Las organizaciones civiles relacionadas con el derecho al agua advierten que la disputa en la siguiente discusión por actualizar la Ley de Aguas Nacionales será por la toma de decisiones que el Gobierno federal pretende centralizar. 

Investigadores están preocupados porque se retome la “Ley Korenfeld”.Foto: Juan Luis García.

Mazatlán, Sinaloa, 17 de marzo (Enviado/SinEmbargo).– Más de 150 representantes de organizaciones civiles reunidos en el foro “Construcción Ciudadana para el Buen Gobierno del Agua”, que se lleva a cabo en Mazatlán, mostraron su preocupación porque legisladores pretenden retomar la iniciativa llamada “Ley Korenfeld” que minimiza la participación ciudadana.

Dicha Ley –bautizada así en referencia a David Korenfeld Federman, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y quien diseñó esa propuesta oficial– ha sido rechazada repetidamente por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y especialistas en el tema porque, afirman, entre otros objetivos busca que el Gobierno pueda tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía e incluso ejecutarlas con la fuerza pública; privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales; sobreexplotar cuencas y acuíferos, y despojar a pueblos indígenas y campesinos para darle el vital líquido a grandes corporaciones; asegurar agua para el uso minero y el fracking; ofrecer impunidad a contaminadores; evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”; desentenderse frente a desastres y prohibir el estudio de la situación real del agua en México.

Por ello, las ONGs reunidas en Mazatlán propusieron minimizar la injerencia de la Comisión Nacional del Agua en las decisiones importantes sobre el uso del agua en el país de las más de mil 471 cuencas hidrográficas, aquellas que drenan sus aguas a ríos y mares por las superficie, y 722 cuencas hidrológicas, en donde el drenaje llega mantos subacuáticos.

Las organizaciones civiles pelean por fortalecer los Consejos Consultivos de Cuenca, donde se reúnen autoridades usuarios, los cuales hasta ahora no tienen el derecho a decidir por el uso del agua, aunque sean ellos quienes viven en las zonas donde impacta su uso.

De acuerdo con datos oficiales al menos 11 millones de mexicanos carecen de acceso al agua. Un asunto que contrastado durante el Foro con el consumo de las zonas de alto nivel económico del país que llegan a requerir un promedio de 600 litros por habitante al día.

La doctora Helena Cotler Ávalos, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex directora de Manejo Integral de Cuencas Hídricas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, habló con SinEmbargo sobre cómo la propuesta de “Ley Korenfeld” anularía los avances para que los ciudadanos se apropien del destino del agua.

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—¿Qué rol juegan los ciudadanos dentro del uso de aguas en la iniciativa de Ley Nacional de Aguas o  Ley Korenfeld?

–Partimos de la experiencia de que ya tenemos  20 años con la planeación hídrica actual que se centra en una planificación centralizada, a partir de laConagua central, que generalmente, no tiene conocimiento de lo que está pasando en el territorio. Finalmente, los consejos de cuenca son nuestros órganos colegiados, pero son consultivos, y la planeación está muy centralizada. Estas planeaciones no se basan en datos duros, en ciencia, no hay balances hídricos por cuencas, eso nos ha dado un sobreconcesionamiento. Y de todos los problemas que eso ha generado, pues la  iniciativa Korenfeld centraliza aún más la planeación.

—¿Qué incluye la iniciativa que centraliza aún más el modelo que ya tenemos?

–Se quita la palabra planeación, se habla de política y programación hídrica. Y lo que dice la ley es que los estados y municipios tienen que generar las políticas públicas para hacer cumplir el derecho humano al agua. Entonces, esto lleva un retroceso. El Estado retrocede y dice yo no voy a hacer planeación. No hay mención de Organismos de Cuencas [unidades regionales dependientes de Conagua], y a los Consejos de Cuencas no les da ningún peso, entonces, el poco espacio que había para planeación  lo quita totalmente. No permite que se generen datos, investigación, dentro de la cuenca para tomar decisiones.

—¿Cuál es la propuesta ciudadana? ¿En qué se diferencia de lo anterior?

–Lo que está planteando la iniciativa ciudadana es un paradigma 180 grados distinto. Diciendo que la planeación se hace a nivel micro. El Consejo de Cuenca va a hacer la planeación fuerte: las concesiones, el agua aprovechada ecológicamente, el monitoreo. Todo pasa por él.

—La autonomía de los Consejos pasa por el tema presupuestal, ¿cuál es la propuesta ciudadana para contar con recursos?

–Es apostarle mucho a qué tipo de autonomía financiera y jurídica va tener el consejo de Cuenca, en este momento no lo tienen y de ese punto su debilidad. Montos asignados del Presupuesto de Egresos de la Federación puede ser una parte de la solución, y la otra es la búsqueda de financiamiento dentro de estos consejos. Estamos en una de las zonas agrícolas más ricas, entonces, cómo hacer que estos agricultores que están consumiendo está agua que genera mucha riqueza puedan usar eso mismo para el mantenimiento de la cuenca, o para la investigación de la cuenca y tener los balances hidrológicos. Podría haber algún tipo de mecanismos para tener una autogestión dentro de los consejos de cuenca.

—¿Se trataría entonces de modelos mixtos para todas las cuencas?

– También hay que pensar eso. Una cuenca en el Río Verde Oaxaca, no tiene las mismas condiciones que en el Río Fuerte de Sinaloa, hay que pensar en distintos mecanismos.A veces pueden ser federales, estatales, otras a niveles de asociaciones de usuarios, entonces, hay que pensar en mecanismos muy flexibles y adaptados, porque nuestro territorio es muy diverso.

Es importante que los ciudadanos decidan el futuro de sus cuencas. Foto: Cuartoscuro.

—¿Qué peso tienen en este momento los Consejos de Cuenca en las decisiones sobre el agua?

–En este momento no son vinculantes. Son colegiados mixtos, supuestamente es para promover la participación, pero ya un estudio de la Auditoría Superior de la Federación [ASF] en el 2004 dejó claro que la misma Conagua no había promovido estos consejos. Y que los consejos de cuenca no están promoviendo acciones de restauración y que la sociedad organizada es el 12 por ciento de participación en el consejo de Cuenca , o sea es mínimo. Y menos la academia. Entonces, si la nueva ley hace que el consejo de cuenca pueda tener mucho más importancia, eso puede hacer que los ciudadanos tengan más interés en participar, actualmente, es mínima porque no toman decisiones realmente importantes.

—¿Cómo garantizar entonces que los Consejos sean realmente representativos de la ciudadanía?

– Bueno, se van a tener que garantizar ciertos incentivos, porque claro que haya participación no quiere decir que vaya haber una representación justa de todos. Siempre hay algunos sectores que tienen mucho más poder económico,  político, y que son los que siempre van a querer tomar las decisiones. Se van a tener que pensar en ciertos incentivos para que la gente con menos poder también pueda hacer escuchar su voz. No es una barita mágica, el hecho de ciudadanizar no significa que en esos consejos de cuenca no se van a repetir todas las desigualdades sociales. No son burbujas, pero entonces hay que pensar en todos esos incentivos.

—Durante su ponencia en el foro habló de crisis. ¿Qué tan grave es la situación de la planeación del agua en México?

– No se sabe cuánta agua hay, no hay balances científicos. No se sabe dónde están los acuíferos, donde están las conexiones con los acuíferos, dónde están las recargas de los acuíferos, no se sabe de la calidad del agua, porque son estaciones de calidad de agua muy espaciadas en el país, en qué términos afecta la variabilidad de cambio climática. Entonces, el vacío es enorme. El REPDA (Registro Público de Derechos de Agua), finalmente, muchos estudios han visto que su credibilidad es muy baja, entonces, no se sabe realmente quién está usando el agua, ni para qué está usando el agua. Necesitamos una Ley que pueda cubrir esos vacíos, que tengamos un Registro Público que diga exactamente quién está usando el agua, para qué está usando y cómo está dejando es agua. En qué condiciones, en qué calidad. Los ciudadanos tenemos derecho a esa agua, pero sólo con información se puede decidir… y en este momento hay una gran opacidad.