen los derechos humanos.
“Hay un desafío importante (…) en la globalización que vivimos hoy sobre cómo regulamos (…) y juzgamos posibles violaciones de empresas trasnacionales que actúan a lo largo y ancho del mundo y que pueden violar los derechos humanos de las personas”, señaló Sánchez.
Sobre ello, destacó el hecho de la existencia de un grupo de trabajo en el seno de la ONU, presidido por Ecuador, en el que se está negociando este aspecto por parte de “varios países latinoamericanos” así como por organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos.
“Yo lo dejaría para otros debates entre los países, es un capítulo abierto, ha habido propuestas en ese sentido, algunas han tenido más o menos elaboración y otras no han prosperado en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU”, opinó acerca del asunto Arrighi.
“Es un tema muy delicado, pero el desarrollo del derecho internacional en esa materia, si uno lo mide con lo que era hace unas décadas, es impresionante, por lo tanto es importante pensar en eso y también en otras cosas, como crímenes contra el medioambiente”, agregó.
Además, Arrighi aseguró que otro de los retos en América es que los siete países del continente que no han ratificado el Estatuto de Roma (Bahamas, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Haití, Jamaica y Nicaragua) lo hagan.
Esto serviría para que todas las legislaciones de los países del continente recojan “no solo su vinculación con la CPI, sino los principios de la misma”, a fin de evitar las violaciones de los derechos humanos “que se han realizado en todo el mundo”.
En la primera sesión del seminario, miembros de Perú, Honduras y Argentina de la organización de Parlamentarios para la Acción Global (PGA por sus siglas en inglés) expusieron el modo en el que las legislaciones de sus países han ido incorporando los conceptos recogidos en el Estatuto de Roma.
El Diputado hondureño Jorge Calix explicó a Efe que el pasado 9 de septiembre se presentó en su país un proyecto de ley para establecer mecanismos de cooperación con la CPI y en el cual se aclaran determinados aspectos para la correcta aplicación de los mismos en su legislación.
El político centroamericano ejemplificó esta cuestión al señalar que, entre otros aspectos, se contempla a quién corresponde la captura de una persona perseguida por la CPI que se encuentre en territorio hondureño.
Por su parte, el Diputado peruano Juan Carlos Eguren destacó que su país está en un proceso de incorporación del Estatuto de Roma en el sistema jurídico para aplicarlo en la reforma del Código Penal, con lo que Perú se adecuaría “plenamente” a los compromisos internacionales asumidos cuando ratificaron la norma en 2001.
Actualmente, son más de 120 países en todo el mundo los que han suscrito el Estatuto de Roma, en el que se recoge que la CPI tiene competencia para juzgar crímenes de trascendencia para la comunidad internacional vinculados al genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad o de agresión. EFE
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