«La iniciativa comprende que las Centrales Eléctricas Legadas siempre entren a generar -sin importar su costo- para que después se despachen a los demás competidores y elimina las Subastas Eléctricas de Largo Plazo, que es la modificación a las obligaciones del Suministrador de Servicios Básicos para que deje de ser forzoso comprar la energía más barata del mercado», aseguró la patronal.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La iniciativa preferente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado podría desincentivar la competencia y la inversión en el sector. Además, con esta se corre un alto riesgo de tener una industria monopolizada, con precios altos y menor calidad, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
«De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio», planteó la patronal en un documento.
El lunes, el Presidente López Obrador, envió la iniciativa, que por ser de carácter preferente, se deberá discutir en 30 días. Busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”, como argumentó el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo para que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica no afecten la competitividad de las empresas, la economía de las familias y el medio ambiente. #ComunicadoCoparmex https://t.co/YoW8G8Q57a pic.twitter.com/a31yG5KKEg
— Coparmex Nacional (@Coparmex) February 3, 2021
Para la Coparmex la modificación busca eliminar el funcionamiento eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por lo que la considera con el potencial de desincentivar la competencia y la inversión en el sector energético mexicano.
«La iniciativa comprende que las Centrales Eléctricas Legadas siempre entren a generar -sin importar su costo- para que después se despachen a los demás competidores y elimina las Subastas Eléctricas de Largo Plazo, que es la modificación a las obligaciones del Suministrador de Servicios Básicos para que deje de ser forzoso comprar la energía más barata del mercado», aseguró la patronal.
El grupo planteó que la modificación daría prioridad de despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE, pese a que su costo de generación es cinco veces mayor a la generación de energía solar o eólica. «No solo restaría competitividad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), sino que impactaría en mayor medida al gasto familiar, pues no se garantizaría una baja de las tarifas en el largo plazo», puntualizó.
Además la iniciativa del Presidente López Obrador plantea la facultad de renegociar los contratos a largo plazo con el Pequeño Productor Independiente (PIE), cuyas obligaciones y derechos, adquiridos por la CFE «creemos, deben ser respetados y garantizados en un ánimo de preservar la transparencia y fortalecer la confianza en la inversión en nuestro país».
Sin embargo, la Coparmex coincidió con las sanciones contempladas para Generadores Legados que hayan incurrido en simulación de suministro, aunque «consideramos que dichas sanciones deben sustentarse en investigaciones claras, realizadas con estricto apego a la Ley».
Otra preocupación para la patronal es que sería un «marcado retroceso» en materia medioambiental, puesto México dejaría de cumplir los compromisos internacionales en la materia, como el del Acuerdo de París.
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta».
Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.
