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Javier Duarte de Ochoa deja la gubernatura de Veracruz este año. Casi desde su llegada al poder, la entidad se convirtió en escenario de hechos de sangre, desapariciones y asesinatos de periodistas. El último caso, que involucra a policías estatales en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, es apenas un botón de muestra de la descomposición que ha vivido un estado sometido por cárteles que alimentan su ambición con todo tipo de “negocios” ilícitos, incluyendo el saqueo de combustibles.

Por Samantha Macías y Laura Rojas

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo/BlogExpediente).- El 20 de noviembre de 2012, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, dio a conocer a los medios su próximo destino como político: el Gobierno de la República. El entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto, estaba a poco menos de dos semanas de iniciar su sexenio. Duarte llevaba poco menos de dos años al frente de la administración.

“Se los digo puntualmente: yo recibí ya una invitación por parte del Presidente electo Enrique Peña Nieto para participar en su administración. Solamente que la invitación es para enero de 2017. A partir de ese día estaré yo integrado al Gobierno federal. Hasta ahora tendré que desarrollar con una gran emoción y un gran orgullo el cargo que tengo y que trato de honrar todos los días”, dijo.

De acuerdo con sus propios cálculos –y lo supuestamente prometido por el Presidente–, Duarte de Ochoa está a diez incorporarse al Gobierno federal.

Exactamente 10 meses antes, el 20 de septiembre de 2011, en medio de una reunión nacional de procuradores de justicia, dos camionetas con 35 cuerpos semidesnudos y maniatados fueron abandonadas cerca del lugar donde se desarrollaba el evento: el Centro de Convenciones de Boca del Río, Veracruz.

Esa fue sólo una muestra de la incertidumbre, de la desesperanza de la violencia que impera en el estado. Duarte de Ochoa, quien deja este año la gubernatura, ha catapultado a la entidad como la más letal para los periodistas: 14 asesinados, cuatro desaparecidos y de 2000 a la fecha, 17 exiliados.

El último fue el del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien aseguró haber sido amenazado por el propio Duarte y por Arturo Bermúdez, su Secretario de Seguridad Pública. Fue asesinado en la Ciudad de México, tras haber huido y haber pedido auxilio a organizaciones internacionales como Articulo 19.

Tres casos están a cargo de la Fiscalía de Veracruz. Sin embargo, el 10 de agosto de 2015, Duarte afirmó en rueda de prensa que se encontraban totalmente esclarecidos por las autoridades. Esos tres pertenecían al de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso; Gregorio Jiménez, de Notisur y El Liberal del Sur; y Moisés Sánchez, de La Unión de Medellín. Las investigaciones en torno a sus asesinatos han estado plagadas de inconsistencias y falta de orden, además de haberse documentado deficiencias graves en las labores de investigación para resolverlos.

El mismo Félix Márquez, fotorreportero de Cuartoscuro, insiste que es imposible ser periodista en un estado completamente abandonado por las justicia (huyó en marzo de 2013) ya que existe un clima de sistemático acoso y hostigamiento gubernamental.

Márquez, que al documentar gráficamente la existencia de guardias civiles en el municipio de Tlalixcoyan se ganó el odio acérrimo del propio Duarte, junto con el secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, descalificaron su trabajo periodístico, insinuando que debería estar en la cárcel cual criminal.

De acuerdo a la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó con 41 casos, el estado se encuentra entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. Además de ser uno de los más violentos de la República.

EL LEGADO DE FIDEL

En diciembre de 2011, el periódico Excélsior dio a conocer que Fidel Herrera Beltrán, el antecesor de Duarte de Ochoa, tenía nexos con el cártel de Los Zetas y relacionaban la supuesta complicidad con el repunte de la violencia en el estado. La fuente aseguraba que durante la gestión de Herrera Beltrán [quien gobernó la entidad de 2004 a 2010] existía un cuerpo de mando del crimen organizado denominado ‘La Compañía’, quienes se formaron bajo una figura de “consejo de gobierno” o “junta gerencial”.

El medio informó que a través de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración con Estados Unidos, en 2007 se aseguraba que durante la gestión de Herrera Beltrán dicha estructura criminal estaba constituida por miembros del Cártel del Golfo y en ese entonces su brazo armado [antes de la escisión] Los Zetas.

En la investigación publicada, de acuerdo con datos proporcionados por la  Administración Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2006 y 2008 “La Compañía” también operó en Tamaulipas [estado actualmente arrasado en violencia], Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con la finalidad del trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente tomando el Puerto de Veracruz como ruta máxima y con la complicidad, silencio e indiferencia de las autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con un informe de la dependencia federal, durante su gubernatura “La Compañía” contaba con una nómina de 500 a 600 mil pesos para repartir a los elementos de las corporaciones policiacas, que además contaban con su aportación del crimen organizado los días 5 y 25 de cada mes.

Herrera Beltrán, por su parte, aseguraba que la violencia no era un tema que afectara al estado, reiteraba una y otra vez que Veracruz era un lugar seguro para vivir. Desde entonces, y recientemente se han visto alcaldes asesinados, balaceras en plazas comerciales, secuestros al alza, asesinatos sistemáticos de periodistas, cuerpos colgados en los puentes, cuerpos desmembrados por doquier, desapariciones forzadas, cobro de piso. Un verdadero maremágnum.

LOS 35 DE BOCA DEL RÍO

Poco antes de las 18 horas del 20 de septiembre de 2011, fueron abandonadas dos camionetas con cadáveres dentro en la avenida Ruiz Cortines, una vialidad ampliamente concurrida en la zona turística de Boca del Río.

Treinta y cinco cuerpos semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura estaban a merced de los ciudadanos, sin el menor recato.

Según testigos, a las 17:00 horas un número indeterminado de vehículos cerraron la vialidad, donde abandonaron las dos camionetas en un puente a desnivel, repletas de cadáveres, mismos que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Abrieron las compuertas y dejaron un narcomensaje firmado por Gente Nueva, presunto brazo armado del Cártel de Sinaloa.

De las victimas 23 eran hombres y 12 mujeres. El Fiscal del estado aseguró que la mayoría contaban con antecedentes penales de narcomenudeo, extorsión y homicidio y versiones oficiales aseguraban que se trataban de miembros de Los Zetas.

Poco después Notiver, un medio de circulación local de Veracruz, dio a conocer la identidad de las víctimas, misma que fue refutada por el propio gobierno estatal, indicando que la única fuente para proporcionar información oficial sobre el caso es el propio Gobierno del Estado, a través de las instancias correspondientes.

SILENCIO: FOSAS CLANDESTINAS

Cuerpos, huesos, putrefacción. El horror sepultado salió a la luz en noviembre de 2011, en la pequeña localidad de Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano. Ahí se hallaron 28 cadáveres. De ellos, la mayoría solo eran hueso y carne a jirones. Un ex funcionario de Veracruz indicó que las ordenes fueron perentorias: no podía acercarse nadie, todo se manejaría con mesura a través del apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), todo debía ser llevado en absoluto slencio sin riesgo de ser filtrado a la prensa. Forenses federales y miembros de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones ayudaron a las labores de exhumación y traslado de cadáveres. Los que ahí laboraron durante los tres días que duró el proceso fueron acuciosamente registrados. Todo para evitar una posible fuga de información.

ESPERANZAS EN MEDIO DEL VACÍO

“El pensar que ella está sufriendo me da la fuerza para continuar peleando. La impotencia de no saber, es frustrante, y eso me está matando poco a poco. Mi desafío es mantenerme viva para continuar luchando contra este gobierno corrupto y contra la sociedad que no se toma estos casos con seriedad. Seguiré porque la lucha por un hijo o una hija nunca termina y una madre jamás olvida”, dijo Araceli Jimenez Salcedo.

De talla baja, mirada reflexiva, andar pasivo y voz cordial, la señora Araceli Salcedo, originaria de Chihuahua, ha emprendido la busqueda de su hija, Fernanda Rubí Jiménez Salcedo, secuestrada el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz. El ir y venir ha dejado de lado su vida personal, los demás hijos que tiene, el esposo que pocas veces le acompaña a las diligencias y a las reuniones con las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El pasado 23 de octubre Araceli increpó al Gobernador, que se encontraba en Orizaba para la filmación de unos comerciales para promocionar al recién declarado ‘pueblo mágico’. Ahí la señora Salcedo fue ignorada por Javier Duarte, soltando una ligera sonrisa al momento de ser abordado.

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Colectivos de activistas como Red de Enlaces Nacionales, Familiares en Búsqueda, entre otros, incluida la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) condenaron tal hecho indignante, la propia organización civil publicó un comunicado en torno a la visita del Gobernador a dicha entidad, además de incluir las negociaciones de la presunta reunión que se llevaría a cabo en el Palacio de Gobierno de Veracruz el 30 de ese mismo mes. No fue así: poco después se dio a conocer públicamente la decisión de Araceli Salcedo de no realizar dicho encuentro hasta no haber garantizado condiciones de seguridad que permitieran establecer un diálogo paritario.

Mientras tanto, el Gobernador Javier Duarte seguía informando mediante su cuenta de Twitter la realización del encuentro, ignorando diversas llamadas telefónicas que ella misma sostuvo con su Secretario Particular, José Enrique Ampudia Mello, los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre para acordar las condiciones mínimas para su cumplimiento.

No hay más, no hay avances, el desarrollo del caso está detenido, tanto como los miles que hay en el estado incendiado.

Araceli Salcedo, desearía ver la cara de su joven hija, otra vez. “Yo sé que ya me la mataron, pero quiero que me la devuelvan. Yo sé quienes me mataron a mi niña. Quiero justicia”.

Actualmente se encuentra viviendo con su esposo e hijos, cuenta con seguridad, pues ha sufrido amenazas de muerte y ya asesinaron a uno de sus escoltas en una diligencia. Araceli no da un respiro. No se rendirá.

INERCIA Y RETICENCIA

El pasado 11 de enero cinco jovenes de Playa Vicente fueron detenidos por policias estatales y posteriormente desaparecidos en Tierra Blanca.

El Gobernador, mientras tanto, presumía las supuestas cifras de seguridad en el estado.

Familiares de los desaparecidos han hecho mella en el caso de los levantamientos forzados, haciéndose cada vez más visibles ante los medios.

Días más tarde el Fiscal del estado, Luis Ángel Bravo, señaló que la investigación sobre la desaparición de los cinco jóvenes se centra en las personas que recibieron de manos de los policías a los cinco jóvenes y que presuntamente formaban parte de la delincuencia organizada según indicó el diario Reforma

Añadió también que en las investigaciones participa la Fiscalía General, en los temas del fueron común, y la PGR para indagar la participación del crimen organizado.

Al ser cuestionado si los seis cuerpos localizados en tres municipios de Veracruz durante los dos últimos días son de los jóvenes desaparecidos, el Fiscal descartó que se trate de los cinco desaparecidos.

La familia espera impaciente, no hay nada en concreto aún. Sin indicios de respuestas dignas. Fue por ello que las madres y demás activistas lanzaron una petición en la plataforma Change.org para que el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita sea destituido, pues aseguran, él es corresponsable de la desaparición de sus hijos:

“Consideramos que Arturo Bermúdez no está cumpliendo con deber al actuar en contra de la seguridad de los veracruzanos, por ello solicitamos su inmediata destitución e investigación como parte de una posible red de complicidad entre la Policía Estatal y la delincuencia organizada”, argumentaron.

EL OTRO NEGOCIO DE LOS CÁRTELES

La búsqueda de los cinco chicos de Playa Vicente, dejó al descubierto la disputa entre diversos grupos delincuenciales por el nuevo gran negocio en suelo veracruzano: el robo de hidrocarburos y el control de las rutas para la ordeña de ductos a la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Los municipios de Veracruz con mayores niveles de violencia son, por ejemplo, Las Choapas, Tierra Blanca, Cuitláhuac, Omealca, Tlalixcoyan, Azueta, San Juan Evangelista, Acayucan, Minatitlán.

Todos esas cabeceras son cruzadas por ductos, oleoductos y poliductos de PEMEX, empresa que en los últimos tres años ha visto incrementada hasta en 2 mil por ciento el nivel de ataques a sus instalaciones con tomas clandestinas en las que necesariamente su personal, ha sido infiltrado por las mafias.

Y es el negocio en puerta para la delincuencia en Veracruz, después de que estos grupos dejaron de perder sumas millonarias al año desde que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa denunció por la vía penal a las empresas ferroviarias para presionarlas a que prohibieran el tránsito de migrantes centroamericanos a lomos de La Bestia, redes de tráfico que eran operadas por los Zetas.

El mismo Gobernador Javier Duarte de Ochoa, en su último mensaje sobre el tema de seguridad, en Coatzacoalcos, refirió que parte de la violencia que se cursa en Veracruz es resultado de las pugnas entre cárteles por el robo de gasolina y crudo.

Tan sólo en Tierra Blanca, pasados dos días al arribo de la Gendarmería Nacional para sumarse a la búsqueda de los cinco ausentes, las autoridades federales dieron con un laboratorio de drogas y almacén de productos petroquímicos en la localidad de Mata Trapiche, sitio que fue denunciado desde hace más de un año ante la Procuraduría General de la República (PGR) por una ciudadana de Tierra Blanca que tuvo que exiliarse ante las presiones del mismo Francisco Navarrete Serna, según consta en la denuncia, en el sistema electrónico, ROSA/a4gY1Nva6R.

“La denuncia se puso porque desde que me salí del país, esta persona, Navarrete, me comenzó a llamar para pedirme 500 mil dólares con tal de no hacerle nada a mi familia después de que yo denuncié el allanamiento de una propiedad a la que llegaron varios sujetos para robar mis pertenencias y desde allí comenzó un calvario para mi familia. Nos tuvimos que marchar” relató la denunciante que, a condición de anonimato,  expuso su experiencia con el presunto capo del Cártel de Jalisco, acusado de ser autor material de la desaparición de los cinco jóvenes.

La PGR informó sobre ese aseguramiento en un comunicado oficial, informando que se encontraron 20 mil 480 litros de una sustancia conocida como “mono etilenglico”, un derivado del óxido de etileno, y que en la región sureste del país, sólo es producida por Pemex en los complejos de Coatzacoalcos, y por la empresa Idesa en cantidades mucho menores que la paraestatal.

Estas sustancias, en esas cantidades, necesariamente tuvieron que haber salido de Coatzacoalcos. En la región sur de Veracruz, cada semana, son una o dos pipas de sustancias químicas que se roban en las carreteras de lado de Tabasco como para los rumbos de Acayucan. La mayoría de los casos, las pipas aparecen días después, localizadas con el sistema satelital, pero saqueadas.

El 2 de diciembre pasado, en la colonia Barrio Tercero de Cosoleacaque, el Ejército aseguró a diez personas, hombres y mujeres, que trasegaban el cargamento de polietileno de baja densidad.  Al ser sorprendidos por los soldados, también se encontró una bodega con línea blanca de dudosa procedencia, y otro buen tanto de costalillas de etileno, cuyo costo fue estimado en casi dos millones de pesos.

Este hecho habla del interés de las organizaciones criminales en los productos derivados de la petroquímica, que en el sur del país incrementarán su presencia en carreteras de manera exponencial ante la inminente puesta en marcha del complejo Etileno XXI, que contará con una capacidad de producir 3 mil toneladas de polietileno de alta y baja densidad al día. Más de 40 por ciento de esa producción será movilizada a sus puntos de distribución por carreteras del sur.

POTENCIAL EN EL SUR

Desde finales del 2014, en Las Choapas se desató una ola de ejecuciones por el mercado de gasolina robada a los ductos de PEMEX. En la frontera de Tabasco con Veracruz, sobre la súper carretera Raudales-Ocozocoautla-Las Choapas, aparecieron más de 15 cuerpos en unos cuantos meses, todos eran ciudadanos de Las Choapas, pero aparecían en territorio tabasqueño.

En febrero de 2015, cuatro personas fueron asesinadas y abandonadas en el kilómetro 97 de la mencionada carretera. Entre ellos, Estrella Jiménez Hernández, de 35 años de edad, originaria de Alvarado, boletinada en noviembre de 2010 por la Procuraduría General de la República tras haber sido detenida con otras tres personas por robo de combustible a PEMEX.

Las otras tres personas con las que apareció, presuntamente, habían sido sacadas de un local sobre la carretera citada que presuntamente era empleado para la venta de gasolina robada. Las Choapas está dentro del paso de importantes redes de ductos del paso de gas y hidrocarburos, también Nanchital y Moloacán. Los tres municipios cuentan con campos petroleros cuya producción es de vital importancia.

En Moloacán, por ejemplo, están los dos grandes campos maduros que fueron entregados ya a la iniciativa privada extranjera y nacional para su explotación como parte de los resultados de la última fase de la Ronda Uno, en diciembre pasado.

Las autoridades locales esperan que en un año se esté dando el arribo de los extranjeros y de las empresas privadas del país para explotar esos campos maduros en los que PEMEX no tiene capacidad para explotar. Aunque esa región se verá beneficiada por esas empresas,  está en medio de la pugna del Cártel de Jalisco Nueva Generación con los Zetas en Las Choapas, declarada el ocho de enero pasado en varias narcomantas. “Venimos a limpiar  Las Choapas de Zetas”, se leía en los trapos colocados en los puntos más públicos, y desde entonces, las balaceras y ejecutados son cotidianas. El 2015 cerró con al menos 40 ejecuciones en Las Choapas.

Y es que en la región sur de Veracruz se concentra al menos el 92 por ciento de la infraestructura petroquímica del país, y que en 2006 generó el 98 por ciento de la producción en este sector para la paraestatal.

A nivel nacional, PEMEX cuenta con 38 plantas de distribución y producción de petroquímicos distribuidas en cinco complejos, cuatro de ellos están en la zona sur de Veracruz: complejo Morelos, Pajaritos, Cangrejera y Cosoleacaque.

En Coatzacoalcos también se ubica el puerto de Pajaritos, tercer lugar a nivel nacional en el manejo de petróleo crudo y el primer lugar en la operación de hidrocarburos en general, pues de sus terminales salen gasolinas, naftas, etc. Y cerca de Coatza, está la estación de bombero de Teapa por la cual cruza el 90 por ciento de la producción de crudo de los campos en Tabasco, la sonda de Campeche y Chiapas, producto que es enviado por la red de ductos a Salina Cruz, al norte del país y al puerto de Pajaritos.

En diciembre pasado, en un autoservicio en Coatzacoalcos, resultó atacado el jefe de personal del complejo Morelos, Luis Pizarro Sarmiento. Aunque el incidente fue manejado como un intento de asalto, los maleantes se marcharon sin quitarle nada y emplearon armas que habitualmente emplean en el sicariato.

En ese mismo mes, unos 50 empleados del Activo Cinco Presidentes protestaron en Agua Dulce ante la creciente ola de inseguridad y la poca vigilancia en los caminos que conducen a los pozos. No pasaron ni 30 días de la ejecución de Pizarro Sarmiento en Coatzacoalcos, cuando en Veracruz se reportó el homicidio doloso contra Súper intendente de PEMEX El Sardinero, Bernabé Ricardez Méndez, quien fue atacado por un sujeto que le apuñaló en el estacionamiento de su trabajo; también hablaron de un robo, y el homicidio quedó en la impunidad, al igual que el del vocero regional de PEMEX, David Lartundo Herrera, cuyo cadáver, y el de su esposa, aparecieron calcinados en su domicilio del puerto jarocho, en mayo de 2009.

Uno de los asesinatos más sonados en el mundo de PEMEX, fue el de Linda Patricia Valencia Martínez, y Alejandro Salamanca Bravo,  ella había trabajado para PEMEX, pero fue dada de baja por presunta venta de plazas laborales y él también laboraba para PEMEX cuando presuntamente terminaron ajusticiados por vínculos con las bandas dedicadas al robo de gasolina. Sus cuerpos aparecieron en un paraje de la carretera federal Veracruz-Córdoba. En octubre de 2014, en La Tinaja, es asesinado José Ariel Cubillo Muñoz, empleado de PEMEX, con relaciones con los dos citados arriba.

Meses después, en abril de 2015, en Tierra Blanca es asesinado el jefe de Grupo de Seguridad Física de PEMEX, Guillermo Cortés Martínez, cuyo nombre ya había aparecido antes en narcomensajes.

Así, una de las líneas de investigación que están llevando las autoridades, gracias las últimos aseguramientos y los reportes de denuncias que tienen, es el grado de amenaza que presuntamente representaban los cinco jóvenes de Playa Vicente para los intereses del CJNG en Tierra Blanca, al confundirlos con integrantes de otro grupo delincuencial, lo que ha quedado completamente descartado por las evidencias de vínculos con la sociedad presentados por los padres.

Los elementos de la policía al mando de Marco Conde los entregaron, con su venía, a los malosos ante la sospecha de que tuvieran nexos con el enemigo porque fueron criminalizados por viajar en un coche de lujo, regularmente empleado para el sicariato, y su apariencia de jóvenes.

La región en la cual se perdieron esos chicos, corresponde a otro gran paso de ductos de PEMEX en Veracruz, y que tiene colindancias con Oaxaca, zona propicia para las bandas de ladrones de gasolina por la existencia de docenas de brechas de fácil acceso para escapar a Oaxaca o a Veracruz.  La zona está dentro del área de influencia del activo de gas natural Matapionche de Cotaxtla, asentado en 48 héctareas en las que se explotan los campos de Matapionche, Mecayapan, Miralejos y Cópite, en la que además se procesan hidrocarburos.

En sus últimos días al frente de la SSP, Marco Conde se anotó éxitos importantes en el aseguramiento de ladrones de gasolina del vecino estado de Oaxaca así como de veracruzanos que al parecer operaban de manera independiente, ajenos a algún cártel.