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Rubén Albarrán, Sergio Arau y más personalidades exigen detener la Ley General de Biodiversidad

lunes, abril 2nd, 2018

La Ley General de Biodiversidad que ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, al considerar que omite la opinión de los pueblos, violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

Hoy representantes de la Coalición integrada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y cientos de personas que se oponen a dicha Ley, denunciaron que la Ley también permite la apropiación y patentamiento de genes, plantas y conocimientos ancestrales.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Rubén Albarrán, líder de la banda de rock Café Tacvba, Sergio Arau integrante de “Botellita de Jérez” y diversas personalidades, exigieron a través de redes sociales detener la Ley General de Biodiversidad.

Bajo el uso del hashtag #AltoLeyBiodiversidad, los usuarios de redes denunciaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM) intentan aprobar la Ley sin previa consulta de la ciudadanía y de los pueblos indígenas.

“Protejamos nuestro planeta, nuestra casa, protejamos nuestros derechos, los de nuestros hijos y de las generaciones venideras. No permitamos que los intereses económico de la clase política y empresarial lo destruya todo, esta vez, con el intento de pasar en fast track la Ley General de Biodiversidad con la cual se intenta patentar y comercializar la naturaleza, despojar a los pueblo originarios, permitir la minería y otras actividades destructoras en áreas naturales protegidas. Por favor actúa, coméntalo, háblalo”, menciona Rubén Albarrán en un video.

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Esta tarde, el Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara “encabeza una intentona para que de manera ilegal se apruebe la Ley General de Biodiversidad (LGB)”, acusó la Coalición Ciudadana ante la LGB.

Cabe mencionar que la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del mismo grupo parlamentario, ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, al considerar que omite la opinión de los pueblos, violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de la Coalición integrada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y cientos de personas que se oponen a dicha Ley, denunciaron que la Ley también permite la apropiación y patentamiento de genes, plantas y conocimientos ancestrales.

“Los legisladores del PVEM y del PRI [Partido Revolucionario Institucional] han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales”, recriminó el analista ambiental Octavio Klimek.

Adelita San Vicente, de la Red Semillas de Vida, recordó que el pasado 22 de marzo, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaled discutieron el dictamen, lo cual viola el Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior. Foto: Ivette Lira, SinEmbargo

A la reunión sólo acudieron 15 legisladores cuando según el mismo reglamento se requieren 16 presentes, es decir, la mitad de los 30 integrantes más uno, para cumplir con el reglamento de la Cámara.

No obstante, únicamente participaron, además del presidente Álvarez Angli, los diputados Ignacio Pichardo, Andrés Aguirre, Rubí Cardoso, Alberto Mata, Juan Antonio Meléndez, Elizabeth Ramírez, Ariel Burgos Ochoa, Perla Pérez Reyes, Miguel Ramírez,Vanessa Ruíz, Miguel Sulub Caamal y Yarith Tannos Cruz ​del PRI, además de Alma Lucía Arzaluz Alonso​ y Octavio Herrera Borunda​, del PVEM.

Por ello, subrayó: “El Diputado Angli, en contubernio con diputados del PRI y el Verde, trataron el jueves 22 de marzo de pasar el dictamen sin cumplir con el quórum suficiente […] Pretendieron pasar -de manera ilegal absolutamente- esta Ley que en su centro tiene algo tan importante como es la biodiversidad”.

Ante este panorama, la Coalición exigió que se atienda a la petición de someter la Ley a consulta con la sociedad civil, especialmente con los pueblos indígenas y las comunidades equiparables que serían directamente afectadas por dicha medida legislativa.

En ese sentido, Gustavo Sánchez Valle, de la Red Mocaf explicó que “se trata de una situación similar a la que actualmente se desarrolla en la discusión de la Minuta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también impulsada por el Partido Verde, la cual se encuentra en revisión por parte del Senado de la República como cámara revisora y en cuyo proceso los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de que en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población”.

“Pretenden en un fast track aprobar un documento que atenta y violenta a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a todos los mexicanos. Por lo tanto, la exigencia es que se lleve a cabo una consulta libre, previa e informada”, dijo David Ruiz, de la Red Nacional Indígena.

Partido Verde modificó proyecto de ley condenando a los delfines a vivir en cautiverio, acusan ONGs

domingo, abril 23rd, 2017

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que preside Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde, está por aprobar una propuesta, modificada de último momento, que deja sin protección a casi 400 delfines destinados a vivir en cautiverio e incrementar su reproducción bajo estas condiciones, todo lo contrario a lo que se dictaba en la iniciativa original. De ser así, la Cámara de Diputados se colocaría como el mayor impulsor del cautiverio de delfines y de su fabricación protegiendo a empresarios y dueños de delfineros por lo menos hasta el año 2066.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Los cambios aprobados de último momento por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que preside el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), eliminaron el principio original de la iniciativa, perpetuando el cautiverio y la explotación de los delfines hasta el año 2050, denunciaron organizaciones civiles.

El pasado 31 de marzo, dicha Comisión aprobó con 11 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones las reformas del Artículo 60 de la Ley General de vida Silvestre con el fin de prohibir la operación de delfinarios y la inhibición de reproducción de la especie bajo cautiverio.

Sin embargo, antes de irse de vacaciones, el grupo presidido por el Diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, realizó cambios de último momento al dictamen, y “tiraron a la basura ese propósito evidenciando que los diputados cedieron ante el poderío económico y la presión de los propietarios de las empresas que administran y operan los delfinarios”, señalaron diversas organizaciones ambientalistas y de protección a los animales.

Las ONGs especificaron que estos cambios dejarán sin protección a casi 400 delfines destinados al entretenimiento humano. Además, aclararon que la propuesta anterior no permitía liberar delfines ni cerrar delfinarios.

De aprobarse tal y como al fin quedó la Reforma al 4º párrafo del Artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, no sólo se permitirá la continuidad de estos espectáculos, también propiciará que la inseminación artificial, que opera como “fábrica” de delfines, siga por al menos dos generaciones más, es decir, hasta el 2050, indicó Mercedes Anzures de la organización Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino).

Las organizaciones adelantaron que si la propuesta se aprueba el próximo 25 de abril, se reservarán el derecho de llevar a cabo las acciones legales que sean necesarias para revertir la Reforma “absolutamente aberrante”.

“Nosotros apoyábamos la propuesta de prohibir definitivamente la reproducción en cautiverio, para evitar que más delfines nazcan y sigan viviendo en condiciones contrarias a su evolución y biología”, expresó Araceli Domínguez, presidenta del Grupo GEMA.

La activista dijo que la preservación y cuidado del mamífero no puede ser sólo apoyado por las organizaciones, sino que debe ser absolutamente rechazado por los diputados.

“Los cambios al dictamen no solo no detienen la reproducción en cautiverio, sino echa andar la maquinaria para obligar a las hembras a ovular y entrar en celo, y obtener semen por métodos no naturales a los machos y acelerar la reproducción”, señaló Domínguez.

En tanto, Marielena Hoyo, presidenta de Producciones Serengueti, acusó a los legisladores de pactar con los “poderosos empresario delfinarios” para permitir la reproducción de los delfines en cautiverio, lo que, dijo, es una locura porque se aprovecharán para provocar un mayor número de nacimientos vía inseminación artificial y entonces forzarán la construcción de más delfinarios para ubicar los excedentes, al existir la prohibición para exportar cetáceos

Con esta medida, potencialmente se tendrían 150 delfines más, sin tomar en cuenta a las hembras que podrán parir dos veces, con lo que el inventario crecerá aproximadamente a 480 individuos, lo que representa un incremento del 60 por ciento, dejando a la Cámara de Diputados como el mayor impulsor del cautiverio de delfines y de su fabricación, sentenció Cecilia Vega, de Fundación Haghenbeck.

Especificó que la autorización también incluye a las hembras cría que alcanzarán su madurez sexual a los ocho años de edad, o sea en el año 2026, a lo que habrán de sumarse 30 a 40 años de vida que aseguran los empresarios como el promedio de vida de los delfines bajo cautiverio. Siendo así, el Decreto protege a los empresarios delfineros por lo menos hasta el año 2066.

Las organizaciones ambientalistas y de protección a los animales exigen a los legisladores rechazar este el Dictamen que “sólo beneficiará a unos cuantos multimillonarios que no dejan derrama económica a los locales y que perpetuarán esta actividad en la que saldrán perdiendo, como siempre, los animales”.