La Fiscal veracruzana reconoció que Guadalupe Hernández Hervis es su familiar. Hernández Hervis, identificada como “La Jefa”, es señalada por ser operadora de Hernán Martínez Zavaleta alias “El Comandante”, quien es considerado jefe de plaza de Los Zetas.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del estado Veracruz, reconoció hoy que es familiar de una operadora de Los Zetas.
“No voy a negar un parentesco, a la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos, ni por la familia los actos que ellos realicen puedo yo responder, yo soy única responsable de lo que yo haga o de mis palabras”, dijo la funcionaria en el Congreso de Veracruz, donde este martes se llevó a cabo una comparecencia.
“Aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella, no tengo ninguna relación con esa familia”, agregó.
La familiar de la Fiscal veracruzana es Guadalupe Hernández Hervis, identificada como “La Jefa”, quien es señalada por ser operadora de Hernán Martínez Zavaleta alias “El Comandante”.
Hernández Giadáns fue nombrada como encargada del despacho de la Fiscalía de Veracruz en septiembre de 2019, luego de que el Congreso de ese estado separara del cargo de manera temporal a Jorge Winckler Ortiz.
CÁRTELES EN VERACRUZ
El pasado 16 diciembre, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, reveló que en Xalapa son dos los cárteles que operan y que se disputan la plaza por la venta de drogas y el cobro de piso.
El funcionario dijo que se trata de los cárteles de Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El funcionario estatal también sostuvo que es posible que el asesinato de dos personas y un lesionado la noche del jueves 12 de diciembre en la avenida Ruiz Cortines esté relacionado con el tema, pero aseguró que 10 minutos después de darse el hecho violento ya se tenían detenidos los cuales están puestos a disposición de la autoridad.
Gutiérrez Maldonado expuso que el caso ocurrido en Xalapa así como el de la persona que fue colgada en un puente en la zona sur, están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El caso de Javier Duarte, advirtió desde febrero la organización Crisis Group, está lejos de ser único. Al contrario, alertó, es sólo un ejemplo. Durante la administración del entonces priista, Veracruz atravesó por una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno de Duarte de Ochoa, quien se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, intentó ocultar. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de miembros de Los Zetas detenidos en EU, fue el Gobierno del priista y ex Cónsul en Barcelona, Fidel Herrara, quien dio “carta blanca” a los cárteles para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales”.
La crisis financiera– de más de 35 mil millones de pesos en cuatro años, la más alta detectada por la ASF– y de violencia, obligaron al PRI a darle la espalda a Duarte de Ochoa, a quien según Miguel Ángel Yunes querían quitarlo de su cargo 10 meses antes de que concluyera.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no sólo incrementó la deuda pública a más del doble de la que recibió y causó un probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos en sus primeros cuatro años, el monto más alto detectado por las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El saldo de su administración es también una entidad en la que, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2016, se contabilizaron al menos cuatro mil 685 asesinatos y que, entre otros récords criminales, se convirtió en la más peligrosa de México para ejercer el periodismo, con 17 comunicadores asesinados y tres desaparecidos en ese periodo, de acuerdo con la organización Artículo 19.
También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.
“El dinero poco importa”, escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.
Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa fue detenido por autoridades guatemaltecas el sábado 15 de abril en el municipio de Panajachel, en ese país fronterizo con México.
El ex priísta se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, cuando un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal de esta capital giró la orden de aprehensión solicitada en la causa penal 97/2017.
“Se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros”, reportó la PGR.
“Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales”, agregó el ministerio público federal.
Duarte de Ochoa es parte del grupo de ex gobernadores priístas que en mayo de 2012 fueron elogiados por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como ejemplo de la “nueva generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros fueron el quintanarroense Roberto Borge Angulo, acusado de vender por debajo de su precio nueve mil 500 hectáreas de reservas del estado; y el chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo, luego de que su sucesor en el Gobierno, Javier corral Jurado, lo acusara de desfalco y peculado.
Los tres llegaron al poder en 2010, habrían apoyado la campaña del hoy Presidente de México y, de acuerdo con datos oficiales, concluyeron sus sexenios como los que más aumentaron las deudas públicas de sus entidades.
El Gobierno de Duarte de Ochoa en Veracruz se destacó, además del saqueo, por el aumento sin precedentes en los niveles de violencia, entre cuyas primeras expresiones se contó, en septiembre de 2011, el abandono de 35 cuerpos bajo un puente vial en el municipio de Boca del Río, en plena zona metropolitana del puerto de Veracruz.
Enrique Peña Nieto saluda a Javier Duarte de Ochoa al finalizar la instalación y sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil el 28 de mayo de 2013. Foto: Cuartoscuro
El alza en los asesinatos quedó registrada incluso en las cifras oficiales [del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública], que muestran cómo el primer mes de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –diciembre de 2010– fue, con 66 casos, el más violento en la entidad en toda una década.
El siguiente año, 2011, cerró con 890 asesinatos, que representaron un 52 por ciento más que los 583 registrados en 2010, y la tendencia continuó en 2012, con 968 casos.
Fue sólo entre 2013 y 2014, este último en el que la cifra oficial fue de 487 delitos contra la vida, que se registró una disminución, y fue también cuando el ex mandatario Duarte de Ochoa afirmó que en Veracruz ya no se habla de balaceras ni de asesinatos ni de delincuencia organizada, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
En 2015, sin embargo, el indicador volvió a la alza y tan sólo en los primeros nueve meses de 2016, hasta antes de que solicitara licencia y se diera a la fuga, se contabilizaron 846 casos; un 45 por ciento más que el año en el que fue electo Gobernador.
Las organizaciones, por su parte, contabilizan miles de desapariciones y delitos en los que aparecen vinculadas las autoridades del estado, como el caso de los cinco jóvenes “levantados” por policías en la localidad de Tierra Blanca y en su camino a Playa Vicente.
“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes”, concluyó este año una investigación de la organización internacional Crisis Group.
“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Actualmente, sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil, y dicen que no se ha resuelto ninguno”, agrega.
El informe identifica que estas interconexiones “políticas y criminales” se hicieron más “fluidas” durante el sexenio del ex Gobernador priísta Fidel Herrera, nombrado por Peña Nieto Cónsul en Barcelona en 2015 y para quien Duarte de Ochoa trabajó como Secretario de Finanzas y Planeación.
“Inicialmente, bajo el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien ostentó el poder desde 2004 hasta 2010, cuando la influencia del cártel de Los Zetas iba en aumento, y posteriormente bajo su sucesor Duarte, Veracruz fue sede de interconexiones políticas y criminales cada vez más fluidas, acelerando su descenso hacia la inseguridad extrema”, dice la investigación titulada “Veracruz: reformar el Estado de Terror mexicano”.
También fue bajo el Gobierno de Herrera Beltrán, advierte la misma investigación, que esta entidad ubicada en el Golfo de México y antes utilizada como lugar de tránsito para grupos del crimen organizado, sufrió el giro que las actividades de estos dieron hacia otras con mayores efectos sobre la población.
“El giro hacia la actividad criminal con efectos mucho más dañinos sobre las poblaciones locales se ha atribuido al éxito electoral de Fidel Herrera, del PRI, en 2004. Según el relato de analistas locales y declaraciones de testigos en un juicio en Estados Unidos contra un individuo acusado de blanquear dinero y de forjar acuerdos entre Los Zetas y partes de la élite política de Veracruz, el precursor de Los Zetas, La Compañía, recibió carta blanca para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales. Herrera ha negado todas las acusaciones de irregularidades en su época de Gobernador”, dice el reporte.
Otra de las causas del aumento en la violencia en Veracruz, de acuerdo con Crisis Group, es la escisión en varios grupos criminales derivada del combate encabezado en la región por el Gobierno de Felipe Calderón el sexenio anterior.
“La consiguiente competencia por los mercados y territorios generó un pico en las tasas de homicidios y desapariciones forzadas denunciados de 2010 en adelante. El Gobierno estatal o bien buscó negar la magnitud del problema, o recurrió a explicaciones basadas en la percepción de competencia y lucha entre grupos criminales rivales, así como la afirmación de que las víctimas tenían que estar involucradas de algún modo en actividades ilícitas”, advierte la organización.
“Estas versiones oficiales de los eventos ocultaban tanto la complejidad de la violencia, en la que múltiples grupos de perpetradores actuaban de acuerdo con diversas lógicas, y la evidencia de que las víctimas de muchos asesinatos y desapariciones eran civiles inocentes”, agrega.
Además de esa violencia sin precedentes, observa la investigación, el Gobierno de Duarte mantuvo una intención “de ocultar o negar estos crímenes”.
OPORTUNIDAD POLÍTICA
La presión política en contra de Duarte de Ochoa empezó a ser pública a partir de febrero de 2016, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundió el resultado de la revisión a la Cuenta Pública de 2014 y encontró que el Gobierno del veracruzano presentaba más de 35 mil millones en recursos no explicados.
Un día después de ese informe, el Senado de la República aceptó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para realizar un juicio político contra el mandatario y, ese mismo día 23 de febrero, el hoy Gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que el mismo Partido Revolucionario Institucional PRI buscaba pedirle la renuncia.
“Estoy en D.F, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el candidato tapadera. Pendientes”, escribió Yunes Linares en su cuenta de la red social Twitter.
La intención de la dirigencia nacional del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a Duarte de Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio, a fin de enviar un mensaje de castigo a la corrupción que, preveían en el tricolor, les costaría la primera derrota en el tercer estado con el padrón electoral más grande de México.
Una intervención de Duarte ante la Presidencia de la República, sin embargo, habría detenido su salida. El argumento del veracruzano, de acuerdo con una versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
La intención de la dirigencia nacional del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a Duarte de Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio. Foto: Cuartoscuro
En abril de ese año, como primer acto de su campaña, el mismo Yunes Linares presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, el 5 de junio siguiente, en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, ganó la elección en la que el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez el Poder Ejecutivo en la entidad.
La PGR, mientras, de acuerdo con la versión oficial, recibió desde el 19 de septiembre el oficio de la Fiscalía de Veracruz para atraer las carpeta de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, ambas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Aun así, Duarte estuvo en la Ciudad de México hasta el 11 de octubre, dos días antes de su fuga y cuando se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Yo lo recibí [a Duarte] un día de antes de que pidiera licencia. Él me dijo que habría de dejar el Gobierno. Señaló que no tenía nada que ver en todo lo que le señalaban y yo le comenté que eso lo tenía que decir ante la justicia”, explicó Osorio Chong el 24 de octubre pasado en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.
“Al otro día renunció”, dijo el mismo funcionario.
El 12 de octubre, el veracruzano acudió a una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, de Televisa, y afirmó que solicitaría licencia para enfrentar las denuncias en su contra. Fue la última vez que se le vio en público.
La orden de aprehensión fue girada el 13 y, el 17 de octubre siguiente, Yunes Linares, entonces ya Gobernador electo de Veracruz, aseguró también en Televisa tener información de que Duarte de Ochoa se habría ido de la entidad en un helicóptero facilitado por Flavino Ríos, quien era Gobernador interino de la entidad.
Dos días después, la entonces Procuradora Arely Gómez confirmó el inicio de la búsqueda del ex mandatario y nueve personas más por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero y, el 21 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) catearon diversos inmuebles del priísta en la Ciudad de México.
La detención del sábado pasado se genera en pleno proceso para renovar la Gubernatura del Estado de México, el más grande del país en número de electores, sede de uno de los grupos políticos más importantes del priísmo y lugar de origen del Presidente Enrique Peña Nieto, cuyo primo, Alfredo del Mazo Maza, es el candidato del tricolor.
Su cerrada competencia con las otras dos contendientes, sin embargo, ha generado la campaña más reñida en la historia de una entidad gobernada por el PRI durante más de 80 años.
Los señalamientos de corrupción contra el PRI, además, han sido la marca del sexenio, desde las residencias adquiridas por Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a uno de sus principales contratistas, hasta las denuncias contra los ex mandatarios que elogió en su campaña.
En los últimos días, además, el también ex Gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yárrington, fue detenido en Italia luego de más de cuatro años de estar prófugo por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y, días antes, el Fiscal del gobierno priísta de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido en California también por narcotráfico.
Y es en este contexto, de acuerdo con diversas interpretaciones políticas difundidas este fin de semana, que la detención del veracruzano en un país vecino con México se advierte como un “intento desesperado” por no perder la elección en el Estado de México.
El caso de Javier Duarte, sin embargo, advirtió desde febrero el informe de Crisis Group, está lejos de ser único. Al contrario, dice la investigación: es sólo un ejemplo.
“Los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”, dice el texto.
“En algunos estados, donde los Gobernadores pudieron contar con la complicidad de las legislaturas, la deuda pública ha crecido exponencialmente. De 2008 a 2014, creció más de cinco veces en Tamaulipas, más de cuatro en Chihuahua y más de dos veces en Veracruz, todos los cuales son de los estados más afectados por la violencia”, dice.
Hoy, Javier Duarte permanece preso en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala a espera de ser extraditado a México, donde deberá enfrentar cargos por lavado de dinero, narcotráfico y los que se le sumen.
Su esposa Karime Macías, presuntamente involucrada en los desfalcos cometidos en todas las dependencias de la entidad, y sus suegros Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, supuestos cómplices de la pareja veracruzana, no tienen cargos, por lo que pueden transitar de manera libre en México y en el extranjero, informó este domingo la AIC.
La dependencia de la PGR también dio a conocer este día que un grupo de personas con contactos en Guatemala operó desde la Ciudad de México para lograr la fuga de Duarte de Ochoa, quien desde noviembre habría ingresado al país vecino del sur de manera ilegal.
Las imágenes de la detención del ex Gobernador de Veracruz le han dado la vuelta al mundo. Con un gesto apacible, incluso amigable, es como se ve en fotos y videos a Javier Duarte de Ochoa, quien logró evadir la justicia mexicana durante casi seis meses, más tiempo de lo que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán estuvo prófugo.
Alto Lucero, donde el pasado viernes ocho civiles fueron ejecutados por un grupo armado, es un pueblo de 28 mil habitantes, vigilado por 20 policías, dijo el Presidente Municipal, Manuel Domínguez. El Ayuntamiento gasta 300 mil pesos en armamento y despilfarra dinero en carros alegóricos de carnaval y arpas gigantes para Récord Guinness. Las riquezas del municipio lo vuelven atractivo para los delincuentes, quienes tienen campo abierto para escapar y esconderse.
Por Miguel Ángel León Carmona
Alto Lucero, Ver./Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).- “Si bien la inseguridad en Alto Lucero se disparó en los últimos 45 días, lo que vivimos el pasado viernes fue una tragedia. A los mañosos sólo se les puede vencer con el ejército. Mi municipio sigue esperando una patrulla que la Secretaría de Seguridad Pública prometió desde el año 2014”.
Comparte en exclusiva para Blog Expediente Félix Manuel Domínguez Lagunes, Alcalde priista de Alto Lucero, Veracruz, un pueblo jaranero dedicado a la ordeña de leche y a la ganadería, que en días recientes se vio azotado por un escuadrón, presuntamente ligado al cártel de Los Zetas. El saldo: ocho personas asesinadas y dos con lesiones de bala.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población total es de 28 mil 018 habitantes, con una extensión territorial de 725.48 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el edil acepta que su Policía Municipal la integran 20 elementos acreditados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y tres vehículos patrulleros, modelos que van desde el año 2006.
Domínguez Lagunes relata que al inicio de su trienio, la Policía de Alto Lucero contaba con armas tipo revólver, escuadras 45 y escopetas en desuso. “De las treinta pistolas que había, únicamente servían dos; las demás ya estaban viejas”.
Por otra parte, el entrevistado asegura que “el municipio se registró en un programa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: si comprabas un vehículo nuevo, ellos te aportarían un segundo. Yo compré una RAM en 2014 y hasta la fecha no hemos tenido suerte”.
En su defensa, el Alcalde detalla que ha invertido 330 mil pesos en armamento para su veintena de oficiales; sin embargo, también presume que en el afán de promover la cultura ha competido con carros alegóricos en el Carnaval de Veracruz y hasta pagado 80 mil pesos para crear “El arpa más grande del mundo”, avalado por Récord Guinness.
Ante la pregunta que si con su inversión en materia de seguridad Alto Lucero estaría preparado para un futuro altercado, el Edil opina que “definitivamente no es un armamento que pueda repeler a toda esta gente. Dios quiera y esta tragedia no se vuelva a repetir. A los mañosos sólo se les puede vencer con el Ejército”.
De esta manera, Manolo Sánchez (como es conocido en sus tierras natales) acepta compartir desde su puesto las referencias de los ocho ultimados el pasado viernes 19 de agosto de 2016, dejando en claro que el mismo Gobernador, Javier Duarte, erró al decir en conferencia de prensa que todas las víctimas pertenecieron a su localidad.
“No es que me absuelva de responsabilidades, pero esa gente operó en los límites de mi ciudad. A mí me cuestiona todo mundo, pero de los ocho asesinados únicamente dos vivían en Alto Lucero; los demás formaban parte de Actopan”.
“La inseguridad en Alto Lucero se desató en los últimos 45 días. Hubo tres secuestros y por los rescates pidieron hasta cinco millones de pesos. Creemos que este problema está relacionado con lo económico. Nuestra gente de la costa, donde fueron los hechos, está dedicada a la ganadería y a la venta de leche”.
Dando por hecho que en su periodo ya se habían registrado cinco secuestros, el Presidente Municipal sostiene que hasta 2015 la situación en temas de seguridad se había mantenido estable; fue en el mes de junio que una persona de la comunidad de Palma Sola fue plagiada y su libertad estuvo condicionada por cinco millones de pesos.
“Los afectados no quisieron denunciar, negociaron la libertad de esta persona con un millón de pesos más un vehículo. El segundo hecho fue en la comunidad de El Limón, en el mes de julio, los secuestradores pidieron tres millones y obtuvieron 700 mil pesos, tampoco hubo denuncia”.
De acuerdo con el Edil, quien no evade el cuestionario, informa que el tercer plagio se dio en los primeros días del mes de agosto, esta vez en la comunidad de Santana; se desconoce la cantidad con la que los afectados obtuvieron la libertad de su familiar. De las personas privadas de su libertad, de entre 23 y 55 años de edad, nadie perdió la vida.
ALTO LUCERO, PUEBLO ATRACTIVO PARA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
De acuerdo con los datos publicados en la página oficial de Alto Lucero, el municipio está ubicado en una zona dedicada en un 90 por ciento a la ordeña de vacas, que en su mayoría es vendida al programa federal Liconsa S.A de C.V.; en tanto, el resto del producto lácteo es empleado para pequeños comercios como queserías.
Por otro lado, Manuel Domínguez asegura que en la región costera, donde fueron los incidentes, la mayoría de la población se dedica a la ganadería: Ojital, Limón, La Luz, La Mesa 24, son algunas de las comunidades.
En tanto, el resto de la población se dedica a la siembra de café, maíz, papaya y jitomate; datos que coinciden con los finados del pasado 19 de agosto.
Por ejemplo, la primera comunidad que fue invadida por el convoy de 15 vehículos con presuntos sicarios fue en El Embarcadero, Actopan, allí perdieron la vida tres empleados de un negocio quesero. Tras los sucesos, los dueños decidieron clausurar el establecimiento y salir del pueblo.
La segunda parada se dio en la comunidad de El Ojital, Actopan, a escasos cinco minutos de El Embarcadero. Allí también fueron secuestrados y posteriormente ultimados tres personas; dos de ellos dedicados a la engorda de ganado, mientras que el tercero laboraba en la industria petrolera en el estado de Campeche.
Finalmente las víctimas Orlando Grajales Aguilar, de 23 años, y Tomás Grajales Rodríguez, de 46, fueron privados de su libertad en la comunidad de Anono, perteneciente al municipio de Alto Lucero; ambos finados ganaron dinero cosechando en las parcelas y ordeñando vacas.
Aunado a la fuente de ingresos de la población, Domínguez Lagunes añade que debido a la ubicación geográfica y el tipo de relieve del municipio, las personas dedicadas a delinquir ven en Alto Lucero un territorio productivo y con múltiples caminos y escondites naturales.
“UNO DE LOS ASESINADOS FUE DE MI GENTE DE CONFIANZA”
Ya para el final de la entrevista, Manolo Domínguez confía que el señor Tomás Grajales Rodríguez fue su colaborador durante su campaña como candidato a Presidente Municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Tomás fue una persona muy accesible con todos; aunque no hay la figura de agente municipal en Anono, donde él vivió, era el enlace con la cabecera municipal. Él representaba en su pueblito. Las reuniones se hacían en su casa. Si su gente requería apoyo Tomás buscaba también la forma para que se les echara la mano.
Fue en la campaña para Alcalde en 2014 que Tomás se sumó al grupo de trabajo de Manuel Domínguez, convocando gente a mítines y compartiendo el mensaje de campaña del entonces candidato. El resultado favoreció a los priistas por 400 votos de ventaja.
El entrevistado define a Tomás como un campesino bragado; no tomaba, no fumaba, a quien se le veía siempre trabajando, chapeando, cercando sus parcelas, de todo hacía para producir la mejor leche de la comunidad de Anono. Una familia que iba al día, asegura.
Según testigos, Tomás y su hijo Orlando pretendieron apoyar a los vecinos de la comunidad de El Limón ante la llegada de un comandando armado. “Insisto, fue un hombre valiente. Lamentablemente se topó a esta gente en el camino y perdió la vida junto a su hijo”.
Son las palabras de Manuel Domínguez Lagunes, quien asegura no tener miedo pese a la tragedia. No obstante, ante la pregunta al cierre de la entrevista si conoce quienes pudieron estar detrás del multihomicidio, el hombre simplemente calla y da las gracias de mano.
La tarde del pasado viernes, decenas de sicarios encapuchados arribaron al municipio de Actopan, “se trepaban al techo de las casas y corrían de un lado a otro”. De acuerdo con el relato de los pobladores, primero llegaron a El Embarcadero, hurtando los objetos de valor para después llevarse a tres hombres. La segunda parada, bajo el mismo modus operandi, fue en El Ojital, donde levantaron a otros tres. Después llegaron a Alto Lucero, para entonces ya habían dos personas heridas y seis secuestrados. Los habitantes han asegurado que “fueron Los Zetas, el grupo más fuerte en el estado de Veracruz […] Acabaron con la felicidad de Alto Lucero. Secuestraron gente. Llevaban una pinche lista y comenzaron a hacer su desmadre”.
Por Miguel Ángel León Carmona
Veracruz/Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).- “Esos cabrones andaban secuestrando gente. Llevaban una pinche lista y comenzaron a hacer su desmadre. Yo le puedo decir, primo, que nomás iban por tres; los otros cinco eran inocentes. Nosotros en el pueblo somos bragados y quisimos detenerlos; pero contra esa gente no se puede pelear”.
Voces de tres vaqueros, sobre la avenida Murilla Vidal, de Xalapa, Dicen sentirse incómodos en las salas donde ahora velan a cinco de los ocho asesinados el pasado viernes 19 de agosto, en la llamada masacre de Alto lucero.
Allí adentro, en el parque memorial Bosques del Recuerdo, sólo abundan los quejidos y el olor a cadáveres de tres días. Además, los hombres tampoco pueden recordar a los suyos como se acostumbra en el rancho El Limón; llorando y maldiciendo culpables, aferrados a una botella de tequila Cien Años.
“Estos canijos acabaron con la felicidad de nuestro pueblo. Iban buscando billete, porque sí hay, pero las fortunas se hacen chiquitas cuando se tienen seis o siete hijos. A esa gente le gusta hacer dinero a la mala. Nosotros tratamos de defendernos; pero eran un chingo”.
¡Ay, primo nos partieron la madre!”, dice el más viejo de los vaqueros, mientras se cura la pena con sabor a agave.
El reportero escucha la charla mientras busca un encendedor para quemar un cigarrillo. “Venga, mijo, aquí se lo prendemos. Además se ve que quiere escuchar la historia. Venga, que se la vamos a contar, pero antes péguele un trago a la botella y no sea grosero”.
El más sobrio de los tres se recoge el llanto y se presenta como pariente de cuatro difuntos: Orlando Grajales Aguilar de 23 años. Tomas Grajales Rodríguez de 46. Francisco Montero Rodríguez de 40, y Mario Montero Rodríguez de 67. “A Tomás lo mataron por defender a su chamaco y a Pancho por querer salvar al viejón. Así las cosas”.
Es como la tragedia comienza a dibujarse, brindando por los caídos, unos de Alto Lucero y otros del municipio vecino de Actopan, Veracruz. Una barredora fúrica en menos de 12 kilómetros que sembró el pánico en tres comunidades de la costa veracruzana.
En tanto, de los agresores, los vaqueros reprochan sobre la vía pública: “Qué otro grupo habrá sido que no sea el más fuerte en Veracruz, primo. Los Zetas”.
“EN EL EMBARCADERO, PRIMERA PARADA, SE LLEVARON A TRES”
Eran las 16:00 horas del viernes 19 de agosto en la comunidad de El Embarcadero, Actopan, Veracruz; las señoras levantaban los trastes de la comida, los niños jugando con las canicas y el trompo de madera; los más viejos contemplaban el silencio desde sus butaques (sillas de madera con forro de piel de borrego). Fue cuando una tormenta de proyectiles cimbró el cielo.
Los entrevistados hablan de al menos quince vehículos de distintos modelos, con al menos 50 gatilleros abordo. La Fiscalía General cita 12 que fueron decomisados, con placas del Estado de México y de Veracruz. “Había unos bien chamacos, otras ya señores; unos se dejaron ver las caras, otros iban de pasamontañas”.
El presunto mando del convoy sacó una lista de papel y leyó el nombre de Claudia Montero Zavaleta. No fue difícil localizarla, aseguran, pues en el camino de terracería apenas se asoman cuatros viviendas. La orden fue levantarla.
Los sujetos armados irrumpieron en las viviendas del Embarcadero hurtando los objetos de valor: pantallas, electrodomésticos, dinero en efectivo. Dejando un destrozo en los interiores.
Sin embargo, dos hombres de oficio queseros trataron de impedir el secuestro de Cluadia Montero. No hubo respuestas de los encapuchados; se los llevaron también. Los subieron a las bateas, vistiendo sus mandiles y botas de hule blancas; el uniforme de su eterno oficio.
“No sabemos si la difunta tenía dinero, pero estos queseros eran bien pobres. Su error fue querer rescatar a la muchacha; murieron haciendo lo que nos enseñan los viejos en el pueblo, defender a las mujeres”, comparten los vaqueros, ya con la botella de tequila anunciando el fondo.
A ninguno mataron en ese momento, aseguran los testigos. El plan seguía en pie, secuestrar a todos. “Mejor para los malos, pues ya se les estaba haciendo costumbre secuestrar por esos rumbos. Dijeron si vengo por uno pues me llevo a tres, qué chinga”.
“SEGUNDA PARADA, EL OJITAL, LEVANTARON A OTROS TRES”
¿Quién es Mario López?, preguntó un encapuchado, palomeando su lista de papel. “El viejo ya colmilludo, contestó que no estaba. Pero, Mario, su hijo, al ver a tantos hombres armados bajo corriendo desde la azotea y dijo que era él… Pero a quien buscaban era al Pancho. A esos canijos les valió madre y se llevaron a los dos” comparte el vaquero a las afueras de Bosques del Recuerdo, esta vez con un trago profundo a su bebida de tequila, por tratarse de sus familiares.
Del primer poblado, El Embarcadero al Ojital, hay unos cinco kilómetros de distancia. La gente no tuvo tiempo ni señal telefónica para prevenir a los vecinos. Además, cuentan los testigos que los gatilleros esta vez bloquearon las estradas del pueblo con sus vehículos. Nadie debía escapar, fue la orden.
De la comunidad El Ojital, también perteneciente al municipio de Actopan, secuestraron en total a tres personas. La última víctima, cuentan los entrevistados, responde al apodo de “El Pelón”, a quien no hallaron los pistoleros y en su lugar plagiaron a su hermano. “Fue la misma chingadera, primo. Nadie quiere que le quiten a un hermano”.
La técnica para penetrar el temor entre los lugareños fue la misma; lluvia de balas, palabras altisonantes y carcajadas de los encapuchados. “Allí se robaron hasta una camioneta; ropa, tenis, todo se llevaron. Tengo una prima que tenía unos loros, pues hasta los loros se chingaron”, precisa el hombre, que si bien rebasa los niveles del alcoholímetro, advierte que su nombre no debe salir en el escrito.
“LA TERCERA PARADA ERA EL LIMÓN, PERO NO LOS DEJAMOS”
Los personeros arrancaron los automotores y pusieron la mira en el tercer poblado, ya en el municipio de Alto Lucero, en el rancho El Limón, a escasos siete kilómetros de distancia. Habían transcurrido al menos 20 minutos y la presencia policial de José Nabor Nava Holguín, Secretario de Seguridad Pública del Estado.
El saldo para entonces ya era de seis personas plagiadas y otras dos heridas por proyectiles; gente que ante el estruendo de los armamentos salieron a asomarse desde la azoteas. “A uno le impactaron en el pecho y está hospitalizado de gravedad. A otro le rozaron la oreja”, detalla Manuel Domínguez, Alcalde de Alto Lucero.
El mensaje, en el poblado rural había llegado más pronto al Limón que la asistencia policial. Acto seguido, la comunidad, no mayor a los 200 habitantes, decidieron repeler el convoy de presuntos secuestradores con una hilera de camionetas y carros de remolque.
“Nosotros esperábamos un carro o dos, pero eran un chingo. La primera vez que hubo un secuestro nada más entraron dos camionetas. La verdad, primo, al ver tanta gente mejor decidimos escondernos en nuestras casas. Tenemos más huevos que ellos, pero con tanta pistola no se puede”, se lamentan los vaqueros, advirtiendo que la bebida de litro está por terminarse.
“ALGUIEN LES DIO EL PITAZO A LOS MALOS Y SE FUERON”
“A lo mejor les dieron el pitazo de que iban los soldados y ya no entraron al Limón. Desafortunadamente ya le habíamos dicho a mi pariente Tomás que se jalara para el pueblo a auxiliarnos. ¡Ay, primo, a ellos no les tocaba, pero por querer venir a apoyarnos se lo chingaron junto a su hijo también”.
El convoy se desvió del Limón con rumbo a la comunidad de El veinticuatro, Alto Lucero. Tomás y Orlando regresaban de su jornada en el campo, abordo de una camioneta Pointer color gris… Fue en un camino sin salida donde padre e hijo se toparon con el arsenal de los encapuchados.
“Donde acorralaron a mis parientes está un puente; se quedaron a cinco segundos de haber llegado a la cima. Me imagino que de haber visto el desmadre se pudieron haber desviado o escondido. Pero los malos vieron que la camioneta venía recio y comenzaron a dispararles”.
“Pensamos que Tomás murió al instante, porque recibió varios impactos en el cuerpo. Aun así lo subieron a la camioneta con los otros seis que iban secuestrados. A Orlando le pegaron con los rifles en el rostro. A lo último lo mataron con el tiro de gracia”, cuentan los hombres de sombrero.
El Alcalde de Alto Lucero asegura que apenas recibió la noticia del altercado en la zona de su municipio solicitó apoyo a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Seguridad Pública (SSP). Los lugareños dicen que a los gatilleros les dio tiempo suficiente para decidir.
“Esos canijos dijeron: si me va a cargar la madre, pues les va a cargar la madre a ustedes también. Entonces asesinaron a las ocho personas, una por una, abandonaron los carros y se dieron a la fuga con rumbo a la sierra de Laguna Verde. Cuando la policía llegó nomás vieron el regadero de gente”.
“Aquí las cosas están raras, cómo es que los soldados se encuentran de frente a los malos, ya con los helicópteros sobre volando y no matan a nadie y además se les pelan. Ya no sabemos si les dieron chance”, comenta el vaquero, que para el final de la botella de tequila y se ha puesto a tono del llanto de sus compañeros.
“Lo que nos da más muina, primo, es que mataron a personas que trabajaron como animales y ni siquiera pudieron disfrutar. Semos hermanos y nos queremos como hermanos. Por eso me duele esta pérdida. Por la pinche maldad de estos cabrones”.
Así termina la entrevista sobre la masacre de Alto Lucero; una historia más en el libro de Javier Duarte de Ochoa.
Una botella de tequila Cien Años que permitió a los más valientes de la familia llorar por los suyos y hasta dictar el grupo de los presuntos asesinos.
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