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CRÓNICA | Un archipiélago, que albergó a presos como Revueltas, se abre al turismo

sábado, abril 9th, 2022

La colonia penitenciaria de Islas Marías, fundada en 1905 en la Isla María Madre —el único de los cuatro islotes habitados de un archipiélago a más de 100 kilómetros de las costas de Nayarit y sometido a los embates periódicos de los huracanes— fue clausurada en 2019 y desde entonces intenta reinventarse.

Por María Verza

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo (AP).— Un pequeño archipiélago en pleno Pacífico mexicano que albergó hasta hace tres años una colonia penal —un tipo de cárceles que han desaparecido prácticamente en casi todo el mundo— está lista para recibir turistas en sus remotas costas.

Llegar allí, a las Islas Marías, se antoja un duro reto hasta para los visitantes de más aguante: cuatro horas en barco en aguas a menudo agitadas. Pero algunos ya piensan en hacer el viaje en cuanto puedan, como Beatriz Maldonado, una ex presa que cuando estuvo confinada entre esos “muros de agua” —como los describió un escritor mexicano también encarcelado en ese lugar de destierro— pensó que nunca más vería a su madre.

Una de las características de la Cárcel de Islas Marías era que familias enteras podían visitar a las PPL por una semana e incluso, siguiendo el trámite correspondiente quedarse a vivir con ellas. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Actualmente, la mayor parte de las instalaciones se encuentran en abandono y en muchos casos en un estado deplorable. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Sólo pasó allí un año de los seis que cumplió de condena por posesión de drogas y un arma, pero fue el más doloroso.

“Perdí mi sonrisa, mi alegría”, dice. Por eso ahora, a sus 55 años y reconvertida en activista y con trabajo en una lavandería, quiere regresar para terminar de cerrar heridas.

La colonia penitenciaria de Islas Marías, fundada en 1905 en la Isla María Madre —el único de los cuatro islotes habitados de un archipiélago a más de 100 kilómetros de las costas de Nayarit y sometido a los embates periódicos de los huracanes— fue clausurada en 2019 y desde entonces intenta reinventarse.

Primero fue con un centro de educación ambiental, por el que ya han pasado 153 jóvenes. Ahora, como han hecho otros penales insulares en el pasado, aspira a convertirse en destino ecoturístico, lugar de disfrute de las aves y las playas.

Las autoridades dijeron el año pasado que no se podría acampar, ni se construirán hoteles porque es un área protegida, y a falta de confirmar si se podrá pernoctar o no en las pocas construcciones existentes es difícil saber si atrapará a los visitantes como la antigua isla prisión estadounidense de Alcatraz, muy accesible desde San Francisco, o si sus muros quedarán poco a poco atrapados por la selva como ocurrió con la panameña cárcel de Coiba, cerrada en 2004 y ahora un paraíso natural Patrimonio de la Humanidad y casi salvaje.

Un periodista pasa junto a una sección caída de una cerca durante un recorrido de los medios por el ahora cerrado centro de máxima seguridad de Laguna del Toro en la antigua colonia penal Islas Marías. Foto: Rebecca Blackwell, AP/Archivo

La colonia penitenciaria de Islas Marías, fundada en 1905 en la Isla María Madre. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Maldonado miraba este fin de semana con envidia cómo el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitaba Islas Marías. ”Me hubiera gustado colarme en su bolsa”, bromea.

La isla actual nada tiene que ver con la especie de nave con piso de tierra y cinco baños para las 500 mujeres que ella recuerda. “Vivíamos en un gallinero”, asegura.

Ahora un colorido mural del líder sudafricano Nelson Mandela, encarcelado durante años también en una prisión insular, da bienvenida al visitante entre construcciones remodeladas, una iglesia encalada y el centro cultural.

“Lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso”, aseguró López Obrador.

La cárcel fue considerada un tiempo la “tumba del Pacífico”. El escritor José Revueltas, encarcelado ahí en los años 30 del siglo pasado por militar en el Partido Comunista, dijo que la prisión era mucho más terrible de lo que él pudo describir en su libro Los muros de agua porque lo peor “viene a ser incomunicable por dos razones”: no se cuenta por pudor o por no saber demostrar que realmente es cierto.

Las colonias penales en islas fueron utilizadas en todo el mundo como sitios a prueba de fugas o para “rehabilitar” a los reos por medio de trabajos forzados. Otras ayudaban a colonizar territorios alejados. La mayoría intentaban ser autosuficientes.

En la Isla María Madre funcionó una planta salinera y una de cría de camarones. Los presos, además, intentaban sacar dinero haciendo bebidas alcohólicas con frutas fermentadas, contrabandeando con aves exóticas o matando boas para hacer cinturones.

El penal tuvo fama durante décadas de ser una “prisión sin muros” donde los presos vivían con sus familias en semi-libertad y relativamente buenas condiciones.

Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico lanzada por el expresidente Felipe Calderón en 2006, la situación cambió y la isla se vio desbordada. En 2013 llegó a haber 8 mil reos.

Las colonias penales en islas fueron utilizadas en todo el mundo como sitios a prueba de fugas o para “rehabilitar” a los reos por medio de trabajos forzados. Otras ayudaban a colonizar territorios alejados. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

La cárcel fue considerada un tiempo la “tumba del Pacífico”. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Maldonado llegó en esa época y dice que las mujeres aunque eran muchas menos, eran las peor tratadas. A diferencia de los hombres, no las dejaban salir de la zona rodeada de malla ciclónica aunque supieran oficios y apenas comían. Ella llegó a pesar 20 kilos. “No nos hacían caso cuando alguna enfermaba, a mi compañera se le reventó la vesícula”, asegura.

El aislamiento extremo era lo que más pesaba, sólo roto el día 15 de cada mes con 10 minutos de llamada a la familia. Algunos de los que intentaron escapar murieron ahogados. La Marina rescató en ocasiones a otros que usaron contenedores vacíos o tablones para intentar nadar hacia la libertad.

“Los barcos iban los jueves a dejarnos víveres y cartas, y veía las lágrimas de mi mamá en las hojas manchadas”, recuerda Maldonado. “Lo peor era pensar que no iba a volver a verla”. Pocas veces los familiares podían costearse el largo viaje que entonces suponía 12 horas de navegación.

Luego de un traslado en el Buque Isla María Madre Bal 11 de siete horas, un grupo de periodistas visitó y recorrió las instalaciones de la cárcel de Islas Marías, la cual fue cerrada a principios de marzo por la administración de AMLO. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

El Gobierno mexicano convertirá el lugar en un destino de ecoturismo donde los visitantes puedan observar aves marinas y disfrutar de las playas. Foto: Rebecca Blackwell, AP/Archivo

 

Lo único colorido que recuerda Maldonado era una barra de labios rojo carmín que llevó a la isla como único objeto personal y enterró con pena cuando se acabó porque sentía que le daba vida.

En 2013, un año después de que la mujer consiguiera un traslado a una cárcel de Ciudad de México, hubo un motín por la falta de alimentos donde murieron seis personas.

Años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la situaba entre las mejores prisiones del país pero, aún así, fue cerrada en 2019 por sus altos costos -casi 150 dólares diarios por reo, mucho más que en tierra firme- y porque las reformas penales de esos años redujeron la población carcelaria.

El abandono de este tipo de prisiones ya había comenzado hacía décadas. La Isla del Diablo, en la Guyana Francesa e inmortalizada en la película “Papillón” se clausuró en 1946; la de Alcatraz en 1963. Luego lo hicieron otras en Chile, Costa Rica o Brasil y el cierre más abrupto fue el de la peruana El Frontón en 1986 cuando buques artillados destrozaron la mayor parte de las construcciones para sofocar un motín, matando a más de 100 internos.

Panamá mantiene una cárcel insular en Punta Coco —que actualmente alberga a nueve presos considerados de alta peligrosidad— muy criticada por organismos internacionales, pero su infraestructura nada tiene que ver con las antiguas colonias penales insulares.

Maldonado, que desde que cumplió su sentencia en 2016 dirige el colectivo “Mujeres Unidas por la Libertad” en defensa de las que siguen en prisión, aplaudió el cierre de Islas Marías y que ahora se abra a los visitantes, aunque cree que si de ahí salen ingresos deberían ir para proyectos de reinserción.

De momento, ya ha escrito a antiguas compañeras de celda para ver si se animan a acompañarla a donde nunca pensaron volver.

En el extranjero, México defiende a las mujeres; aquí sufren acoso, prisión y tortura, dice informe

martes, noviembre 14th, 2017

Entre 2014 y 206, aumentó en un 103 por ciento el ingreso de mujeres a la cárcel por delitos contra la salud, mientras que el incremento en hombres fue de prácticamente la mitad, 52 por ciento.

El informe “Políticas de droga, género y encarcelamiento en México”, realizado por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres A.C. con apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos, resaltó que las políticas de drogas afectan de manera distinta a las mujeres, ya que en México los delitos de la salud son la primera causa se encarcelamiento de las mujeres a nivel federales y, la segunda, estatal.

El trabajo de investigación expone que las mujeres entran al mundo del narcomenudeo por tres motivos principales: por la necesidad de mantener un hogar como jefas de familia, las relaciones de pareja y las adicciones.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- México tiene un discurso a favor de la mujer en el extranjero, pero la actual política de drogas las pone en una situación de vulnerabilidad ya que cada año más mujeres son encarceladas por narcomenudeo, reclamaron hoy organizaciones civiles.

En el 2014 fueron 940 féminas ingresaron a las cárceles por delitos contra la salud; en el 2015 fueron mil 617; y el año pasado mil 911, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), retomados en el informe “Políticas de droga, género y encarcelamiento en México” de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.

Mientras que en los últimos año los ingresos de mujeres a centros penitenciarios por ese delito representaron un alza del 103 por ciento, el incremento en hombres fue sólo de la mitad, 52 por ciento hombres, explicó Isabel Erreguerena Citeri, representante de la organización EQUIS.

Coletta Youngers, experta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), sostuvo que México es uno de los países más activos en instancias internacionales para atender a las mujeres en reclusión, sin embargo, “ahora es tiempo de pasar de la retórica a la práctica”.

“Si es cierto que hay más hombre encarcelados por delitos de drogas, pero la tasa de mujeres está creciendo mucho más alto“, dijo Youngers.

El año pasado 32 mil 121 personas ingresaron al sistema penitenciario a nivel federal, 29 mil 417 hombres y 2 mil 704 mujeres.

De las mujeres privadas de la libertad en el fuero federal el mayor número de casos, 266, tenían cargos por posesión; secundado por 241 de comercio de estupefacientes.

Las políticas de drogas afectan de manera distinta a las mujeres. En México los delitos de la salud son la primera causa se encarcelamiento de las mujeres a nivel federales y, la segunda, estatal.

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De acuerdo con el informe, las mujeres entran al mundo del narcomenudeo por tres motivos principales. Por la necesidad de mantener un hogar como jefas de familia, las relaciones de pareja y las adicciones.

“Una mujer nunca es sólo una mujer. Se cruza con muchas asuntos”, dijo Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.

La experiencia de una mujer encarcelada, señaló, varía según la etnias, identificad de género, si existe discapacidad, o condición migrante, enlistó entre varias de las posibilidades.

“Lamentablemente, las políticas de drogas no reflejan esta diversidad de experiencias. En México no sólo no contamos con herramientas para contar estas experiencias, sino que no tenemos información”, alertó Pecova.

De acuerdo con el informe, las mujeres entran al mundo del narcomenudeo por tres motivos principales. Por la necesidad de mantener un hogar como jefas de familia, las relaciones

“Todos estos roles de género. Tienen que ser madres buenas, buenas parejas. Pero por otro lado, se les castiga porque son mujeres que delinquen, consumen drogas e, incluso, ejercen la prostitución”, resaltó Isabel Blas Guillén, investigadora de EQUIS.

La tortura acompaña una gran parte de las detenciones de mujeres. A través de testimonios recolectados por Equis se pudo encontrar que actos de asfixia, humillaciones, desnudos forzosos, en incluso violaciones son prácticas utilizadas por las policías a la hora de la detención y reiteradas en Agencias del Ministerio Público.

“La tortura sexual es un crimen que no se investiga”, concluyó Blas, quien lideró las entrevistas empíricas en el Centro Femenil Federal de Morelos, en el Centro de Reinserción Social Tepepan y en Centro Femenil de Oaxaca, “Tanivet”.

La prisión preventiva debería ser el último recurso durante la realización de una investigación judicial, apuntaron las organizaciones civiles.

“Muchas personas en otros países imaginan que se trata de historias como la ‘Reina del Sur’, cuando en realidad hablamos de mujeres pobres”, lamentó  Youngers.

 

El 87% de los reclusos en México paga por protección, hacer llamadas o recibir alimentos: Inegi

miércoles, agosto 2nd, 2017

El 50 por ciento de los 64 mil reos en México aseguró que ha tenido que pagar sobornos a los guardias a cambio de dispositivos eléctricos, mientras que un 36 por ciento paga a otros presos por protección.

Ciudad de México, 2 de agosto (AP).- Un 87.4 por ciento de los presos en México han tenido que pagar sobornos a guardias para hacer llamadas telefónicas o recibir cosas como alimentos, colchones o cobijas, reveló un sondeo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El nivel de corrupción de las hacinadas y desprotegidas cárceles mexicanas es notorio, y este reciente sondeo de más de 64 mil reclusos en 338 cárceles.

Un 36 por ciento de los reclusos dicen que han tenido que pagar sobornos a otros presos que en efecto son los que tienen el poder en algunas de las penitenciarías.

Un 50 por ciento dijo que ha tenido que pagar sobornos a cambio de dispositivos eléctricos, y un 26 por ciento dijo que ha tenido que pagar para tener artículos electrónicos como por ejemplo teléfonos celulares, que están prohibidos en muchas cárceles.

Según la encuesta, un 24.6 por ciento dijo que ha sufrido heridas, el 20.1 por ciento dijo que ha sido víctima de extorsiones y el 18.3 por ciento dijo que ha recibido amenazas.

Las prisiones del país son gran negocio de unos y el infierno para otros, dice informe de CNDH

miércoles, octubre 5th, 2016

Durante 2015, la CNDH realizó un total de 428 visitas de supervisión a centros de detención e internamiento administrados por autoridades de los tres niveles de Gobierno en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En su informe, la Comisión alerta de malas condiciones en las instalaciones, sobrepoblación, hacinamiento e incluso grupos de poder que operan en prisiones y ministerios públicos de estas entidades.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer hoy su informe 2015 de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) en los centros de detención alrededor del país y alertó diversas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en diferentes centros de detención, que van desde hacinamiento, falta de infraestructura adecuada y de servicios de salud, presencia de grupos de poder en algunas cárceles, y violaciones a sus garantías jurídicas.

La mayoría de estas “situaciones de riesgo”, de acuerdo con la CNDH, vulneran el derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud, a la integridad personal, así como a aquellos derechos inherentes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emanan del Protocolo Facultativo, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que busca proteger, a través de la prevención, a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión ha realizado revisiones en lugares de detención e internamiento estatales y municipales ubicados en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, visitas que han dado origen a los correspondientes informes del MNPT dirigidos a las autoridades de esos estados, donde se señalan situaciones de riesgo que transgreden los derechos ya mencionados.

El año pasado, dio seguimiento a los informes dirigidos a autoridades estatales y municipales de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo; además de que se llevaron a cabo revisiones en otras entidades.

El informe de la CNDH detalla que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan a personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de internamiento para adolescentes que infringen la ley penal, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y Fiscalías, entre otras.

Y desde su creación, el MNPT ha visitado 4 mil 104 de estos centros, entre ellos 581 Ceresos, 291 cárceles municipales, 960 separos de seguridad pública o de juzgados cívicos, 261 centros para adolescentes, 1,695 agencias del ministerio público, fiscalías y centros de arraigo, 97 albergues para atención a víctimas de delitos y/o asistencia social, 14 áreas de detención en hospitales, 113 instituciones psiquiátricas, 3 prisiones militares, 14 Ceferesos, 2 instituciones abiertas, 73 estaciones y estancias migratorias.

En tanto, el año pasado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió ocho informes iniciales relacionados con los lugares de detención e internamiento de los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo.

En cuanto a los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero la Comisión no ofrece otra observación que la de los centros visitados entre octubre y noviembre de 2015.

En el caso de Tamaulipas refiere que los observadores visitaron 38 lugares de detención, en donde se supervisaron 30 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

Asimismo, de Michoacán menciona que visitaron 37 lugares de detención en donde se supervisaron 20 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

Finalmente, de Guerrero indica que visitaron 38 lugares de detención en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

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Fotos: cndh.org

VERACRUZ:

La CNDH alertó en dos informes emitidos en 2015, de 493 situaciones de riesgo detectadas durante la revisión que realizó a centros de detención en Veracruz. Detalló que del 40 por ciento de los lugares visitados no cumple con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de tres agencias del Ministerio Público, los centros de reclusión, el centro de tratamiento interno para adolescentes y en separos de Seguridad Pública.

La Comisión encontró que en al menos seis centros de reclusión de la entidad hay grupos internos que ejercen el control sobro otros presos. A través de entrevistas anónimas, detectó que hay presuntos cobros por alimentación, estancia, protección e incluso para el acceso de familiares, entre otros. Además de que en algunas celdas hay menos internos que en otras y cuentan con artículos electrónicos.

También observó situaciones relacionadas con la escasez de agua corriente, carencia de servicios sanitarios, falta de planchas y colchonetas para dormir, falta de mantenimiento preventivo y correctivo en paredes, techos, puertas, ventanas y pisos, así como en instalaciones sanitarias, y otras; obstrucción de los sistemas de drenaje, fugas en las redes hidráulicas que provocan encharcamientos y filtraciones.

Además, en las agencias del Ministerio Público de la entidad, así como en dos separos de Seguridad Pública, visitados por la CNDH, no se proveen alimentos a los detenidos, debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto. Mientras, en los centros de reclusión la Comisión obtuvo información sobre alimentos de mala calidad e insuficientes, así como la falta de utensilios para su consumo, por lo que la comida se sirve en recipientes de plástico de diferentes tamaños, lo que provoca una distribución inequitativa.

El documento alerta además de sobrepoblación y hacinamiento en al menos 10 centros de reclusión visitados en la entidad; en tanto, en 25 ministerios públicos no cuentan con área de aseguramiento y los detenidos tienen que ser alojados en separos de Seguridad Pública; mientras en 11 penales no hay suficientes teléfonos públicos para los presos.

La CNDH alertó que en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora en Veracruz se les informó del retraso de hasta seis horas para poner a disposición a un detenido ante un representante legal. Halló también en 21 agencias del Ministerio Público, de 33 visitadas, inconsistencias en registros de las personas detenidas; mientras que en los centros de reclusión visitados encontraron como una constante la carencia de reglamentos y manuales para la actuación de las aturodiades.

NUEVO LEÓN:

En junio de 2015, la CNDH emitió un informe al Estado de Nuevo León donde alertaron de 395 situaciones de riesgo halladas en lugares de detención visitados en la entidad. En esa entidad, en 24 de los 27 separos de Seguridad Pública y en cinco de seis cárceles visitadas se observaron carencias en los dormitorios, en los baños, falta de mantenimiento e higiene y específicamente en los penales, filtraciones y humedad, así como fauna nociva.

El informe detalla que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciénega de Flores y en la Cárcel Municipal de Guadalupe se presenta sobrepoblación de 50 por ciento y 62.5 por ciento, respectivamente; en seis lugares de arresto se detectó hacinamiento pues no se realiza una distribución equitativa de las personas privadas de la libertad en las celdas disponibles: “en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca había 27 personas arrestadas en una estancia sin camas”, ejemplifica. Mientras, en 24 centros de detención visitados, entre ellos seis penales, no hay áreas exclusivas para mujeres.

En 18 separos visitados y en cinco cárceles obtuvieron información de que las personas detenidas y presas únicamente reciben alimentos dos veces al día y entrega de despensa semanal escasa y de mala calidad.

Además, detalla la CNDH, en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey se permite que los detenidos sean entrevistados y fotografiados por la prensa. Encontró que en 15 separos las sanciones administrativas son impuestas por autoridades no competentes; mientras en 12 centros de arresto las entrevistas y la comunicación con familiares se lleva a cabo sin privacidad.

Además, en 22 centros de detención, entre ellos cinco penales, no se cuenta con reglamentos internos o manuales de procedimientos; en tres de ellos no se realizan exámenes de certificación de integridad física; cinco cárceles crecen de servicio médico y dos no tienen personal profesional suficiente; y en cinco separos visitados las revisiones médicas se han sin condiciones de privacidad.

SONORA:

En el estado de Sonora la CNDH alertó de 422 situaciones de riesgo en centros de detención e internamiento, que quedaron aventados en un informe emitido en agosto del año pasado. En esa entidad se detectó que en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, en Hermosillo, y de la Dirección General de Justicia de la Policía Estatal Investigadora, en Cajeme; 12 centros de reclusión y los centros de tratamiento interno para adolescentes, no cumplen con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de dichos establecimientos.

Se halló que 26 ministerios públicos no cuentan con las áreas de aseguramiento necesarias y que en 11 penales hay sobrepoblación y hacinamiento; y en ocho centros de reclusión las secciones exclusivas para mujeres no cuentan con áreas de protección, cocina, de visita, entre otras.

Además, el documento detalla que en ocho penales se detectaron grupos internos de poder que cobran para proteger a otros internos, para asignarles un sitio dónde dormid, el uso del teléfono y el acceso a sus familias, entre otras cuestionas; además de estancias que están habitadas por menos presos y que cuentan con mobiliario y artículos electrónicos.

En 13 Ministerios Públicos se detectó que no se cuenta con defensores públicos y en nueve agencias comunicación las entrevistas de detenidos con abogados y su comunicación telefónica se lleva a cabo sin privacidad; mientras en la a Agencia Investigadora del Ministerio Público Sector 2, en Navojoa, la puesta a disposición de un detenido ante un representante social tarda hasta ocho horas.

En tanto, Centro de Reinserción Social Hermosillo I, carece de registros de ingresos, egresos y traslados de los internos, mientras que los centros de tratamiento interno para adolescentes “Granja Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros” y “Granja San Antonio”, ambos en Hermosillo,Informe de Actividades del MNPT 2015 63 no cuentan con un registro de los traslados de los menores de edad.

QUINTANA ROO:

En mayo de 2015 se llevó al cabo una visita a 40 lugares de detención del Estado de Quintana Roo, en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado. Para ellos, la CNDH señaló 179 situaciones de riesgo.

En sus observaciones, la Comisión menciona pobres condiciones de las instalaciones, pues refiere que además de precarias condiciones de higiene e infraestructura anticuada, los internos carecen de algunos servicios como camas, lavados, agua, entre otros.

Asimismo, señala que en algunas agencias del Ministerio Público no se le da de comer a los detenidos por falta de presupuesto para ello, además de que en dos centros de reinversión social (Chetumal y Cozumel) los alimentos son insuficientes.
De acuerdo con la CNDH, un problema común es el de sobre población y hacinamiento. En ese sentido menciona el caso de la Agencia del MP No. 11, en donde explica que dos celdas de aproximadamente cinco por tres metros cada una alojaban a 25 y 15 personas respectivamente.

Entre otras cuestiones, la CNDH encontró que en algunos centros de detención no existen áreas designadas para alojar exclusivamente a mujeres; que existen grupos de reos que ejercen presión sobre los internos para el cobro de cuotas y la extensión de privilegios; que en algunas agencias del MP no se cuenta con defensores públicos adscritos; que al menos tres centros de reinserción no cuentan con teléfonos públicos “para el uso de personas privadas de la libertad”; así como fallas en la clasificación de reos, denuncias de actos de tortura o maltrato y la falta de recursos e instalaciones medicas adecuadas.

Finalmente, la Comisión menciona que algunos centros no cuentan con suficiente personal o que no cuentan con capacitación; que en muchas de las agencias visitadas no se supervisa el trato que reciben los internos; así como la falta de aplicación de programas para la atención de adicciones y de discapacidades psicosociales.

CHIAPAS:

En marzo de 2014, la CNDH supervisó los avances alcanzados en 56 lugares de detención e internamiento bajo la jurisdicción del ejecutivo local del estado de Chiapas. Entre sus observaciones se encuentran las siguientes:

En cuanto al “derecho a recibir un trato humano y digno”, la Comisión menciona que en algunos centros no se proporcionan alimentos ya que el ayuntamiento “no asigna una partida para tal efecto”; además de que en algunos de ellos no hay una área exclusiva para mujeres, por lo que son alojadas inclusive en áreas abiertas.

Del “derecho a la legalidad y seguridad jurídica” indica que en algunos lugares de detención no cuentan con registro de las personas que visitan a los arrestados, además de que no hay un reglamento interno ni manuales en los que se precisen los procedimientos que deben seguir los servidores públicos durante el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de la libertad.

En cuanto al tema de la salud, la Comisión menciona que en algunos centros (no especificados) la certificación de integridad física se realiza en presencia de personal policial, un aspecto positivo.

Sin embargo, de los centros supervisados la CNDH menciona que el derecho a la integridad personal se ve vulnerado debido a la existencia de jueces que no han recibido capacitación en materia de prevención de la tortura, así como la carencia de programas para prevenir y, en su caso, enfrentar situaciones de emergencia o eventos violentos.

Finalmente, la dependencia señala que muchos de los centros de detención no cuentan con las instalaciones o las condiciones suficientes para facilitar la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad física.

El sistema carcelario en México está reprobado, dice CNDH, y autoridades rechazan cambio

domingo, marzo 20th, 2016

La CNDH destacó la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario en México a consecuencia de la inadecuada política nacional. Señaló que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos. Los estados con las calificaciones más bajas en sus sistemas penitenciarios son Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Sinaloa y Tamaulipas.

Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37. Foto: Cuartoscuro

Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37.
Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante un pronunciamiento público.

“La CNDH de ninguna forma se pronuncia por buscar condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria, pero sí puntualiza la exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a derechos humanos en los centros penitenciarios del país”, expresó el organismo.

En el pronunciamiento difundido este domingo, la CNDH destacó que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos.

“Lo anterior se hace evidente en las calificaciones de los centros estatales, obtenidas año con año, puesto que el promedio por estado de las calificaciones ha descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose, esto es, si se analizan los resultados de las calificaciones de los últimos cuatro diagnósticos”, refiere el pronunciamiento.

La CNDH urgió transparentar el proceso de integración del DNSP, a fin de conocer su metodología y establecer los vínculos de retroalimentación con las autoridades supervisadas, a efecto de que el instrumento sea un elemento que contribuya al mejoramiento continuo de los centros de reclusión en un marco de respeto a los derechos humanos. Foto: Cuartoscuro

La CNDH urgió transparentar el proceso de integración del DNSP, a fin de conocer su metodología y contribuir al mejoramiento continuo de los centros de reclusión en un marco de respeto a los derechos humanos. Foto: Cuartoscuro

El informe enfatizó que 22 estados (69 por ciento) bajaron su calificación de 2013 a 2014, de éstos 14  entidades (44 por ciento) bajaron su calificación por dos periodos continuos o más, y nueve (28 por ciento) han disminuido su calificación por tres o cuatro años seguidos.

Año con año el promedio de las 32 entidades ha bajado de calificación, de 6.59 en 2010, a 6.41 en 2011; 6.28 en 2012; 6.10 en 2013, y 6.02 en 2014.

Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37.

La CNDH señaló que de las 10 entidades federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes nueve subieron su calificación en el mismo periodo; de éstas, cuatro estados lo hicieron por dos años consecutivos.

“Estos resultados empatan con la percepción que se tiene del Sistema Penitenciario Nacional, que atraviesa por una crisis, ya que son múltiples las problemáticas que en él se encuentran”, señaló la Comisión.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria permite conocer y evaluar las cárceles del país, con el propósito de orientar las políticas que atiendan esta problemática.

“Para que cumpla con su objetivo el DNSP, debe de analizarse de forma integral, puesto que se compone de una parte cuantitativa dada por la calificación y por otra parte cualitativa, la cual se integra de todo el desglose de datos que refieren las diversas causas en las que los centros no se apegan a los estándares de la normatividad aplicable”, apuntó la CNDH.

También pidió que haya un proceso donde participen con mayor provecho la CNDH, los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades, a fin de mejorar las condiciones de los penales.

“A partir del conocimiento de los criterios de supervisión penitenciaria, trazar un programa de corto, mediano y largo plazo que posibilite alcanzar los estándares óptimos de respeto a la dignidad de las personas en reclusión”, precisó el organismo defensor de los derechos humanos.

La CNDH urgió transparentar el proceso de integración del DNSP, a fin de conocer su metodología y establecer los vínculos de retroalimentación con las autoridades supervisadas, a efecto de que el instrumento sea un elemento que contribuya al mejoramiento continuo de los centros de reclusión en un marco de respeto a los derechos humanos.

 También pidió que haya un proceso donde participen con mayor provecho la CNDH, los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades, para mejorar las condiciones de las cárceles. Foto: Cuartoscuro

El pronunciamiento pide la participación de los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades para mejorar las condiciones de las cárceles. Foto: Cuartoscuro

LA SOBREPOBLACIÓN

En octubre del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que existía un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afectaba no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les minaba la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expuso que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.

El organismo informó que estos indicadores destapan un sistema judicial caduco y el uso excesivo de las cárceles como una solución, por parte del Estado, que provoca otros problemas como falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias.

A esos problemas se suman incidentes violentos, de tortura o maltrato, así como de salud e higiene.

“De lo datos recabados en el proceso de elaboración del diagnóstico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con riesgo crítico, debido a que exceden en más de 40 por ciento su capacidad instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20 por ciento de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20 por ciento de la capacidad instalada”, mencionó el documento en esa ocasión.

En 1994 existía en las prisiones del país capacidad para 88 mil 071 personas y había 86 mil 326 internos. Sin embargo, en 2015 un total de 204 de 288 cárceles exponen una sobrepoblación desde la óptica operacional y normativa, situación que debe ser atendida con estrategias, lineamientos y acciones que permitan la operación correcta de las cárceles.

En informes anteriores, el propio organismo que preside Luis Raúl González Pérez ha documentado el autogobierno, prostitución y otras acciones dentro de estos lugares de reclusión.

El aumento de presos es constante durante los últimos 10 años. Gráfico: CNDH.

El aumento de presos es constante durante los últimos 10 años. Gráfico: CNDH.

En los penales de México hay hacinamiento, corrupción, indebida atención médica: CIDH

jueves, octubre 15th, 2015

La CIDH dijo que en México se presenta un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. Las personas procesadas y sentenciadas comparten las mismas celdas.

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El penal de máxima seguridad del Altiplano. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– James Cavallaro, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, denunció que durante su visita a cuatro penales estatales y federales México, realizada entre el 22 y el 24 de septiembre de 2015, observó “un ambiente de extrema represión”.

“La Comisión Interamericana advierte que en reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente”, denunció la comisión independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Relator de la CIDH visitó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” (CEFERESO No. 1), así como el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente.

Este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

En el documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, la CNDH expone que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos.

PROMO-CARCELES-CNDH

Al respecto,  la CIDH dijo que en el país se presenta un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. “En particular, en la visita a los centros realizada por esta Relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva”, refirió.

La Relatoría dijo que también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes.

El relator de la CIDH dijo que en su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha observó condiciones deplorables en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

Dijo que una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo. Este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades a Cavallaro. Por su parte, en su visita al Recurso Preventivo Varonil Oriente, se comprobó que este contaba al día de la visita, con una población de 12 883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5 604 personas.

Según la información recabada por esta Relatoría, los reclusorios federales presentarían mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión.

En este sentido, la CIDH dijo que los centros penitenciarios de México se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.

“En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2015 en El Altiplano cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales”, refirió la CIDH.

La Comisión dijo que esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día.

La Comisión manifestó su preocupación ante lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre esta cuestión.