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La CDHDF emitió hoy la Recomendación 1/2018 donde pide, entre otras cosas, investigar a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalinas que hayan obstruido la justicia en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada sin vida en la UNAM en mayo de 2017; también exige a las autoridades una disculpa pública para sus familiares por “manchar su memoria y dignidad” al sugerir que se suicidó.

La defensa legal de la familia de la joven espera que las autoridades adopten la Recomendación, y que las observaciones a las tres dependencias sean consideradas por el grupo multidisciplinario que analiza la implementación de la Alerta de Violencia de Género en la capital, pues muestran “la cadena de impunidad” en los casos de feminicidio.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- A un día de que se cumpla un año del supuesto feminicidio de Lesvy Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia (PGJCdMx), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CdMx) capitalinas disculparse públicamente por obstruir el acceso a la justicia de la joven.

El órgano exigió también indemnizar a su familia e investigar a los funcionarios de las tres dependencias que violentaron la memoria de la estudiante de 22 años al sugerir que ella fue la culpable de su muerte.

Hoy la CDHDF emitió la Recomendación 1/2018 dirigida a quienes no atendieron el crimen con perspectiva de género y también solicita actualizar el protocolo de investigación de feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos y la guía para realizar necropsias en esos casos.

Aunque la familia de la joven y su defensa legal esperaban la recomendación desde hace un año, en conferencia, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoció que sí sienta un precedente “para romper la cadena de impunidad” que caracteriza a los casos de violencia de género y feminicidio en la Ciudad de México y pone en la mira a las autoridades.

Desde hoy, la Procuraduría capitalina, el Tribunal Superior y la Secretaría de Seguridad Pública tienen un plazo de 15 días para aceptar los puntos de la recomendación. Y aunque el organismo defensor de los derechos humanos no establece un lapso de tiempo para que las autoridades adopten las medidas, la mamá de Lesvy, Araceli Rivera Osorio, llamó a que éstas se apliquen de forma urgente.

Lesvy fue encontrada estrangulada, con marcas de violencia y el cable de una cabina telefónica atado a su cuello, el pasado 3 de mayo en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque la evidencia apuntaba a que fue víctima de un feminicidio cometido por su novio, Jorge Luis González Hernández, un ex trabajador de la UNAM, la PGJCdMx defendió la versión que ella se suicidó, lo que indignó a la comunidad universitaria, a su familia y desembocó en una lucha por justicia que continúa hasta ahora.

DERECHOS VIOLENTADOS

Los derechos que las autoridades de la Ciudad de México violentaron fueron el de la integridad personal, a la memoria, la intimidad y la vida privada de Lesvy, el derecho al debido proceso en la investigación, así como el de acceso a la justicia y la verdad para su familia, afirmó hoy en conferencia la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández.

La CDHDF culpa a la SSP-CdMx de no resguardar de inmediato el lugar donde la joven fue encontrada, lo que causó que se perdiera información de contexto importante para esclarecer los hechos.

El Cuarto visitador de la CDHDF, Juan Carlos Arjona Estevez, denunció al Ministerio Público de la PGJ-CdMx por realizar peritajes “exclusivamente con el propósito de culpabilizar a la víctima y revictimizar a sus familiares”. También porque los peritos omitieron datos y registraron información errónea. “Por la negligencia de las autoridades ministeriales, las víctimas han visto prolongarse su acceso a la justicia”, sentenció.

Además, el funcionario recordó que la PGJ-CdMx tardó más de 11 meses en trasladar el caso a la Agencia Especializada de Feminicidios, aún cuando legalmente están obligados a investigar todas las muertes de mujeres como feminicidio y negó por más de dos meses el acceso a la carpeta de investigación a los familiares de la joven.

Precisó que la instancia obstruyó el acceso a la justicia por no aplicar el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para dicho delito, ni analizar la violencia que el novio de Lesvy ejerció contra ella durante su relación y previo a su muerte.

La memoria y dignidad de Lesvy, señaló la CDHDF, fue violentada porque la PGJCdMx difundió, en su cuenta de Twitter, y filtró, a los medios, imágenes del cuerpo de la víctima y datos personales que la criminalizaron, como decir que no estudiaba y consumía drogas.

Las omisiones del Ministerio Público causaron que el juez de control Christian Ricardo Franco Reyes vinculara a proceso, a la pareja de la joven, en julio de 2017, por el delito de homicidio por omisión, acusado de no impedir un supuesto suicidio. El TSJCdMx, precisó el organismo, también es responsable por no interpretar las pruebas con perspectiva de género.

La Recomendación es importante no sólo porque evidencia las omisiones de las autoridades capitalinas, sino porque reconoce como víctimas indirectas a los familiares de Lesvy y “a las mujeres que habitan y transitan en la CdMx”, quienes también se enfrentan a trabas en el sistema de justicia cuando denuncian violaciones a sus derechos, señaló Arjona Estevez.

Tan sólo de 2014 al 2017 en la Ciudad de México, se han asesinado a 657 mujeres y sólo se han logrado investigar 195 casos, de acuerdo con datos del OCNF. “A pesar de tener un marco normativo las autoridades no lo implementan”, afirmó Luz Estrada en conferencia.

En entrevista con SinEmbargo la coordinadora del OCNF opinó que hubieran preferido que la CDHDF emitieran antes la Recomendación, pues la dependencia inició una investigación de oficio desde el 5 de mayo de 2017, pero resaltó que, a diferencia de las última sugerencia por femicidios del organismo, por el caso Narvarte –donde fueron asesinadas una defensora de los derechos humanos, otras tres mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa–, ésta va más allá al exigir reparación del daño y sanciones a funcionarios.

Otras peticiones de la CDHDF son que la familia Rivera Osorio reciba atención médico-psicológica especializada; que el TSJ, la SSP y la PGJ capitalinas supervisen y evalúen la preservación de evidencia y el resguardo de los lugares del crimen; así como contar con información para determinar qué tan efectivos son la policía y el personal ministerial en las investigaciones de violencia contra las mujeres.

Actualmente el caso continúa en la etapa intermedia, donde tanto los defensores de Jorge Luis González y las abogadas de Lesvy deben aportar pruebas ante un juez del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

Es a casi un año del incidente que las exigencias por justicia de organizaciones estudiantes parecen dar frutos, pues en la última audiencia del caso, el pasado 9 de abril, la Procuraduría capitalina informó que desechó la teoría del suicidio y buscará culpar al novio de Lesvy de feminicidio con base en la evidencia que ha recabado.

Tuvieron que pasar 340 días y que la familia y la sociedad civil presionaran en los medios de comunicación para que el supuesto asesino de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que era su pareja, fuera acusado de feminicidio.

Hoy, el dictamen leído en la audiencia complementaria por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México expuso que el ex trabajador de la UNAM asfixió con el cable de una caseta telefónica a la joven hasta privarla de la vida y abandonó el cuerpo.

Para lograr justicia, la defensa de la familia Rivera Osorio intenta ir más allá y exige que se considere el contexto violento que vivió la joven previo a su muerte ya que, acusan, Jorge Luis ejercía violencia física, psicológica y económica contra Lesvy.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- A casi un año de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue encontrado en Ciudad Universitaria con signos de ahorcamiento, su familia empieza a ver indicios de justicia. Hoy, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) y la autoridad judicial capitalinas acusaron que Jorge Luis González Hernández, novio de la víctima, usó el cable de una cabina telefónica para asfixiar a la joven, contrario a primera la versión que apuntaba a un suicidio y refuerza la del feminicidio.

“Pareciera que por fin se empiezan a esclarecer los hechos, por primera vez en todo este tiempo sentí que ellos [las autoridades] no estaban en nuestra contra. Como que se empieza a hacer justicia”, señaló Lesvy Rivera Calderón, padre de la víctima.

Esto “sienta un precedente” para el actuar de la PGJ-CdMx en los casos de asesinatos de mujeres, pues “asume lo que las víctimas y las pruebas siempre señalaron: fue un feminicidio”, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la familia Rivera Osorio y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en entrevista con SinEmbargo.

Hoy, durante la audiencia intermedia del caso, los agentes del Ministerio Público Raymundo Álvarez Reyes y Ludovico Aquino Santiago argumentaron al juez Alfonso Dávila Gómez que Jorge Luis debe ser acusado por feminicidio agravado porque era la pareja sentimental de Lesvy, porque ejerció violencia contra ella y porque luego de asesinarla abandonó su cuerpo en un lugar público.

“La madrugada del 3 de mayo, pasadas las cuatro horas, al encontrarse ambos en la caseta él toma el cable y el auricular, lo pone en su cuello y la asfixia, hasta privar de la vida a Lesvy […]. Se va y la deja abandonada y expuesta”, detalló el dictamen leído en la audiencia.

De comprobarse lo asumido por el Juez, González Hernández, ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sería sentenciado a 60 años de prisión por asesinar a la joven la madrugada del pasado 3 de mayo.

La postura de la PGJ–CdMx responde al fallo que desde el pasado 18 de octubre la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCdMx) emitió y que ordenó a las autoridades continuar la investigación bajo la línea de feminicidio, reclasificar el caso y cambiar la vinculación a proceso de homicidio simple culposo a feminicidio agravado por parte de González Hernández, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Pero para la familia de Lesvy la batalla por el acceso a la justicia no ha terminado. Además de las razones de la PGJ–CdMx para juzgar el caso como feminicidio, la defensa legal de Lesvy exige que se considere el contexto violento que vivió la joven previo a su muerte ya que, acusan, Jorge Luis ejercía violencia física, psicológica y económica contra ella.

Durante la audiencia la abogada Sayuri Herrera Román del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña a la familia de la joven, expuso que Jorge Luis controlaba a Lesvy al restringirle el contacto con su familia y amigos, además de manejar sus cuentas de redes sociales. Incluso, dijo, durante los más 4 o 5 meses que duró su relación de noviazgo tuvieron que cambiarse de lugares donde vivían porque sus vecinos ya habían sido testigos de cómo la agredía.

Los videos de las cámaras de seguridad de la UNAM también dan cuenta de esta violencia, de acuerdo con la abogada Sayuri Herrera, quien relató que en ellos se observa que cuando Jorge Luis y Lesvy recorrieron CU la noche del 2 y la madrugada del 3 de mayo, él marcó el camino que siguieron, se adelantó y esperó a que Lesvy lo alcanzara para golpearla en más de una ocasión.

La audiencia complementaria, donde los abogados de la familia Rivera Osorio y del inculpado deben presentar sus pruebas antes de que un juez dicte sentencia, se interrumpió y fue reprogramada para el próximo 9 de mayo. El Juez a cargo de la audiencia, Alfonso Dávila, ordenó posponerla para esa fecha para respetar el derecho de Jorge Luis a una buena defensa, pues sus abogados reconocieron no tener argumentos en ese momento para defenderlo de la acusación de feminicidio.

Afuera del TSJCdMx agrupaciones feministas y estudiantes organizaron un mitin para exigir que al Juez a cargo de la audiencia que interpretara los argumentos con perspectiva de género. Ahí, la madre de Lesvy se pronunció a favor del resultado de la primera parte de la audiencia, al igual que el padre de la joven, quien al término de la audiencia se dijo satisfecho “porque ya se empiezan a esclarecer los hechos”.

Araceli Osorio, madre de Lesvy, apuntó tras la audiencia que “si la vida va a ser nuestra forma de resistencia, entonces vamos a resistir viviendo, llevando a cabo nuestros proyectos de vida porque nosotras estamos vivas. Tenemos que hacerlo en memoria de las que ya no están fisicamente, pero nos dan fuerza para seguir gritando que no vamos a permitir que ninguna mujer sea asesinada”.

Para la abogada Ana Yeli López, la postura de la PGJ-CdMx significa un logro, pues fue producto de una serie de exigencias de jóvenes y organizaciones civiles que dentro y fuera de la UNAM han denunciado su actuación deficiente, mencionó hoy al termino de la audiencia que se efectuó en la sala número 1 del TSJCdMx, ubicada en el Reclusorio Varonil Oriente.

Cuando el cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado frente a una cabina telefónica del Instituto de Ingeniería, la instancia de justicia publicó en su cuenta de Twitter información que la criminalizó, días después afirmó que Lesvy se suicidó con el cable telefónico y acusó a su pareja de homicidio culposo por omisión, argumentando que no lo impidió.

Días después, estudiantes marcharon en Ciudad Universitaria para exigir justicia y la familia y colectivos feministas y de defensa a los derechos humanos ejercieron presión a las autoridades para que investigaran el caso y se retratactaran de su primera versión. Incluso se consultó a expertos para demostrar que las condiciones físicas de la escena del crimen hacían imposible un suicidio por ahorcamiento.

“Gracias al apoyo y solidaridad hoy a habido una respuesta importante y el 9 de mayo esperamos que podamos avanzar un poquito más […] Se abre una puerta a la esperanza de que algo se movió, a que algo ocurra”, dijo hoy la señora Araceli Osorio.

La exigencia por justicia en el caso de Lesvy sentó también un precedente para las cientos de mujeres asesinadas en la Ciudad de México durante los últimos años que derivó en la petición en septiembre pasado de organizaciones civiles a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que implementara medidas de emergencia que garanticen seguridad y justicia para las mujeres con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, a lo que el gobierno capitalino no ha dado respuesta.

En la capital tan solo de 2012 a 2017 la PGJ-CdMx inició 292 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de feminicidio y otras 421 homicidios dolosos contra mujeres.