Los habitantes de la localidad de la Sierra Norte de Puebla exigieron al Gobierno que se respete su derecho a la libre determinación y al territorio y se niegue la autorización ambiental al proyecto minero de la canadiense Almaden Minerals, a la que acusan de daños ambientales.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Pobladores de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Gobierno federal negar la autorización ambiental al proyecto minero de la canadiense Almaden Minerals y alertaron sobre graves violaciones a derechos humanos y riesgos ambientales.
Los habitantes de la localidad de la Sierra Norte de la entidad exigieron que se respete su derecho a la libre determinación y al territorio, después de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Minera Gorrión SA de CV.
Organizados a través de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida exigieron ser tomados en cuenta y poder ejercer su “derecho a ser partícipes del proceso de evaluación ambiental del proyecto minero”.
“Como comunidades afectadas exigimos se respete nuestra decisión: no consentimos la extracción minera en nuestro territorio”, expusieron en un comunicado.
Las comunidades denunciaron que se enteraron que la Minera Gorrión había iniciado el trámite de evaluación de impacto ambiental por medio de la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apenas el pasado 24 de enero.
De la mano de organizaciones sociales, la Unión realizó una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del proyecto minero Ixtaca. Este documento indica que la operación de la mina implicará daños irreversibles en relación al derecho humano al agua, a la salud y al medio ambiente sano.
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) acompañaron la elaboración de la investigación.
PROYECTO A CIELO ABIERTO
Los pobladores de la Unión de Ejidos expusieron que la empresa también solicita el cambio de uso de suelo para convertir terrenos forestales en sitios para extraer oro y plata.
La empresa de extracción es propiedad de la compañía canadiense Almaden Minerals Ltd y pretende iniciar trabajos de una mina a cielo abierto en las comunidades de Ixtacamaxtitlán en un terreno de mil 44.02 hectáreas de territorio.
De las más de mil hectáreas que pretenden ocupar, 466 serían destinadas a infraestructura, y las restantes para la “protección de las instalaciones, seguridad de los procesos y caminos”.
Las comunidades denuncian que desde 2014 se han opuesto a este proyecto de minería y que han presentado quejas por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños ecológicos. Estos y otros otros procedimientos legales “han detenido, por momentos, las actividades de exploración”.
La Unión denunció que Almaden busca limpiar su imagen para pasar por una empresa socialmente responsable planteando que el proyecto será un modelo de minería, pero los pobladores ubican irregularidades.
Denuncian que la empresa argumenta que Ixtacamaxtitlán es un municipio deshabitado, cuando ahí viven 20 mil personas; que determinaron 37 impactos del proyecto entre los que están la contaminación de los acuíferos y cuerpos de agua.
También, la violación de la norma ambiental “al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con mayor densidad y profundidad que la permitida por la norma, además de que la empresa lo hizo fuera de tiempo”.
“La empresa ha asegurado, por ejemplo, que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades han dicho que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia”, por lo que prevén engaños a sus inversionistas.
Fue el 25 de mayo cuando personas de todas las edades, de los pueblos veracruzanos de Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa, definieron los pasos para resistir y defenderse del plan de las empresas mineras canadienses Almaden Minerals y Goldgroup.
Después de realizar una marcha informativa por las principales calles del municipio y terminar con un mitin en la plaza Juárez, entre gritos “¡sí a la vida, no a la mina!”, “¡gritemos muy fuerte, la mina trae muerte!”, “¡en Veracruz queremos vivir, la mina se tiene que ir!”, las personas exigieron al Presidente municipal de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez, su definición clara en apoyo a la comunidad y no otorgar el cambio de uso de suelo.
La defensa será social, política y legal…
México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos, reveló en mayo la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.
(Fotos e información de Adolfo Vladimir, de Cuartoscuro).
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Habitantes de comunidades de la sierra de Chiconquiac, en la costa centro del estado de Veracruz, se organizaron para enfrentar los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre, de las compañías canadienses Almaden Minerals y Goldgroup.
Entre los planes de las compañías canadienses, que se intentan frenar, está la extracción de oro a cielo abierto de la punta del cerro La Paila, ubicado a 3 kilómetros de la central nuclear de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Laguna Verde, de acuerdo con información de la agencia Cuartoscuro.
El pasado 25 de mayo, en el municipio veracruzano de Actopan, en asamblea popular en el atrio de la parroquia de San Francisco de Asis y con el acompañamiento de los sacerdotes Andrés y Urbano, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de seis pueblos [Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa] definieron los pasos para resistir y defenderse del plan de las empresas mineras.
Niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de seis pueblos [Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa] definieron los pasos para resistir y defenderse del plan de las empresas mineras. Foto: Cuartoscuro.
La gente decidió organizarse contra las mineras extranjeras. Foto: Cuartoscuro.
Habitantes de comunidades de la sierra de Chiconquiac, en la costa centro del estado de Veracruz, se organizaron para enfrentar los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre. Foto: Cuartoscuro.
Tras informar de las consecuencias que la minería a cielo abierto ha provocado en otros estados del país, los pobladores definieron defenderse y resistir de manera social, política y legalmente. Los proyectos pretenden iniciar la explotación en julio “tras conseguir los permisos necesarios”, informó un vocero de la compañía.
Después de realizar una marcha informativa por las principales calles del municipio y terminar con un mitin en la plaza Juárez, entre gritos “¡sí a la vida, no a la mina!”, “¡gritemos muy fuerte, la mina trae muerte!”, “¡en Veracruz queremos vivir, la mina se tiene que ir!”, las personas exigieron al Presidente municipal, Paulino Domínguez Sánchez, su definición clara en apoyo a la comunidad y no otorgar el cambio de uso de suelo.
Entre los permisos que las compañías mineras requieren para iniciar una explotación se encuentran dos fundamentales: una consulta a las comunidades que aprueben la explotación y el cambio de uso de suelo, que está en manos del cabildo y titular del municipio.
México es uno de los lugares de mayor riqueza natural y mineral para la realización de proyectos mineros. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo.
Pobladores de comunidades de la sierra de Chiconquiac, en la costa centro del estado. Foto: Cuartoscuro.
Los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre, de las compañías canadienses Almaden Minerals y Goldgroup, pretenden extraer oro a cielo abierto de la punta del cerro La Paila. Foto: Cuartoscuro.
En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63. Foto: Cuartoscuro.
México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.
El reporte de 162 páginas, compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras, tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen canadiense.
El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.
Las características de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.
–El RECT de México, que no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal; además de actividades con manejo de residuos peligrosos.
–El NPRI de Canadá estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma 346 en total, además considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil toneladas.
–El TRI de Estados Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).
Entre los planes de las compañías canadienses, que se intentan frenar, está la extracción de oro a cielo abierto de la punta del cerro La Paila, ubicado a 3 kilómetros de la central nuclear de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Laguna Verde. Foto: Cuartoscuro.
Niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de seis pueblos [Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa] definieron los pasos para resistir y defenderse del plan de las empresas mineras. Foto: Cuartoscuro.
México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63. Foto: Cuartoscuro.
La gente no toleró el abuso. Foto: Cuartoscuro.
En 2013, las minas inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.
“En Canadá y Estados Unidos es obligatorio —no así en México— presentar registros de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en Estados Unidos”, se lee.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la minería.
“Hay ausencia, opacidad y complicidad de las dependencias federales. Por un lado hay liberalidad de la Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones mineras”, criticó.
NORMATIVIDADES MANIPULADAS
Las principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco: las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad y Control Nuclear.
En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la Minería de Superficie y Recuperación.
En el caso de México, el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a dicho sector.
En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero , recriminó, “casi nunca se cumplen”o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.
El especialista recordó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como preponderante sobre cualquier otra.
En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país “atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290 mineras en México, 211 son de capital canadiense.
Pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
De continuar el proyecto minero en esa región la contaminación sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano, denunciaron los habitantes durante una caravana realizada este fin de semana.
Las empresas canadienses operan el 65 por ciento de los proyectos mineros en México. En 37 de los casos en que las mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
A nombre de las organizaciones campesinas e indígenas de Puebla, Daniel Zúñiga Maldonado, Vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, expresó su rechazo a la instalación de la minera y todas sus filiales en el estado y acusó que más de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado a esa empresa extranjera.
De acuerdo con los pobladores, en el municipio de Ixtacamaxtitlan nace el río Apulco que recorre la sierra norte y nororiental que pasa por Cuetzalan hasta desembocar al mar; es decir, la contaminación sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano.
“No a la mina, si a la vida. No a la privatización del agua y al despojo del territorio, no a la violación de derechos humanos como el acceso humano al agua y el derecho a una vida sana”, afirmó Daniel Zúñiga Maldonado durante una caravana realizada este fin de semana.
La minera Almaden Minerals necesita obtener el permiso de uso de suelo para explotar los depósitos de oro y plata de Ixtacamaxtitlán, para lo cual necesita del permiso del Alcalde Eleazar Hernández.
De acuerdo con reportes de la prensa local, durante la caravana los pobladores de este municipio denunciaron los abusos a los derechos de la salud, agua y un medio ambiente sano, así como a la consulta previa sobre el destino de esta región que el Gobierno mexicano está obligado a cuidar.
La caravana para exigir al Alcalde de Ixtacamaxtitlan negar los permisos a la minera Almaden Minerals. Foto: Facebook Comite Solidaridad Sierra Norte de Puebla.
La minera Almaden Minerals necesita obtener el permiso de uso de suelo para explotar los depósitos de oro y plata de Ixtacamaxtitlán, para lo cual necesita del permiso del Alcalde Eleazar Hernández. Foto: Facebook Comite Solidaridad Sierra Norte de Puebla
En diciembre pasado, un grupo de pobladores de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al Gobierno de ese país y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con un proyecto que se desarrolla en la región ubicada en Puebla, instaurado por la compañía Almaden Minerals.
“Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades”, dijo en esa ocasión a SinEmbargo Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
ABUSOS DE MINERAS CANADIENSES
Comunidades de México, Centroamérica y África han sido víctimas durante años tanto de la violación de derechos humanos de mineras canadienses como de la debilidad de sus gobiernos locales para ponerles freno ante la falta de control por parte del propio Canadá, un país con reputación de benevolente, han reiterado informes de organizaciones civiles y textos de la prensa extranjera.
En el caso de México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.
Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.
Las operaciones de las mineras canadienses están teniendo serias repercusiones ambientales y sociales en México, este lunes se dio a conocer que en Durango, la minera San Dimas vertió 200 litros de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente.
Organizaciones exigieron una valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en el territorio y urgieron a tomar medidas, ya que, señalaron, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
La Caravana por la Vida y contra la mina realizada en Ixtacamaxtitlán, Puebla. Foto: Twitter @ProjectPODER
Portando banners con leyendas que decían “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”, un grupo formado por canadienses y mexicanos protestaron contra el proyecto minero que impulsa la minera canadiense Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó frente a las oficinas de la minera Almaden Minerals para protestar contra el proyecto Ixtaca que se lleva a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el cual pretende extraer oro y plata de la zona, y se encuentra apenas en etapa de exploración.
La encargada del proyecto sería la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.
Portando banners con leyendas que decían “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”, los manifestantes informaron a las personas que cruzaban por el lugar sobre el proyecto minero que la empresa impulsa en la Sierra Norte de Puebla.
Advirtieron a los inversionistas que la empresa no les ha informado sobre de la oposición al proyecto ni de las quejas presentadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.
“A los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero de Almaden, llamado Ixtaca, porque su inversión está en riesgo. La empresa les ha mentido, ya que no les ha comentado los procesos de resistencia y tampoco de las acciones legales que se han hecho para defender la vida de las comunidades de Ixtacamaxtitlán”, dijo Ignacia Serrano, integrante de la delegación de afectados de Ixtacamaxtitlán.
La encargada del proyecto sería la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Foto: PODER, cortesía para SinEmbargo.
Por su parte, Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance dijo que “por desgracia, lo que escuchamos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán no es una historia desconocida. Nuestra organización recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería”.
Esta protesta marca el final de una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro integrantes de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos, comunidades indígenas y medios de comunicación.
De acuerdo con una evaluación de impacto realizada desde septiembre de 2014 por especialistas, y respaldada por organizaciones civiles como PODER, la minera ha mentido a sus inversionistas al asegurar que la zona donde planean operar está deshabitada y que el uso de suelo es nulo.
La empresa –dueña de 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un historial de violaciones a derechos humanos. Foto: PODER, cortesía para SinEmbargo.
Además omitió la existencia de un juicio de nulidad, así como una solicitud de cancelación emitidos por la población afectada.
La empresa –dueña de 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un historial de violaciones a derechos humanos. Almaden ha participado directamente o como accionista en otros proyectos mineros como Caballo Blanco y White River que resultaron nocivos para el medio ambiente y derechos humanos, por lo que fueron suspendidos.
Esta gira de trabajo en Canadá se realiza luego de meses de llamados de la sociedad civil de ese país a favor de una mayor rendición de cuentas para las empresas canadienses, incluida una carta abierta de 180 organizaciones no gubernamentales en 2016, y un exhorto de Naciones Unidas de 2017 el cual señala que las empresas de Canadá pueden, y deben, poner un mayor énfasis en los derechos humanos.
“Las actividades del proyecto minero de Almaden podrían afectar severamente la salud de la población del área de impacto por exposición, ingestión, inhalación y contacto con la piel de sustancias peligrosas y por la alteración de medio ambiente”, se lee en el informe realizado por organizaciones de la sociedad civil con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata a cielo abierto en etapa de exploración avanzada, concesionado a la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, pone en riesgo la salud de los habitantes, el medio ambiente y el acceso al agua, denuncia un informe realizado por Organizaciones civiles y especialistas en geoquímica, biología y salud.
Desde 2014, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; el Centro de Estudio para el Desarrollo Rural (Cesder); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) inciaron el acompañamiento a la población de Ixtacamaxtitlán, a fin de llevar a cabo una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en el perímetro donde se desarrolla el proyecto minero.
El informe titulado “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco” reveló que la actividad ocasiona impactos sobre la atmósfera, el paisaje y la tierra, que se traducen en alteración del suelo, erosión, deforestación, polvo y gases. Además, la flora, fauna y el equilibrio ecológico de las regiones sufren las consecuencias, debido a la remoción de la vegetación, la alteración del hábitat, el desplazamiento de los animales, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la agricultura.
Otro de los daños ocasionados por la minería, arroja el informe, es la contaminación del agua por cianuro, metales pesados y químicos derivados del drenaje ácido de roca; asimismo induce la reducción del vital líquido en el volumen disponible; la competencia por el cambio de su uso; el empobrecimiento del acuífero y el incremento de sedimentos.
En el tema de la salud, destaca ese estudio, la actividad extractiva provoca la ingestión de metales pesados, lo cual es dañino para los huesos, los riñones, el hígado y el cerebro. Asimismo, es un agravante de enfermedades crónicas; afecta los sistemas nervioso, digestivo y óseo; desencadena padecimientos de ojos y piel y es factor cancerígeno.
El documento precisa que la contaminación por cianuro impacta en el cerebro y el corazón; además puede llegar a provocar estado de coma y muerte. El polvo y los gases afectan el tracto cardiorespiratorio. El ruido produce pérdida de sensibilidad auditiva, trastornos del sueño, efectos cardiovasculares y fisiológicos, en la salud mental, cambios en el comportamiento y es factor de estrés en niñas y niños.
“Las actividades del proyecto minero de Almaden podrían afectar severamente la salud de la población del área de impacto por exposición, ingestión, inhalación y contacto con la piel de sustancias peligrosas y por la alteración de medio ambiente”, se lee en el informe realizado por organizaciones de la sociedad civil con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud.
A pesar de lo anterior, las organizaciones indicaron a través de un comunicado, que la empresa canadiense no ha informado a las comunidades sobre los riesgos que conlleva el proyecto.
Incluso el Comité del Agua de Ixtacamaxtitlán acusó que Almaden Minerals ha buscado “desinformar” a los pobladores al asegura que el cianuro usado en el proceso de lixiviación no contamina el agua. Asimismo, apuntó, la empresa canadiense promueve “relaciones clientelares” con los habitantes mediante el otorgamiento de apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de que toda una comunidad firme en apoyo a la minera.
Los afectados hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que no otorgue más permisos a la empresa en cuestión; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que sancione a la compañía canadiense, ya que anunció la cotización de nuevas acciones en las bolsas de Toronto y Nueva York para financiar sus operaciones en el municipio de Ixtacamaxtitlán y señaló que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que la Semarnat declaró improcedente su solicitud de operaciones hace un par de de meses, por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, denunció que el Gobierno mexicano sirve a los intereses económicos, bajo el argumento del combate a la pobreza. Señaló que si la empresa canadiense Almaden Minerals lleva a cabo actividades relacionadas a la minería existe el riesgo para las especies en peligro de extinción, así como el derecho del acceso al agua.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Un análisis de Impacto en Derechos Humanos reveló que la minera canadiense Almaden Minerals pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de más de 4 mil pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, mientras las autoridades mexicanas favorecen el interés económico.
“El Gobierno mexicano es servil a los intereses de los capitales y bajo su discurso de desarrollo cree que le hace bien a las comunidades. El discurso es que se combate a la pobreza por la llegada de empleo. El Gobierno facilita la llegada de este tipo de proyectos a las poblaciones”, denunció esta mañana Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, en conferencia de prensa.
De acuerdo con Diana Pérez, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en la actualidad los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud no están garantizados en la zona y la minería a cielo abierto, prevé, causaría daños irreversibles y dispararía la competencia por el agua y la tierra.
Patricia Legarreta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), informó que la empresa se encuentra en etapa de exploración en un terreno de aproximadamente 13 mil hectáreas, prioritarias para la conservación y donde en algunas se llevaban a cabo actividades de agricultura.
Aunado a ello, la canadiense anunció la cotización de nuevas acciones en las bolsas de Toronto y Nueva York para financiar sus operaciones en el municipio de Ixtacamaxtitlán y señaló que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró improcedente su solicitud de operaciones hace un par de de meses, por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”.
En materia de medio ambiente, indicaron, el perímetro cuenta con áreas de conservación y para cultivo, por lo que es vulnerable si se lleva a cabo la minería. Foto: Ivette Lira, SinEmbargo.
Los inconformes denunciaron que la empresa ha proporcionado información falsa a sus inversionistas, al Gobierno de México y la población local a fin de continuar la exploración en la región para extraer oro y plata.
Legarreta explicó que Almaden Minerals planea triturar 179 millones de toneladas de roca para obtener apenas 0.76 gramos de oro y 47 gramos de plata por cada tonelada, sin generar ganancias para México y sin pagar impuestos.
La empresa omitió en su informe anual de 2016, a sus inversionistas, que la Semarnat le negó los permisos para continuar explotando y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le realiza una investigación por violar normas al llevar a cabo 236 barrentos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado un acuífero.
Los activistas señalaron que actualmente el estado del agua en el municipio es de buena calidad, sin embargo, es escasa y no todos los pobladores tienen acceso suficiente a ella y la minería en la zona podría empeorar la situación.
En materia de medio ambiente, indicaron, el perímetro cuenta con áreas de conservación y para cultivo, por lo que es vulnerable si se lleva a cabo la minería, además de que existen especies amenazadas y en peligro de extinción.
La salud es otro de los temas que preocupan a los activistas y pobladores, ya que, aseguraron, las principales enfermedades en la región están asociadas a las vías respiratorias y con la minería habría más polvo que las incrementaría.
La salud es otro de los temas que preocupan a los activistas y pobladores, ya que, aseguraron, las principales enfermedades en la región están asociadas a las vías respiratorias y con la minería habría más polvo que las incrementaría. Foto: Archivo Cuartoscuro
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), al finalizar el año 2012 se registraron “un total de 285 empresas con capital extranjero, operando 853 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 204 (71.6 por ciento) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 46 (16.1 por ciento) en Estados Unidos, 8 en China (2.8 por ciento) y 5 (1.7 por ciento) en Australia. Además, se tenían 4 del Reino Unido, 4 de Japón, 4 de Corea, 2 de India y con una empresa de Bélgica, España, Brasil, Perú, Luxemburgo, Chile e Italia”.
Asimismo, destacaron que hicieron llegar el reporte de la problemática al Gobierno municipal, a Semarnat, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a Profepa y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no obstante, la respuesta no ha ha sido la esperada.
“Hemos encontrado que las instancias esquivan su responsabilidad porque argumentan que no les corresponde la problemática en su totalidad. [Las autoridades] tienen una actitud esquiva en el cumplimiento de su función. Hemos encontrado desilusión de las comunidades porque todavía confiaban”, dijo Marreros.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
