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¿Qué secuelas psicológicas genera la violencia en los individuos? En México los 619 mil 420 delitos denunciados dentro del fuero común, entre enero y mayo, reflejan los niveles de inseguridad a los que los mexicanos están sometidos. SinEmbargo consultó a distintos expertos en Psicología Social para saber cómo el contexto de violencia con el que lidian las personas a diario afecta la salud física y mental de la sociedad. Entre las emociones que los psicólogos identificaron destaca el temor, la ansiedad y la depresión, las cuales agravan la demanda de atención médica, ya de por sí saturada. De 1 millón 590 mil delitos denunciados en 2014, alrededor del 40 por ciento fueron con violencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que la violencia se ha naturalizado. Un proceso el cual es difícil de precisar cuándo inició, pero que se agravó en los últimos 10 años. Pese a que el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narcotráfico y duplicó el gasto en seguridad, la incidencia delictiva aumentó 84 por ciento, de acuerdo con un reporte de la Auditoria Superior de la Federación publicado en febrero del año pasado.

Al fenómeno de los delitos se unen otras estructuras que violentan a la sociedad, sostuvieron los expertos, ya que la ciudadanía no sólo percibe que México tiene un Estado ausente, sino que además las autoridades atentan en su contra. Si se considera que la seguridad es un derecho constitucional, sería el propio Gobierno el que violenta a la población al no brindarle mecanismos de protección no sólo a su integridad física, sino mental, emocional y económica, aseveraron los entrevistados. 

¿Qué tanto influye la percepción de inseguridad en las emociones de los mexicanos? ¿Cuál es el rol juegan las autoridades? ¿Quién gana con este contexto? Y más importante, ¿es la violencia un viaje de no retorno?

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) mostraron que las procuradurías estatales recibieron entre enero y mayo un total de denuncias por homicidio equivalentes a 90 por día. Un indicador de las condiciones del país, pero también de los incuantificables efectos psicológicos que la inseguridad deja a su paso.

La violencia ha desatado un estrés permanente en las personas, afirma Dalia Jaquez Bermúdez, jefa del Departamento de Psicología de la Universidad La Salle, en entrevista con SinEmbargo. Las tienen en la percepción de un entorno amenazante del cual se deben proteger y eso causa una preocupación constante.

“A nivel individual no nos damos cuenta de que el estrés tiene diferentes niveles, tanto en la parte emocional, física, pero también tiene un costo hacia afuera y económico”.

Estas sensación de estar expuesto hace que las personas tomen comportamientos que en otras circunstancias no tendrían, explica la psicóloga, por lo que las personas que se sienten expuestas tienden a aislarse.

“Llego a mi casa cierro todo y no salgo ya para nada, porque tengo temor de que me vayan a asaltar, de que me vayan a violar, o de que me vayan a agredir físicamente si camino por la calle”, dice.

Debido a que el entorno de violencia en una zona insegura podría no cambiar, es posible que la sensación de vulnerabilidad persista incluso dentro del hogar, lo que afecta el sueño y puede presentar síntomas psicosomáticos relacionados con la ansiedad, como sudoración y palpitaciones, o depresivos, con sentimientos de melancolía y culpa.

Un factor notorio que recalcaron los especialistas fue que para que la persona viva estas alteraciones no tiene que ser necesariamente ella la que sufra un incidente, o esté más expuesta ser víctima, pese a que las zonas geográficas presentan una diversidad de niveles de inseguridad.

“A nivel psicológico social, incluso, cultural, se podría decir que conlleva a trastornos del sueño, de la alimentación. Hemos notado incapacidades que van desde síntomas psicológicos, migrañas, crisis gastrointestinal, gastritis, colitis, hasta la diarrea”, dijo en entrevista Alberto Montes de Oca Tamez, rector del Instituto Nacional de Psicoanálisis.

LOS MÁS VULNERABLES

El 9 de julio, integrantes de un grupo delincuencial irrumpieron una vivienda en el kilómetro 51 de la carretera Reynosa-Matamoros en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Ahí cuestionaron una familia integrada por una señora, su hijo y tres nietos sobre otro grupo rival. Luego de no encontrar información fueron asesinados, de acuerdo con el Grupo de Coordinación Tamaulipas .

Las víctimas fueron identificadas como Vicenta García Sánchez, de 65 años de edad; su hijo Fidel Martínez García, de 39 años y sus nietos Fidel, de 19; Alexis, de 15 años y Pedro Antonio Martínez Medrano, de 10 años.

Los expertos concuerdan en que la vulnerabilidad es cuestión de recursos emocionales, físicos y económicos. Y en fenómenos como la violencia existe una correlación directa entre los más pobres y el grado de vulnerabilidad.

“Por lo general, las personas que más sufren, son aquellas que tiene los niveles socioeconómicos bajos es como una correlación la que existe. Esos focos rojos son los que están hilados, o se acercan a lugares donde el nivel es bajo, o las personas se podría pensar en un primer momento que tienen necesidad económica”, dijo la jefa del departamento de psicología de la Universidad La Salle.

En México unas 60.6 millones de personas viven en la pobreza, de acuerdo con la iniciativa Acción Ciudadana contra la Pobreza, que agrupa a diversas organizaciones civiles. Esta proporción de la población en pobreza permanece casi igual desde 1992, cuando el 53.1 por ciento vivía dichas condiciones.

“He tenido oportunidad de estar en Oaxaca, Chiapas, hasta la Riviera Maya, y he podido notar sensiblemente personas con depresión, melancólicas, maniaco depresivas. Esto va en correlación con la falta de oportunidades”.

En el primer semestre del año, el Índice Delictivo 2015 reporta 273 mil 633 denuncias por robo, de los cuales 34 mil 635 han sido a transeúntes, de los cuales el 75 por ciento fueron con violencia.

“A nadie nos gusta que nos asalten, pero no es lo mismo que a mí me roben mi celular y yo tenga la posibilidad de reponerlo, a aquella persona que le roban algo y no hay la manera de recuperarlo. La lógica es que todos requerimos apoyo, pero le va ser más fácil o más difícil readaptarse a la situación dependiendo de estos aspectos”, detalla Jaquez.

Sufrir un atraco conlleva un estado de shock coincidieron los consultados que se refleja en la incapacidad para reaccionar. Los síntomas que le siguen son ansiedad, miedo, paranoia y nerviosismo, que quedan enmarcados en una sensación de indefensión.

REALIDAD O PERCEPCIÓN

La Encuesta Nacional de Seguridad reveló en junio que el 69 por ciento de los mexicanos consideró que su ciudad es insegura.

El estudio que se hace cada tres meses, refirió en su última publicación, de marzo, un porcentaje de 67.9. Este ligero repunte mostraría la incapacidad del Gobierno para proveer de seguridad a la población, establece Andrés Díaz Fernández, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consultado por este medio.

“La percepción que la gente tiene, obviamente, parte del contenido de los medios de comunicación, pero de que hay muertos, hay desapariciones forzadas, varias formas de privación de la libertad, de que hay proceso injustos, personas que están en cárceles injustamente, y todo el clima que ha generado. Delitos menores como robos, asaltos y allanamientos pues sí son reales”, dijo Díaz.

La Ensu incorpora mediciones sobre la percepción de inseguridad, la expectativa social sobre la tendencia del delito y el atestiguamiento de conductas delictivas, antisociales, así como cambios de rutinas por temor y el desempeño de las fuerzas de seguridad pública.

En ese periodo la encuesta hecha por el Instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que las población objeto de estudio manifestó que en los últimos tres meses, el 71.2 por ciento ha escuchado o ha visto en los alrededores de su vivienda situaciones como consumo de alcohol en las calles, el 65.3 el robos o asaltos y el 58.5 el vandalismo.

“Es real todo lo que está sucediendo en México: la desaparición forzada de personas, los homicidios sin sentido, los enfrentamientos entre supuestos criminales con fuerzas armadas, son reales. Y eso está basado por las historias que están siendo cada vez más generalizadas, y probablemente las personas de este país han tenido algún conocido al que les ha pasado algo de esto”, explica Díaz.

En junio, el 20.3 por ciento de la población de los encuestados, que eran personas mayores de 18 años, consideró que en el próximo año la situación de la delincuencia en su ciudad seguiría “igual de bien”.

Mientras que el 37.3 por ciento consideró que seguiría igual de mal y el 26.3 porciento que empeorará.

“Se observa que es mayor la proporción de población que considera que la situación de la delincuencia ‘seguirá igual de mal’ o que ‘empeorará’. Al considerar los resultados obtenidos en junio de 2014, no se presentan cambios significativos en la expectativa social sobre seguridad pública”, citó el Inegi en una misiva.

La psicóloga Dalia Jaquez piensa que no hay que subestimar la percepción y sus efectos.

“Yo creo que psicológicamente podemos tener una percepción frente a nosotros y cada uno la percibimos diferente . A veces esa parte de la percepción ayuda mucho más a sentirse vulnerable que la propia acción”, dice.

Además, la capacitación de las autoridades ayuda al respaldo ciudadano. Y puede jugar un rol clave a la hora de desarrollar un trauma conforme atiendan a una víctima de violencia.

Actualmente, las autoridades no sólo carecen de esta sensibilidad sino que tampoco cuentan con incentivos suficientes para hacerlo, de acuerdo con la directora de programas del tanque de pensamiento, Causa en Común, Miroslava Ortiz Flores.

“Es un proceso en el que ya vamos atrasados. Lo que nosotros hacemos es observar la carrera del policía, al final si los policías son el primer responsable con la ciudadanía. Si consideras que los salarios son bajos y extenuantes, le estamos pidiendo a una persona quizá con vocación, que de ser policía sea muy preparada para tratar al ciudadano pero no les estás dando las herramientas ni las prestaciones para que eso ocurra”, explica la entrevistada.

El Ensu de junio reflejó en qué autoridades tiene más confianza la población. Resultando ser la Gendarmería nacional, seguido por la Policía Federal, Estatal y Municipal, en el orden respectivo.

ESTADO VIOLENTO

De acuerdo con los expertos consultados, el Estado también violenta a la población al crear un clima de inseguridad, al no trazar políticas que estén encaminadas a brindar real seguridad a la población, como también carecer un manejo de la crisis de derechos humanos debido a la violencia que no revictimice a las personas.

Esta falta de protección del Estado está evidenciada en las 619 mil 420 denuncias de delitos registradas en el Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común, datos que alejan la realidad de lo que debería ser, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”, cita el artículo 21.

La investigadora en temas de seguridad del tanque de pensamiento México Evalúa, Leslie Solís Saravia, recalcó que es importante recordarle a la gente de esta obligación del Estado.

“A la que ellos mismos se comprometieron, y que a partir de la reforma del 2011 se estableció que los derechos humanos son el centro del Estado, en todas sus dependencias. Dijeron, ‘promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos’ [de forma literal]”, explica Saravia.

Por su parte, la estrategia de gobierno para abordar la inseguridad, también es deficiente coinciden expertos.

“Nunca ha sido una estrategia del Estado dar una real seguridad ciudadana. Se trata de marginalizar quienes van a estar adentro de la ley y de las políticas públicas de beneficios y quienes contra la ley”, dice Díaz.

En ese sentido, apunta el investigador, es que el Estado arma un show mediático que va en búsqueda de los grandes narcotraficantes, lo que podría engañar a parte de la sociedad haciéndoles ver que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está interesado en la seguridad de los ciudadanos.

“No es posible entonces entender como si el Estado quiere respetar la seguridad lo hace a través de la violación de derechos humanos. Para nosotros eso es muy básico no se pueden garantizar derechos violentando otros derechos humanos”, dijo Díaz.

Casos como el de Ayotzinapa, y el papel que jugó el Gobierno, son interpretados en términos de efectos psicológicos por los expertos.

Mientras que Peña Nieto tardó 10 días en pronunciarse respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, le tomaron 12 minutos hacer un anunció público sobre la muerte del actor Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, lo que deja un velo de indiferencia sobre lo que sucede en México.

“Cuando hay una violencia y se comprende qué pasó, cómo fue, eso ayuda mucho a una reconección del pasado, presente y futuro del trauma. Pero en el caso de Ayotzinapa es una incertidumbre no se sabe bien qué pasó. Qué pudo haberlo conducido, qué tipo de móvil pudo haber llevado esa acción. Esa ambigüedad hace que la herida siga abierta, que genere rabia, coraje y una tendencia de agresividad hacia diferentes figuras, que puede ser el Gobierno, el Ejército, los narcos, o quién se imagine la persona”, explicó Marco Eduardo Murueta Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi).

JUSTICIA PERSONAL

Al no haber instituciones públicas que garanticen seguridad, una de las reacciones es el impulso de los ciudadanos para defenderse por sus propias manos o cobrar venganzas, indica Jaquez. Esta sensación de vulnerabilidad, o de estar desprotegido haría que las personas tiendan a tomar posturas más agresivas.

“A nivel social yo he visto noticias cómo las personas hacen justicia por sus propias manos. Es decir, encuentran a un ladrón donde ven a alguien robando y lo linchan. Al sentir que no hay instituciones que les den garantías, dicen, pues bueno, yo voy a tener mi pistola, mi machete, lo que sea. Para que me pueda defender en caso de que alguien me agreda”.

Parte de esta psicología impera en localidades del país donde el sentimiento de desprotección sirvió para la conformación de grupos de autodefensas armados.

Casi al cumplirse el primer año de la administración de Peña Nieto diversos medios estimaron que en el país habían 26 grupos de autodefensa, 20 de ellos en el estado de Guerrero en las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero.

“Justo estos grupos surgen ante un vacío del Estado, un vacío de autoridad, de proveer la seguridad que los ciudadanos necesitamos, y no es que nosotros digamos, que es un asunto que está bien, no, pero sí estamos convencidos que el Gobierno tiene que trabajar para fortalecer sus instituciones para que tenga credibilidad, para que la confianza de los ciudadanos se incremente, y puedan acercarse”, explicó Ortíz Flores, de Causa en Común.

Jaquez sostiene que tomar justicia por sus propias manos funciona como válvula de escape para un resentimiento social. “Muchas de las personas que se suman a tomar justicia por sus propias manos, no son siquiera las afectadas o que fueron víctimas, pero se suman a agredir cuando surge un chivo expiatorio, como podría ser un ladronzuelo”.

EL ANTIHÉROE

La creación de antihéroes es otro síntoma de la inconformidad de la gente con las personas en el poder, explica el psicoanalista Alberto Montes de Oca Tamez, no importa si logran las cosas a través de la violencia, aunque esa fascinación “es algo a todas luces patológica [síntoma de enfermedad]”.

A partir del segundo escape de una prisión de alta seguridad del narcotraficante, Joaquin “El Chapo” Guzmán, el pasado 11 de julio, su figura comenzó a tomar tintes legendarios, como lo constataron diferentes “narcocorridos” y manifestaciones populares que enaltecen al líder del Cártel de Sinaloa.

“Sinaloa está de fiesta porque el jefe de regreso a la casa está…”, reza la letra del “narcocorrido” llamado “La segunda fuga del Chapo”, que interpreta la banda Rejegos, informó el HuffingtonPost.

¿Qué es lo que se esconde detrás de esta fascinación? De acuerdo con Marco Eduardo Murueta: una venganza simbólica

“Es el personaje que logra burlar a las autoridades contra las cuales hay tantos resentimientos acumulados. Son sociedades en vergüenza. Los humilla. Y ellos sienten de que en este caso son ellos humillando a Peña Nieto. Que tanto se había jactado que ya no lo iba a dejar ir. Es una forma de sentir venganza no sólo por ‘El Chapo’, sino por la Reforma Energética, la Reforma Educativa, y demás frustraciones”.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi), los antihéroes responden a la misma función social que tienen las caricaturas o sátiras políticas, que tienen como trasfondo ver humillados a los supuestamente poderosos.

Por otra parte, Montes de Oca Tamez agrega que el caso del “Chapo” es el de alguien que representa a un ciudadano en déficit económico, y que encuentra una salida.

“Representa a un personaje rural marginal, como la mayoría de personas están pasando por problemas de la misma naturaleza y como síntoma lo toman como escudo. Él sí pudo lograrlo, él sí salió, él afronta la autoridad, la enfrenta, la pone en tela de juicio”, interpreta Montes de Oca.

¿NATURALEZA VIOLENTA?

La afinidad por figuras delictivas puede ser sentida consciente o inconscientemente, por personas inmersas en un contexto de violencia, sin embargo, la postura del Instituto Nacional de Psicoanálisis es que las personas no nacen con una naturaleza violenta.

“A nivel psicológico y neurológico el hombre nace bueno por naturaleza. Tiene todos los elementos para poder ser una persona exitosa de bien, con educación y capacidad”, detalló el rector Montes de Oca.

Estar sumido en un contexto violento hace que las personas estén más propensas a adoptar comportamientos disfuncionales, violentos o agresivos, que utilizan para desenvolverse en esos ambientes. Como es el caso de muchos focos rojos de violencia en México, donde la violencia es ambiental, dice el experto.

“Qué sucede ene el intermedio, bueno, pues vamos viendo. Que la falta de oportunidades, de educación, de transparencia, de lo simbólico, educación deficitaria, problemas de alimentación, falta de oportunidades, violencia, pues eso obviamente va a repercutir en la psicología futura”, continúa.

En qué momento se articula lo sano con lo patológico del exterior. Las zonas rojas en el país, tanto en áreas urbanas como rurales, pueden dar lugar a nuevas formas de aprendizaje derivadas de la violencia.

“Si pensamos en pandillas, independientemente, de la edad, por lo general son jóvenes que se asocian a esa sociedad porque les da una protección. Un poco substituyen a una familia, o a la falta de una familia”, explica la encargada del departamento de Psicología de la Universidad La Salle.

Este punto estaría relacionado con la manera en que está estructurada una familia. Durante un seminario sobre el Día de la Familia la maestra Katia Villafuerte explicó que la conformación de las familias en México ya no es la de antes.

“El concepto al que estamos acostumbrados [que es padre, madre e hijos], se ve muy diferente, está muy alejado de la realidad, pues desde hace unas décadas el concepto se ha ido modificando”, citó un comunicado de Notimex. Este fenómeno está directamente relacionado con las condiciones de precariedad que se viven en el país.

Otro aspecto que hace reproducir la violencia es la educación, ya que en México es usual enseñar bajo el condicionamiento.

“Los espantan, los amedrentan como una forma de controlarlos, entonces, más bien la educación promueve la vulnerabilidad de la gente. El miedo es una de las formas de mayor control”, hace hincapié el profesor Murrueta Reyes.

Esta suma de aspectos hacen que los jóvenes mexicanos en ambientes violentos estén más proclives a desarrollar una moral deficiente.

“Si no hay una familia que me ayude a esto. Y me la paso en la calle. Eventualmente, lo aprendo. Y si lo aprendí en casa, lo reproduzco en la calle, en medios sociales como pandillas. Casi siempre alguien que es testigo de violencia suele volverse victimario”.

TERAPIA COLECTIVA

Los psicólogos resaltaron que al igual que el Gobierno ha sido indiferente ante los hechos de violencia, lo es con los efectos en la salud mental que genera este fenómeno.

Los especialistas consideraron que teniendo en cuenta el ambiente violento que hay en el país, a pesar de los matices, deben de haber políticas públicas orientadas a sanar la salud mental de los ciudadanos.

“Si no hay psicoterapia social, o terapia colectiva, entonces se queda el trauma, con o mayor intensidad pero lo arrastran”, explica Eduardo Murueta, quien agrega que la excusa más recurrente en las autoridades es la falta del presupuesto, pero que esta rama de la psicología tiene amplios estudios y beneficios.

El Gobierno federal todavía no tiene la suficiente sensibilidad para considerar lo que los psicólogos podemos aportar en un proyecto como éste. Se pueden hacer desde talleres; dar psicoterapia familiar a las más vulnerables; folletería, videos, campañas, foros de expresión, aspectos culturales y deportivos, hacer protagonistas a las persona”.

Tras el tema de los recursos que podrían conllevar estos programas, Murueta piensa que hay un segundo factor, por el cual las autoridades no están interesadas en sanar a la ciudadanía. “No les conviene, porque sería empoderar a una comunidad y pues eso es riesgoso para los que lo tienen mal habido”, enfatiza.

Los psicólogos indicaron que la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” sería un comparativo suficiente con cualquier otra guerra para decir que las secuelas de violencia en México se arrastran durante generaciones.

Un enfoque de cómo la sociedad busca sanarse a sí misma podría estar en la historia de este país, de acuerdo con Murueta.

“Por ejemplo, todo esto del traumatismo de la Revolución, donde murieron un millón de personas, se compensó un poco con florecimiento cultural que tuvo México en los años 20 con Vasconcelos, Diego Rivera, Frida Kahlo, Agustín Lara, el cine mexicano, esa efervescencia cultural es terapéutica, claro. Pero no sólo el arte. El deporte, el juego, el afecto. La seguridad. Hay muchas cosas que habrían que trabajar. Nosotros tenemos un calendario completo de trabajar”.

Otros aspectos que conllevan a una mayor rehabilitación social, de acuerdo con los consultados, son las condiciones sociales relacionadas con el empleo, el acceso a los servicios básicos y la reducción de los niveles de desigualdad.

– Con información de Notimex y TheHuffingtonPost

Una ola de quejas en el sector salud presionan a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que enfrenta la crisis en un rubro que no fue contemplado en las controversiales reformas estructurales aprobadas en los primeros 20 meses del Gobierno federal. De 11 reformas, sólo una, la del ámbito fiscal, tocó un tema de salud al gravar alimentos y bebidas con alto contenido calórico para reducir su consumo. Sin embargo, en lo que a la atención médica se refiere, el incremento de denuncias de pacientes en distintas instituciones refleja la incapacidad del sistema para resolver demandas ciudadanas.

Ante la petición de mejorar la atención a los usuarios de salud, ampliar la cartera de servicios médicos y reducir los casos de negligencia, la Secretaría de Salud federal ha hecho oídos sordos y centra su discurso en el Seguro Popular, que inició tiempo atrás el ex Presidente Vicente Fox Quesada.

Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, tampoco parece preocupada por los recientes casos de malas prácticas médicas. En mayo pasado reiteró su intención de universalizar los servicios de salud pese a no haber podido impulsar una reforma a la Constitución, ésta abriría el Estado a la participación privada en ese sector.

Dependencias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) realiza, en promedio, seis audiencias de conciliación al día para resolver quejas de usuarios del sistema sanitario mexicano.

¿Qué pasa entonces en un país donde los expertos descartan que el problema para mejorar los servicios de salud sea el presupuesto?

Los 134 mil 847 millones de pesos que destina la Federación al rubro de salud no han reducido las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibe por servicios indebidos, falta de ética, omisiones, ineficiencia y negligencia médica.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Bonifacio Medina Pérez lleva tres horas de pie en la fila de espera del Servicio de Urología del Hospital General de México, vino porque se recupera de una operación que le permitió volver a orinar, pero hace ocho días también estuvo aquí, aguardando horas para cumplir una cita en la que el médico encargado negó atenderlo y le dio cita para la semana siguiente.

Medina dijo estar cansado de lidiar con el servicio del hospital y se replantea si continuar sus chequeos en esas instalaciones. “Ni si quiera te revisan. Sólo le dicen: ‘usted tiene tal cosa’, y te posponen la cita. Yo me imaginaba que como eran médicos lo examinaban a uno. El doctor siempre dice que está muy ocupado”.

La mala experiencia del paciente no empezó hoy, sino hace tres meses cuando dejó de orinar por completo debido a un bloqueo en las vías urinarias. Medina salió de su casa en la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, con destino al área de emergencias del Hospital General de la capital del país. Cuando llegó, para su sorpresa, los doctores le avisaron que su calvario se alargaría 36 horas más.

“Vine de emergencia un sábado a las nueve de la noche, pero me dijeron que no me podían atender hasta el lunes. Pasé todo ese tiempo con dolor y sin poder orinar”, explicó.

Casos como éste se reportan a diario en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recibió 3 mil 684 denuncias de enero del 2014 a junio del 2015. Sin embargo, a partir de estas denuncias la Comisión sólo ha hecho 27 recomendaciones a las instituciones para tomar cartas en el asunto.

Del total de quejas recibidas, el 70 por ciento se acumulan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Lo que llama la atención es que el IMSS es el gran depositario de quejas. Si tuviéramos la estadística de quejas del Seguro Popular, seguramente, superaría con creces al IMSS, pero no, por estar dividido en las 32 comisiones estatales de derechos humanos”, dice Gustavo Leal Fernández, investigador de salud de la Universidad Autónoma Metropólitana Xochimilico (UAM), en entrevista con SinEmbargo.

Lo cierto es que la mayor parte de los escándalos de este año se han dado en esa institución que cuenta con mil 700 instalaciones en la República. El 8 de mayo, 31 bebés del municipio de Simojovel, Chiapas, sufrieron afectaciones luego de ser vacunados contra rotavirus, hepatitis B y tuberculosis. El resultado fue de dos infantes muertos y 29 hospitalizados.

El IMSS, la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) argumentaron, pese a los alegatos de los familiares de los menores, que las vacunas no fueron la causa de la muerte de dos bebés y la hospitalización del resto, pues el cuadro clínico de los menores se debió a la bacteria Staphylococcus hominis, “que se encuentra en la piel de las personas” y no en la fórmula de vacunación.

La comunidad de la Pimienta, en donde los niños fueron vacunados, es una de las 124 comunidades del municipio de Simojovel, catalogado como una zona de alta marginación pues los poco más de 24 mil pobladores que cuentan con algún tipo de asistencia médica del sector público, tienen designados para su atención tan sólo a 32 médicos.

Tras la tragedia, una marcha en la localidad pidió castigo a los directivos del IMSS, Cofepris y el Gobierno de Chiapas. Así como el mejoramiento del sistema de salud. Sin que a la fecha haya cargos penales en contra de algún responsable.

PROCEDIMIENTOS ERRÓNEOS

Otro incidente en el IMSS sucedió el pasado 26 de junio, cuando el médico oftalmólogo Armando Cisneros Espinoza extirpó por equivocación el ojo derecho del bebé de un año Fernando Valdez Gastélum en las instalaciones de la dependencia en Ciudad Obregón, Sonora.

El oftalmólogo Armando Cisneros Espinoza debía extraer el ojo izquierdo del bebé, pues padece retinoblastoma, un tumor canceroso. Pero durante la intervención en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) le extirpó el ojo derecho.

Además, el médico debía colocar una válvula en el ojo derecho, porque el bebé padecía de un glaucoma congénito. Por ello, el infante necesitaba de dos operaciones, la extirpación del izquierdo y la reparación del derecho para evitar que su enfermedad avanzara.

La madre del menor, Marlene Ayala Quijano, denunció que el oftalmólogo se justificó luego del accidente diciendo que el bebé tenía un tumor detrás del nervio óptico que ponía el peligro su vida.

Cisneros Espinoza ya arrastraba desde 2010 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), con número 81/2013, interpuesta por Isela Díaz Lara, madre de un niño de seis años que fue atendido por el médico, quien denunció negligencia médica en el IMSS. Sin embargo, las autoridades permitieron que siguiera en funciones.

“Las negligencias tienen que ver con un pacto o una responsabilidad del equipo de salud cuando atendió”, específico el profesor Gustavo Leal.

Luego de ser citado a declarar en la Procuraduría General de la República el 7 de julio, el médico Cisneros Espinoza subió a un auto y se tapó la cara ante los medios de comunicación. Acompañado de su abogado, Hugo Walldes, el doctor del IMSS se retiró y su defensor aseguró que su cliente alcanzará libertad caucional mediante el pago de una fianza.

Por otra parte, la madre del menor afectado denunció que el médico abandonó Sonora rumbo a Guadalajara, Jalisco, basada en la información que le proporcionaron familiares y amigos del doctor Cisneros Espinoza.

Otro suceso más reciente en el IMSS se dio en Coahuila, el 8 de julio, en el que dos practicantes del Hospital General de Zona Número 1 de Saltillo lesionaron el pene a un recién nacido, al confundirlo con el cordón umbilical.

Los padres del pequeño declararon que tras sacar al bebé del vientre, dos practicantes hicieron tres incisiones, esto sin la supervisión de la doctora en turno, de aproximadamente un centímetro de profundidad en el pene del bebé.

El padre, Diego Rangel, acudió a presentar su denuncia en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam). En respuesta, el IMSS no se hizo cargo de estas acusaciones y se limitó a aceptar que hubo una lesión en la piel del prepucio, pero que fue corregida a través de una circuncisión.

El IMSS que concentró el 70 por ciento de las quejas, de enero 2014 a junio 2015, en la CNDH y el 55 por ciento en la Conamed, en 2014, cuenta con un presupuesto de 497 mil 695 millones de pesos. Por lo que eficientar estos recursos es clave para aminorar los casos de negligencia.

“El eje transversal no serían más recursos, sino que esos mismos recursos en el IMSS, ISSSTE y las 32 entidades federativas fueran utilizados con una prioridad sanitaria. Y, ¿por qué no lo tenemos? Evidentemente los equipos que se han apoderado de la política de salud, básicamente la Fundación Mexicana para la Salud, no están interesados en mejorar servicios, sino en abrir el mercado a los prestadores privados”, considera el profesor Gustavo Leal sobre este tema.

En el caso de la Conamed la distribución de quejas recibidas por institución es la siguiente:

CASOS EN AUMENTO

La Conamed recibe cada año alrededor de 18 mil solicitudes, entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades. Son estas últimas las que derivan en quejas que son tratadas en audiencias, en primera instancia de conciliación, y segunda, de arbitraje.

De acuerdo con Miguel Lezana Fernández, director de Difusión e Investigación de esa dependencia, en el primer semestre de este año se recibieron 8 mil solicitudes de gestión y 650 inconformidades o quejas.

A diferencia de los tribunales, la Conamed carece de facultades para castigar penalmente o remover una cédula médica.

“Nuestras audiencias resuelven conforme la queja del paciente, éstas pueden conllevar una retribución económica de parte del médico. Al final un equipo de doctores y abogados determina en un laudo, si absuelve o condena el caso”, explicó Lezana.

Las estadísticas de la Conamed arrojaron que el número de inconformidades aumentó de mil 651 en el 2010 a ser 2 mil 50 en el 2014.

Una inconformidad puede tener varios motivos, el año pasado los afectados registraron en la Conamed que 3 mil 333 de éstos fueron por diagnósticos; 2 mil 299 por relación médico paciente; 613 por tratamiento médico; 496 por deficiencias administrativas; 98 por auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 92 por atención a parto; 75 por accidentes e incidentes y 75 por tratamiento quirúrgico.

Alberto Arellano Méndez, gerente del área del Laboratorio de Salud de la consultora PwC, opinó que es posible que estas quejas vayan en aumento conforme las personas van teniendo más conocimiento de los servicios que presta la institución y tienen acceso a medios electrónicos para colgar las denuncias en línea.

“La idea es bien importante y es que los pacientes conozcan a cabalidad sus derechos, que sepan que tienen derecho a una segunda opinión médica, yo tengo derecho a preguntar lo que no me quede claro. Tengo derecho a que me expliquen con un lenguaje adecuado a mi nivel académico”, dice en entrevista.

POR ENTIDAD

Del 2010 al 2014, entre las entidades que registraron un aumento en las peticiones de intervención de la Conamed sobre servicios de salud estuvo Campeche, donde subieron 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán, 47; Zacatecas, 43, y Quintana Roo, 34.

Por el contrario, las entidades que reportaron descensos fueron Tlaxcala con 44 por ciento; Hidalgo, 43; Puebla, 39; Aguascalientes, 38, y Oaxaca, 34.

“Cabe mencionar que son 26 comisiones estatales de arbitraje médico. Estas comisiones estatales dependen de los gobiernos de los estados, aunque tenemos un trabajo de coordinación con cada uno de ellos y un mismo modelo”, destacó Miguel Lezana Fernández, director de Difusión e Investigación de la Conamed.

Las entidades tienen bajo su jurisdicción el uso de los recursos que se asignan a salud en el caso de programas como el Seguro Popular, el cual no cuenta con instalaciones propias pero abarca, junto con el Programa de Inclusión Social y la prestación de servicios a los diferentes niveles de atención a la salud, el 73.5 por ciento de los 134 mil 847 millones de pesos asignados al rubro de Salud por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Cada estado se vuelve dueño de ese recurso y el impacto que éste tiene en materia de lo que sería la votación de la infraestructura se vuelve estrictamente de la entidad. Entonces, la Federación en este modelo muy equívoco del Seguro Popular es incompetente para que este dinero luzca en términos del cumplimiento de los parámetros de infraestructura”, consideró Gustavo Leal .

MÉDICOS SEÑALADOS

En junio de 2014, un juez dictó órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos del Hospital de Pediatría del IMSS en Jalisco por el presunto delito de negligencia médica en la muerte de un joven de 15 años a finales del 2009.

Los doctores se pusieron a disposición de la Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara, donde se les dictó auto de formal prisión. Ahora, los procesados enfrentan el proceso penal en libertad  bajo caución, gracias a un amparo.

El padre del fenecido, Sergio Valente Gallardo Ramos, ha dicho en reiteradas ocasiones que los médicos fallaron al diagnosticar el padecimiento del menor. El muchacho llegó al hospital con un cuadro asmático y fue sometido a 15 cirugías abdominales, luego de 55 días el joven murió.

El certificado de defunción señaló una infección intestinal, cuando la posible causa fue una tuberculosis intestinal.

Por otra parte, el proceso legal que enfrentan los médicos desató una ola de marchas del gremio galeno a los médicos de Jalisco, por considerar injusto su procesamiento.

El doctor Renato Núñez Ortíz, médico y gerente senior de PwC, reconoció que hay errores médicos que pueden ser evitados, por lo que existe una importancia en preservar sistemas ayuden a minimizar el riesgo de equívocos.

“En todos los hospitales hay una cadena de mando. Esa es la primer supervisión que existe. Muchos hospitales se dedican a la docencia, entonces, está desde el estudiante, también está el médico interno de pregrado, luego los residentes, pero atrás de ellos está el médico adscrito, que tiene todas las credenciales y las cuales demostró a la institución que está trabajando”, destacó.

De acuerdo con el experto, muchos de los errores que se cometen pueden ser por las largas jornadas de trabajo a la que están sometidos los médicos. Así como aquellos que salen de una cirugía para entrar en otra. Lo que implica un mayor grado de coordinación entre compañeros para poder relevarse y descansar lo suficiente.

“No es excusa pero afectan. Es un sistema que ya lleva años en nuestro país, que no ha sufrido cambios, suena contradictorio que nosotros seamos médicos y que sometamos a otros médicos sabiendo lo que puede suceder en un momento dado”, explicó.

DISCRIMINACIÓN E INEQUIDAD

Organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza afirman la diferencia de asignación de recursos que provee el Estado a las instituciones públicas genera diferenciaciones en el trato a los pacientes.

En una comparación entre los servicios del Seguro Social y el Seguro Popular, las organizaciones sostuvieron que “hay diferencias en los recursos públicos asignados, en la cobertura de enfermedades, en los tratamientos médicos, intervenciones, que afectan el servicio y calidad. Y esto desde luego viola el artículo primero de la constitución a la no discriminación”, a través de un comunicado de prensa el 13 de julio.

Debido a esta distribución, los recursos del Estado se estarían destinando más a las personas con ingresos más altos de la sociedad. Y gasta cada año 2 mil pesos más por persona para quienes tienen seguro social, que para quienes no tienen.

Y es que de acuerdo con la estratificación por deciles de la sociedad, un método para visibilizar los diferentes niveles de ingresos de los mexicanos, los pobres son los más afectados en el acceso a la salud, de acuerdo con las organizaciones civiles.

“Sólo el 4 por ciento de los hogares con menores ingresos [del decil I] tienen seguridad social, mientras el 63 por ciento de los hogares con mayores ingresos (del decil X) tienen seguridad social”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

También se dice que los recursos no llegan a donde deben de llegar. Hay recursos crecientes pero eso no se ha reflejado en mejor calidad ni en el gasto de bolsillo, que es el que los ciudadanos tienen que desembolsar para sufragar sus gastos médicos.

Entre el 2004 y el 2013 el gasto público total en salud pasó de 231 mil millones de pesos a 524 mil millones esto es un incremento de 58 por ciento en términos reales, aseveraron fuentes de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Siguiendo esos datos, el incremento fue de más del doble para quienes no tienen seguro social, 114 por ciento, durante ese mismo periodo, y el número de unidades de salud se incrementó sólo 14 por ciento; el número de establecimientos con servicios de hospitalización 23 por ciento y el número de camas en hospitales 13 por ciento.

“Estos aumentos son una proporción relativamente pequeña, el sistema de salud está fragmentado. Algunos de los síntomas de esta mala distribución o circulación de recursos se pueden ver en las colas y la dilatación en la atención para los pacientes”, dijo Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud, el 99 por ciento del gasto total de medicamentos en México lo pagan las personas como gasto de bolsillo, expusieron las asociaciones.

Otra parte importante del problema es que no existe un mecanismo de seguimiento ciudadano más allá de la iniciativa de las organizaciones civiles. El Gobierno puso en marcha sistema Aval Ciudadano, que depende de la Dirección General de Calidad de la SSa. Sin embargo, éste tiene muy poca influencia en la gestión propia de los servicios.

“En la práctica el Aval Ciudadano es una contraloría social no ciudadanizada porque depende de la Secretaría de Salud. Y directamente, de sus partes a nivel estatal”, dijo Gómez Hermosillo.

UN GOBIERNO INDIFERENTE

El nivel de quejas está relacionado con la calidad del servicio. Sin embargo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no cambió la política de salud de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, más que cuando al inicio de su mandato intentó buscar una Reforma de Salud, que universalizara los servicios sanitarios a los mexicanos con la inclusión de participaciones privadas en dicho sector.

No obstante el Gobierno busca otras rutas de universalizar la salud mediante convenios de intercambio de servicios entre el IMSS y el Seguro Popular y alianzas con el sector asegurador, pese a que las demandas sociales están encaminadas a mejorar los servicios, ampliar el catálogo de los mismos y reducir la negligencia médica.

“El equipo de Peña Nieto puso esta sofisticación de la universalización de la salud y la segunda cosa es que entregó la política de salud a un grupo de interés que es la Fundación Mexicana para la Salud, que colocó a la actual secretaria Mercedes Juan en el cargo. Ella nunca pensó en las dos quejas o demandas ciudadanas, sino en la Fundación”, refirió el profesor Gustavo Leal.

De acuerdo con Leal, la situación de las quejas durante el Gobierno de Peña Nieto se agravó al continuar con las mismas prioridades sanitarias de los dos gobiernos panistas anteriores, que no pusieron atención en las demandas ciudadanas, sino al fortalecimiento de un seguro popular que pueda redirigir a empresas privadas los servicios que no cubre.

“La gran cantidad de partos que tienen lugar fuera de las clínicas, la demanda a 16 médicos, el caso de un médico que operó un ojo que no era, todo esto en su conjunto lo que te está hablando es que el Estado se ha replegado en términos de la infraestructura adecuada, recursos, insumos y medicamentos. Entonces, el personal de salud que labora en esas condiciones es el que resulta victimizado, cuando la verdad es que esta queja de negligencia apunta a la falta de infraestructura que tiene que ver en efecto por un problema presupuestal diseñado por el Ejecutivo”, concluyó.