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Estudiantes de UNAM, UACJ, UACM y UAM claman por seguridad y freno a la impunidad en México

sábado, junio 15th, 2019

Alto a la violencia e impunidad, políticas de seguridad basadas en derechos humanos y perspectiva de género; que la estrategia para combatir la violencia no sea sólo punitiva, también enfocada a la prevención, y la inclusión de la comunidad estudiantil y la sociedad civil para la toma de decisiones en materia de seguridad, son algunas de las exigencias en las que coinciden estudiantes de diversas universidades en México.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo) .- Estudiantes de diversas universidades del país demandan a los gobiernos de los tres niveles y a sus autoridades universitarias generar verdaderas condiciones de seguridad ante la ola de ataques y asesinatos que afectan principalmente a los jóvenes. También exigieron al Estado mexicano garantizar la justicia a las víctimas, frenar la impunidad y combatir la violencia con políticas que no sean sólo estrategias armadas y punitivas, sino basadas en derechos humanos y con perspectiva de género.

“Necesitamos seguridad y eso no es solo teniendo más policías en las calles, sino que en realidad sí se necesita una estrategia pensada y en conjunto para ir resarciendo el tejido social, se necesitan acciones rápidas y conjuntas”, indicó la joven Bianka Ramírez, estudiante de economía e integrante del consejo académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.

La racha de asesinatos de alumnos de nivel media superior y nivel superior ha venido arrastrándose desde años anteriores, sin embargo, en esta semana particularmente ha cobrado fuerza con el asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal y Hugo Leonardo Avendaño Chávez, alumno de la Universidad Intercontinental (UIC), ambos victimados en la Ciudad de México.

Estos jóvenes forman parte de los 26 alumnos que tuvieron una muerte violenta en los últimos seis meses, 23 tan sólo en lo que va del año, de acuerdo con un recuento realizado con base en notas periodísticas. La mayoría de las víctimas (14) tenían entre 20 y 24 años de edad.

La Ciudad de México concentra el mayor número de víctimas, con siete casos. El estado de México registra tres y los estados de Chihuahua y Guerrero reportan dos casos cada uno.

Estudiantes de diversas universidades entrevistados por Sin embargo coincidieron en que la inseguridad, si bien se ha registrado desde hace al menos dos sexenios, ha aumentado en los últimos meses, según su percepción.

“La situación la percibimos con un aumento de violencia e inseguridad. Los feminicidios no paran y los ataques contra las mujeres son un tema que creemos que no es prioridad en la agenda nacional, en el proyecto de nación”, expresó Miriam Estrada, secretaria General de la Central de Estudiantes Universitarios y Consejera Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Roberto López, estudiante de Ciencias Sociales del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (AUCM), consideró que hasta el día de hoy aún no se ve una política de gobiernos locales y federal, así como autoridades universitarias que sea eficaz en la disminución de la violencia.

“Por el contrario, sí hemos visto con desanimo y preocupación que los problemas de seguridad se han venido agravando”, dijo.

Aarón Andrade del colectivo “Nos Hacen Falta” indicó que el 2018 ha sido el año más violento con un total de 18 ataques a estudiantes, entre homicidios, feminicidios y desapariciones. Sin embargo, el activista universitario destacó que este 2019 ha sido particularmente difícil, “porque la frecuencia con la que se repiten los casos es muy alta”.

La violencia no sólo se percibe cada vez más en los alumnos de la UNAM o de la zona centro del país, también en estudiantes diversas regiones la república, entre ellas, estados fronterizos como Chihuahua, uno de los más violentos.

Estudiantes de diversas universidades se sienten más inseguros. Foto: Artemio Guerra, Cuartoscuro.

De los al menos 26 asesinatos contra estudiantes que se han perpetrado desde diciembre a la fecha, al menos dos casos, eran alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). La violencia reciente contra universitarios en esa frontera generó la conformación de un colectivo de estudiantes llamado Uni Unida.

“Desde nuestra perspectiva, la frontera siempre ha sido un lugar violento, pero sí hemos observado que ha incrementado en estos últimos seis meses. Hemos tenidos dificultades de todo tipo, no solo de asesinatos o desapariciones de estudiantes sino asaltos, abusos generados por policías hacia estudiantes”, expresó a Sin embargo Giovanna Alarcón, del colectivo Uni Unida.

Para Bianka Ramírez alza de la sensación de más inseguridad lo atribuye a una mayor visibilización de los casos.

“Las agresiones a los jóvenes en general son el pan de cada día. […] como parte de la ola de violencia por la que atraviesa el país, y efectivamente creemos que somos los jóvenes quienes estamos más en riesgo”, manifestó la alumna de la UAM.

Los estudiantes concordaron que la violencia no es nueva y creen que parte de la crisis que México ha arrastrado desde los sexenios anteriores a raíz de la llamada Guerra contra el Narco, estrategia de seguridad que emprendió el Presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, algunos de los entrevistados tampoco advierten un cambio en la política pública para combatir la violencia.

“Creemos que la violencia e inseguridad son parte de las políticas fallidas en materia de seguridad, no sólo de este sexenio, sino los que nos antecedieron, y también es necesario señalar que no vemos medidas, ni una política pública estrategia con perspectiva de género y de derechos humanos, que desde el Gobierno no han diseñado, desarrollado, aplicado y mucho menos implementado”, opinó Miriam Estrada.

Para Miriam Estrada las medidas de seguridad que se han anunciado hasta el momento no revuelven el problema de raíz, que es la violencia estructural que existe. Foto: José Hernández, Cuartoscuro.

Para Roberto López de la UACM la violencia se ha “normalizado” de tal forma que también ha consumido la denuncia y exigencia ciudadana.

“Estamos en una situación agravada, pero de que alguna manera está muy invisibilizada, es decir, se ha normalizado tanto la situación que pareciera que hay una parálisis de las exigencias que tienen lanzarse al Estado para que pare”, dijo.

Giovanna Alarcón coincide con López “hay una normalización de la violencia. Nosotros lo que tratamos de hacer es dejar de normalizar la violencia y visibilizarla como una problemática social”, expresó.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Para Miriam Estrada las medidas de seguridad que se han anunciado hasta el momento no revuelven el problema de raíz, que es la violencia estructural que existe.

“Creemos que la estrategia de la Guardia nacional es algo problemática porque se plantea reproducir una estrategia que ya ha fallado los sexenios pasados y no se está fortaleciendo a las corporaciones civiles, sino que se fortalece a las corporaciones de la militares y ahí si vemos un grave problema, o un foco rojo que puede ser algo contraproducente”.

López estimó que la similitud de los gobiernos, anteriores y nuevos, tanto locales como federales, se refleja en la falta de un acuerdo y de resultados: “al final del día no han cumplido con los acuerdos que se comprometieron, han sido ineficaces”.

“Todavía no se ve reflejado lo que muchas veces en el discurso se pregona. Yo sé que si bien es cierto que se necesita tiempo para empezar a implementar [políticas públicas]. No sé si en realidad necesitemos más tiempo, llevamos seis meses, pero como tal, efectivamente yo no veo un cambio en la parte de seguridad porque la misma ola de violencia sigue ahí y sigue pegándonos principalmente a las mujeres y jóvenes”, añadió Bianka Ramírez.

¿Y LAS UNIVERSIDADES?

La inseguridad se vive a diario, según relató Roberto López.

“Prácticamente a diario tenemos reportes de robos cerca de los planteles, de estudiantes que son seguidos, sí hay muchos reportes de violencia e inseguridad entorno a la UACM.

El último referente de violencia de alto impacto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue el asesinato de César Ramírez Méndez, estudiante de ingeniería en sistemas electrónicos industriales, victimado en un presunto asalto abordo de la ruta en el transporte público que circulaba por las cercanías del plantel.

El crimen provocó movilizaciones de estudiantes. En respuesta, las autoridades prometieron incrementar la seguridad dentro y los alrededores del plantel. En concreto la Alcaldía se comprometió a implementar de forma permanente de un servicio de autobuses (Ruta M1) con vigilancia de seguridad publicidad, para traslado seguro a distintas estaciones del metro. Sin embargo, el servicio de la Ruta M1 se eliminó desde hace seis meses

“Las medidas de seguridad no han funcionado porque se incumplió la promesa de la ruta”, dijo López.

En cuanto a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y sus diversos planteles, se han registrado 10 agresiones durante el 2019, de las cuales, 5 son desapariciones, 3 feminicidios y 2 homicidios, según ha documentado el colectivo activista estudiantil “Nos Hacen Falta”.

Aarón Andrade, integrante del colectivo y alumno de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), dijo que la comunidad estudiantil está preocupada e indignada porque la violencia sigue al alza, pero también por la evidente incapacidad de las autoridades.

Miriam Estrada agregó: “nosotros creemos que las autoridades universitarias no están haciendo nada para solucionar el problema de violencia, y de violencia de género en sus campus.”

Protestas de estudiantes por la inseguridad. Foto: Cuartoscuro

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, se han registrado al menos tres asesinatos de sus estudiantes, según documentó el nuevo colectivo Uni Unida.

También hay dos ataques sexuales, a un estudiante por parte de presuntos policías municipales; y la agresión sexual a una maestra presuntamente por parte de sus compañeros, detalló Giovanna Alarcón.

De acuerdo con la estudiante de la UACH, las autoridades universitarias se han mantenido pasivas en el tema: “Han estado muy blandas, no han salido a dar ninguna declaración de ninguno de los asesinatos. El asesinato de Danna, fue a una cuadra de uno de los campus. Y las autoridades de la Universidad y el Gobierno han estado muy blandas. Además, han atacado al movimiento de estudiantes que está tratando de visualizar este problema”, acusó la activista.

En cuanto a los ataques, añadió, tampoco no se han concretado aún medidas preventivas, “lo único que parece que harán es dar platicas a los maestros de concientización de género, a raíz de la violación de una maestra que fue violada por cuatro docentes de la UACJ, pero ni siquiera ha sido aprobada aún”, detalló.

En la Universidad Autónoma Metropolitana se han registrado al menos cinco asesinatos de estudiantes en los últimos años. De homicidios se cometieron cuando los alumnos iban camino a su domicilio en años anteriores y tres más cuando los jóvenes estaban en una reunión, explicó Bianka Ramírez.

La estudiante dijo que hasta el momento no se implementado un plan conjunto entre autoridades universitarias y de gobierno para atender la situación.

“Lo más que se ha intentado hacer –y apenas se está implementando con reuniones– es tratar de establecer “caminos seguros” para los estudiantes, pero apenas estamos en reuniones, pero en realidad, no hemos visto que haya una colaboración conjunta para cambiar la situación [de inseguridad”, expresó.

 LAS EXIGENCIAS

Para los estudiantes, uno de los aspectos que consideran clave y neurálgico para lograr que las condiciones de seguridad mejoren en los planteles educativos es la democratización de las medidas de seguridad, es decir, incluir a la comunidad estudiantil y sociedad cercana en la toma de decisiones de medidas de seguridad.

“No puede existir mejores condiciones en las universidades sin no hay un trabajo permanente con la comunidad que alberga estos recintos estudiantiles”, expresó Roberto López.

“Nosotros creemos que cualquier medida que intente resolver el tema de seguridad y violencia, sino tiene la participación estudiantil está condenada al fracaso”, dijo Miriam Estrada.

Sin embargo, los alumnos se han sentido desdeñados por las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales.

“Nosotras y nosotros somos quienes vivimos día a día la violencia y no se nos escucha, entonces, hay un desdén una indiferencia hacía la voz de la comunidad estudiantil, simulan que nos toman en cuenta y en la mayoría de las ocasiones de bloquean el trabajo que hacemos”, añadió la secretaria General de la Central de Estudiantes Universitarios y Consejera Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para los estudiantes, uno de los aspectos que consideran clave y neurálgico es mejorar las condiciones de seguridad en los planteles educativos. Foto: Cuartoscuro.

Giovanna centró la exigencia hacía las autoridades universitarias, pues dijo que aún están en conformación de colectivo y no podría lanzar una exigencia al Estad:

“Lo que buscamos dentro de la universidad es que haya una correcta educación sobre los derechos humanos y que la Universidad tome responsabilidad de los casos de violencia que se han cometido, de abuso de estudiantes, y que se pronuncie. También de nuestra exigencia es crear espacios seguridad para los estudiantes y la juventud”.

Finalmente, los estudiantes resaltaron que, además de una estrategia de prevención, es urgente un alto a la impunidad, dar justicia a las víctimas y garantizar la no repetición.

“Precisamente por la impunidad es que las cosas continúan así, porque saben que no va a pasar nada”, comentó Bianka Ramírez.

En tanto que Miriam Estrada concluyó: “El acceso a la justicia es indispensable […] la exigencia es clara, acceso a la justicia, que no haya impunidad, que haya medidas de no repetición. No nos sirve de nada las disculpas públicas si no nos garantizan que eso no vuelve a suceder”.

El homicidio en México se ensaña con los jóvenes y las mujeres de 15 a 29 años; son 35.7% del total

martes, octubre 24th, 2017

En los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 31 mil 357 personas de entre 15 y 29 años –35.7 por ciento de las 87 mil 788 víctimas de homicidio doloso en ese lapso–. Las víctimas son jóvenes estudiantes, mujeres, trabajadores…

Grupo civiles organizados reclaman que el Estado le ha dado la espalda a este sector de la población, lo que provocado que en muchas entidades de la República su única opción para sobrevivir sea integrarse a los ejércitos del crimen organizado.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La violencia en México tiene rostro de juventud. Organizaciones civiles acusan a las autoridades federales y estatales de dar la espalda a la escalada de homicidios que golpea directamente a quienes son el futuro de México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) usa el término joven para las personas de entre los 15 y 29 años. En los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2016) fueron asesinadas 31 mil 357 personas en ese rango  de edad –35.7 por ciento de las 87 mil 788 víctimas de homicidio doloso en ese lapso–.

De ese total 27 mil 647 de esas víctimas fueron varones -88 por ciento- y 3 mil 704 víctimas -12 por ciento-.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Según el INEGI, el número de personas de este rango asesinadas en los primeros tres años de la actual administración federal fue de 18 mil 833 -21 por ciento del total de los homicidios totales-.

“Ahora mismo también el feminicidio ha crecido entre adolescentes. En el caso de los varones, son 30 por ciento más de probabilidad de ser víctimas de homicidio si tienes entre 15 a los 17, pasando la franja se reduce de manera drástica”, explica el director de la Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El líder del grupo civil criticó que el gobierno no ha aprovechado el bono demográfico que representan los jóvenes, quienes hoy sufren la falta de acceso a la educación de calidad, a empleos y espacios de participación ciudadana.

“Se calcula que hay 7 millones de personas jóvenes que no estudian ni trabajan. De esos, 5 millones son menores de 18 años, y 8 de cada 10 son mujeres”, puntualizó.

Estas condiciones, señaló, ha llevado a que “en lugares como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa si los adolescentes no se involucran con los grupos criminales pueden ser asesinados, de tal manera que no hay alternativa”.

Los jóvenes son víctimas de la violencia, que no cesa, apuntaron oenegés. Foto : Rashide Frías, Cuartoscuro

SINALOA, MUJERES EN RIESGO

Si bien la percepción de inseguridad pareciera no discriminar edades, las mujeres jóvenes se han tornado un blanco vulnerable en varias entidades.

La estudiante de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa Sarahí M., de 16 años, fue reportada desaparecida el pasado 3 de octubre. Y 13 días más tarde sería encontrada sin vida en la colonia Michoacana, en Navolato. Un caso similar sucedió con Melany N, quien fue atracada y asesinada en su casa el 16 de octubre.

El jueves 13 de octubre, dos hermanas fueron atacadas a balazos en el estacionamiento de un bar de Culiacán. Una de ellas murió en el lugar.

Los casos fueron condenados por familias y organizaciones como el Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, quienes encuentran que las víctimas oscilan entre 18 a 29 años.

El agrupación promovió la solicitud de la alerta de género en marzo de 2016 y señaló que pese a que se cuenta desde el 2007 con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay un aumento en las agresiones y ataques a mujeres.

La organización apuntó que hasta marzo del 2016 los asesinatos de mujeres aumentaron 33 por ciento y la violencia en el hogar subió 90 por ciento, entre el Gobierno de Mario López Valdez del Partido Acción Nacional (PAN) y el de su antecesor Jesús Aguilar Padilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En enero pasado se venció el primer plazo para que el nuevo Gobernador Quirino Ordaz Coppel resolviera si aceptaba la Alerta de Género.

“La declaratoria de Alerta se dio el 31 de marzo del 2017. Se supone que el Gobernador que llegó estaba comprometido en atender el tema de la violencia de las mujeres con mayor urgencia. Hemos observado que no lo han dado la importancia debida”, lamentó la presidente del Colectivo Teresa Ochoa Guerra.

A pesar de que las víctimas son estudiantes, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del estado de Sinaloa han evadido participar de los programas de prevención social de la violencia.

“Te puedo decir con datos en la mano que la Secretaría de Educación Pública tenía un departamento de género, y ahora, de forma contradictoria, que se decreta la Alerta de Género desaparecieron el departamento”, dijo Ochoa.

El asunto, señalo, merma el papel de los maestros para alertar de posibles riesgos de violencia a los estudiantes, ya sea dentro de las instituciones o en sus propias casas.

La organización civil sostuvo que la disposición de recursos para combatir diferentes delitos ha sido discrecional. “En su momento se creó una unidad especializada para el combate al secuestro, no decimos que esté mal, sino que para eso sí hubo recursos”, señaló Ochoa.

Los feminicidios en Sinaloa no cambiaron las políticas del Gobernador Quirino Ordaz, acusó el Colectivo Teresa Ochoa. Foto: Cuartoscuro

EDOMEX, FENICIDIOS SIN FRENO

Según un recuento de la activista Frida Guerrera, de enero al 19 de octubre han sido víctimas de feminicidio 161 mujeres en el Estado de México y otras 42 sufrieron un asesinato violento, y a nivel nacional ya se acumularon mil 430 feminicidios en ese mismo lapso.

La activista explicó que la regularidad de estos asesinatos ha invisibilizado su gravedad de estos casos. El 2 de julio el cuerpo de Diana Velázquez Florencio, de 26 años, en Chimalhuacán.

“Fue totalmente invisibilizada desde que encuentran el cuerpo, porque la identificaron como masculino, la familia le es negada la alerta de desaparición desde que desaparece, y la encuentran en el Semefo por casualidad”, informó Guerrera.

El cuerpo de la joven, dijo, denotaba la falta de cuidados periciales, y sin que existiera el correcto embalaje de pruebas ni la cadena de custodia en el primer sitio donde fue encontrada.

Frida Guerrera agregó que este tipo de omisiones son comunes por parte de los servicios periciales en la entidad, por lo que “es muy evidente que lo que están pretendiendo es minimizar el grave problema que hay”.

El 4 de agosto a doctora Jessica Sevilla Pedraza fue desaparecida por hombres desconocidos. Dos días más tarde su cuerpo apareció sin vida, con muestras de tiros y sin piel en la cabeza. Guerrera apuntó que la familia de Jessica aún espera a que la Fiscalía termine diversas diligencias para hacer nuevos comentarios sobre el proceso.

“Hay un parte de no hablen, o no se acerquen a los medios, cuando ha sido evidente con los casos visibilizados que si no grita la familia, no hay interés mínimo de la Fiscalía para atender el tema”, explicó la activista.

En el Edomex, el 22 por ciento de los asesinatos del año pasado se ensañaron con personas jóvenes, 606 personas entre los 15 y los 24 años fueron asesinados en la entidad. La posibilidad de ser atacado aumenta cuando se viene de un estrato bajo, se es mujer o se participa en una causa social, indicó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

El 12 de octubre estudiantes del plantel Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en Atizapán, realizaron un paro para poder participar en la elección del próximo director de su centro de estudios.

“Ellos desafortunadamente no han visto respetado ese derecho constitucional, y que está en sus estatutos. Consecuentemente, hubo acciones de protesta en la UAEM, a lo que fue respondido con amenazas de agresión y hostigamiento, tanto del Rector, como los directivos del plantel Valle de México”, expuso José Antonio Lara Duque, director del CDHZL.