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La próxima Secretaria de economía. Foto: Cuartoscuro.

Dra. Graciela Márquez Colín:

Es posible que se pregunte la razón por la cual se dirige a usted una carta por la salud cuando en el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido presentada como la próxima Secretaria de economía, no como Secretaría de salud.

Me explico, nos explicamos, sé que hablo por quienes venimos trabajando desde la sociedad civil en temas de políticas públicas y derechos. En el abandono del estado del bienestar, de la política por el bien común, el papel de la Secretaría de Economía ha sido central. Con el control que ejerce sobre la creación de las normas oficiales mexicanas, con el dominio que ejerce sobre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por donde pasa todo tipo de regulación para su evaluación, consulta y aprobación; y, a través, de la defensa de los intereses de las corporaciones que realiza en los acuerdos comerciales y organismos internacionales, la Secretaría de Economía se ha encargado de que prevalezcan los intereses privados de las grandes corporaciones sobre el bien público.

Mención aparte está la falta de independencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) frente a la Secretaría de Economía, su muy pobre labor en la defensa del consumidor, su papel relegado a un trampolín político que ha provocado que en este sexenio se hayan nombrado ya seis procuradores, de los cuales sólo una mostró vocación por la defensa de los consumidores. Como la mayor parte de los organismos gubernamentales, la PROFECO cuenta con un Consejo que está ocupado, principalmente, por representantes de la industria, de los intereses económicos. Es decir, tienen un asiento en este consejo para defender los intereses de sus empresas, no para defender los intereses de los consumidores.

No es posible pensar en una verdadera política de prevención de la obesidad y la diabetes en México o creer que podemos proteger los recursos naturales para nuestros hijos y nietos, sin una política integrada en esta dirección por parte de la Secretaría de Economía.

Este proceso de secuestro de la política por los intereses económicos se realiza a través de múltiples acciones y quiero llamar su atención y la de su equipo sobre lo que está pasando en las renegociaciones del TLC, que el gobierno electo debe atender. En el TLC, a nuestras espaldas, la Secretaría de Economía, manejada por los intereses de las grandes corporaciones, como manejan  a Donald Trump, está pretendiendo avanzar en una renegociación que terminaría por reventar la salud de los mexicanos, atándonos de manos para no poder implementar dos políticas claves para enfrentar las ya declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.

Si el gobierno de Trump no tuvo empachó en amenazar, recientemente, con sanciones comerciales y el retiro de su colaboración militar a Ecuador, si este país mantenía la propuesta de incluir en una resolución de la Organización Mundial de la Salud la recomendación a todas las naciones de “proteger, promover y apoyar la lactancia materna”, podemos imaginar lo que puede estar negociando la administración Trump a puerta cerrada con el actual gobierno mexicano para defender a la industria de la chatarra y los refrescos.

El escándalo internacional que provocó la revelación de esta postura del gobierno estadounidense en contra de toda la evidencia científica sobre la importancia de la lactancia materna en la protección de la salud, no sólo de los recién nacidos, también de las madres, llevó a Trump a dar marcha atrás y realizar declaraciones a favor de la lactancia materna.

La postura de Trump a favor de la gran industria de los sucedáneos de la leche materna se refleja también en su postura a favor de la gran industria de la chatarra y las bebidas azucaradas en las renegociaciones del TLC. Esta postura puede ser un clavo más en la dañada salud pública de los mexicanos que presentamos una de las mayores incidencias en obesidad y diabetes en el mundo.

Antes que el New York Times lo diera a conocer, en conferencia de prensa denunciamos que el representante de EUA en las renegociaciones del TLC, con el apoyo de cabilderos de la gran industria de la chatarra y bebidas azucaradas de México, específicamente Jaime Zabludovsky de ConMéxico, había presentado una iniciativa para prohibir a las tres naciones de Norteamérica el establecimiento de etiquetados de advertencia al frente de los alimentos y bebidas no saludables. Una regulación apoyada por la OMS que está demostrando ser una de las mejores herramientas para combatir el sobrepeso y la obesidad, por lo cual, rápidamente, se han convertido en una de las políticas más combatidas por estas grandes empresas: Coca Cola, Pepsico, Nestlé, Kellog´s, Kraft, Unilever, etc.

El New York Times, días después, dio a conocer el contenido de este documento. Este tipo de etiquetado ya está aprobado por el gobierno canadiense y ha puesto a consulta de la población algunas variaciones mínimas en su diseño, para que sean los canadienses los que elijan la más adecuada para ellos. Por su parte, en México el etiquetado frontal de advertencia lo recomienda el mayor grupo de expertos que recuerdo se ha constituido con investigadores de los institutos de salud del país, de universidades públicas y privadas, del IMSS, del ISSSTE, miembros de la Academia Nacional de Medicina, de decenas de sociedades médicas, muchos de ellos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, incluyendo a los directores del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El grupo de expertos señalan la necesidad de aplicar, de manera urgente, un etiquetado frontal de advertencia a los productos no saludables en México.

Unos días después del reportaje en el NYT, el representante del gobierno canadiense en las negociaciones del TLC declaró públicamente en contra de esta propuesta del gobierno estadounidense. Por su parte, el silencio del gobierno mexicano muestra su muy posible complicidad con esta propuesta, confirmándose que Jaime Zaludovsky participa en estas renegociaciones. Todo indica que una vez más las posturas en las negociaciones del TLC por parte del gobierno mexicano las establecen los propios cabilderos de la industria, llevándose de por medio los intereses públicos, en este caso, la salud pública.

El Insitute for Agriculture and Trade Policy de los Estados Unidos acaba de publicar el artículo “Junk Food, Junk Provisions. Nafta 2.0” en el que da a conocer que en las renegociaciones se pretende también establecer prohibiciones a que los gobiernos establezcan políticas que limiten la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños. Pone de ejemplo que en estas negociaciones se cancelaría la posibilidad de que, por ejemplo, los gobiernos prohíban el uso de personajes de caricatura al frente de las cajas de cereales. Se pretende establecer que no podrán ser prohibidos el uso de logos, mascotas, íconos y todo aquello que usan estas empresas para atraer a los niños a la compra de alimentos y bebidas no saludables. Con estas provisiones se estarán cancelando dos regulaciones esenciales para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad, regulaciones recomendadas por la OMS, OCDE, CEPAL, UNICEF, FAO y diversos organismos internacionales y nacionales.

A pesar de las recomendaciones internacionales, de las declaraciones de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México,  y del éxito de estas regulaciones, la representación mexicana en las renegociaciones del TLC no se manifiesta en contra de estas iniciativas, lo que nos hace pensar que está a favor. La Secretaría de Economía, existe evidencia documental suficiente, ha venido representando el interés de estas corporaciones y contraponiéndose a lo que debería ser la política de salud pública en un país, el nuestro, que es el primero en declarar emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes.

La posibilidad de que se desarrollen negociaciones binacionales nos pone en mayor riesgo, sacando de las negociaciones en estos temas a Canadá que se ha opuesto a estas iniciativas. En nuestro país no existen recursos económicos para enfrentar la dimensión de los efectos que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes están provocando y que tienden a agudizarse si no se desarrollan políticas preventivas, de manera urgente, como lo recomienda el grupo de expertos mexicanos en el caso del etiquetado frontal.

Es responsabilidad del gobierno electo impedir, por todos los medios, que el gobierno actual acepte este tipo de iniciativas que sacrificarían aún más la salud de los mexicanos. Sabemos que no han tomado posesión, pero tienen toda la legitimidad para exigir, de cara a la nación, que el gobierno actual no negocie nuestra salud.

La reforma al artículo 4° constitucional garantiza el derecho humano al agua. Foto: Cuartoscuro

“Todo bien económico es un bien escaso”, es decir, para darle valor económico a un bien hay que convertirlo en un bien escaso. Diversos recursos que eran considerados bienes públicos se han ido convirtiendo en recursos privados, es decir, se han privatizado.

“Me pregunto si caminamos hacia la Gran Guerra Mundial del Agua”, señaló el Papa Francisco durante el Seminario que organizó en el Vaticano en febrero de 2017. El consumo de agua por persona se ha disparado al igual que la población mundial y esta ecuación, junto con la privatización, dispara las disputas por el agua. Agregó: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”, “El respeto del agua –continuó– es condición para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”.

La polémica sobre los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Peña Nieto, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, ha generado mucha confusión al salir a la escena, en defensa de estos decretos, algunos actores como la organización World Wildlife Fund. Los decretos fueron así, podemos decir, maquillados de verde. Los decretos levantan la veda al 55 por ciento de los recursos superficiales de agua del país, lo cual no es poca cosa. Para escribir esta nota he confirmado información con Claudia Campero de la Coordinadora Mexicana por el Derecho al Agua y con Nathalie
Seguin de la Red Mexicana de Acción por el Agua.

De inmediato, la primera reflexión que uno se hace es si es mejor quedarse con el 27 por ciento de agua de estas cuencas para asegurar el caudal ecológico y mantener los beneficios ambientales o mantener la veda que garantiza el 100 por ciento del caudal o, al menos, una mucho mayor parte del mismo. Esta consideración la he encontrado en otra organización conservacionista Pronatura que se ha destacado en varias ocasiones del conservacionismo oficial ya que Pronatura se ha establecido por regiones, manteniendo cierta independencia del centro. Pronatura Noreste declara en un comunicado de prensa:
“consideramos que en estos momentos no era inaplazable reservar estos volúmenes, ya que las cuencas ya estaban protegidas por vedas”. La reflexión es simple, a menos que se le haya dicho al conservacionismo oficial: “miren, vamos a concesionar estos recursos (la palabra privatizar suena mal) y les ofrecemos 27 por ciento de esos recursos para conservación ecológica”. Y, entonces, el conservacionismo oficial pensó: “peor es nada”.

Los decretos representan una amenaza, sin duda, y paso a un ejemplo concreto que brinda Pronatura Noreste. Debemos ver este tema, con casos concretos de cada cuenca para poder entender su magnitud:

“En el caso concreto de las cuencas de San Fernando Soto la Marina, hay una alta disponibilidad, por lo que no existe una fuerte presión hídrica. Al quitar la veda –un instrumento sumamente eficaz para regular el uso y aprovechamiento de las cuencas-, se establece una reserva ambiental por el 39 por ciento del volumen, una reserva para el uso público/urbano cercano al 1 por ciento y un volumen restante se libera al aprovechamiento, abriendo la posibilidad de que sean destinados a la extracción de gas lutita con inyecciones de agua a presión (i.e. fracking). Consideramos que, en estos momentos, estas acciones no eran necesarias y crean un riesgo en la seguridad hídrica y equilibrio ecológico de la cuenca”.

El caso concreto de las cuencas de San Fernando Soto la Marina muestra en los hechos que si existe un objetivo en estos decretos son las concesiones, que en la práctica son una privatización del recurso por 5 a 30 años. En este caso, todo indica que el sentido está dirigido a la concesión de agua para el fracking, una práctica que requiere de grandes cantidades de agua para ser inyectadas al subsuelo, junto con un coktail de químicos, para extraer gas. Nathalie Seguin me explica que hay coincidencias, en varios casos entre las regiones afectadas por los decretos y aquellas en las que se proyectan extracciones de gas a través de fracking. Hay que revisar también las coincidencias con las zonas concesionadas para la industria minera que sin estas concesiones no pueden operar. Y no hay que dejar de considerar la demanda de las embotelladoras de refrescos y cervezas.

Todo hace pensar que los decretos más que estar dirigidos a la conservación están dirigidos a poder concesionar estos recursos a las industrias extractivas (fracking, minería y bebidas). Y como se concluye en el ejemplo de las cuencas de San Fernando Soto la Marina, el resguardo para la conservación ambiental de un 27 por ciento o de 39 por ciento, no garantiza la conservación si el resto del recurso comienza a concesionarse. Esos niveles de concesión pueden “crear un riesgo en la seguridad hídrica y equilibrio ecológico de la cuenca”.

Y vuelvo a la cita del Papa Francisco: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”.

En los decretos firmados por Peña Nieto sorprende que no hay ninguna referencia al derecho humano al agua, y sorprende que las organizaciones y expertos del conservacionismo oficial no hayan exigido que estuviera este reconocimiento explícito al derecho humano al agua.

La reforma al artículo 4° constitucional garantiza el derecho humano al agua. El gobierno mexicano ha firmado instrumentos internacionales en los que se compromete a garantizar el derecho humano al agua como la resolución de Naciones Unidas A/RES/64/292 y la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los decretos que afectan al 55 por ciento de los recursos de agua superficiales de la Nación no mencionan el derecho humano al agua establecido en la Constitución. Esto ocurre en un país donde el 25 por ciento de las personas no tienen acceso regular a agua en sus hogares, en el país que tiene el mayor consumo en el mundo de agua embotellada, todo por un abandono e incapacidad gubernamental.

“El respeto del agua –señaló el Papa Francisco– es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”.

Nota. La frase que encabeza este artículo: “Quién controla el agua, controla todo” es de Rango, personaje principal de la película del mismo nombre que obtuvo el Oscar en 2012 a la mejor película animada. El tema principal de Rango es el acceso al agua.

“La exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, la Dra. Margaret Chan, señalaba que antes las epidemias las transmitían los mosquitos pero que estos insectos no tenían los recursos y cabilderos que tienen las grandes corporaciones que ahora trasmiten las epidemias de obesidad, cardiopatías, cáncer, etc. En base a esta declaración la Alianza por la Salud Alimentaria creó esta imagen de “Los Mosquitos del siglo XXI”, los mosquitos que cuentan con los recursos y los cabilderos de las grandes corporaciones”. Foto: Especial.

La democracia en el mundo, más que ser amenazada por regímenes autoritarios, está siendo destruida por el poder de las grandes corporaciones, por la llamada corporatocracia. Los funcionarios sirven a los intereses de las grandes corporaciones y no al bien común. Las consecuencias están ahí, de frente, en la destrucción ambiental, el deterioro de la salud y el aumento de las desigualdades.

El poder económico se convierte en poder político y se somete a los gobiernos que no tienen controles democráticos directos, es decir, donde los ciudadanos no ejercen la vigilancia y evaluación del ejercicio administrativo. Trump en Washington, en uno de los países que suelen llamarse democráticos, ejerce el poder a favor de las corporaciones que se han convertido en sus aliadas. Para ello, el objetivo central está en combatir la ciencia, la evidencia, para ello se desmantelan los organismos regulatorios, para quitarles ese papel de exponer la evidencia. Para su administración la evidencia de la relación del consumo de combustibles fósiles con el cambio climático y del consumo de alimentos y bebidas no saludables con la obesidad, no existe.

Aunque la postura de Trump nos puede parecer extremadamente radical, estamos en una situación muy similar. En México el poder de las grandes corporaciones incrustado en COFEPRIS y en parte de la Secretaría de Salud, en especial, durante la primera administración de esta Secretaría, negó la evidencia científica para favorecer a las grandes corporaciones de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, de la comida chatarra y de los refrescos.

La Coporatocracia dictó la política contra la obesidad y, por tanto, la secuestro. Se estableció la Gran Simulación. COFEPRIS y la Secretaría de Salud de Mercedes Juan expulsó de toda consulta al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a la Academia Nacional de Medicina y a la propia Organización Panamericana de la Salud. Ignoró las reacciones en contra del etiquetado que COFEPRIS estableció en contubernio con ConMéxico, organismo que representa a las grandes corporaciones de la chatarra y las bebidas azucaradas. No respondió a las críticas y observaciones que de manera escrita, en teleconferencias y talleres, le expresó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ignoraron las denuncias que presentamos desde la sociedad civil.

Los funcionarios al servicio de la Corporatocracia hicieron oídos sordos. Sin embargo, la evidencia por acceso a la información, por cartas confidenciales de la OMS/OPS hechas públicas, por investigaciones, de que la regulación del etiquetado y de la publicidad dirigida a los niños se realizó con la industria excluyendo a los institutos y organismos del Estado creados para dar la evidencia científica y la base para las políticas de salud pública, puso en alerta a la Corporatocracia.

Al tiempo que esto sucedía en México, en Canadá avanzaba la comunidad de salud pública y un ministerio de salud, realmente al servicio del bien público, en el diseño de un etiquetado frontal de advertencia para los alimento y bebidas no saludables, un etiquetado que advierta al consumidor si un producto es alto en azúcar, grasas, sodio, calorías.

“Etiquetado frontal de advertencia en Chile con un gran impacto en elecciones más saludables por los consumidores y en la reformulación de los productos por parte de la industria. Reconocido por la organización Mundial de la Salud, la Organización de naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre otros organismos internacionales”. Foto: Especial.

Al panorama, se suma que en México, la comunidad científica, investigadores de institutos de salud, de universidades y miembros de las academias de ciencias han presentado una propuesta de un etiquetado frontal de advertencia a la propia Secretaría de Salud.

Como los documentos internos de Coca Cola lo establecen, estas políticas deben de ser contratacadas y así ha sido. El consumidor no puede recibir ninguna información que le advierta que un producto es alto en azúcar, grasas, sal. Hay que mantener la ignorancia, hay que contratacar.

Como lo denunciamos hace un par de semanas y lo ha hecho posteriormente el New York Times, estas corporaciones, a través del gobierno estadounidense, en acuerdo con negociadores mexicanos, han presentado una propuesta en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que propone prohibir a cualquiera de los tres países establecer un etiquetado frontal de advertencia para este tipo de productos.

La iniciativa parece ser que fue propuesta por las corporaciones al gobierno estadounidense a través de su principal cabildero en México, Jaime Zabludovsky, presidente de ConMéxico, exjefe de negociación del TLCAN en 1992-94 y uno de los representantes de la iniciativa privada mexicana en las renegociaciones del TLCAN, actualmente.

Sin embargo, la iniciativa puede resultar contraproducente para la propia industria. Las primeras evaluaciones jurídicas en los tres países por grupos de expertos señalan que esta iniciativa no puede ser parte de un acuerdo comercial, que los etiquetados frontales son una regulación recomendada como una política de salud y que los acuerdos comerciales no pueden estar por encima ni limitar una política nacional de salud.

En los Estados Unidos la propuesta de introducir un etiquetado frontal de advertencia que pueda simplemente decir que un producto es alto en azúcar, grasas, sodio, calorías, era algo impensable frente a la fuerza que tienen las corporaciones en el Congreso. Trump acababa de echar para atrás la ya aprobada medida para que los productos, en su parte posterior, informaran en gramos la cantidad de azúcar que se les había añadido. Es decir, la propuesta de que tuvieran sellos de advertencia en el frente del producto no se había considerado por estar extremadamente lejana.

La iniciativa de la Corporatocracia estadounidense, apoyada por su parte mexicana, especialmente por los negociadores, está llevando esta discusión a los medios y los especialistas estadounidenses en salud pública y derecho. Podría lograr lo que no era posible, pensar que esta debería ser una alternativa en ese país que presenta una de las mayores incidencias de obesidad en el mundo, justamente por el alto consumo de estos productos.

La Corporatocracia quiere actuar a escala trinacional buscando secuestrar las políticas contra la mayor epidemia de salud pública que se vive en la región: la obesidad. Se espera una clara y firme reacción del Ministerio de Salud de Canadá, esperaríamos una similar de la Secretaría de Salud del Dr. Narro, ahora integrante de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles. Hay que recordar que la Secretaría de Salud que preside el Dr. Narro recibió recomendaciones de retirar el etiquetado frontal que COFEPRIS estableció por parte de la propia OMS, Además, la OMS, a través de su oficina regional de la OPS recomienda los etiquetados frontales de advertencia para enfrentar las epidemias de obesidad y diabetes, el tipo de etiquetado que la iniciativa en la renegociación del TLCAN prohibiría.

Hay que preguntarnos, hay que preguntarle al Dr. Narro, si nos quedaremos en la Corporatocracia que heredamos en materia de combate a la obesidad o pasaremos a una política verdadera de salud pública, donde el interés esté en el bien común y la política se diseñe con ese fin.

Desde Trump en Washington, hasta los fujimoristas en Perú, pasando por Piñera en Chile, hay muchas expresiones del poder de las corporaciones y cómo diferentes gobiernos sirven a esos intereses.

En México el referente a los hábitos de nuestro Presidente no es bueno, se ha viralizado su declaración pública de ser un consumidor cotidiano de Coca Cola. Foto: Especial.

Sin duda, lo que nos falta en México son buenos ejemplos. Se trata de ética, de entrega al servicio público, de honradez, de empatía. Siempre existirán la crítica, las visiones encontradas, las historias transgiversadas, los intereses ocultos o las ideologías para desacreditar. Sin embargo, la ética, el servicio, la honradez, la empatía son elementos que logran traspasar prejuicios y atenuar algunas ideologías.

En las sociedades enfermas por los nuevos estilos de vida, por la alimentación insana y el sedentarismo, los dirigentes de las naciones han tendido a convertirse en buenos ejemplos en salud mostrando una alimentación saludable y realizando actividad física.

En México el referente a los hábitos de nuestro Presidente no es bueno, se ha viralizado su declaración pública de ser un consumidor cotidiano de Coca Cola, “de Coca Cola Light”, una declaración que realizó al lado de los directivos de esta empresa, en el país que tiene el mayor consumo mundial de productos de esta empresa. Por otro lado, y de manera más positiva, al Presidente se le ha visto activo en varias carreras o saliendo a correr por gusto con sus escoltas. Sin embargo, ni el Presidente ni su esposa han tomado un papel importante en promover estilos de vida saludables, en promover una buena alimentación, en promover la actividad física, en un país que presenta una de las mayores incidencias de sobrepeso, obesidad y diabetes en todo el orbe.

Del otro lado de la frontera norte, en cambio, Barack y Michelle Obama tomaron un compromiso abierto en promover estilos de vida saludables en su vida cotidiana y, especialmente, con los niños. En la Casa Blanca establecieron un huerto al que invitaban a los niños a sembrar y cosechar. Y, no sólo eso, enfrentaron fuertes resistencias para promover una regulación que mejorara los alimentos que se sirven en los programas de asistencia en las escuelas federales. Una medida importante que apoyaron fue que en la etiqueta de los alimentos y bebidas se estableciera la cantidad de gramos de azúcar que se le ha agregado al producto. Una información que la industria se ha negado a hacer pública violando el derecho a la información de los consumidores. Una información básica a la que no tenemos acceso.

Pero, como cualquiera puede imaginarse, esto cambió con la entrada de Donald Trump. Se sabe que en la cocina de la Casa Blanca si hay que poner un aderezo para el Presidente se trata de una triple ración de salsa Mil Islas y para los invitados vinagreta. Y de postre, doble ración de helado para el Presidente mientras se sirve una a los invitados. Contrastan las imágenes de Obama y Michelle promoviendo el consumo de frutas y verduras entre los niños con las de Trump sentado en su avión comiendo paquetes de KFC y McDonald´s, y con la ausencia de su esposa Melanie que sólo aparece para posar en actos protocolarios.

Para Trump el tema de los buenos hábitos de alimentación y el ejercicio es un asunto para que las mujeres se vean atractivas, así es como su mujer Melania y su hija Ivanka llevan estrictas dietas y ejercicios. En su sentido machista, la alimentación sana y la actividad física no son un asunto de salud, es un requisito para la belleza y la atracción femenina. Este es el ejemplo que Trump transmite. Es conocido el caso cuando Trump llevó a medios de comunicación a un gimnasio para exhibir cómo la Miss Universo, Alicia Machado, había aumentado de peso y ponerla a bajar de peso frente a las cámaras. El trato de Trump a Alicia Machado lo contó ella al periodista Jorge Ramos http://bit.ly/1Truklx

La tradición en Estados Unidos de los presidentes volviéndose un ejemplo de hábitos saludables ha sido tanto de demócratas como de republicanos. Con Obama y Michelle el ejemplo se convirtió en una campaña política para enfrentar el sobrepeso y la obesidad en un país afectado por los malos hábitos de alimentación como muy pocos otros. Pero poco fue lo que pudieron hacer los Obama frente al enorme poder de las corporaciones de alimentos que, incluso, llevaron a que el congreso declarara que las pizzas deberían ser consideradas como parte del consumo recomendado de vegetales, por el contenido de tomate, al interior de las escuelas.

Para Trump el tema de los buenos hábitos de alimentación y el ejercicio es un asunto para que las mujeres se vean atractivas, así es como su mujer Melania y su hija Ivanka llevan estrictas dietas y ejercicios. Foto: Especial.

El mayor avance de los Obama se dio con las reglas establecidas por la administración para los alimentos en las escuelas federales que se enfocaron en reducir el consumo de harinas refinadas por harinas integrales y bajar el contenido de sal. Basto unos meses para que el secretario de Agricultura de Trump tirara abajo parte de estas reglas. Trump ha tomado la misión de combatir el legado de Obama y en materia de alimentación también se propone posponer la obligación de que los productos muestren en su etiquetado la cantidad de azúcar que les han añadido en su procesamiento.

El ejemplo en salud de3 los mandatarios no sólo se queda en los hábitos personales que se exhiben, en el caso de un Presidente, de un secretario de salud, se trata de las políticas que promueven para salvar a sociedades que enferman, principalmente, por el deterioro de su alimentación.  Con Trump la industria de alimentos y bebidas está feliz, aquí también, desde que han tomado el control de la política frente a la obesidad y la diabetes, poniendo un etiquetado que nadie entiende, permitiéndose seguir con su publicidad multimillonaria induciendo a los niños al consumo de sus productos desde temprana edad, en fin, sentados a la mesa de la Secretaría de Salud como invitados a evaluar estas políticas que, en su mayoría, estas industrias han diseñado.

Incluso, podríamos tener un Presidente o un secretario con estilos de vida no saludables, que lo reconocieran como un producto de malos hábitos, de malas adicciones, pero que promovieran las políticas que se recomiendan internacionalmente para combatir las declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.

Hay fumadores empedernidos que apoyan las medidas para combatir el tabaquismo: los impuestos, la prohibición de la publicidad, los etiquetados, los lugares libres de humo. Podríamos pensar que las adicciones a malos hábitos podrían ser un obstáculo para que un funcionario promoviera una política en contra de esa adicción. Pero no es así, los adictos pueden entender y apoyar políticas contra esas adicciones.

Pero aquí lo que prevalece es la adicción al poder, y esa es una adicción que no permite a quien la sufre combatirla. Es una adicción al poder que se ejerce en contubernio con otros poderes, en el servir y ser servido entre los poderes políticos y económicos, en el deseo de escalar y para ello no pisar ningún interés de otros poderes poderosos. Eso es lo que prevalece en nuestro país y, en muchos casos, de la mano de la corrupción. De hecho, cuando se es servidor público, el servicio al interés privado por encima del colectivo, es una forma de corrupción de la política. La política, como una sustancia orgánica, se descompone, huele mal, se pudre.

Y, desgraciadamente, el quehacer político en nuestro país está corrompido, podrido.

En medio de esta tragedia, los partidos políticos tratan de responder desde arriba, desde el otro lado del abismo. En su total desconexión con los ciudadanos quieren presentarse como grandes solidarios, cuando por años han sido lo contrario. Foto: Cuartoscuro

La tragedia que enfrentamos por los sismos de septiembre han sacado a la luz, nuevamente, el abismo que existe entre los partidos políticos y la sociedad. Con todos los recursos que reciben del financiamiento público no tienen la más mínima capacidad para ayudar a responder a la catástrofe, a armar sistemas de información en tiempo real para que la ayuda y la fuerza ciudadana se pueda dirigir de manera eficiente a donde más se requiere. El gobierno menos tiene esa capacidad y ni llega a entrar en su entendimiento el potencial que tendría fortalecer las redes interciudadanas de apoyo con la colaboración de las instituciones. Confunden todo, luchan por el protagonismo en medio de la tragedia. Hay excepciones valiosas, municipios donde las autoridades están actuando como verdaderos servidores públicos. En el otro extremo la estupidez de direcciones estatales y municipales del DIF que buscan acaparar la ayuda para ponerle su marca.

¿Acaso los partido políticos no han tenido los recursos suficientes para armar estas redes de comunicación e información en tiempo real para cubrir las necesidades específicas en cada población, en cada edificio?. Los recursos económicos si los tienen, sin embargo, no tienen las redes ciudadanas, son estructuras de lucha por el poder, por un poder que no representa a los ciudadanos, no son estructuras trabajando con la gente. Por suerte, ciudadanos lo han comenzado a hacer con #verificado19s.

En medio de esta tragedia, los partidos políticos tratan de responder desde arriba, desde el otro lado del abismo. En su total desconexión con los ciudadanos quieren presentarse como grandes solidarios, cuando por años han sido lo contrario. De especial preocupación son las propuestas que están presentando como si éstas fueran solidarias con la sociedad y, en realidad, van en sentido contrario a los procesos democráticos.

El Frente Amplio, formado por PAN, PRD y MC ha propuesto que se destinen el 100% de los recursos dirigidos a los partidos políticos para las elecciones de 2018 a la reconstrucción. La propuesta que pareciera ser de sentido común frente a la tragedia, representa un grave riesgo contra un proceso democrático que ha llevado decenas de años. Buscan únicamente, de manera obsesiva, mantener el control de un país que se cae a pedazos. La propuesta del Frente Amplio representa un serio riesgo para el futuro político de México y con ello, para la reconstrucción misma que nos llevará años.

El Frente Amplio señaló que el financiamiento de las campañas no debe distraer recursos públicos que deben destinarse a la reconstrucción y que el financiamiento de los partidos políticos debe ser privado, llegar de los militantes y simpatizantes. Con esta propuesta se tira abajo un largo proceso de lucha democrática para evitar que los intereses privados, los recursos monetarios de grandes poderes económicos entren a financiar a los partidos políticos y con ello se establezcan vínculos de complicidad y pago de favores.

Desde la experiencia personal en la lucha por la protección de los recursos naturales y de la salud pública he sido testigo, en innumerables ocasiones, de cómo la mayoría de los llamados representantes populares, legisladores, y los llamados funcionarios públicos, sirven más a los intereses económicos que a los públicos. De cómo los poderes económicos han penetrado a los partidos políticos, a las dependencias y al Congreso. El financiamiento privado agudizaría aún más esta situación, disparando aún más, también, la corrupción.

Esta argumentación no pretende proponer que los recursos públicos se mantengan para los partidos políticos. ¿Por qué no parte el Frente Amplio por demandar que los topes de gasto en las campañas se reduzcan en un 80%, que sólo se les otorgue el 20% de lo proyectado? ¿Por qué no responder a la demanda ciudadana de no más gastos multimillonarios en las campañas electorales? Hablan de reducir el gasto en campañas, pero no exponen una cifra, como si lo hacen con el presupuesto público. Sus campañas han sido multimillonarias, muy por encima de los gastos de campaña de los partidos políticos en países con una mayor población y con mayores recursos.

Las reformas electorales y, en especial la de 1993, establecieron claramente un marco normativo para que el financiamiento privado estuviera claramente limitado con el fin de mantener la independencia y autonomía de los partidos políticos frente a grupos de poder legal e ilegal. Se estableció que los partidos no podían recibir más del 10% de sus recursos de origen privado en relación a las aportaciones públicas. Sabemos que en nuestro país las leyes quedan muchas veces en el papel, pero podemos suponer lo que ocurriría si no tuviéramos este marco normativo. Y hay que reconocer, a pesar de que la autoridad electoral no ha estado a la altura, que esta normatividad es la única herramienta que tenemos para luchar por procesos electorales más equitativos y justos.

Sin duda, la crisis política que vivimos se profundiza con los sismos y los partidos políticos serán parte de los damnificados que muy pocos querrán rescatar. Los partidos políticos siguen sin entender que no entienden y el Frente Amplio nos presenta una propuesta que aparece más como una estrategia para abrirse el camino al poder, aunque se sacrifiquen los avances democráticos logrados, aunque estos avances estén solamente en la normatividad. Hay que recordar que el financiamiento privado ha sido una propuesta de un grupo de legisladores del PAN. Y, justamente varios legisladores del PAN, no todos, se han destacado por defender fuertemente los intereses de las grandes corporaciones, aunque estos atenten contra el interés público.

Tenemos ya casi 12 años en que el PAN ha tenido la presidencia de las comisiones de Salud en las cámaras de diputados y senadores y no han impulsado ninguna política para combatir la epidemia de obesidad y diabetes, decretadas emergencias epidemiológicas el año pasado. En el país con uno de los mayores índices de obesidad y diabetes en el mundo no hemos visto, en 12 años, ni tan siquiera un evento importante sobre el tema con expertos nacionales e internacionales organizados por estas comisiones. Quienes han precedido estas comisiones repiten los dogmas de las refresqueras y la gran industria de la chatarra. Estos hechos bloquean las políticas que se requieren urgentemente tanto en salud como en medio ambiente, en derechos de género, en derechos laborales, en derechos humanos. Este es el precio de que legisladores y funcionarios sirvan a intereses privados y esto empieza con los financiamientos a campañas. Te apoyo yo para que me apoyes tú. Son las historias de Odebrecht, de OHL, de FEMSA Coca Cola, de British Tobacco y de la industria del alcohol, entre muchas otras.

La propuesta es que se recorte en 80% o más los recursos públicos a los partidos políticos para las siguientes elecciones y se deje solamente la posibilidad de que reciban un 10% de lo otorgado para donativos privados y que exista transparencia en sus ingresos y gastos. No queremos campañas multimillonarias, ni con recursos públicos ni privados.

Se trata de garantizar, por todos los medios posibles, nunca serán suficientes, que se gobierne para el interés público.

PD. Dirán que la ley ya prohíbe las aportaciones de empresas a los partidos políticos, que se tiene que transparentar el origen de los recursos. Sin embargo, las empresas que buscan influir en la política, que buscan secuestrarla para anularla, para hacerla a su servicio, tienen fundaciones y varios mecanismos para burlar esa normatividad. Esto es sumamente preocupante en la propuesta del Frente Amplio.

Si un producto está en todos lados (Coca Cola tiene 1.5 millones de puntos de venta en México), si su precio es accesible, si su consumo genera placer (aunque no alimente y genere un daño a la salud) su publicidad satisface deseos aspiracionales (ser parte de la felicidad) y su composición representa un riesgo a la salud. Foto: Guillermo Moreno, Cuartoscuro.

“La peor amenaza es lo que estamos comiendo”, explica Alessandro de Maio, Oficial del Departamento de Nutrición para la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Las frases de las intervenciones se suceden en el Congreso de la Asociación Europea de Salud Pública. Afirmaciones, preguntas, comentarios, llueven entre los expertos en salud pública de Europa, una profesión que todavía ocupa un lugar importante en varias naciones de ese continente, donde en varios países existe un acceso universal y de calidad a la salud pública. Sin embargo, la salud pública es una profesión que se ve atacada y amenazada por los intereses de las grandes corporaciones del alcohol, el tabaco, de las bebidas azucaradas y la comida chatarra, que presionan para que no existan políticas en salud pública y se deje la salud en la responsabilidad de las personas.

Furio Honsell, alcalde de Udine en Italia y vicepresidente de la red italiana de ciudades saludables, comenta en la mesa y cuando expone: “no queremos un acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá”. Su gran preocupación es la comida ultrapocesada que llegará con mayor fuerza si se firma ese acuerdo. La amenaza son los productos chatarra elaborados con ingredientes de muy mala calidad, llenos de aditivos, colorantes, saborizantes, etc, que llegarían a invadir el entorno con su presencia y su fuerte publicidad. “Con ese acuerdo llegará una invasión mayor de los alimentos estadounidenses por el NAFTA”, comenta. Italia, junto con Francia y Japón, está entre las naciones que defienden fuertemente su cultura culinaria y, por lo tanto, mantienen bajos niveles de incidencia de sobrepeso y obesidad.

Las frases siguen cayendo, las preguntas surgen: “¿cómo enfrentar los ejércitos de cabilderos de las grandes corporaciones que llegan con los congresistas y los tomadores de decisión para bloquear o desviar las políticas de salud pública?, ¿dónde están los cabilderos que defienden la salud pública?”. “Existe un enfrentamiento entre el interés comercial y la salud pública”. Lo que es una medida importante para proteger la salud, es una amenaza para las grandes corporaciones. Hay que bajar el consumo de bebidas azucaradas, de tabaco y alcohol. Para la industria estas medidas representan la caída de sus ganancias y actúan, con recursos millonarios, en contra.

Una pregunta central entre los profesionales de la salud pública reunidos en Bruselas es: “¿Si ya sabemos qué tenemos que hacer, por qué los gobiernos no lo han hecho?”. No lo han hecho por falta de voluntad para enfrentar los intereses económicos de las grandes corporaciones. Por qué no cabildea el gobierno mismo con los legisladores a favor de la salud pública: “es el gobierno quien tiene la misión de proteger la salud pública, es el gobierno el que tiene que cabildear con los legisladores a favor de la salud de la población”.

Ya no pueden enfrentarse las externalidades, los costos generados por el consumo de estos productos, especialmente en el caso de la obesidad creciente y sus consecuencias, ya rebasó la capacidad de los sistemas de salud. “La industria niega, distrae, obstruye”. No se trata de prohibir, se trata de incorporar las externalidades en el costo del producto, proteger a la población de su publicidad, brindarle información veraz y útil, regular el acceso indiscriminado a estos productos a la vez de que se debe dar acceso a alimentos frescos, saludables. Son las naciones llamadas en desarrollo, son los más pobres, los expuestos a estos productos, los que viven en los desiertos alimentarios (las regiones invadidas de comida chatarra y refrescos sin acceso a alimentos frescos y saludables). Son ellos los que están sufriendo el mayor crecimiento en estas enfermedades.

La experiencia la traen a cuesta los investigadores que se han dedicado a documentar las estrategias de las empresas que producen mercancías que dañan la salud de la población y el ambiente. La industria del tabaco es un buen ejemplo, sus prácticas las sigue la industria de alimentos y bebidas azucaradas: pagan investigaciones a modo, financian instituciones y asociaciones para neutralizarlas, contratan agencias de relaciones públicas para divulgar una percepción creada a gusto, para atacar las políticas de salud pública que les afectan, diseminan el argumento que esas políticas provocan el cierre de empleos, dañan a la economía, no tienen efecto en salud, afectan a los más pobres, la solución está en educar ya que el problema es de responsabilidad individual. La estrategia se repite una y otra vez.

Hay un consenso claro, la epidemia de obesidad y diabetes se da por los “determinantes comerciales”, no por malas decisiones individuales. Si un producto está en todos lados (Coca Cola tiene 1.5 millones de puntos de venta en México), si su precio es accesible, si su consumo genera placer (aunque no alimente y genere un daño a la salud) su publicidad satisface deseos aspiracionales (ser parte de la felicidad) y su composición representa un riesgo a la salud; si no es solamente un producto, sino todo una gama de productos similares, si su presencia va aparejada de la ausencia de alimentos saludables, si no existe una valoración de la cultura culinaria propia frente a la gran publicidad de los ultraprocesados, etcétera, etcétera, etcétera; los determinantes comerciales se imponen por encima de cualquier decisión individual.

La reflexión mundial sobre el daño causado a la dieta por la invasión de los alimentos y bebidas ultraprocesados incluye al propio sistema alimentario y comprende el impacto del actual sistema en el cambio climático. Es decir, en todos los espacios de discusión y reflexión sobre los daños causados a la salud de la población mundial por el cambio en la dieta a comida chatarra y bebidas azucaradas, se habla de la necesidad de reformar el sistema alimentario global y de enfrentar con ello, a la vez, la epidemia de malnutrición y el cambio climático. Se propone la necesidad de fortalecer sistemas de producción de alimentos sustentables y nutricionales. Se cuestiona el aumento del consumo de carne a escala global y la deforestación generada por la producción de granos para alimentar al ganado, se cuestiona la agroindustria basada en monocultivos con uso intensivo de agroquímicos y dirigida a dar ingredientes para la producción de ultraprocesados. ¿Cuántos productos de la gran industria pierden su valor nutricional al ser ultraprocesados? ¿Cuánto valor nutricional han perdido los propios productos de la agroindustria al ser manipuladas las semillas para producir más, para generar más almidón, más azúcares?

FAO y OMS coinciden en la necesidad de vincularse, en la necesidad de impulsar formas de producción que incluyan a los productores de pequeña escala, que fortalezcan los mercados locales, que mantengan la diversidad de alimentos y la cultura culinaria de las regiones, que permitan fortalecer las economías locales y combatir la pobreza.

En un país tan rico en diversidad biológica y cultural como México, que ha dado una muy rica y variada cultura culinaria, existe un potencial para reactivar los mercados y la economía local como parte de una política de salud, pero también como parte de una política de combate a la pobreza. Debe impulsare esta política con la intervención del Estado en las compras y distribución de alimentos, con campañas permanentes de revalorización de los productos del campo y de nuestra cultura culinaria, advirtiendo claramente de los riesgos de las bebidas endulzadas y la comida chatarra.

Los expertos en salud pública reconocen que ha aumentado la esperanza de vida entre la población, pero están alarmados, como debemos estarlo todos, de que los últimos años de vida se están viviendo enfermos y que estos años están aumentando. Es decir, vivimos más años, pero cada vez son más son los años que vivimos en muy malas condiciones antes de morir. Y la causa de estos, son principalmente las enfermedades no transmisibles generadas por el consumo de productos no saludables: tabaco, alcohol, comida chatarra y refrescos. Por lo tanto, parece ser que aunque vivimos más, cada vez son menos los años que vivimos en condiciones saludables. Vivimos más años, pero enfermos.

Los mosquitos corporativos que transmiten las pandemias del siglo XXI. Foto: Especial.

Las grandes pandemias ya no son trasmitidas por mosquitos, virus o bacterias. De acuerdo al grupo internacional de expertos que reunió la revista The Lancet, una de las más prestigiadas revistas científicas en salud en el mundo, quienes transmiten las pandemias actualmente son grandes corporaciones transnacionales. Las enfermedades transmisibles como la viruela que mató a aproximadamente 300 millones de personas, el sarampión con más 200 millones de muertes, la peste negra, el cólera, el tifus, etcétera, ya no son las principales causas de muerte en el mundo contemporáneo. Ahora la pandemia viene por las enfermedades llamadas no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, etc, enfermedades que están relacionadas con los nuevos estilos de vida y, en especial, con el cambio en la alimentación, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

“A través de la venta y promoción del tabaco, el alcohol y las bebidas y alimentos ultraporcesados (mercancías no-saludables) las corporaciones transnacionales son los mayores promotores de las enfermedades no transmisibles….llamamos la atención sobre el aumento de las ventas de estas mercancías no-saludables en países de ingresos bajos y medios y a considerar las estrategias comunes que las corporaciones transnacionales usan para mermar la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles”, señalan varios autores que formaron parte del Grupo de Acción en Enfermedades No Transmisibles de la revista científica The Lancet.

En la sociedad de hiperconsumo se produce más para que se consuma más, sin importar las consecuencias en la salud, en el planeta. Para que se consuma más lo mejor es lograr que cada persona consuma más y que quien aún no consume el producto pase a consumirlo. En este sentido, parte de la industria que más éxito ha tenido en la sociedad del hiperconsumo es aquella que lo que produce es adictivo o puede convertirse en algo casi-adictivo. De hecho, lograr que el consumo sea por sí mismo una práctica adictiva es el mayor logro de la sociedad de hiperconsumo: volver a los individuos adictos al consumo, darle al consumo un valor de identidad, estatus, felicidad: que los individuos interioricen el sentido de ser por lo que se posee.

Los productos adictivos, por lo tanto, son los que más se adaptan a lo que busca la gran industria: que se consuma más para vender más. La primera víctima de esta práctica es la salud. Los daños generados por las enfermedades no transmisibles, la cantidad de muertes que están provocando, han rebasado por mucho las generadas por las enfermedades transmisibles. Y detrás de estas enfermedades no trasmisibles están las grandes corporaciones del tabaco, el alcohol y los alimentos y bebidas ultraprocesados.

El grupo de expertos reunidos por The Lancet señalan que son estas corporaciones las que con sus productos, su comercialización alrededor del orbe y sus estrategias de publicidad multimillonaria transmiten las enfermedades que más muertes están causando y mayores costos están generando a los sistemas de salud de las naciones y las familias. Señalan que sus mayores inversiones son ahora en las naciones de bajos y medios ingresos. Además, indican que son estas corporaciones las que, con su poder económico y político, bloquean las políticas de salud pública que se dirigen a reducir el consumo de sus productos, son estas corporaciones las que se oponen a que se brinde mayor información al consumidor sobre el daño de sus productos, a que se regule su publicidad, a que se les establezca impuestos y se limite la presencia de sus productos no-saludables en ciertos espacios.

Sobre la adicción al alcohol y al tabaco no hay ninguna duda. Se discute si puede hablarse de una adicción al azúcar y a la mezcla y composición de la comida chatarra basada en altas cantidades de azúcar, grasas y/o sodio. Diversas combinaciones de dos o tres de estos ingredientes, se ha demostrado, inducen a comer de más. El hábito de consumir bebidas azucaradas y, en especial, ciertas marcas de bebidas que combinan el azúcar con cafeína y otros ingredientes, llevan a comportamientos que suelen calificarse como adictivos. Más allá de concluir si el consumo de ciertos alimentos y bebidas ultraprocesados es adictivo, si podemos afirmar que estos productos inducen a un mayor consumo, a una mayor ingesta, y que desplazan el consumo de alimentos naturales o menos procesados.

Gobiernos de todo el orbe, en mayor o menor medida, han desarrollado diversas políticas para reducir el consumo masivo de alcohol y el tabaquismo y comienzan a hacerlas frente a las bebidas y alimentos ultraprocesados. Podemos imaginar cuál sería el nivel de tabaquismo si se mantuviera la libertad para publicitar las diversas marcas de cigarrillos, si el precio de las cajetillas estuviera sin impuestos a menos de la mitad, sin la prohibición de fumar en espacios cerrados. La sociedad ha tenido que demandar la regulación del tabaco para enfrentar a una industria que estaba penetrando hasta llegar a población de menores de edad, generando gastos catastróficos para toda la sociedad y millones de familias de los fumadores, lo mismo ha tenido que hacer frente al tabaco. En México se ha hecho algo al respecto, pero siempre, bastante a medias, debido a los acuerdos de funcionarios y legisladores con los poderes económicos, con estas grandes corporaciones.

En 2005 se denunció que en México las empresas Philip Morris y British American Tobacco, especialmente esta última, pago viajes a varios diputados y sus parejas a Brasil, Costa Rica, España y Francia como parte de una serie de dadivas que fueron bienvenidas por los legisladores mexicanos. Estos “regalos”, que no son más que formas de soborno, lograron que los legisladores votaran en contra de aumentar el impuesto a los cigarrillos.

Las mismas agencias de relaciones públicas, los mismos cabilderos y las mismas asociaciones empresariales mexicanas se han encargado de defender los intereses de la industria del alcohol, el tabaco, la comida chatarra y los refrescos, a través de un multimillonario cabildeo en el Congreso y en los medios de comunicación. Destacan entre los cabilderos personas que han tenido altos cargos como funcionarios públicos y ahora trabajan para la industria, personas que representaron y defendieron a la industria del alcohol y que ahora defienden a las refresqueras en contra de las políticas de salud pública.

El alcohol, como el tabaco, en la sociedad de hiperconsumo, ha logrado penetrar y estar muy accesible. La penetración se refuerza con el crecimiento de cadenas comerciales como Oxxo de FEMSA que se extiende por todo el país. Detrás de cada caja d epago de un Oxxo se encuentra una pared tapizada de cajetillas de cigarro, un hecho que destaca frente al llamado a dejar de exhibir el tabaco. Antes existía una regulación que limitaba la venta de alcohol a las vinaterías cuyas licencias se encontraban limitadas. Ahora los Oxxos llevan el alcohol a cualquier lugar. Y sobre los refrescos y la comida chatarra, los Oxxos contribuyen a la creación de los desiertos alimentarios, las zonas donde no pueden encontrarse verduras, frutas y productos frescos, son la expresión de la coca-colinización y chatarrización del país.

Al igual que un grupo muy reducido de grandes corporaciones dominan el mercado del tabaco, un puñado de grandes corporaciones dominan la mayor parte del mercado mundial de alcohol y una decena de empresas globales controlan una parte importante del mercado de alimentos y bebidas ultraprocesados. El poder económico se convierte en político para doblegar las regulaciones en varias naciones, especialmente las llamadas en vías de desarrollo.

En México es imposible conocer el gasto realizado por estas corporaciones para bloquear las políticas de salud pública que pueden afectar sus ventas. En San Francisco, con una población de menos de 1 millón de habitantes, la industria refresquera invirtió 10 millones de dólares para tratar de evitar un impuesto a las bebidas azucaradas, la mayoría de la población voto a favor. En Filadelfia, las refresqueras invirtieron más de 10 millones de dólares con el mismo propósito: evitar el establecimiento de un impuesto a sus bebidas. Fallaron, el impuesto fue aprobado. La inversión para la campaña de promoción del impuesto en Filadelfia fue de alrededor de 2 millones de dólares. Cuánto han invertido en México para atacar esta política en un país con más de 110 millones de habitantes.

La influencia se da fuertemente a través de las agencias de relaciones públicas, los cabilderos y las asociaciones empresariales aliadas para establecer la agenda en la opinión pública. Basta comparar la reacción de la industria de bebidas y la de alimentos frente a los impuestos que se establecieron en México. Cada año, desde 2014 que se establecieron estos impuestos, a partir de agosto comienzan las columnas en varios medios para atacar el impuesto a las bebidas azucaradas. En estas fechas es cuando inician las discusiones en Hacienda y empieza el cabildeo a los legisladores sobre las leyes de ingresos y egresos del año siguiente. Con el temor de que el impuesto aumente de 1 peso a 2 pesos como se ha recomendado internacionalmente, la estrategia es señalar que el impuesto no funciona. Sobre el impuesto a los alimentos con alta densidad energética no se dice nada, la agenda la ponen las refresqueras porque es la política que más les afecta, la que más temen, como lo demuestran documentos internos de Coca Cola.

Ni la industria de bebidas, ni los columnistas aliados a ella, hablan sobre las demás regulaciones que forman parte de la política contra la obesidad y la diabetes, nada sobre el etiquetado frontal que nadie entiende y promueve un consumo de azúcar que representa un riesgo a la salud, nada dicen de la ridícula regulación a la publicidad de estos productos, no dicen nada porque no afectan sus ventas, no dicen nada porque las mismas empresas diseñaron estas regulaciones junto con COFEPRIS y con la venia de la Secretaría de Salud. La atención y los ataques se dan contra la medida que los afecta en sus ventas, en sus ganancias. Las políticas contra el tabaquismo, el alcohol, la comida chatarra y las bebidas azucaradas buscan bajar el consumo de estos productos. Las empresas bloquean estas políticas porque afectan sus ganancias.

Los expertos de los centros académicos más importantes del Reino Unido, Brasil, Australia, Tailandia y Nueva Zelanda, comisionados por The Lancet escribieron: “La relación entre las corporaciones del tabaco, el alcohol, los alimentos ultraprocesados y las bebidas exponen el fracaso de los profesionales y hacedores de las políticas de salud pública de responder al efecto de los productos no-saludables en la salud global, y muestra como estas industrias socavan la salud pública”

La pandemia de obesidad y diabetes en México ha alcanzado dimensiones catastróficas para el sistema de salud y las familias. Las grandes corporaciones de alimentos y bebidas tienen un gran poder en nuestro país: influyen en los hacedores de las políticas públicas, llevan a sus aliados a los cargos públicos o al congreso, financian a instituciones académicas para realizar estudios a modo, nunca publicados en revistas científicas, financian asociaciones de diabetes y de profesionales de salud, hacen alianzas con instituciones públicas y realizan grandes inversiones para generar percepciones a modo sobre las causas de estas pandemias y el efecto de las políticas para combatirlas, para presentarse como empresas con responsabilidad social.

Las pandemias de nuestro tiempo están guiadas por la ganancia y es la corrupción y la ineptitud de los funcionarios y legisladores su mejor cultivo.

Desde 2006 la gran industria de alimentos y bebidas anunció su compromiso de no realizar publicidad a menores de 12 años de productos que no fueran saludables. A partir de la evidencia del poder persuasivo de una industria de publicidad multimillonaria que tiene una gran responsabilidad en el deterioro de los hábitos alimentarios de los niños, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 2006 la Estrategia Global de Dieta, Actividad Física y Salud que señalaba la necesidad de regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia.  En 2010 la misma Asamblea aprobó recomendaciones específicas para que los gobiernos regularan este tipo de publicidad

En este contexto, las grandes corporaciones globales de alimentos y bebidas, con el fin de impedir el establecimiento de fuertes regulaciones a este tipo de publicidad, clave para generar consumidores de por vida, presentaron a la propia OMS y a los gobiernos nacionales propuestas de autorregulación. Como toda autorregulación, sus criterios eran muy laxos a modo de que no significaran ningún impacto en sus ganancias, es decir, sus autorregulaciones fracasaron.

En México, las empresas tomaron compromisos voluntarios para no realizar publicidad a menores de 12 años de aquello que cada empresa consideraba alimentos no saludables. La empresa Bimbo fue la única que estableció criterios nutricionales que la obligaban a dejar de hacer publicidad a niños menores de 12 años de parte importante de sus patelillos (Marinela) dulces (Ricolino) y botanas (Barcel). La empresa dejó de realizar publicidad de estos productos dirigida a los niños y dejó de usar regalitos, promociones y personajes de películas en sus empaques.

Un funcionario de Bimbo nos comentó la dificultad que enfrentaban con la competencia al tomar estas medidas. El ejemplo fueron sus botanas Barcel. El niño entraba a las tiendas y encontraba de un lado las botanas de Pepsico, Sabritas, con imágenes de los personajes de éxito del momento en los empaques, con tazos coleccionables en cada empaque, con muy diversas promociones atractivas para los niños. Del otro lado las botanas de Barcel, sin personajes, sin coleccionables, sin promociones atractivas para los niños. En ese momento, para Bimbo, la alternativa para tener una competencia en el mercado más justa era que se estableciera una regulación que impidiera a Sabritas usar esas estrategias para atraer a los niños a la compra de su producto.

Ante la situación, Bimbo rompió su compromiso y volvió a las prácticas de abusar de los niños, de su “credulidad e inexperiencia”. En este momento puede observarse en las envolturas de los pastelillos de Bimbo Marinela el uso intensivo de los estrategias de enganche a los niños

En la imagen se compara las envolturas de dos pastelitos de Bimbo, uno popular en Chile (Alfi) y otro popular en México (Nito). En Chile, gracias a la regulación de la publicidad y el etiquetado elaborada sin la intervención de la industria, pueden observarse claramente tres sellos negros octagonales que advierten al consumidor que el producto es: “Alto en Grasas Saturadas”, “Alto en Azúcares” y “Alto en Calorías”. Este tipo de etiquetado que forma parte de la política contra la obesidad en Chile, es un etiquetado que los niños pueden entender, como se ha demostrado en grupos focales. Por otro lado, el pastelillo de Bimbo en Chile no lleva ninguna imagen de un personaje atractivo para los niños, tampoco anuncia un coleccionable, regalo o promoción que atraiga a los niños. El producto comercializado en Chile por Bimbo está obligado a llevar esos sellos, que hasta los niños entienden, y no puede tener ningún elemento que atraiga a los niños (personajes, coleccionables, etc) si porta un sello negro o más que adviertan que es alto en azúcar, grasas saturadas, sodio y/o calorías.

Del lado derecho puede verse otro producto de Bimbo pero en el mercado mexicano. Gracias a la regulación elaborado pro COFEPRIS en contubernio con la industria, el etiquetado frontal que presenta no entendible por los consumidores, no sólo los niños no lo entienden, tampoco los estudiantes de nutrición lo entienden. Gracias a la regulación de la publicidad dirigida a niños elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en contubernio con la industria, el producto, sin ningún problema, puede presentar en su envoltura al personaje de la película de éxito para los niños en el momento y además ofrecer una tarjeta coleccionable, no importa que tenga un alto contenido de azúcar, de grasas saturadas, de calorías. En la parte posterior de la envoltura el niño puede ver las demás estampas que puede encontrar en estos productos para lograr completar su colección.

Si Bimbo hubiera mantenido su compromiso en México de no hacer publicidad a menores de 12 años bajo los criterios nutricionales que estableció, no estaría desarrollando esta estrategia publicitaria usando elementos de enganche con los niños como el personaje de la película de éxito del momento ni coleccionables. Si COFEPRIS hubiera realizado una regulación de la publicidad como recomienda la OMS, si la hubiera elaborado con los institutos de salud y expertos libres de conflicto de interés, como se elaboró en Chile, no tendríamos este tipo de publicidad y etiquetados.

Bimbo traicionó su compromiso. Pero la mayor traición es de COFEPRIS, ya que es un organismo del Estado cuya misión es proteger la salud. Sin embargo, COFEPRIS elaboró los criterios de la regulación de la publicidad con la industria, así como los criterios para el etiquetado frontal, entregando la política de interés público a los intereses provados que han combatido las regulaciones propuestas por la OMS.

Nos acercamos al final de una administración que ha declarado emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes pero que ha dejado en manos de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas regulaciones fundamentales para atacar estas emergencias epidemiológicas. Las empresas que diseñaron las regulaciones de publicidad de alimentos y bebidas a niños en nuestro país son las que combaten en procesos judiciales las regulaciones establecidas en esta materia en Chile. La industria quiere mantener lo que ocurre en México y combatir lo que ocurre en Chile. El gobierno mexicano se ha puesto del lado de la industria, no del interés público.

En la imagen de arriba puede observarse de un lado y otro un ejemplo de lo que ocurre cuando se actúa a favor del interés público y cuando se hace a favor de la industria, cuando se hace una regulación por expertos e instituciones libres de conflicto de interés y cuando la autoridad entra en contubernio con la industria.

Agradezco a Susana Jiles de Educación Popular en Salud (EPES) de Chile su colaboración con el envío de la imagen de ”Alfi” que Bimbo produce y comercializa en su país.

Vivimos en el Imperio de la Chatarra, el imperio de las grandes corporaciones que venden sabores, colores, texturas, que venden aspiraciones, pero no comida. Foto: Cuartoscuro

La chatarrización de la dieta de los mexicanos ha tenido como uno de sus mayores logros el desprecio a los alimentos tradicionales, así hemos llegado rápidamente, en cuestión de unos cuantos decenios, a la emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes que vivimos. En el centro de este proceso, está la desfrijolización, la caída estrepitosa del consumo de frijol, una de las bases centrales de nuestra alimentación. Los aminoácidos del frijol junto con los del maíz proporcionan una proteína de muy buena calidad que fue durante milenios base de la dieta mesoamericana.

La sustitución de los alimentos tradicionales por la chatarra ha provocado el colapso de la salud de los mexicanos. Se ha demostrado una asociación directa entre un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, a lo que llamamos chatarra, y una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad entre la población de América Latina, como lo expone el reporte “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América latina: tendencias, efectos sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas” publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Los mexicanos consumimos , en promedio, 212 kilogramos de ultraprocesados al año, ocupando el primer lugar entre las naciones de América Latina en el consumo de estos productos.

El aumento en el consumo de ultraprocesados significa una reducción en el consumo de alimentos no procesados, en el abandono de las dietas tradicionales. Una de las consecuencias de este proceso se ve en México donde el consumo de frijol ha caído brutalmente mientras aumenta el consumo de sopas instantáneas, de Maruchan. . La desvalorización de nuestros alimentos provocada por la multimillonaria publicidad de las grandes corporaciones de la chatarra y por una absoluta ausencia de políticas y campañas del Estado para informar y valorizar nuestros alimentos, como el frijol, el amaranto, los quelites, y un gran número de frutas y verduras de la región, está en el centro del cambio de dieta y de la crisis de salud pública.

Bienvenido el glutamato de sodio, los saborizantes y colorantes artificiales, bienvenida la hipertensión y la diabetes, adiós a la riquísima variedad de frijoles mexicanos y a los platillos que con ellos se preparaban, adiós a la dieta de la milpa.

El desprecio por lo nacional tiene su máxima expresión en la cultura de los Mirreyes que nos gobiernan y que se transmite por todos los medios de comunicación y que se asimila en todas las clases sociales, genera un desprecio por lo propio y una aspiración a consumir lo publicitado, es una cultura segregacionista. segrega por color, por poder económico, es la cultura de los que preferirían no haber nacido aquí. La cultura de los Mirreeyes es el desprecio a la cultura propia, de sentirse mexicanos porque se cantan rancheras en las borracheras, por comerciales con hermosas modelos que se pasean en vestidos típicos en los sitios arqueológicos, por hablar de la riqueza de los pueblos indígenas mientras se niegan los acuerdos que les reconocen autonomía sobre sus territorios.

Vivimos en el Imperio de la Chatarra, el imperio de las grandes corporaciones que venden sabores, colores, texturas, que venden aspiraciones, pero no comida. La Chatarra que se come, la chatarra que se ve, que se oye, que se aspira. Miles de millones para publicitar un producto, para diseñarlo con aditivos e ingredientes con el fin de volverlo hiperpalatable, no importa que sea una mierda, si sabe “riquísimo”. Los ingenieros de alimentos de estas grandes corporaciones luchan por lograr, no sólo el sabor, el color y la textura más atractiva, se especializan en el sonido que se emite al morder y masticar el producto. El objetivo siempre serán los niños, cautivarlos desde temprana edad para convertirlos en consumidores de por vida de su producto.

Mientras tanto, el Estado se mantiene ausente, dejando el campo libre al Imperio de la Chatarra. Nada de información sobre los daños. En la última campaña de la Secretaría de Salud, aunque más creativa que las anteriores, parece que un taco es igual de malo que un refresco, como si no tuviera un valor nutricional la tortilla y lo que lleva adentro, que todo se resume únicamente a qué tanto comes, qué tanto ingiere. El mantra corporativo nos dice que no hay alimentos buenos y malos y el Estado guarda silencio obediente y nada de revalorización de los alimentos propios de la región.

Bajo esa lógica es igual comer un vasito de unicel con Sopa Maruchan que un plato de frijoles. El mensaje de industria y gobierno es que hay que observar cuántas calorías aporta cada uno. No importa el valor proteínico del frijol, de su combinación de aminoácidos con el maíz para dar una mejor proteína, no importa el contenido de vitaminas del frijol (tiamina, niacina, ácido fólico), de minerales (hierro y calcio), su contenido de fibra. Y menos aún importa que debería tener el frijol ayude a prevenir la diabetes en uno de los países con uno de los mayores índices de diabetes, además de contener fitoquímicos con cualidades anticancerigenas, antimutagénicas y antioxidantes.

La caída de frijol, en su producción y consumo, es brutal, se habla de un 30% de reducción en diez años. En cambio, el consumo de la Sopa Maruchan en México llegó a catalogarse como el mayor en el mundo, presente de manera especial en las regiones más pobres del país. Este producto tiene 36 ingredientes, muy altas cantidades de sodio, altas cantidades de glutamato monosódico para alterar el centro de saciedad y provocar el deseo de comer más, tres tipos de azúcares, un coktail de ingredientes, varios de ellos sintéticos. Cuando se criticó la formulación de la sopa Maruchan, la empresa respondió que ellos sólo producían algo que le gustara a la gente. Y esa ha sido la historia de los ultraprocesados, sustituir alimentos que nutren por productos que gusten a la gente sin importar que no alimenten y el daño que haga su consumo: la felicidad se puede encontrar en una botella que contiene la chispa de la vida.

Se argumenta en la facilidad y disponibilidad de la sopa Maruchan, no hay que cocer los frijoles, se le agrega agua y al microondas. En el camino cuántos proyectos de diversas instituciones académicas, proyectos de jóvenes estudiantes de nuestro país, no han quedado sin apoyos para llevar al mercado un producto similar en base a frijol deshidratado y condimentado naturalmente, con un alto valor nutricional, que pudiera prepararse de manera similar a la Maruchan. La revalorización del frijol no llevaría a la oferta pública de esta leguminosa ya preparada en diversos platillos, como parte de la rica y variada comida de la calle en nuestro país.

México es centro de diversidad de frijol con 70 de 150 especies y se calcula que su uso inició hace 5 mil años y que en nuestro territorio dio inicio su domesticación. Se siembran frijoles en este país desde el nivel del mar hasta los 3 mil metros de altura. Se calcula que su uso comenzó hace 5 mil años. Las diversas variedades de frijol, adaptados a muy diversos ecosistemas y climas, se destinan a platillos específicos de la rica cultura culinaria mexicana. Diversos festivales dan cuenta de esta riqueza, como el que se realizó en el Claustro de Sor Juana que llevaba por título “Cocina callejera del centro del país. Historia y tradición en cada cuadra”.

Los acuerdos comerciales van en sentido contrario, se vuelven parte del atentado a la salud alimentaria. Estos acuerdos no han protegido al frijol que se produce en el país, igual que no han protegido al maíz. Se abre el mercado a productos que vienen del exterior con altísimos subsidios a la producción, dejando a los productores mexicanos sin apoyos, especialmente a los de pequeña escala. Con la desaparición del Estado como una entidad más en el mercado agrícola, los precios son impuestos por los coyotes y las grandes empresas que controlan la compra y comercialización a escala nacional y la importación y exportación de granos.

El gobierno mexicano destaca por el abandono de lo público. En el caso de la alimentación llama la atención el apoyo que se ha dado en Perú a la quínoa para convertirse ese país en el mayor productor y exportador generando gran parte de su producción a través de agricultores de pequeña escala en zonas de alta marginación. El impulso a la quínoa se ha dado de la mano de un apoyo y difusión de la riqueza culinaria peruana, de la revalorización de su cocina popular. Por el lado mexicano, la revalorización de la cocina mexicana se ha dado a pesar del gobierno, no existe por parte del gobierno una política de revalorización de la cultura culinaria mexicana, del frijol, del maíz, del amaranto, de los quelites, no hay nada.

La quínoa comienza a importarse a México cada vez más y a posicionarse como un alimento muy nutritivo. Sin embargo, el amaranto, que tiene propiedades nutricionales muy parecidas a la quínoa, no recibe apoyo para su cultivo, no se apoya su comercialización, no se le revaloriza. El amaranto contiene una cantidad de calorías y carbohidratos muy similar a la quínoa, la misma cantidad de fibra dietética y un poco más de proteína. El amaranto y la quínoa proporcionan el doble de proteína que el arroz integral, la avena y el trigo integral.

En México carecemos de una política dirigida a establecer un Sistema Alimentario Nutricional, a promover y apoyar la producción de alimentos saludables que garanticen el acceso a alimentos de calidad nutricional. En el escenario del 2018 se requiere que quien aspire a gobernar, en su agenda de rescate del país, porque este país requiere ser rescatado urgentemente, presente como aspecto central de su política el desarrollo de un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable.

La estrategia y lupa sobre López y Obrador y Morena para exponer públicamente actos de corrupción montados o reales, desde Eva Cadena al delegado de Tláhuac, no tiene similar frente a ninguna otra fuerza política. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro.

En 2018 se cumplirán 50 años del movimiento estudiantil que recordamos con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. El 68 se considera un punto de quiebre en la historia social y política de nuestro país. El escenario para el 2018 no es menor, puede y debe ser un punto de quiebre en nuestra historia social y política, de lo contrario seremos testigos de procesos más agudos que el desatado por la represión del 68 que contribuyó al movimiento guerrillero de los 70s. Si el lema del movimiento campesino en 2002-2003 frente al abandono de la producción campesina fue “El campo no aguanta más”, ahora el lema de la nación frente al abandono de lo público y el deterioro generalizado de las condiciones sociales y políticas debería ser “El país no aguanta más”.

En los últimos decenios hemos presenciado y sufrido la partidocracia, las consecuencias de la cultura política de las organizaciones partidista. Somos testigos de cómo la democracia ha sido capturada por los partidos políticos, de cómo los órganos que deberían estar ciudadanizados se han repartido entre los partidos, de cómo el conflicto de interés es la pauta en la política pública, de cómo la política se ha enfocado al servicio de intereses privados, de cómo el país se encuentra sufriendo una muy grave metástasis de corrupción.

Las resistencias ciudadanas frente al crimen organizado, por la defensa de los territorios, por la autodeterminación, por la mejora de las condiciones de vida, se han enfrentado a partidos políticos alejados, sordos y ciegos frente a la realidad del país. El ejercicio del poder está motivado por la ganancia de los funcionarios, por las alianzas para mantenerse en el control del poder político para usarlo a su servicio, con los contubernios con el crimen organizado. Quien piense que un partido político está libre de esta condición solamente estará contribuyendo a que se reproduzca.

La crisis nacional por la corrupción, la inseguridad y la violación de derechos humanos ha sido enfrentada por las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, no ha sido el objetivo de los partidos políticos. No hemos visto iniciativas en materia de salud, de anticorrupción, de transparencia, por parte de los partidos políticos. Aparecen algunas iniciativas legislativas por parte de los partidos en respuesta a otras presentadas por organizaciones ciudadanas. No sorprende que varias de estas iniciativas partidistas se dirijan a debilitar las propuestas ciudadanas y a defender intereses de grupos políticos y económicos.

En unos días el panorama político para las elecciones de 2018 ha cambiado. Sin oponente visible, López Obrador estaba al frente de las encuestas. Con el surgimiento de un posible frente donde aparecen actores de todo tipo, del PAN y el PRD, Cárdenas, Muñoz Ledo, Corral, Álvarez Icaza, Castañeda, entre otros, el escenario cambia.

¿Estará dispuesto el frente opositor a dejar en manos de ciudadanos la vigilancia del ejercicio público, la fiscalía anticorrupción, estará de acuerdo en hacer públicas las declaraciones de 3 de 3 de los funcionarios, apoyará el establecimiento de procedimientos contra el conflicto de interés en el diseño y evaluación de las políticas públicas?, ¿estará dispuesta Morena a hacer lo mismo? ¿se comprometen a no hacer un reparto político de los órganos ciudadanos, del IFE, del INAI, del INE, del Sistema Nacional Anticorrupción y su fiscal, de la PROFEPA, de PROFECO, entre otros?

La estrategia y lupa sobre López y Obrador y Morena para exponer públicamente actos de corrupción montados o reales, desde Eva Cadena al delegado de Tláhuac, no tiene similar frente a ninguna otra fuerza política. Suena imposible controlar el comportamiento de los miembros de un partido, conocer los antecedentes de los nuevos militantes, pero si hay figuras públicas que se unen a estos partidos y que son impresentables.  En el caso de Morena estos impresentables van a ser muy útiles a las campañas de desprestigio. Del lado del posible frente opositor la lista de impresentables es amplia, a la vez de que presenta a un grupo importante de personas que realmente se han comprometido y luchado por la democracia, la transparencia, contra la corrupción y por los derechos humanos.

La sociedad mexicana se está polarizando y, para muchos, si la persona no se define, o se define del lado opuesto, está del “lado oscuro”, del “mal”. La misma actitud, el mismo juicio se desprende desde ambos lados de la polarización. Más allá de nuestras preferencias personales, tenemos que tener un principio en común, una exigencia: el control ciudadano de la política, de las instituciones, de los funcionarios a través de procesos de transparencia, de rendición de cuentas, de control del conflicto de interés.

Ningún partido político es impermeable a la corrupción, ninguno es bendito. Si existe un proyecto político que busca enfrentar la actual situación de corrupción, crimen organizado, desigualdad y violación de derechos humanos en el país, este proyecto debería no sólo aceptar, sino buscar que órganos externos, independientes a su organización, vigilen el que hacer de sus miembros. Deben hacer esos compromisos públicos, deben tender esos puentes.

Cada quien conoce personajes con historiales políticos inaceptables en los partidos contendientes, varios de los que aparecen dispuestos a formar una alianza o frente opositor y otros más aliándose a Morena, quien no los quiera ver, sólo se engaña. Podemos decir que hay grados y grados, pero el propio ejercicio del poder se vuelve una oportunidad para desarrollar historiales bastante negros. También hay personajes con historiales políticos respetables tanto del posible frente opositor como del lado de Morena.

En 2018 el punto de quiebre tiene que venir, el país no aguanta más, se requiere un cambio en la vida social y política de nuestro país, y éste no será posible sin reforzar, profundizar y desarrollar los órganos de vigilancia del que hacer político, sin la transparencia y la rendición de cuentas, sin una efectiva política anticorrupción totalmente fuera de la influencia y los vínculos de los partidos políticos. Sin la ciudadanización, algo que hasta ahora han repudiado la mayor parte de los líderes políticos y partidos, no habrá punto de quiebre en este país, el sistema se reciclará en la corrupción, en sus vínculos con el crimen organizado y con los poderes económicos.

¿Podrá la PGR investigarse a sí misma? ¿querrá la PGR investigarse a sí misma? Foto: Shutterstock

El espionaje del gobierno mexicano para proteger actos de corrupción de funcionarios públicos, para proteger sus alianzas con sectores económicos actuando en contra de la salud pública, para bloquear y/o debilitar iniciativas de ley anticorrupción, para desviar las investigaciones sobre desaparecidos que implican a organismos del Estado, supera cualquier acto similar en un país democrático en el mundo. A tal grado ha sido la práctica de espionaje en México que pone en juicio el calificativo de democrático para nuestro país, ya que esta práctica de espionaje es totalmente contraria y violatoria de los principios democráticos.

Pero México no sólo es un país de espías, es también de fantasmas. Hay fantasmas por todas partes, la corrupción los hace emerger en barrios pobres en toda la República, fantasmas que registran empresas de un día a otro para realizar negocios multimillonarios. Y los espías son amigos de los fantasmas, trabajan de la mano.

En este país nada más basta levantar una piedra de la política para que brote la cloaca, y, en este caso, de espías y fantasmas. Los fantasmas, como todos los fantasmas reales, nacen tras nubes de humo para ocultar a sus creadores.

La Procuraduría General de la República, a través de Tomás Zerón, compró el sistema de espionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group al Grupo Tech Bull de México. El Grupo Tech Bull se había constituido un año antes de la transacción y su dirección se ubica en una colonia popular de la delegación Álvaro Obregón. Mexicanos contra la Corrupción (MCC) ubicó a su apoderado legal, quien firmó el contrato con Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por 32 millones de dólares, es decir, alrededor de 544 millones de pesos actuales, para la venta del sistema de espionaje Pegasus.

Tanto el apoderado legal como el dueño y administrador único de Grupo Tech Bull viven en colonias marginales y, al parecer, si recibieron algún beneficio de esta transacción, fue muy limitado, de hecho dicen desconocer ese contrato. El dueño de la empresa declaró que vendió las acciones de la empresa que se constituyó con 50 mil pesos y que un año después, sin ningún antecedente previo, sin ninguna experiencia, realizó un contrato de 32 millones de dólares con la PGR para la venta del sistema más sofisticado de espionaje en celulares. Un dato que revela el reportaje de MCC es que la empresa se constituyó el mismo día en que su administrador se recibió como Contador Público a los 26 años.

Una línea de investigación, sin duda, se encuentra en la designación, trece días antes del contrato con PGR, de Armando Pérez como encargado de cobranzas y litigios de Tech Bull y la liga que aparece de Tech Bull con Balam Seguridad Privada. A través de Wikileaks se filtraron diversas comunicaciones en que Armando Pérez se presenta ante NSO Group y la compañía italiana Hacking Team como una filial de Balam. Balam es una empresa bien ubicada en abastecer de sistemas de seguridad al gobierno federal y a los gobiernos estatales.

Rodrigo Ruíz de Teresa, socio de Balam Seguridad Privada, respondió a MCC, que Tech Bull no ha sido filial de ellos y que sus datos fueron usados sin su consentimiento. Sin embargo, Rodrigo Ruíz de Teresa, sobrino del exdirigente del sector social del PRI, Guillermo Ruíz de Teresa, muy cercano al senador Emilio Gamboa, aparece involucrado en las negociaciones para adquirir el sistema de espionaje contratado con PGR.

La trama de corrupción, de espías y fantasmas, para ocultar las estrategias de vigilancia y combate a los activistas y periodistas que trabajan por el interés público, así como para hacer también de esta actividad un negocio a partir de la compra de los sistemas más sofisticados de espionaje, demuestra el enredo que crean quienes roban del erario, intentando crear una nube de humo para ocultar detrás sus actos.

¿Podrá la PGR investigarse a sí misma? ¿querrá la PGR investigarse a sí misma?

Por otro lado, acaso la información hecha pública por el New York Times, Citizen Lab, y MCC no es suficiente para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción reconsidere la solicitud del Comité de Participación Ciudadana de iniciar una investigación sobre el caso de espionaje a activistas, académicos y periodistas, que rechazó anteriormente al considerar que no había señalamientos claros de corrupción. ¿Siguen pensando lo mismo?

Caja de Cereal de Zucaritas de Chile con el pie de foto “El Tigre Toño se esfumo de la caja de Zucaritas”. Foto: Especial

Hace poco más de un año, el Tigre Toño murió en Chile. Las nuevas generaciones chilenas ya no conocerán al personaje más popular de la comida chatarra entre los niños, que en varios países de la región es más reconocido que los propios héroes nacionales. El personaje, que con su publicidad vinculaba el consumo de las “Zucaritas” con las hazañas en el deporte, se ha esfumado del entorno de los niños: de la televisión, la radio, el internet, los espacios públicos e, incluso, de las cajas de cereal en Chile. Los niños chilenos se están viendo liberados de uno de los ganchos publicitarios más efectivos para traerlos a desayunar un producto que es 40 por ciento azúcar y el resto harina refinada, es decir, un producto similar a una galleta.

El senador y pediatra chileno Guido Girardi, fue el principal impulsor de la Ley de Alimentos cuando era presidente del Senado. Esta Ley ha establecido un etiquetado frontal de advertencia en los alimentos. que hasta los niños entienden, impide que los productos etiquetados con alto contenido de azúcar, sal y grasa entren en las escuelas o sean publicitados a niños a través de cualquier medio y herramienta. El senador Girardi, invitado a la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición convocada por la OMS y FAO, señaló que estas empresas de alimentos y bebidas chatarra se han convertido en “los pedófilos del siglo XX”.

Caracterizar como pedófilos a estas corporaciones, en especial, a su publicidad, no es una ocurrencia del legislador chileno, fue la caracterización que realizó un experto. El primero en referirse de esta manera a la práctica publicitaria dirigida hacia los niños fue Michael Brody quien explicó: “Los publicistas se han vuelto expertos en niños, tanto como los pedófilos”. Michael Brody era Jefe del Comité de Televisión y Medios de la Academia de Siquiatría Infantil y Adolescente de los Estados Unidos

La penetración de la publicidad entre los niños es profunda en nuestro país. En 2007, en talleres con estudiantes de secundaria de una escuela oficial de Iztapalapa, encontramos que el Tigre Toño era más reconocido que Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. El personaje más popular de la comida chatarra entre los niños, en ese momento, muy por encima de Ronald McDonald, ha muerto al sur del continente.

El deterioro global de la alimentación que es la causa central de la epidemia mundial de obesidad y diabetes se ha dado por la sustitución de las dietas tradicionales por alimentos ultraprocesados. Esta sustitución empieza desde el nacimiento e, incluso, se ha demostrado, desde el vientre al generarse en los gestantes la predisposición a productos con alto contenido de azúcares a través de los alimentos procesados que consumen sus madres.

Los niños antes de hablar ya reconocen marcas y a los primeros años ya vinculan los productos con aquello que en su publicidad se asocia: las bebidas azucaradas con la felicidad y la juventud, los cereales azucaradas con el deporte y la aventura, el yogurt endulzado con el crecimiento, etc. Miles de millones de dólares se han invertido en publicidad dirigida a la infancia alrededor del mundo, por parte de un puñado de grandes corporaciones que han introducido en su dieta productos con altas cantidades de azúcares, sodio y grasa.

El alto poder persuasivo de las multimillonarias campañas de publicidad dirigidas a la infancia se refuerza con el propio diseño de los productos con colores y sabores artificiales altamente atractivos, con altas cantidades de azúcar y sus combinaciones con sal y grasa que logran fuertes descargas de dopamina en el cerebro, la hormona de la recompensa que genera placer.

En la sociedad del hiperconsumo, la industria de bebidas y alimentos busca que se consuma más su producto, que quien lo consume lo consuma más y quien no lo consume aún, que lo consuma. El mecanismo para lograrlo es a través del poder persuasivo de la publicidad y del propio diseño del producto, buscando generar un placer que se convierta en hábito. Varios estudios indican que el azúcar tiene un alto poder adictivo. El tercer elemento, es la omnipresencia de los productos, es decir, su presencia inmediata, al alcance de la mano o de unos pasos. Existen alrededor de 1,400,000 puntos de venta de comida chatarra en el territorio mexicano.

La penetración de la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, se aprovecha de su vulnerabilidad, de su credulidad e inexperiencia, en una edad en la que los niños no distinguen el propósito de la propia publicidad. En junio de 2007, como una de las primeras actividades de El Poder del Consumidor, denunciamos un anuncio televisivo de Zucaritas, llamando la atención de los medios de comunicación al presentar nuestra denuncia como una acción legal contra el Tigre Toño. El argumento partía del análisis de la publicidad en la que un niño, después de comer Zucaritas, realizaba un acto físico extraordinario. Kellog´s retiró de inmediato la publicidad que ya había sido señalada internacionalmente como un acto extremo de manipulación y engaño de la condición vulnerable de los niños.

En Chile ya está prohibida la publicidad de este tipo de producto dirigida a los niños, en varias naciones europeas también. La iniciativa del senador Girardi pasó por un largo proceso y tras el apoyo decidido del Ministerio de Salud de Chile y de un proceso de regulación en el que participaron expertos e instituciones libres de conflicto de interés, se ha convertido en un ejemplo en la región de una política integral.
En México tenemos una regulación simulada de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia, tenemos un etiquetado frontal que nadie entiende y lleva a un alto consumo de azúcar. Aquí el diseño de estas regulaciones se realizó son consulta, bajo la total influencia dela industria de alimentos y bebidas, con un profundo conflicto de interés.

Aquí, la Secretaría de Salud creo un órgano para evaluar la política contra la obesidad que está dominado por la industria de alimentos y bebidas. Sin políticas elaboradas en base a la evidencia científica y libres de conflicto de interés, el combate a la emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes sólo queda en una declaración.

Con el etiquetado actual y la publicidad que se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños, en México se mantiene la violación a nuestro derecho a la información, al derecho a la salud y a los derechos de la infancia.

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El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se negó a entrar al caso del espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, bajo el argumento de que no existe un caso concreto y con evidencias que permita hacer solicitud de información a las autoridades.

Frente a lo que es considerada la mayor intervención de espionaje ilegal sobre miembros de la sociedad civil, periodistas, políticos y representantes de un organismo internacional, que se ha registrado por parte de un gobierno democrático en el mundo, instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción, muestran un profundo desinterés en encontrar las vías para esclarecer estos hechos.

No se trata solamente de un #gobiernoespia, se trata también de un #gobiernocorrupto. Es espionaje al servicio de la corrupción, de proteger la corrupción; la corrupción al servicio del espionaje, de proteger el espionaje. Y el SNA sirve a esta dinámica. Argumenta que esperará a la investigación que la Procuraduría General de la República haga sobre sí misma, podrá esperar eternamente, lo saben.

Dentro del SNA existe la representación civil a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC) conformado por profesionales que tienen una carrera honorable e independiente y, sobretodo, libre de conflicto de interés. Este Comité pidió iniciar una investigación sobre el caso de espionaje denunciado en el New York Times y en los reportes técnicos elaborados por Citizen Lab de la Universidad de Toronto. El CPC señaló que estos hechos pueden representar conductas ilícitas asociadas a corrupción, como ejercicio indebido del servicio público, un mal uso de atribuciones y facultades para aplicar fondos públicos, peculado y realización de un pago ilegal.

Sin embargo, el Comité Coordinador del SNA, donde solamente existe una persona representando a la sociedad civil, se negó a entrar al caso. Los otros cinco miembros del Comité Coordinador del SNA que votaron en contra de la solicitud del CPC son servidores públicos: el Consejero de la Judicatura Federal, la Titular de la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En este escenario, la demanda de que la investigación quede en manos de una instancia internacional se convierte en la única garantía de ir adelante. Las instancias nacionales no lo harán, mientras no estén en manos de personas independientes y libres de conflicto de interés. El Comité Coordinador del SNA pide pruebas, quiere evidencias y ahí están: un reporte, en calidad de peritaje, de una institución reconocida internacionalmente, como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto; ahí están los contratos del gobierno mexicano hechos públicos; ahí está toda la evidencia de los intentos de introducir el malware en diversas personas en momentos claves en que nuestro trabajo afectaba intereses de políticos y funcionarios y a quienes sirven. La investigación está muy avanzada, para el Comité Coordinador del SNA aún no hay pruebas, espera que la PGR se las entregue.

Mientras la inmovilidad se mantiene en las instituciones nacionales, el asunto ya escaló internacionalmente con el caso del espionaje a miembros del GIEI que tenían, incluso, inmunidad diplomática. El caso ya se había hecho internacional antes, cuando la representación ciudadana ante Gobierno Abierto México renunció de manera unánime, ante la falta de investigación sobre el caso de espionaje a un servidor y otros dos colegas que trabajamos para impulsar políticas de salud pública frente a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes. El caso ya está en la instancia internacional de Gobierno Abierto, además de en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, en conocimiento de la Organización de Estados Americanos.

En este contexto de inacción nacional frente a la corrupción, llama la atención el caso reciente de ataques periodísticos contra el Comité de Participación Ciudadana del SNA que llevó a la renuncia de varios articulistas y organizaciones civiles al periódico El Universal. Una protesta de esta magnitud contra la política editorial de un medio de comunicación no había ocurrido en México durante varios decenios. Hay que preguntarse quiénes se ven amenazados por este Comité, por su independencia. Hay que recordar que algo muy similar y a mayor escala le pasó al propio GIEI. Una campaña en los medios tratando de descalificarlo, con ataques a la dignidad de sus miembros, con el fin de ocultar con ello lo que este organismo internacional e independiente estaba encontrando, y el cuestionamiento que estaba realizando, totalmente bien fundado, a la llamada “verdad histórica”. Lo que vemos es una gran fuerza de resistencia que bloquea, difama, espia, con el fin de mantener los privilegios. Que nada se mueva, que no se abran orificios y se pueda ver el interior.

Mientras exigimos una investigación por parte de una instancia internacional al caso del espionaje no debemos dejar de señalar la inmovilidad y la complicidad de las autoridades nacionales. Vemos, una y otra vez, cómo se protegen pactos muy profundos que mantienen el actual estado de cosas, como las instancias, que por su misión, pudieran romper el pacto de corrupción, no dejan de estar controladas.

Hay que aprender mucho de lo que está ocurriendo en países como Brasil y España y la actuación que se está realizando contra la corrupción en todos los partidos políticos. Los organismos anticorrupción deben ser la punta de lanza en este tan necesario cambio de época política para México. Se requieren sólidas estructuras de vigilancia y participación ciudadana, de principios estrictos que eviten el conflicto de interés.

Los organismos de vigilancia de elecciones, de acceso a la información, anticorrupción, de protección de consumidores, de protección del ambiente, de salud pública, etcétera, no pueden estar en manos de individuos con otros intereses que no sean el público, no deben estar en manos de sujetos que lleguen a esos cargos como resultado del reparto político entre los partidos, o por el poder de grandes corporaciones.