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Pieza clave en el “michoacanazo”, el intento de procesamiento de autoridades de este estado durante el Gobierno de Felipe Calderón que terminó por ser exhibido como un montaje, ahora Irving Barrios Mojica enfrenta señalamientos de replicar este actuar desde su papel como Fiscal de Tamaulipas, donde ha sido acusado de perseguir a opositores, algo que él ha negado.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Irving Barrios Mojica, el Ministerio Público del Gobierno de Felipe Calderón que en mayo de 2009 orquestó el “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico—, ahora es señalado de fabricar culpables en Tamaulipas como el Fiscal del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Como parte del grupo del expresidente Calderón que se refugió en Tamaulipas, del que forman parte Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar, Barrios Mojica fue designado Procurador cuando García Cabeza de Vaca llegó al Gobierno, en 2016, y fue promovido por el propio mandatario como Fiscal hasta el 2025, con la posibilidad de extender su cargo hasta 2032, a partir de una reforma realizada a la Constitución del estado en septiembre pasado que eliminó el impedimento de ser reelecto.

En el marco del proceso electoral por la gubernatura, que perdió el candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, frente al morenista Américo Villarreal Anaya, el exsubprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ha sido señalado de emprender una persecución contra alcaldes, diputados y dirigentes de Morena, que acusan a Barrios Mojica de fabricarles delitos, algo que él ha negado.

“Esta persecución política parece una vendetta personal del Gobernador del estado contra los alcaldes porque son de Morena. Ganamos la campaña, ganamos el estado y ahora se quiere desquitar, quiere ver quién cubre los platos rotos“, dijo en entrevista con SinEmbargo, el Diputado local Humberto Armando Prieto Herrera, quien en 2019 renunció al PAN para sumarse a Morena, y quien ha sido uno de las legisladores que presentó en días pasados un exhorto al Gobernador, al Fiscal Barrios Mojica y al Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda para que cesen “la persecución política” en contra de los alcaldes morenistas de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturosa; de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, y de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.

Al Alcalde de Reynosa, contra quien hay una orden de aprehensión, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto que a Carmen Lila Canturosa la oposición la ha denunciado por el presunto uso discrecional de los recursos públicos a la par que ella ha denunciado que se ha emprendido una investigación sobre recursos públicos en su administración, no obstante el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez ha precisado que no existe indagatoria en su contra. En el caso de Nataly García Díaz se sabe que presentó en mayo pasado un amparo para evitar ser detenida, mientras que el Alcalde de Ciudad Victoria ha denunciado amenazas de muerte y atentados que han sido desestimados por la Fiscalía.

“Ya hay un modus operandi. El ‘michoacanazo’ más de 30 personas que fueron vinculadas a proceso por supuesta relación a delincuencia organizada y tuvieron que ser liberadas porque realmente no había pruebas y esto no solamente continúa sino que se multiplica. Ahora, en el periodo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y no solamente se han multiplicado sino que recientemente durante el proceso electoral, varios de los contrincantes en el proceso electoral de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el candidato que había escogido para que lo sucediera, también fueron acusados y supuestamente ya había unas órdenes de aprehensión sin que hubiera realmente pruebas que sustentarán estas acusaciones y estos personajes incluían a los hijos de quien va a ser el Gobernador del estado de Tamaulipas (Américo y Francisco Villarreal Santiago)”, dijo en entrevista la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad y quien ha investigado las denuncias en contra del Fiscal Barrios Mojica.

El Diputado Prieto Herrera denunció a su vez que esta persecución se ha extendido en contra de los legisladores de Morena, la cual —señaló— es operada por el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez. “En esta campaña que terminamos empezó esta cacería de brujas, sobre todo contra la Diputada Úrsula Salazar Mojica, que es nuestra coordinadora”, dijo en relación al proceso de desafuero que se buscó llevar el Congreso en contra de la sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la acusación por el probable delito de cohecho. “Querían que el tema de la Diputada permeara en la decisión de los tamaulipecos (el 5 de junio pasado), era una campaña totalmente electorera”.

“Todo tiene que ver directamente desde el Gobernador que no ha parado en esta persecución política y obviamente dando indicaciones a sus secretarios y a sus empleados, y en este caso, la Fiscalía ha seguido las indicaciones del señor para ir en contra de los opositores y en contra de todos los actores políticos principalmente de Morena”, ahondó el legislador.

LAS REFORMAS A MODO

A la par de los señalamientos contra Irving Barrios Mojica de fabricar delitos y perseguir a políticos de Morena, legisladores locales así como Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal e integrante del equipo de transición de Américo Villarreal, han advertido cómo en el Congreso local se han aprobado una serie de reformas legales y constitucionales con el fin de blindar al Fiscal tamaulipeco, las cuales el Gobierno electo busca revertir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La más reciente de estas medidas fue aprobada en el Congreso local la madrugada del viernes 1 de julio, con la cual los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), dieron a la Fiscalía del Estado el control sobre la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, algo que de acuerdo con Nieto Castillo sólo han hecho el exgobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval, y su exfiscal estatal, Édgar Veytia, ambos presos por corrupción.

Si algo así lo hubiera hecho algún gobierno de Morena, sería un escándalo. Tenemos que voltear a ver a Tamaulipas. Es lo más cercano a una dictadura que existe en nuestro país. Corrupción, arbitrariedad, violación de DD hh. #CabezadeVacayatevas

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 2, 2022

“Si algo así lo hubiera hecho algún gobierno de Morena, sería un escándalo. Tenemos que voltear a ver a Tamaulipas. Es lo más cercano a una dictadura que existe en nuestro país. Corrupción, arbitrariedad, violación de DD hh (derechos humanos)”, escribió Nieto Castillo el 2 de julio un día después de que la medida fuera aprobada en el Congreso de Tamaulipas.

Santiago Nieto ha dicho que en Tamaulipas se ha asentado un grupo político conformado por diversas figuras de la oposición con la única finalidad de apoyar a García Cabeza de Vaca y operar con ayuda de los recursos del estado.

“Lo que estamos viendo en Tamaulipas es que finalmente se trata de un grupo político muy claro, que surge en el Senado de la República, que estuvo buscando ganar gubernaturas, ganaron varias de ellas, Baja California Sur, por supuesto Tamaulipas, estuvieron presentes en Aguascalientes, en Durango y es un grupo político que fue buscando una base homogénea. A partir del paso del tiempo, fueron perdiendo uno a uno sus bastiones y finalmente generaron lo que conocemos como Alianza Federalista, uno de los más grandes errores políticos y fracaso que hemos visto en los últimos años después de la transición democrática y después de 2018. Este grupo político estaba pensando en eso, en hacerse del poder en el año 2024”, dijo Nieto a SinEmbargo Al Aire el pasado 31 de mayo.

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Dentro de este grupo al que se refirió Santiago Nieto han sido identificados los exsenadores panistas Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, políticos incondicionales del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quienes emigraron de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Se aprueban este tipo de cambios que finalmente son un blindaje para el Gobernador y todo el equipo que lo acompaña, que lo ha acompañado a practicar estas tropelías, inclusive la protección que se va a dar a los Grupo de Operaciones Especiales, esta policía especializada que ha sido acusada cuando no tenía este nombre, desde antes la Policía Estatal, que obviamente estaba al mando de Cabeza de Vaca, de desaparición forzada, de crímenes de vinculación con la delincuencia organizada e inclusive de su participación en la masacre de Camargo” en la que fueron asesinadas y calcinadas 19 personas, entre ellas 16 migrantes guatemaltecos, comentó la doctora Guadalupe Correa-Cabrera.

El Diputado Humberto Prieto indicó que el hecho de que el Fiscal se enfoque en los opositores políticos ha propiciado que dejé a un lado todo lo que conlleva de procuración de justicia en el estado: “es muy preocupante, el estado sufre de mucha inseguridad, hay varia documentación de acciones de corrupción dentro del gobierno del estado, nosotros hemos presentado, por ejemplo en la Secretaría de Salud, de desfalcos, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Finanzas, en el tema de Obras Públicas varias obras que se hicieron sin calidad, nosotros hemos presentado todo esto en el Congreso exhortando que se haga una investigación y pues hasta el día de hoy no les importa”.

“Ellos se enfocaron en cómo tratar de tener el poder y tratar de asustar a los actores políticos de Morena y lo bueno es que no funcionó porque la gente sabe cómo estamos gobernados en este estado y nos dio la confianza, sin embargo, ha dejado mucho que desear la procuración de justicia, pero sin duda alguna eso pasa cuando el Gobernador, que ya va de salida, se ha preocupado más por defender sus intereses, por tratar de ir detrás de sus opositores en vez de tratar de salir en estos últimos meses que le quedan pues un poquito de manera decorosa ante estos seis años que fueron muy malos de su gobierno, pues decidió hacer este tipo de acciones”, añadió el legislador.

Pese a los cuestionamientos que hay en su contra por la falta de resultados, el Fiscal Barrios Mojica podrá reelegirse siete años más gracias a una reforma a la Constitución de Tamaulipas aprobada por la Legislatura pasada en una de sus últimas sesiones, este cambio a la Ley también modificó la normativa para que sólo pueda ser removido con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, cuando originalmente sólo se requería la mayoría simple.

Los mismos cambios que ha hecho el PAN en el Congreso le permitirán contar con seguridad pagada por el estado mediante una reforma legal la cual establece que el titular de este órgano —en el papel autónomo— tendrá medidas de seguridad durante el mismo tiempo en el que se desempeñó al frente de la Fiscalía del Estado, las cuales “podrán ser prorrogables en tanto las condiciones de riesgo objetivo así lo ameriten”.

En ese sentido, Santiago Nieto ha dicho en distintas ocasiones que las medidas son inconstitucionales por lo cual las ha llevado a la Suprema Corte para que sea esta instancia la que determine la ilegalidad de las medidas aprobadas por la mayoría panista en el Congreso local. El pasado 14 de julio, Nieto Castillo —quien ha asesorado a los diputados locales de Morena— acudió con legisladores a la Corte para impugnar estas reformas.

“Presentamos diversos medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país para revocar una serie de actos inconstitucionales cometidos por los legisladores del PAN, del PRIAN y de dos diputadas traicioneras”, dijo en esa ocasión la líder de los morenistas, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

En tanto, el Diputado Humberto Prieto consideró que detrás de estas reformas hay un tema de dolo y mala intención, de querer quitarle manejo al Gobernador, al gobierno entrante, para que no haya gobernabilidad. “Hay un tema de maquevialismo político, es un tema de ser malos perdedores, yo creo que ellos tuvieron que entender el mensaje de que no supieron hacer las cosas bien, por eso los resultados”.

La doctora Guadalupe Correa-Cabrera explicó que con estas reformas se busca atarle las manos al Gobernador electo Américo Villarreal, quien no va a poder tener bajo su control las funciones del C4 y no va a poder investigar financieramente, mientras estas normativas sigan vigentes, con un Congreso que domina el PAN.

“Es definitivamente una práctica, una estrategia para que no se haga justicia, para proteger al Gobernador, para que no se pueda investigar y para que probablemente ellos puedan investigarlo en tribunales internacionales alegando el federalismo y la autonomía en cuestiones de decisión por parte de las entidades políticas de los estados de la República como ya lo han hecho en el caso del desafuero”, explicó.

​​Francisco García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados federal, que aprobó la solicitud de la FGR, que lo acusa de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

El Congreso de Tamaulipas rechazó la declaratoria de procedencia de homologación. Desde entonces el caso se encuentra en la Suprema Corte, en donde ha permanecido sin ser discutido durante un año. No obstante, la protección que le da a Cabeza de Vaca su cargo como Gobernador terminará el próximo 30 de septiembre, fecha en la que culmina su gestión.

DEL “MICHOACANAZO” AL “TAMAULIPAZO”

“No gobernaremos con rencores y resentimientos, pero no permitiremos la impunidad”, fueron las palabras que pronunció el 30 de septiembre Francisco García Cabeza de Vaca un día antes de asumir la gubernatura de Tamaulipas y de presentar a su gabinete, en el cual figuró desde el primer día Irving Barrios Mojica, primero como Procurador y posteriormente como Fiscal.

En el acto de hace seis años, Cabeza de Vaca presentó al equipo con el cual iniciaría su gestión. Al tocar el turno de Barrios Mojica se leyó un extenso currículum, sin que se mencionara su papel en el fallido operativo realizado en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa conocido como el “michoacanazo”, un intento de procesamiento de autoridades de este estado que terminó por ser exhibido como un montaje.

Fue el 26 de mayo de 2009 cuando se realizó el operativo que derivó en la detención de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del gobierno estatal, un juez y algunos policías. Las detenciones fueron realizadas por elementos del Ejército mexicano y la Policía Federal. Con el tiempo todos quedaron libres, y las autoridades manchadas por su actuar.

Eso no impidió que Barrios Mojica fuera llevado al Gobierno de Cabeza de Vaca y que replicara el mismo actuar.

“Pareciera ser que Francisco Javier García Cabeza de Vaca lo contrata, lo incluye en su equipo, también vinculado al equipo de Felipe Calderón, quizás por recomendación. Hay todo un equipo de seguridad, se sigue una línea, el panismo tradicional de Felipe Calderón pues está presente en el equipo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, comentó la doctora Guadalupe Correa-Cabrera.

La p​​rofesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad abundó que este actuar del Fiscal tamaulipeco también ha alcanzado a los periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra, Gabriel Garza Flores, y a activistas y líderes de trabajo como Susana Prieto Terraza.

Correa-Cabrera expuso que incluso este modus operandi se ha puesto en marcha contra ciudadanos de a pie como Jorge Fernández Villarreal, cuyo hijo Jorge Fernández González se encuentra preso en Tamaulipas por el presunto asesinato de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, un caso al que ella ha dado seguimiento.

“He escrito abundantemente sobre el tema, revisé el expediente y hablé con la familia de Jorge. Estoy convencida de que él es inocente, al igual que muchas otras personas que, ya sea por motivos políticos, venganza, o simplemente por perversidad de las autoridades, se encuentran privados de su libertad —o fueron privados de la misma— bajo expedientes de muy dudosa calidad […] todas las evidencias que yo he podido cotejar y ver (muestran) un proceso lleno de problemas y suciedad. En Tamaulipas se fabrican culpables en ese sentido”, expresó.

Expuso además que estos casos muestran cómo el Fiscal pareciera que aplica la justicia de manera muy selectiva: “es un personaje que no tiene empacho en fabricar culpables, que no tiene problemas en decir mentiras”.

“Este es un modus operandi, se conoce cómo opera y se le utiliza para que siga operando de esa manera, para que utilice la justicia para ser injusticia”, puntualizó.