El presidente del Comité de Energía de AmCham dijo que la modificación privilegiará la compra de energía generada por la CFE y afectará la que vendan las compañía que también operan y son del país. Además, dijo, contraviene lo acordado en el T-MEC, al no reconocer los derechos que las empresas privadas tienen al contar con contratos en el sector.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La American Chamber of Commerce de México (AmCham) aseguró que la iniciativa preferente enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Ley de la Industria Eléctrica busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las compañías privadas y esto va en contra de la Constitución y hasta de acuerdos internacionales.
Benjamín Torres Barrón, presidente del Comité de Energía de AmCham, expresó durante su participación en el parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa del mandatario mexicano. Dijo que privilegiará la compra de energía generada por la CFE y afectará la que vendan las compañías que también operan y son del país.
Para el experto la reforma iría contra la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París.
“Reduce la posibilidad de mejorar los costos de electricidad en beneficio de los hogares, comercio e industria. Lo que nos lleva a un demerito en la competitividad de las empresas y del país como destino de inversión”, dijo a los miembros de la comisión parlamentaria.
Además, Torres Barón aseguró que la propuesta del mandatario mexicano contraviene lo acordado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al no reconocer los derechos que las empresas privadas tienen al contar con contratos en el sector.
Al no comprar mediante subastas, que permiten que la energía que se compre se haga al mejor precio. Además permite observar las mejores formas tecnológicas de producción, lo que deriva en la observación de la cantidad de emisiones contaminantes que realizan las compañías participantes.
“Tiene un impacto ambiental negativo y dará prioridad a energía más contaminante”, aseguró el directivo de Amcham.
Empresarios y expertos del sector energético alzaron la voz el jueves en la Cámara de Diputados de México en contra de la reforma eléctrica que dará prioridad a las empresas públicas, aunque el Presidente López Obrador ya advirtió que no modificará ni una coma de la iniciativa.
Una treintena de analistas fueron invitados por la cámara baja en una sesión conocida como “parlamento abierto” para que opinaran ante los diputados sobre la reforma exprés de la Ley de Industria Eléctrica enviada por López Obrador la semana pasada al Congreso.
“Creemos en el sector privado que no hacen falta cambios regulatorios de la magnitud que se están proponiendo”, expresó en su turno Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El representante de la patronal expresó que “es vital respetar los contratos ya adquiridos” y advirtió que la reforma “infringe el marco legal y constitucional” así como tratados internacionales como el acuerdo de libre comercio de América del Norte.
La principal modificación de la propuesta de López Obrador implica que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, la empresa del Estado, sobre las centrales privadas de renovables y por último las de ciclo combinado.
También elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para que las plantas viejas de la CFE accedan a ellos y ordena revisar contratos del Gobierno federal con productores privados de energía.
“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico (…) además aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México”, aseguró la cámara de comercio estadounidense.
“Es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros”, planteó el grupo.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber) advirtió que los cambios, propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica de México podrían engendrar un monopolio en el sector y así violar los compromisos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Neil Herrington, vicepresidente para la región de la U.S Chamber declaró que el proyecto presentado al Congreso de México por el Ejecutivo federal “es profundamente preocupante“.
“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México”, aseguró el funcionario estadounidense.
La iniciativa presentada por el Presidente López Obrador el 1 de febrero, que tuvo carácter de preferente, ha sido fuertemente cuestionada por organismos autónomos de competencia en México, así como por las cámara empresariales del país. Ahora, la reforma que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado, la CFE ha sido mal calificada también por la Cámara de Comercio del primer socio comercial del país.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en compañía de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, en un recorrido por las obras de la Refinería Dos Bocas. Foto: Presidencia.
“Esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México”, aseguró Herrington.
En las modificaciones se encuentran las que la Secretaría de Energía publicó en mayo de 2020 para cambiar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mismo que apenas el miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinó que viola el marco constitucional sobre la libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica. Además, limita la transición del sector a la generación de energías limpias.
Pero también pudo referirse a las inversiones que se vieron afectadas con cancelaciones de obras, como la construcción del Nuevo Aeropuerto de México o la fábrica cervecera de Constellation Brands, en Baja California.
“A medida que el país sale de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversores estadounidenses y extranjeros”, puntualizó la U.S. Chamber.
Llamaron al Gobierno mexicano a retirar el proyecto de reforma y a comprometerse con el sector privado a generar “soluciones tangibles” que permitan impulsar la industria energética.
Plantearon la posibilidad de que la Administración de Joe Biden, sus socios comerciales clave y los colaboradores en México puedan apoyar al sector energético, para que se genere un terreno competitivo, “que proporcione un campo de juego nivelado para el sector privado y contribuya al crecimiento sostenible y la generación de empleo”.
Fuente: U.S. Chamber.
INICIATIVA PREFERENTE DE AMLO
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
“Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica”, expuso el Presidente.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del SEN que la Sener publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía. También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE. Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El Presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada. “La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica”, sostuvo el mandatario.
EMPRESARIOS EN CONTRA
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta”.
Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.
La falta de consenso para su presentación, detalló el grupo empresarial, abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis generada por la COVID-19 y “rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”. Las afectaciones para México, alertó el CCE, son la “expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, lo que les parece un potencial poder de violar lo establecido en la Constitución mexicana.
#Comunicado | La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una expropiación indirecta
que resultará en mayores subsidios a la CFE, electricidad más cara y contaminante. pic.twitter.com/KerpglspLc
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la iniciativa preferente limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado podría desincentivar la competencia y la inversión en el sector. Además, con esta se corre un alto riesgo de tener una industria monopolizada, con precios altos y menor calidad, aseguró
“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio”, planteó la patronal en un documento.
“La iniciativa comprende que las Centrales Eléctricas Legadas siempre entren a generar -sin importar su costo- para que después se despachen a los demás competidores y elimina las Subastas Eléctricas de Largo Plazo, que es la modificación a las obligaciones del Suministrador de Servicios Básicos para que deje de ser forzoso comprar la energía más barata del mercado”, aseguró la patronal.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La iniciativa preferente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado podría desincentivar la competencia y la inversión en el sector. Además, con esta se corre un alto riesgo de tener una industria monopolizada, con precios altos y menor calidad, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio”, planteó la patronal en un documento.
El lunes, el Presidente López Obrador, envió la iniciativa, que por ser de carácter preferente, se deberá discutir en 30 días. Busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”, como argumentó el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
Para la Coparmex la modificación busca eliminar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por lo que la considera con el potencial de desincentivar la competencia y la inversión en el sector energético mexicano.
“La iniciativa comprende que las Centrales Eléctricas Legadas siempre entren a generar -sin importar su costo- para que después se despachen a los demás competidores y elimina las Subastas Eléctricas de Largo Plazo, que es la modificación a las obligaciones del Suministrador de Servicios Básicos para que deje de ser forzoso comprar la energía más barata del mercado”, aseguró la patronal.
El grupo planteó que la modificación daría prioridad de despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE, pese a que su costo de generación es cinco veces mayor a la generación de energía solar o eólica. “No solo restaría competitividad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), sino que impactaría en mayor medida al gasto familiar, pues no se garantizaría una baja de las tarifas en el largo plazo”, puntualizó.
Además la iniciativa del Presidente López Obrador plantea la facultad de renegociar los contratos a largo plazo con el Pequeño Productor Independiente (PIE), cuyas obligaciones y derechos, adquiridos por la CFE “creemos, deben ser respetados y garantizados en un ánimo de preservar la transparencia y fortalecer la confianza en la inversión en nuestro país”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), pedirá “sacar de operación” a generadoras de energías renovables. Foto: EFE.
Sin embargo, la Coparmex coincidió con las sanciones contempladas para Generadores Legados que hayan incurrido en simulación de suministro, aunque “consideramos que dichas sanciones deben sustentarse en investigaciones claras, realizadas con estricto apego a la Ley”.
Otra preocupación para la patronal es que sería un “marcado retroceso” en materia medioambiental, puesto México dejaría de cumplir los compromisos internacionales en la materia, como el del Acuerdo de París.
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta”.
Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.
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