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La asociación civil Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), exigió que se haga público el paradero de Kenia Hernández y se garanticen sus derechos humanos, así como los de los tres menores de edad que la compañaban.
La periodista y defensora de Derechos Humanos, Ixchel Cisneros, aseguró que en México ocurren casos agresiones contra comunicadores y activistas debido a que los mexicanos lo permitimos; “porque no nos enteramos o no nos importa que estas personas estén dando su vida y su tiempo por los demás”
Las organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a que escuche las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener «los proyectos de muerte» a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Cabe mencionar que la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del mismo grupo parlamentario, ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, al considerar que omite la opinión de los pueblos, violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.
Integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denuncian actos de corrupción por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México en la edificación del Tren Interurbano México-Toluca que actualmente cuenta con una suspensión en la construcción.
El Cencos de la Sección XXII condenó los asesinatos, en hechos distintos, de los profesores Jorge Vela Díaz y Agustín Pavia Pavia, uno militante de Morena y el otro integrante de la APPO, respectivamente. También exigieron se garantice la seguridad de la profesora Lorena ANtonio Sánchez, quien resultó herida en el ataque en contra de Vela Díaz.
Los cuatro dirigentes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) Rubén Núñez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja Mendoza, y Heriberto Magariño, quienes se encuentran presos en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, se les mantiene incomunicados y bajo condiciones de extrema seguridad, como si fueran delincuentes peligrosos, afirmó la Senadora del PT, Layda Sansores, quien además se pronunció a favor de su libertad exigiendo su inmediata liberación.
Las ONGs externaron su preocupación ante los ofrecimientos hechos por servidores públicos de apoyos de programas en el marco de la consulta, con el fin de ejercer presión para que algunos representantes firmaran actas sin estar completamente seguros de hacerlo o para avanzar de una etapa a otra en el proceso de la consulta, sin antes informar a sus asambleas.