Las características étnico raciales son contundentes para el desarrollo de las personas. Y la desigualdad se acentúa cuando hay más de una condición racial en una persona, de acuerdo con un estudio de Oxfam. Por ejemplo, por tono de piel una persona de piel oscura tiene 48 por ciento menos de probabilidades para acceder a ese quintil más alto, para una mujer son de 58 por ciento menos.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Un mexicano, solo por hablar una lengua indígena, identificarse como indígena, ser negro o mulato o tener un color de piel oscura, tiene menos probabilidades de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o ser parte de la población con más riqueza, de acuerdo con un estudio de Oxfam. Y si a esas condiciones se le suma el ser mujer, las probabilidades son muchísimas menos.
El estudio “Por mi raza hablará la desigualdad”, elaborado por Patricio Solís, Braulio Güémez y Virginia Lorenzo, tiene como conclusión que México debe promover políticas públicas que reduzcan esta discriminación, que tienen siglos en el país, pero se ha invisibilizado.
Para Solís, este es un tema incómodo y que despierta polémica, pero que urge ponerlo en medio del debate. De acuerdo con la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2016, los investigadores concluyeron que las características étnico raciales son contundentes para el desarrollo de las personas. Y la desigualdad se acentúa cuando hay más de una condición racial en una persona.
Presentación del informe: “Por mi raza hablará la desigualdad” de Oxfa. Foto: Twitter Oxfam México.
El investigador recalcó que la discriminación no se da únicamente a las personas que se adscriben a un grupo étnico, sino que solo por “parecer” son sujetas de racismo.
A nivel nacional, quienes pertenecen a los grupos que han experimentado históricamente racismo y discriminación y que están en la población con mayor desventaja económica, el 72 por ciento hablan lengua indígena, 51 por ciento se adscriben como indígenas, el 37 por ciento son personas mulatas o negras y el 35 por ciento dicen tener tono de piel oscuro.
Las personas que no son ni indígenas, ni hablan lengua indígena, se identifican como mestizas o blancas, están ubicadas en otros estratos económicos.
Esos datos muestran que un sector de México nace y vive con dos desventajas: la económica y la racial. Las probabilidades de que una persona hablante de lengua indígena tiene menores probabilidades de acceder al quintil más alto de riqueza frente a quien no habla una.
El estudio señala que esta probabilidad de acceder aumenta para los hijos de hablantes de lengua indígena, lo que provoca que ésta deje de preservarse.
“Estos resultados, en vez de presentar una ventaja, muestran que en México hablar una lengua indígena se asocia a desventajas significativas en las oportunidades de acceder a los niveles económicos superiores”, agregó Solís.
Por tono de piel, una persona de piel oscura tiene 48 por ciento menos de probabilidades para acceder a ese quintil más alto, para una mujer son de 58 por ciento menos.
Infografía: Bernandino Hernández, Oxfam.
Sobre el tema de género, los datos muestran que las que hablan una lengua indígena tienen 84 por ciento menos probabilidad de acceder a ese grupo económico.
Las barreras de acceso al quintil superior crecen en la medida en que las personas reportan tonos de piel más oscuros, entonces las mujeres que tienen tono de piel moreno son 37 por ciento menores en comparación con una mujer de piel clara.
El estudio pone énfasis en que frecuentemente las características que son objeto de discriminación operan en conjunto y son las mujeres indígenas, de piel morena u oscura, las que tienen un peor panorama: la probabilidad de mejorar significativamente su situación económica es 74 por ciento menor frente a las que no lo son.
Las personas negras o mulatas tienen 60 por ciento en mujeres y 46 por ciento en hombres, menos probabilidades para mejorar.
“No es solo la acumulación histórica de desventajas sociales, sino que la discriminación étnico-racial persiste en la sociedad y se traduce en la continuidad de estas prácticas. Se necesitan políticas que busquen resarcir las desventajas sociales y que combatan la discriminación, es decir, que protejan a las comunidades indígenas y afrodescendientes y también a las personas que no se adscriben de manera directa a estas comunidades, pero tienen color de piel oscuro o rasgos físicos racializados”, añadió Solís.
En esta segunda entrega de una serie de reportajes realizados por Pie de Página –que destacan el racismo y las condiciones de marginación con las que se ha reducido a los pueblos originarios en México– se narra cómo un grupo de indígenas presos en cárceles chiapanecas se organizan para hacer lo que el Estado mexicano no hace: asesorar, traducir y enseñar sus derechos a otros prisioneros, sometidos a un sistema de justicia que no conocen y que no entienden. Esta es su historia.
Por Al-Dabi Olvera
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 10 de abril (Pie de Página/SinEmbargo).– Esta crónica debió ser escrita en tsotsil o bats’i k’op, el “habla verdadera”. Después podría ser leída, grabada y difundida mediante alguna radio que llegue se extienda su voz en este territorio, donde el español no predomina.
Frente al reto ético-lingüístico que representa escribir en “castilla” (así llaman los pueblos originarios de Chiapas al español) un texto sobre la lucha por la libertad indígena, comenzamos esta historia en un paraje boscoso donde aparecen de manera intermitente casas de madera, milpas, letreros con estrellas rojas, ovejas negras y el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5 de San Cristóbal de Las Casas.
Es domingo, día de visita en el CERSS 5. Mujeres y niñas con trajes típicos de una región donde es fácil encontrarse en medio de pueblos donde solo se habla tsotsil y tseltal, dos lenguas mayas con cerca de 400 mil hablantes cada una. Familiares de presos esperan su turno para entrar a través de la reja coronada por una malla ciclónica.
Después de la revisión de su comida, pertenencias, bolsillos, zapatos, y de que una serie de sellos pinten sus antebrazos, entran al fondo del patio. Escalones flanqueados por rejas de donde cuelgan bolsas tejidas a mano llevan hacia un campamento instalado por los propios internos.
Desde el 29 de septiembre de 2011, el grupo de indígenas politizados no se ha movido ni un solo día del campamento.
Este pequeño lugar de autonomía, que hace las veces de oficina de derechos humanos en plena prisión, ofrece de manera solidaria lo que las autoridades no dan:
“Muchos compañeros internos llegan a buscar apoyo: piden documentos, escritos, orientación. Aquí nos turnamos y atendemos. Es lo que podemos hacer por nuestros compañeros presos”.
Así lo explica Alejandro Díaz Sántiz, originario del municipio de Mitontic, uno de los más pobres del país.
Díaz Sántiz lleva 19 años en prisión y está a cargo del campamento desde octubre de 2013, después de que el profesor Alberto Patishtan Gómez, fundador del espacio, dejó la prisión mediante indulto presidencial otorgado por Enrique Peña Nieto, tras una larga campaña por su liberación.
Desde entonces, Díaz Sántiz ha tenido que afinar su manejo del español, redactar comunicados, hacer denuncias, llevar adelante el espacio.
“Como preso indígena, no sabe uno defenderse. Por ser pobre, no tienes los recursos para buscar un buen abogado”, dice.
Junto a él se encuentran otros dos presos: Mariano Pérez Velasco, tsotsil de Mitontic preso hace 14 años, y Diego López Méndez, tseltal de Tenejapa, preso hace seis años. A sus espaldas se mira una estrella roja, el retrato pintado del Subcomandante Marcos, mensajes de visitantes en etarra y castellano, y la firma de su organización: Solidarios de la Voz del Amate, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
En Chiapas, un grupo de indígenas presos se organizan para hacer lo que el Estado no hace: asesorar, traducir y enseñar sus derechos a otros indígenas. Foto: Carlos Ogaz, Pie de Página.
A los 17 años, comenzó a vivir con una mujer que tenía una hija. Con ellas viajó a Veracruz para vender dulces en las esquinas de los semáforos. Un día, cuenta, él y la mujer salieron a comprar mercancía y dejaron encargado a la niña a un primo. De regreso encontraron a la niña muerta. Las autoridades lo acusaron de asesinar a la pequeña. Los torturaron. En Perote los golpearon “por ser chiapaneco”. Lo mandaron a Papantla, Perote, Villa Comaltitlán y San Cristóbal de las Casas.
Díaz Sántiz agotó todos los recursos legales ordinarios para probar su inocencia. Con el tiempo que lleva en prisión, su defensa legal busca un “beneficio de revisión parcial de la pena”, es decir: con dos terceras partes cumplidas de su condena puede salir. Hasta la fecha, la única prueba que tiene en contra es el testimonio de su primo, que sí hablaba el castellano.
–¿Y has tenido algún traductor, conoces a alguien que lo haya tenido?
–“Nunca. Aquí no hay”.
Él y sus compañeros son los traductores que el Estado no ofrece a los presos.
También han denunciado las condiciones de la prisión: agua maloliente, comida echada a perder, falta de medicinas, impedir el paso a las visitas. Su voz, mediante cartas, y también mediante audios, resume la situación estructural que viven los pueblos originarios del país.
LA CONDENA
El 52.4 por ciento de los presos indígenas en Chiapas permanece en prisión sin tener sentencia. Al 83 por ciento de ellos no se les mostró una orden de aprensión; 67 por ciento ni siquiera entendió el motivo de su arresto; 42 por ciento de ellos no tuvo un traductor al momento de rendir declaración; 32. 5 por ciento dice haber sufrido algún tipo de tortura.
Estos datos pertenecen al informe “Entre la realidad y la justicia: cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca”, publicado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Así Legal) el pasado 19 de septiembre. El documento contiene los resultados de 213 entrevistas en 11 prisiones de ambos estados y detalla distintos tipos de violaciones, como falta de traductor, falta de acceso a una defensa adecuada y carencia de condiciones de vida digna.
También da cuenta de distintas formas de tortura: amenazas, insultos, robo, choques eléctricos, golpes, uso de gas lacrimógeno; arrastrar, quemar, amenazar con disparos al aire, amenazas con armas y sometimiento para que observen la tortura de otras personas.
“La violencia institucional que sufren las personas indígenas es un reflejo de la violencia estructural en contra de esta población”, explica Adriana Aguilar, directora de investigación de Así Legal. “La discriminación que sufren en la sociedad se vuelve más fuerte en los centros penitenciarios, que están apartados de sus comunidades, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad”.
Ariane Azemat, también de Así Legal, comenta una serie de deficiencias en la clasificación sobre quién es y no indígena. En 2017, las autoridades de Chiapas les dijeron que solo había 284 personas indígenas en prisión (lo que representa el 6 por ciento de la población en reclusión, mientras que la población hablante de alguna lengua indígena de Chiapas es del 20 por ciento). Pero este año, la cifra aumentó a 637.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reportó que en Chiapas hay solo 23 intérpretes para las 14 lenguas del estado. Eso significa que para los 227 de tseltales presos hay 15 intérpretes; para los 135 tsotsiles hay siete; para los 9 zoques hay uno y para los 70 choles, 4 tojolabales y el resto de indígenas presos no hay intérprete.
Gilberto Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas explica que para una persona que entra a la cárcel sin contar con estudios, sin saber leer o escribir es difícil que entiendan cada paso de los procedimientos judiciales. “Así se prolonga muchísimo la prisión preventiva y tarda mucho en dictarse una sentencia”, dice.
De enero a julio de este año, el Frayba recibió 127 denuncias de integrantes del pueblo tsotsil, 84 denuncias de tseltales, tres de choles y tres de tojolabales por diversas violaciones de derechos humanos en 10 penales de Chiapas.
“A veces no hablan español. Eso es complicado porque los defensores no conocen totalmente la cultura indígena de donde proviene”, explica Hernández. “La ley requiere que los defensores conozcan, pero hay un rezago que no se ha podido resarcir”.
Además, el informe también detalla que cada defensor público en el estado lleva de 200 a 300 casos cuando un abogado litigante lleva 20. El informe de Así Legal hace una serie de propuestas basadas en el reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades. El problema, explica Azemat, es que “el Estado es renuente a dejar este espacio para las comunidades donde resuelvan sus conflictos internos basándose en sus sistemas normativos”.
El 52.4 por ciento de los presos indígenas en Chiapas permanece en prisión sin tener sentencia. Al 83 por ciento de ellos no se les mostró una orden de aprensión. Foto: Carlos Ogaz, Pie de Página.
LA VOZ DE CERRO HUECO
La Voz de Cerro Hueco. La Voz de la Dignidad Rebelde. La Voz del Amate. La Voz de Los Llanos. Solidarios de la Voz del Amate. Todas las organizaciones de los presos indígenas de Chiapas llevan la palabra “voz” en el nombre.
Es, quizás, una influencia de la primera de estas colectividades: La Voz de Cerro Hueco.
“Es que va a hablar el penal de Cerro Hueco. Por eso le pusimos la voz: tuvo que hablar el nombre”. Así lo cuenta Abelardo Méndez Arcos, fundador de La Voz de Cerro Hueco, indígena hablante de ch´ol, originario del municipio de Salto de Agua, en la zona norte de Chiapas.
Méndez Arcos fue detenido en 1996 durante un mitin en Palenque. Las autoridades lo acusaron de alteración del orden público y motín. Fue encarcelado en el penal tuxtlense de Cerro Hueco, la cárcel política por excelencia.
En esos días, Chiapas era un polvorín. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, levantado en armas dos años antes, se encontraba en un constante conflicto con los gobiernos federal y estatal. En este contexto, cientos de bases de apoyo zapatistas y activistas de otras causas fueron a dar a prisión.
“A los seis días me di cuenta que era posible rebelarse dentro del penal. Dije: ‘no es bueno estar solo aquí esperando a ver si me liberan o no me liberan. Hay que luchar por la libertad’”, cuenta Méndez.
Él y otros presos tuvieron una reunión de cinco minutos. Luego hicieron una convocatoria más grande. Un día, por la mañana, tomaron posesión de un espacio grande dentro del propio penal. “Inmediatamente difundimos que nos estamos rebelando acá adentro”, recuerda.
La organización dentro del penal comenzó a recopilar nombres, expedientes y testimonios para ser enviados a la mesa de negociación de los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal. Después, estalló una huelga de hambre masiva dentro del penal.
“Queríamos denunciar esas injusticias. Nunca nos gustó la forma que nos trataban. Allá adentro hay gente que tiene relación con el gobierno y nos amenazaban que nos iban a trasladar. Decíamos: que nos trasladen, pero no vamos a dejar de hablar”.
Poco a poco, comenzaron a convocar a la población del penal para revisar su expediente y saber el motivo de su detención. A este grado no solo llegaban presos políticos, sino personas detenidas injustamente.
Finalmente, los integrantes de la Voz de Cerro Hueco salieron libres a raíz de las negociaciones de San Andrés. Cerro Hueco fue demolido en 2005 tras 37 años de funcionamiento. La población recluida ahí fue trasladada al penal de El Amate, donde, de nuevo, comenzó a sonar la voz de los inconformes.
LA ESCUELA
A Mitontic se sube como si se entrara en un sueño. Más allá de la niebla aparecen casas de madera, mujeres que cargan leña, tiendas de combustible. De un tendedero cuelga alguna playera de Morena. Jóvenes arrían vacas en medio de la carretera. Niños corren a pesar del frío. Alberto Patishtán acompaña el viaje. Fungirá como traductor con la familia de su viejo compañero de prisión, Díaz Sántiz, cuya pequeña comunidad, Tz´oeptic, se encuentra a menos de una hora de la turística y cosmopolita “Sancris”.
Patishtán colocó la lucha de los presos en Chiapas casi 20 años después de lo ocurrido en Cerro Hueco. Y lo hizo precisamente desde El Amate. Una semana antes del viaje a la comunidad de Díaz Sántiz, recordaba por teléfono: “Indígenas como yo querían pelear su libertad y su dignidad.”
Patishtán cayó en prisión por el asesinato en junio del 2000 de siete policías en una emboscada en el muncipio tsotsil de El Bosque. Como profesor, emprendió una lucha contra el presidente municipal en turno y eso le valió ser vinculado con el ataque. Nunca hubo pruebas que lo incriminaran directamente. Sin embargo, le fueron imputados delitos de crimen organizado y asesinato.
“Lo que anduvimos haciendo es que, los que no podían hablar el español, nosotros mismos les dábamos clases. Íbamos traduciendo lo que decía cada palabra para que en lo posterior se pudieran defender”, recuerda.
“Una vez que sabían leer y escribir y matemáticas, fuimos preparando las lecturas. Eso fue todas las cárceles que estuvimos; usamos la consciencia: ‘¿cómo te sientes en ese lugar donde estás? ¿Realmente mereces estar preso o no?’ Aunque no fueran políticos, porque muchos indígenas estaban ahí no más porque te quieren ver preso y ya”.
Patishtán ha desarrollado una pedagogía de la lucha carcelaria a partir del aprendizaje en contextos adversos: las clases de escritura, de lectura, tocar un instrumento musical, hasta el ajedrez son fundamentales para la resistencia carcelaria. Además, estos primeros aprendizajes se desdoblan: “Somos abogados, médicos, psiquiatras a la vez”.
Libre hace casi cinco años, Patishtán continúa la lucha por sus ex compañeros de prisión.
“Aprendí que todo se puede lograr en la cárcel. Vi que no hay imposibles, depende de uno. Debemos tener la capacidad de poder expresar bien y la buena lectura, con lapicero y hojas para que tus palabras crucen las paredes y hasta las fronteras”.
LA NOSTALGIA
Esta es una clásica cocina tsotsil. La carne de res recibe el humo del fuego. Arriba de la carne, cuelga un gran montón de leña. Del techo también cuelgan manojos de mazorcas: las semillas de la siembra. Gallinas entran y salen del lugar. En la oscuridad, las ocho hermanas de Díaz Sántiz hablan en tsotsil mientras pican verdura.
En una mesa donde fluye el café, se sienta María Sántiz y Antonio Díaz, madre y padre de Alejandro. Patishtan traduce:
“De niño, Alejandro tenía un comportamiento trabajador: le gustaba el servicio. Le gustaba el trabajo del campo: era lo básico, la siembra de maíz, café, cargaban leña de lejos”.
Veinte años después, a eso se dedica todavía la familia.
¿Qué efectos ha tenido en la familia la prisión de Alejandro? Las palabras tsotsiles brotan entrecortadas. Aun con la diferencia de lenguas, todos en esta cocina reconocen el dolor pronunciado. Algunas lágrimas brotan entre el humo.
“¿Cómo lo estás viendo, compa?”, pregunta Patishtan. Luego continúa: “Lo que dicen ellos: ‘en el momento en que Alejandro en la cárcel, cambia rotundamente la situación. Comienzan a pasar tristeza, soledad, abandono, escases. Tuvieron que vender sus terrenos, sus vaquitas que tenían’”.
“No sólo eso, les pegó hasta enfermedad. Le duele el corazón. Hay nostalgia”.
La dificultad de los traslados a los distintos penales ha hecho que la familia deba trabajar el doble para ir a visitarlo, especialmente hasta Villa Comaltitlán, que está a más de siete horas de camino de su comunidad. Cuando Díaz Sántiz fue trasladado, septiembre del 2015, se endeudaron con cinco mil pesos. Ese penal es muy diferente al de San Cristóbal de las Casas. No pudieron entrar por falta de documentos.
En casi veinte años, ni una autoridad ha ido a verlos por su caso.
“Casi todos han enfermado por la tristeza. Eso ha conllevado la prisión de Alejandro”.
LA LUCHA
Alejandro se hizo famoso en su comunidad por un video donde habla sobre su lucha y canta el himno zapatista. Es un preso politizado en prisión. Esto ha generado cambios en la familia, quienes han tenido que realizar marchas, conferencias de prensa, plantones.
“Estoy feliz porque ahora se sabe defender y defiende a los demás”, dice María Sántiz, su madre.
En realidad, están contentos y tristes, dice nuestro traductor. “Se sienten muy conmovidos, porque está defendiendo a los presos indígenas injustamente por el mal gobierno que no ve las cosas como son”, explica Patishtán.
La familia de Díaz Sántiz muestra retratos. Salen de casa para ser fotografiados junto a la imagen de Alejandro. Detrás de ellos aparece la escuela Cristóbal Colón, de paredes roídas. donde cursó hasta sexto de primaria. Al lado de la pequeña escuela se encuentran las ruinas de un edificio del programa salinista Solidaridad.
Tz´oeptic es una comunidad de mil 200 habitantes. El 100 por ciento de la población es indígena y seis de cada 10 solo hablan el tsotsil. De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, la población tiene un rezago social es “muy alto”. Desde hace más de una década, la prensa nacional ha hecho reportajes sobre el municipio, con titulares que parecen condenarlo a la marginación.
“Es un municipio pobre, pero cuando venga Alejandro les gustaría que comenzara a organizar en Mitontic, y a trabajar como ha aprendido en su lucha, y a base de eso haya un poco de cambio”, traduce Patishtan.
Los árboles afuera de la casa de la familia Díaz Sántiz están repletos de peras y manzanas.
Al regresar a la cocina comienza el flujo de la comida: pozol blanco con agua, chiles, y un gran plato de res ahumada y repollo, el exhuberante cihuamut.
–¿Creen que si fuera mestizo, Alejandro seguiría preso?
–“Si fuera mestizo, hablante al 100 por ciento de español, no estuviera en la cárcel, porque ser mestizo es tener dinero”, opina Antonio Díaz, su padre.
Una de sus hermanas ataja, en español: en las cárceles hay “puro pobre indígena”.
LA LIBERTAD
Libertad en el tsotsil del municipio de El Bosque quizás se puede traducir como “kolem”; aunque kolem también quiere decir salud, explica Alberto Patishtán.
Libertad en ch’ol se podría decir “wejel”. Wejel significa volar, explica Abelardo Méndez.
Una fila de mujeres tsotsiles hace fila afuera del CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas. Comida, sellos, revisiones. Más allá de las escaleras de ingreso, Alejandro Díaz Sántiz y Diego López se encuentran sentados en sillas a un lado del campamento. Esperan que se seque el piso, pues una lluvia lo anegó. Pero no se mueven de ahí.
“Nunca va a quedar vacío. Si se va uno, va a quedar otro. El campamento va a existir mientras exista la injusticia”, dice Díaz Sántiz.
Los presos ofrecen un libro para apoyar la escritura.
Enfrente de ellos, descuella la torre de vigilancia de prisión. Lleva pintada la leyenda del Solidaridad salinista, descarapelada.
Díaz Sántiz espera ahora que, ante el cambio de partido en el gobierno, haya justicia para los presos indígenas. Al hablar sobre la propuesta de amnistía obradorista, dice que antes que liberar a presos por delitos no violentos a raíz de la guerra del narcotráfico, debe liberar a los indígenas injustamente presos: “así como dijo que a todos los indígenas los va apoyar, creo que merecemos algún beneficio”.
Esta mañana, sus familiares prepararon pozol y guisado de res ahumada con col. Acomodan el campamento.
Mientras tanto, defensor de derechos humanos toma el papel de esta escritura. Por atrás, anota una exigencia en castellano. La firman todos los Solidarios de la Voz del Amate. Su voz saldrá de nuevo de prisión.
En el marco del Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas que se celebra hoy, el Inegi informó que siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo en esta población. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social reveló que en México, 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres. También destacó que actualmente el 80 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30 por ciento de ellos está en pobreza extrema. El Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, declaró que los derechos de los pueblos indígenas son los menos discutidos por la clase política en México, y la falta de garantías para cumplirlas ha permitido un robo a las riquezas minerales de las comunidades que tienen niveles de pobreza “más dramáticos que 1994”.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– En México, siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo en esta población, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas en el marco del Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas que se celebra hoy.
De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2015 en México había 7 millones 382 mil 785 personas que hablaban alguna lengua indígena, de los cuales 13 de cada cien sólo pueden expresarse en su lengua materna; esta población se concentra en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero y se encuentran entre la población mexicana con niveles de vida de “mayor desventaja”.
El instituto refirió que en 2015, 15 de cada cien personas hablantes de lenguas indígenas no estaban afiliados a servicios de salud; 98 por ciento de quienes sí tienen, lo está en el Seguro Popular, mientras que el 57. 7 por ciento de los hombres indígenas y 45.3 de mujeres no tiene ningún servicio médico.
Respecto al tema migratorio, el Inegi destacó que el 11.7 por ciento de los indígenas -900 mil personas- migró a otra entidad federativa, y 1.4 por ciento se fue a otro país.
Las entidades con mayor movimiento de emigrantes e inmigrantes son Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz. El principal motivo para abandonar el país es para buscar oportunidades de trabajo.
El Inegi señaló que persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo entre la población indígena y la que no lo es, sobre todo entre las mujeres donde se presenta el nivel más alto de analfabetismo y baja escolaridad.
Con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el instituto reportó que el porcentaje de niños indígenas de entre 3 y 5 años que no asiste a la escuela es de 64.4 por ciento. Mientras que 92.7 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años asisten a la primaria y secundaria, contra 96.7 por ciento de niños que no hablan lengua indígena.
De los hablantes de lengua indígena, 23 por ciento son analfabetas; los miembros de pueblos indígenas estudian en promedio 5.7 años, es decir, 3.7 años menos que la población que no pertenece a ese segmento.
En materia laboral, 37.7 por ciento de los indígenas se desempeñan como empleados u obreros; 28.7 trabajan por su cuenta y 11.5 por ciento trabaja en el campo como peones o jornaleros.
LA DISCRIMINACIÓN
Foto: Cuartoscuro
En México, 18 millones de indígenas sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres, reveló el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente).
En un comunicado, el doctor Guillermo de la Peña, integrante de ese organismo, expuso que actualmente el 80 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 30 por ciento de ellos está en condiciones de pobreza extrema.
En su trabajo “Diversidad Cultural, la Desigualdad Social y los Derechos de Ciudadanía”, el investigador destacó que después de la Revolución Mexicana, el nuevo régimen puso en marcha una política que recibió el nombre de indigenismo, pero durante muchas décadas la Constitución no incluyó ninguna referencia explícita a esta población, a pesar de que reconoció el derecho de las comunidades agrarias históricas a sus tierras.
De la Peña urgió al Gobierno y a la sociedad civil a enfrentar siete grandes retos para saldar la deuda con ese sector de la población.
El primero es combatir su problema de visibilidad, ya que los indígenas todavía sufren discriminación por su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres. El segundo reto es sensibilizar a la población de que los indígenas no sólo viven en zonas rurales, pues antes de la llegada de los españoles existían ciudades en Mesoamérica y los Andes.
Como tercer reto propone promover en las instituciones gubernamentales, como escuelas, centros de salud, comisarías, tribunales, y en los programas sociales en las áreas urbanas, una política de reconocimiento de los sujetos indígenas y medidas de atención especial hacia ellos.
Hacer eficientes los tribunales e instituciones públicas donde se exponen los casos de violaciones de derechos indígenas, es el cuarto reto.
El quinto es erradicar la concepción errónea de que la persistente pobreza de los pueblos indígenas es causada por factores endógenos a sus culturas.
En sexto lugar propuso cambiar la visión de la explotación capitalista salvaje que prevalece en la sociedad como único camino posible hacia la modernidad indígena, a pesar de que la Constitución reconoce su derecho a decidir sobre el uso y destino de sus recursos naturales.
Por último, De la Peña planteó definir de manera clara lo que significa la representación política indígena ante los diferentes niveles del gobierno mexicano, problema más evidente en las zonas urbanas.
Los derechos de los pueblos indígenas son los menos discutidos por la clase política en México, y la falta de garantías para cumplirlas ha permitido un robo a las riquezas minerales de las comunidades que tienen niveles de pobreza “más dramáticos que 1994”, señaló el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
Durante el foro organizado por organizaciones indigenistas, por el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en el salón de eventos del Parque Papagayo, en Guerrero, los asistentes reclamaron la falta de apoyos al sector en el municipio y recriminaron que el alcalde perredista, Evodio Velázquez Aguirre no asistiera al evento.
En su ponencia, Derechos y cultura indígenas, Martínez Veloz sostuvo ante unos 80 asistentes que el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto en la ONU en septiembre del 2014, debe de reflejarse en la armonización de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas en la Constitución, que plasma lo planteado en los acuerdos de San Andrés en 1994 luego de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas para reclamar los derechos de los pueblos indígenas.
Recordó que el tema de los derechos de los pueblos originarios poco se discute en la clase política del país, a pesar de estar presente en el corazón de México, “hay una deuda grande con los indígenas del país por parte de los políticos”, aunque reconoció el trabajo de los funcionarios, pero que han dejado a un lado los diagnósticos que permitan construir mejores formas de vida. Dijo que en los pueblos indígenas de México “la pobreza sigue persistiendo con niveles más dramáticos que en 1994”.
Esto, a pesar de que son en esas comunidades de donde se extraen las mayores cantidades de minerales pesados del país. En declaraciones Martínez Veloz, indicó que los programas sociales del Gobierno “sí están funcionando, hay buena disposición, el problema es que eso no basta para atender el rezago ancestral” y llamó a analizar si los esfuerzos han sido suficiente o no.
El titular de la Comisión, adscrita a la Secretaría de Gobernación, recordó que fue el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León quien en 1996 no quiso aprobar los Acuerdos de San Andrés pactados con el EZLN, bajo el argumento de que se pretendía la conformación de un cuatro poder u otro Estado dentro de otro. Cinco años después, luego de que diplomáticos mexicanos y organizaciones defensoras de los derecho indígenas impulsaron la Declaración de la ONU, en 2007 se consolidaron los Acuerdos de San Andrés. Y para septiembre de 2014 el presidente Peña Nieto planteó armonizar la Declaración con la Constitución, lo que aún no se ha concretado.
“No sabíamos qué estaba atrás de esa negativa (en 1996). En el 2001, el Presidente (Vicente) Fox, manda la iniciativa (aprobada en 2002) y el PAN desnaturalizó la propuesta a partir de los Acuerdos de San Andrés: el reconocimiento de los pueblos a tener uso y disfrute de sus tierras y recursos naturales; de ejercer con plenitud su autonomía, es decir partes fundamentales fueron excluidos”, y recordó que fue justamente el panista Diego Fernández de Cevallos quien encabezó ese trabajo en la Cámara de diputados.
CON FOX Y CALDERÓN, LA MAYOR EXPLOTACIÓN DE MINERALES
El Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. Foto: El Sur
Martínez Veloz indicó que detrás de la negativa del Presidente priista Zedillo, estaba la gran entrega de territorios a compañías extranjeras para la explotación de minerales pesados y ejemplificó que en 1521 a la fecha en el país fueron extraídos 2 mil 200 toneladas de oro.
En los tres siglos de la Colonia apenas fueron 182 toneladas, y en los últimos 22 años han sido mil 150 toneladas extraídas. “Es decir en los últimos 22 años se han producido seis veces más que durante los tres siglos de la colonia.
De ese tamaño son los interese que se oponen a que se cumplen los Acuerdos de San Andrés o la Armonización en la Constitución de la Declaración de la ONU”. Abundó que en los 70 años del PRI en el gobierno, se repartieron alrededor de 2 millones de hectáreas para la minería; y durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron concesionadas 34 millones de hectáreas, 8 millones con Fox y 22 con Calderón, y dijo que nadie puede hacer eso “sin violar y pisotear los derechos indígenas”.
El Comisionado admitió que en el país no hay un control de los minerales que se extraen y que tampoco los municipios, los estados y mucho menos los pueblos se benefician de la explotación. Indicó que la empresa GoldCorp, instalada en Eduardo Neri, al año tiene ganancias por 4 mil 500 millones de pesos y para el municipio y el estado de Guerrero sólo paga 60 millones. Mientras que en Canadá con esa mismas ganancias la empresa pagaría al Estado unos mil millones de pesos, “es decir esto es un robo”.
Eso sin considerar la devastación y los daños al medio ambiente. De los 85 mil millones de pesos destinados a la población indígena en los distintos programas sociales, lamentó que no se consideró la opinión y la participación de la población indígena en el uso del dinero lo que es fundamental, y recriminó que algunas instancias de gobierno realicen convenios con secretarias de Cultura pensando que el dinero será para mejoras de las comunidades, y no lo hacen con las direcciones o secretarias de asuntos y atención de la población indígena. Martínez Veloz, llamó a las comunidades indígenas a articularse para poder seguir luchando por sus derechos: “la organización comunitaria es lo que permitirá cambiar esta situación del país.
La lucha no es sencilla”. Y dijo que “no es cierto que los indígenas quieran crear un Estado contra otro (recordando a Zedillo), quienes han creado Estados son los grupos criminales… garantizar los derechos de las comunidades indígenas, es una obligación a la cual nadie es ajeno”, sostuvo.
El primer Papa latinoamericano criticó la exclusión de los indígenas en México, con lo que también pretende dar impulso a la Iglesia en el estado menos católico del país.
El Papa Francisco ofició este lunes una misa en San Cristobal de las Casas, donde celebró la cultura de indígena mexicana. Foto: EFE
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- En su tercer día de actividades en México, el Papa Francisco voló esta mañana de la Ciudad de México al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, del empobrecido estado de Chiapas, para después trasladarse en helicóptero hacia San Cristóbal de las Casas, donde fue recibido en un mar de colores, con los trajes tradicionales de los indígenas y la música típica que sonó durante la ceremonia, celebrada en tres lenguas atóctonas.
Ante al menos 100 mil asistentes, el Papa Francisco criticó la exclusión social que históricamente han padecido los indígenas y dijo que el mundo debería aprender de su cultura y del cuidado que hacen de la naturaleza. Condenó que de modo sistemático y estructural, las comunidades indígenas han sido han sido “mareadas por el poder” y “despojadas de sus tierras”.
El Papa Francisco salió de la Nunciatura Apostólica rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para dirigire a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Cuartoscuro
Desde las primeras horas de este lunes, cientos de indígenas aguardaron, entre la espesa neblina, la llegada del Papa Francisco a San Cristobal de las Casas. Foto: Cuartoscuro
Peregrinos de comunidades indígenas aguardaron bajo la intemperie en un albergue, instalado junto al estadio “Víctor Manuel Reyna”, donde el Papa Francisco ofició una misa con comunidades indigenas. Foto: Cuartoscuro
Mujeres tzotziles, vestidas con faldas largas y rebozos multicolores, se resguardaron del frío mientras esperaban la llegada del papa Francisco al estadio. Foto: AP
El Papa Francisco arribó al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a las 8:50 horas. Fue recibido por el Gobernador del estado, Manuel Velasco, su esposa Anahí Puente, y por el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez. Foto: AP
Un grupo de mujeres indígenas entregaron al Papa una corona de flores y el bastón de mando mayor, que es un reconocimiento de las comunidades indígenas tzotzil y la zoque, con el que lo distinguieron como máximo jerarca de la Iglesia católica. Foto: AP
Las comunidades indígenas que aguardaban en el estadio, se preparaban para recibir al Papa Francisco con música y danza. Foto: Cuartoscuro
En el centro deportivo, donde al menos 100 mil personas esperaban la llegada del Papa, se instaló un altar con una réplica de la catedral de San Cristóbal de las Casas, de color amarillo, con dos franjas de telares rojos y blancos. Foto: AP
El Sumo Pontífice arribó en un helicóptero al estadio “Víctor Manuel Reyna”, en San Cristobal de las Casas. Foto: Cuartoscuro
A su llegada a San Cristobal de las Casas, el Papa Francisco saludó desde el papamovil a miles de fieles indígenas. Foto: Cuartoscuro
Durante su trayecto en el estadio, el Papa dedicó varios minutos para besar y bendecir a bebés y niños. Foto: AP
El Papa Francisco ofició una misa multitudinaria frente a miles de indígenas, a quienes dijo que la gente debería hacer un examen de conciencia y pedir “perdón” por el mal trato a sus pueblos. Foto: Cuartoscuro
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