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En Coahuila la justicia negocia sentencias en casos de feminicidio…

lunes, julio 5th, 2021

De las 37 sentencias que han concluido en procedimiento abreviado, únicamente en cinco se dictaron penas de 40 o más años, dos sentencias fueron de 30 años, ocho tuvieron una penalidad de entre 21 y 29 años, y el resto, 22 sentencias, con castigo de 20 años de prisión o inclusive menos años.

Por Francisco Rodríguez

Coahuila, 5 de julio (Vanguardia).- En Coahuila la justicia negocia las sentencias de feminicidio con un factor en común: el miedo. Esta investigación revela que desde 2014, el 84 por ciento de las sentencias por este delito se negociaron. Los ministerios públicos presionan a las familias de víctimas de feminicidio para aceptar un procedimiento abreviado, una figura en la que el responsable acepta su culpabilidad a cambio de una pena menor y evitar juicios orales largos, pese a tener en muchos casos las pruebas y argumentos para aplicar sentencias más altas. La figura del proceso abreviado, también conocido como “justicia negociada”, está en la ley. Pero las prácticas y estrategias de los ministerios públicos para convencer a las familias víctimas, están lejos de apegarse a leyes como la General de Víctimas, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o al propio Código Nacional de Procedimientos Penales.

A Deisy Carolina Ramírez, el ministerio público le aseguró que el procedimiento abreviado era lo mejor para concluir el caso del feminicidio de su hija de dos años. Así ya no revictimizarían a su familia. Le dijeron que pensara en su mamá, que en una audiencia se había puesto mal de salud. A Cristela Soto le prometieron que si aceptaba el juicio abreviado, tendría seguros 12 años de prisión para el feminicida de su hija. De lo contrario era mucho riesgo y se podría perder el caso, porque su nieto de nueve años tendría que declarar. A Lourdes Trejo la asustaron una y otra vez diciéndole que se podía equivocar al declarar como testigo principal. Solo recibió miedo de que tendría que volver a ver las fotografías de su hija apuñalada y que el juicio oral no sería sano para ella. A la salida de una reunión, a Teresa Nabor le dijeron que aceptaba o aceptaba el procedimiento abreviado.

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Son experiencias que cuatro madres de víctimas de feminicidio aseguran haber vivido en su largo camino para obtener justicia. Son presiones que podrían ser las principales causas de que en Coahuila, de 2014 al primer trimestre de 2021, 37 de 44 sentencias por feminicidio -según datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado- se resuelvan por un procedimiento abreviado, una figura del Sistema Penal Acusatorio que ofrece una forma de terminación anticipada en la que el imputado acepta su responsabilidad y negocia su pena.

Martha Rivera Hernández, directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, asegura que en ningún momento la intención de ofrecer el juicio abreviado ha sido presionar a las familias y que son salidas que permite el nuevo Sistema de Justicia para no saturarlo.

El procedimiento abreviado, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere que el imputado reconozca su culpa, renuncie a su derecho a un juicio oral, que se enuncie el monto de reparación del daño y que la víctima u ofendido no presente “oposición fundada”. Según el testimonio de familias que han vivido esos procesos, así como el de especialistas, abogadas y acompañantes de víctimas, para evitar esa “oposición” los representantes del estado emplean estrategias de miedo, manipulaciones, engaños y prácticas violatorias de derechos humanos.

Esto se traduce en una realidad: por más reformas y aumentos a las penas por feminicidio, las sentencias no alcanzan la pena máxima, sino más bien las mínimas establecidas en el Código Penal o inclusive hasta menores.

En Coahuila se han abierto desde 2015, 105 carpetas de investigación por feminicidio, un delito que hasta antes de septiembre de 2019 se castigaba con una pena de 20 a 50 años de prisión. A partir de entonces la pena aumentó de 40 a 60 años de cárcel.

De las 37 sentencias que han concluido en procedimiento abreviado, únicamente en cinco se dictaron penas de 40 o más años, dos sentencias fueron de 30 años, ocho tuvieron una penalidad de entre 21 y 29 años, y el resto, 22 sentencias, con castigo de 20 años de prisión o inclusive menos años.

Hay sentencias de 10, 14 o 18 años. En cambio, las sentencias de casos que optaron por el juicio oral alcanzaron penas de prisión de 43 años o más. Con excepción de un caso que conmocionó a la entidad: el asesinato de María Milagros Ramírez, de dos años. Al feminicida lo condenaron a 23 años y nueve meses.

LUCHAR POR SU MILAGRO

Los doctores le dijeron a Deisy Carolina Ramírez que tenía posibilidad de abortar porque su embarazo era complicado y podría afectar su salud. Su niña “podía salir mal”.

Ella, madre soltera, se negó. “Si así Dios me la quiere mandar, ya veré la manera de sacarla adelante”, dijo.

El 16 de febrero de 2017 nació su hija sin ningún problema. Y por eso decidió llamarla Milagros, María Milagros.

-Era mi milagro –cuenta la madre.

Por eso, cuando su pareja asesinó brutalmente a Milagros dos años después de nacida, la rabia le invadió y comenzó a luchar por justicia. Por eso, cuando le ofrecieron un juicio abreviado para negociar la pena del feminicida, se negó. Quería la sentencia máxima. Por eso cuando escuchó la sentencia de 23 años y nueve meses que impuso una Juez al feminicida, sintió que le falló a su hija.

FEMINICIDIOS-MÉXICO

Los estados con más reportes de feminicidios son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas. Foto: Cuartoscuro.

La señora Ramírez habla desde su casa en el municipio de Matamoros. Lleva todavía rastros en su cabello de tinte violeta, el color reivindicativo de la lucha de las mujeres. Hace unas semanas, la Juez dictó la pena a quien fuera su pareja.

Deisy Carolina sintió que era una burla. Se paró y reclamó justicia. La colegiada llamó la atención y advirtió que la encerraría si seguía alterando el orden.

-Le debe respeto a los presentes -dijo la Juez.

-¿Y el respeto a su hija y a mí? -piensa ahora desde la cochera de su casa.

Hay sentencias de 10, 14 o 18 años. En cambio, las sentencias de casos que optaron por el juicio oral alcanzaron penas de prisión de 43 años o más. Con excepción de un caso que conmocionó a la entidad: el asesinato de María Milagros Ramírez, de dos años. Al feminicida lo condenaron a 23 años y nueve meses”.

Deisy Carolina Ramírez está en trámite para apelar la sentencia. Es la última batalla contra un sistema penal e institucional que parece ensañarse con ella desde el 6 de mayo de 2019, cuando su hija fue golpeada y abusada sexualmente.

Ese día su mamá no pudo cuidar de Mili, como llamaban a la pequeña que gustaba bailar y dar abrazos como Olaf, el muñeco de la película Frozen. La dejó encargada con Eduardo, su pareja y en quien confiaba. Ella tenía que trabajar en una fábrica.

De rato recibió una llamada. Su hija se había caído de la cuna. “Perdóname, perdóname, la niña se me cayó”, repitió una y otra vez su pareja.

Era mentira. La señora Ramírez se enteraría después que su hija sufrió traumatismo craneoencefálico severo, golpes en el abdomen y tenía rastros de dilatación anal.

Al día siguiente, mientras su hija estaba en terapia intensiva, Deisy Carolina rindió su declaración en el Centro de Justicia, al mismo tiempo que la Procuraduría para los Niños, Niñas y Familia (Pronnif) mandaba a una casa hogar a sus otros dos hijos de 10 y ocho años entonces.

Pese a haber luchado una vez más por su vida, la niña Milagros falleció el 14 de mayo.

Madres de víctimas de feminicidios realizaron un taller de armado y pintado de cruces rosas para unirse a los Familiares de Desaparecidos, Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Deisy Carolina Ramírez tuvo que dar la custodia provisional a su mamá para sacar a sus hijos de la casa hogar y aguantar que en las instituciones de Gobierno la juzgaran por tener que trabajar y no cuidar a sus hijos, situación que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo para juzgar con perspectiva de género, refiere que invisibilizar la situación de mujeres que trabajan y cuidan de los hijos e hijas, “puede tener como resultado la vulneración al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

En el camino comenzó su lucha por encarcelar al feminicida: en un inicio la carpeta de investigación estaba etiquetada con el delito de “lesiones gravísimas”, un delito que tenía entonces una pena mínima de tres años.

-No se me hacía justo. Pero la licenciada Martha me dijo que lo hacían porque no podían subir las estadísticas de feminicidio –asegura la madre.

En la Fiscalía de Coahuila, la ministerio público Liliana Bermúdez (quien después fue removida a otra área) tachó su caso como un “dolor de cabeza” porque Deisy Carolina no entendía los términos jurídicos.

-Me decía ‘hablando jurídicamente’, y le decía que no tenía los estudios para entender lo que me dice. Se molestaba y me levantaba la voz.

Para la abogada y acompañante de víctimas, Lucía Razo, esas vivencias son comunes en las familias. “Te explican como si te estuvieran regañando, nunca hay tiempo para atenderte. Te tratan como si no entendieras cuando no tienen que entender, no son abogados”, comenta.

Para la abogada los ministerios públicos ven a las víctimas como un “bien jurídico lesionado”, un ente ajeno y no se les ve como parte del proceso, sino que se les deshumaniza.

Después trataron de convencerla de que aceptar el procedimiento abreviado era lo mejor.

La madre pensó qué significaba la palabra “abreviado”.

En su casa comenzó a navegar por Internet porque desconocía el término. Encontró el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que indica que, para darse el procedimiento abreviado, el imputado reconoce su culpa, renuncia a un juicio oral, negocia su pena y ésta puede ser hasta un tercio de la mínima.

Regresó a la Fiscalía después de leer e investigar por su cuenta. Otra vez el ministerio público –el licenciado Roberto refiere la madre- le insistió que era la mejor opción.

Expertas estiman que el subregistro de los feminicidios o asesinatos de mujeres estaría en los homicidios imprudenciales. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro

-Yo siempre les decía “¿lo mejor para quién? ¿Para él?” -recuerda la señora.

Para Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompañamiento del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (INCIDE Femme), en la realidad esta figura tiene más beneficios para el imputado y el ministerio público. No para las víctimas.

Para el imputado porque tiene una pena más reducida y para los ministerios públicos porque representa menos tiempo, recursos y energía.

Energía le sobraba –sobra- a la señora Deisy Carolina Ramírez.

-Estoy seguro que hay lo suficiente en esta carpeta para que le den una pena alta –decía convencida.

-Piense en su mamá que ya no tendría que ir a audiencia. Se fijó cómo se puso la vez pasada –insistieron.

Pero ella solo pensaba en tener justicia y eso era con la pena máxima.

La madre no encuentra razón para insistir en un juicio abreviado cuando se tienen los suficientes elementos en una carpeta de investigación.

-¿Por qué cree que lo hagan? –pregunta este reportero a la madre.

-Para no trabajar. Para decir que ya se hizo justicia. Ya ahí queda. Se puede hacer más.

A Mili, como llamaban a la pequeña, gustaba bailar y dar abrazos como Olaf, el muñeco de la película Frozen”.

¿POR QUÉ LA INSISTENCIA?

Martha Rivera Hernández, directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, asegura que en el caso de la señora Deisy Carolina Ramírez ni en ninguno otro ha sido la intención presionar.

-Honestamente lo que se hizo fue plantear la situación, se tuvieron varias pláticas. A lo mejor porque fueron varios los casos donde sí se explicaron los beneficios, lo que a su favor tiene. Muchas veces la violencia se ejerce delante de personas menores de edad, que no tengan que acudir ante tribunal, que se repare el año con suficientes años de sentencia.

Dice que si el ministerio público considera que la posibilidad del abreviado es buena opción; además la sentencia y reparación es acorde al hacer justicia, se le propone entonces a la víctima. Si no acepta, “sin ningún problema vamos a juicio”, asegura.

-Se da la posibilidad para evitar que después por una saturación nos vayamos a tener que hacer fila, a ver cuándo nos toca el juicio y se vaya retrasando –argumenta la funcionaria.

Aunque la abogada Lucía Razo considera que la innegable saturación de las fiscalías y entes que imparten la justicia, hace que empiecen a ver a la víctima como un problema, como un peso encima que se puede remover con un procedimiento abreviado.

Ariadne Lamont, directora de INCIDE Femme, cree que una hipótesis de la presión para concluir anticipadamente los casos, es la falta de recursos humanos y financieros.

Critica que esa falta de recursos obstaculiza las investigaciones porque no hay dinero para pedir registros de llamadas, visitar familias, vecinos y compañeros de trabajo. Investigar el entorno.

Bertha Alicia Quiñones, madre de Sharon Niño Quiñones asesinada en 2016 en Torreón, cuenta que un día el ministerio público de nombre Germán le dijo que no podía investigar porque no tenía para moverse. “Le entregué 3 mil 500 pesos para la gasolina”, asegura la madre.

También en una ocasión, la citaron a las 9:30 de la noche y la metieron a una oficina oscura de la Fiscalía. Allí le pidieron 50 mil pesos para hacer un trabajo forense con el celular de su hija. Mejor ella fue a la compañía Telcel para pedir el registro de llamadas y mensajes.

El 25 de noviembre de 2019, la Red de Mujeres de La Laguna y el colectivo Madres Poderosas de La Laguna pegaron en las puertas de la Fiscalía, monedas y hojas de máquina para que las autoridades no pusieran como excusas la falta de recursos para investigar.

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona A.C. y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), refiere que, de entrada, hay vicios de origen por malas investigaciones y a eso se le suma que las instituciones no cuentan con personal suficiente en la mayoría de los estados para atender estos delitos, ni con servidores públicos técnicamente capacitados.

En Coahuila hay dos unidades especializadas en el delito de feminicidio, una en la región Laguna y otra en la región Sureste. Cada una tiene dos agentes con especialización en feminicidio y además hay un coordinador de agentes.

La funcionaria Martha Rivera explica que si existe un feminicidio en otra región del estado, el personal de las unidades de homicidios es quien se hace cargo. Asegura que eso no merma la atención.

Deisy Carolina Ramírez está en trámite para apelar la sentencia. Foto: Iván Gutiérrez

Las unidades especializadas no cuentan con presupuesto propio y dependen de la asignación de recursos de la Fiscalía General, según respuesta de la misma dependencia a una solicitud de información.

Raúl Mendoza Flores, catedrático de la asignatura penal o procesal penal en la Universidad Iberoamericana Torreón, asegura que es una realidad la falta de capacidad y especialización de los agentes y ministerios públicos, pues el nuevo sistema de justicia tiene pocos años de instaurarse en Coahuila.

Desde junio de 2013 inició operaciones el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Monclova, y a partir de ahí gradualmente se fue instalando todo el sistema en la entidad. El 31 de marzo de 2016, Coahuila se constituyó en la octava entidad en completar en todo su territorio y para todos los delitos, la reforma constitucional del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

-En todos los delitos están rebasados, es una carga de trabajo enorme. Es una situación difícil. Los hechos los rebasan –comenta el abogado Mendoza Flores.

Ariadne Lamont cuenta que en una ocasión, en una reunión con Martha Rivera, le cuestionó por qué ofrecían con tanta insistencia el procedimiento abreviado. La respuesta la consideró un insulto. “Sí trabajamos menos, pero no es para estar haciendo nada, es porque podemos atender otros casos”, dice Ariadne Lamont que respondió la funcionaria.

Lamont refiere que esa respuesta y la estadística de que el 84 por ciento de las sentencias han concluido por la vía abreviada, refleja el poder de convencimiento de los ministerios públicos; así como la presión a la que estuvieron sujetas las madres.

-¿A poco tantas madres no van a estar con esa fuerza vital por dentro que les diga ‘quiero la máxima sentencia para quien mató a mi hija y dejó huérfanos a mis nietos? –cuestiona Lamont.

En estados como Baja California la historia es la misma: de 38 sentencias de feminicidio desde 2016, 32 terminaron por juicio abreviado (84 por ciento) y seis por juicio oral; en Sonora de 112 sentencias, 88 fueron por el procedimiento abreviado (78.5 por ciento). Aunque otros estados como Nuevo León, la cifra es inversa: de 44 sentencias por feminicidio en el sistema penal acusatorio desde 2016, sólo cuatro concluyeron por procedimiento abreviado y en Veracruz -desde 2015- 22 optaron por el juicio oral y tres por el abreviado. Todas las estadísticas fueron entregadas por los poderes judiciales de cada entidad vía solicitudes de información.

Deisy Carolina Ramírez está en trámite para apelar la sentencia. Foto: Iván Gutiérrez

ANALIZAR CADA CASO

Para la directora de Acompañamiento de Incide Femme, Ariadne Lamont, cada caso debería ser atendido como si fuera el único.

Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, considera que no se debe tratar a la familia como “fórmate y a todos les propongo lo mismo”.

-Hay situaciones en las que ni siquiera deben mencionarlo (el procedimiento abreviado). Pero eso no lo puedes saber si no estudiaste bien a la familia y a quien cometió el delito. Insistir y aceptar un juicio abreviado es confirmar el hecho que a ti no te importo como víctima.

Quizá un caso de esos pudo haber sido el de la causa penal 48/2016.

El hecho ocurrió a las 19:30 horas del 16 de abril de 2016 en Acuña, al norte del estado. En la sentencia se lee que el acusado golpeó a la víctima, pareja de él, “con su mano cerrada en la cabeza, para después golpearla con la parte trasera de una hacha en el mismo sitio por lo cual la víctima queda inconsciente y posterior a esto XXXXX con un cuchillo le corta la cabeza a la víctima, diciendo en ese momento Axxxxxxxxxxx ”, a xxxxxxxx, a xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx y dos personas del sexo masculino que solo se sabe les apodan el che y el tribilin quienes presenciaron lo ocurrido mencionándoles ‘esto les va a pasar si andan de panochones’ para posteriormente xxxxxxxx envolver el cuerpo de la víctima en una cobija color gris junto con la cabeza y posterior a esto en fecha 19 de abril del 2016 a las 01:30 horas fuera encontrado el cuerpo de la víctima en la vía pública”.

En la descripción de las diligencias, se tienen cuatro entrevistas de testigo. Los cuatro testigos se encontraban en el lugar cuando el acusado golpeó y decapitó a la mujer.

El caso concluyó en procedimiento abreviado y se decidió aplicar una pena de 10 años de prisión, la mitad de la pena mínima que aplicaba entonces. Además de una reparación del daño de 150 mil pesos.

-Son penas ridículas cuando se saben los tipos de casos y se observa que no hay ningún tipo de dolor, de arrepentimiento, que inclusive les repare un poco a las mismas víctimas –considera Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF.

También el caso de Elizabeth Maldonado Nabor. Madre de tres hijos, desapareció el 13 de octubre de 2018 en Torreón. Acordó llegar a casa de su mamá Teresa Nabor pero nunca lo logró.

La familia publicó en Facebook la búsqueda y una amiga informó que Elizabeth vería a un compañero de trabajo porque le debía dinero.

La investigación se centró en ese hombre que la vio por última vez. Cuando lo capturaron, informó que enterró un cuchillo en el pecho y abdomen a Elizabeth y la abandonó en un ejido del municipio de Matamoros el mismo día que se vio con ella. Sus pertenencias las quemó en un basurero.

El responsable, Juan Mario Saucedo, colaboró para informar dónde había dejado el cuerpo.

Casi dos años después, cuando estaba por cumplirse el periodo de prisión preventiva de dos años, la madre Teresa Nabor asegura que a ella y al esposo de su hija, les informaron que el caso había llegado a un arreglo y se había acordado el procedimiento abreviado.

La señora Nabor afirma que nunca los consultaron. Que al salir de una reunión la ministerio público Bermúdez dijo “sí o sí”. Asegura que nunca le explicaron qué era un juicio abreviado. Y que aceptaron porque las autoridades no dejaron otra opción.

El feminicida fue sentenciado a 14 años y seis meses de cárcel, cinco años y seis meses menos que la pena mínima de entonces. Cuando se dio la sentencia el feminicida ya sumaba dos años por el tiempo que duró el proceso.

En México los feminicidios no paran.
Foto: Yerania Rolón, Cuartoscuro.

-A mí nunca me mencionaron el tema del juicio abreviado. Yo nunca supe qué era. No se me hace justo lo que le dieron, como quien dice los premian. Quiero que le echen más años pero me dijeron que ya no podían hacer nada, que yo lo acepté. No estoy conforme.

Dice la madre Teresa Nabor desde su casa, donde hay fotografías de su hija, una mujer que quería ser enfermera y trabajaba para pasear a sus hijos. Le gustaban las gorditas de huevo con chile y las tostadas de cuerito.

Para la señora Nabor ya no es lo mismo. Siente culpa por no haber presionado, por no haber buscado el juicio como debía. A la fecha no le han dictado ninguna reparación del daño.

La innegable saturación de las fiscalías y entes que imparten la justicia, hace que empiecen a ver a la víctima como un problema, como un peso encima que se puede remover con un procedimiento abreviado”.

La señora Nabor afirma que nunca los consultaron. Foto: Iván Gutiérrez

MODUS OPERANDI

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora del OCNF afirma que en el camino las autoridades usan la figura del procedimiento abreviado como su primera opción. Y en el camino se presiona a las víctimas y se engaña diciéndoles que el proceso es tan difícil o improbable que se llegue a una sanción, que el procedimiento abreviado es la única salida.

Especialistas y activistas como Ariadne Lamont, exponen que se trata de un modus operandi que se basa en presiones, amenazas y miedos: ‘para que usted ya no esté viniendo, para que ya no lo tenga, para que ya no sufra psicológicamente, para que ya no sea revictimizada’. Son algunas de las frases que usan.

Lucía Razo, abogada y acompañante de víctimas, dice que no les explican sus derechos y de inmediato las intimidan, manipulan e infunden miedo

-Les dicen ‘podemos acabar de una manera rápida, si hubo menores testigos van a tener que ir a declarar, ¿segura que quieres hacerle eso a tus sobrinos, nieto? Anda que mala. Es un trauma que no van a superar, tú vas a tener que encarar, ¿de verdad quieres verlo?’.

Es propagar el temor de que el imputado quede absuelto y todo sea en vano.

Para Razo se trata de prácticas violatorias de derechos humanos porque no se apegan a la legalidad del proceso.

-La legalidad del proceso también es aplicar los principios de derechos humanos en los que se rigen nuestras legislaciones. Si no existe ese apego a los principios, si no existe ese enfoque de derechos humanos, cómo se va a hablar de una debida legalidad del proceso -cuestiona.

La Ley General de Víctimas, por ejemplo, establece que las víctimas deberán “ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público” o que “no podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión”, lo que no muchas veces sucede porque las familias -principalmente madres- están en un estado de shock, vulnerables, “donde a veces no son capaces de comprender una instrucción”, dice la psicóloga y activista Adriana Romo.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indica que las víctimas de violencia deben “recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención” o que “la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor”.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder habla de “informar a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información”.

Para Lucía Razo, si no se atienden a los principios de legalidad, se debe hablar de una omisión por parte de las autoridades del estado, de un desinterés.

Además cree que hay una necesidad urgente del Estado de decir ‘mira, sí estamos cumpliendo, mira cómo estamos trabajando, los estamos encerrando’.

Foto: Iván Gutiérrez.

DE PIE Y LUCHANDO

Adriana Romo, psicóloga y activista de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que las víctimas no suelen estar preparadas y muchas aceptan el juicio abreviado sin saber, por lo que queda esa sensación de que hicieron “justicia a medias”.

La señora Deisy Carolina Ramírez, no aceptó el juicio abreviado porque precisamente no quería sentirse así. Le dijeron que podrían negociar una pena de 35 años para el culpable. No aceptó. Quería la pena máxima.

Por eso, cuando escuchó la sentencia de 23 años y nueve meses al concluir el juicio oral, lo sintió como una bofetada.

-Es una burla lo que hacen –comenta.

Pese al tortuoso camino, confía en que en la segunda instancia se revertirá la sentencia.

La madre de Mili asegura que no descansará hasta que se le haga justicia a su hija. “Voy a seguir de pie”, dice convencida.

Para la madre, lograr esa justicia significaría que su hija descanse en paz. Pero cree que no solo sería para su hija Mili, sino un mensaje para otras personas de que se puede seguir en la lucha y acceder a la justicia.

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A Ale, Danna, Daisy, Paola y Ana las mataron sus parejas en Coahuila. Y es hora que no detienen a nadie

domingo, febrero 9th, 2020

En 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron mil 125 denuncias por delitos sexuales en Coahuila, 24 feminicidios, 10 mil 647 denuncias por violencia familiar, 202 por violencia de género, 8 mil 889 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer.

Por Mariana Rodríguez y Diego Santana (ESTUDIANTES IBERO TORREÓN)

Coahuila, 9 de febrero (Vanguardia).– Un grupo de señoras, algunas con niños en mano, sostiene una gran pancarta con el nombre y fotografías de sus hijas asesinadas. Ellas se encuentran frente a la delegación de la Fiscalía General de Coahuila, ubicada en Torreón.

Una señora de cabellos plateados, que lleva una playera morada en la que se lee “Nos queremos más libres y sin miedo”, narra a las afueras el poema titulado “País horror”:

– ¡Hoy van a matarla y no lo sabe! Nadie lo sabe. No sé dónde pasará, ni a qué hora, ni de qué camino; a la universidad mientras repasa mentalmente lo que vendrá en el examen del próximo jueves, o al volver del trabajo mientras trata de recordar si aún queda arroz en la despensa, o al recorrer los 347 metros desde la parada del parque donde siempre se quita los audífonos y va más alerta, porque hoy hay poca luz y sabe que es mejor acelerar el paso. Nadie lo sabe, pero hoy van a matarla. Y no solo a ella, hay 10 mujeres en este país que hoy no volverán a casa.

La de la voz desgarrada es Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna.

El Centro de Justicia para las Mujeres parecía un buen punto de partida esa mañana de octubre. Después de cruzar el umbral de la puerta, nos reciben mujeres secretarias, amas de casa junto con sus niños, amigas teniendo pláticas casuales mientras esperan y otras trabajan. Mientras tomamos asiento en lo que nos pasan para realizar la entrevista, mandan a hablar a una de las señoritas que, hasta ese momento, esperaba su turno para ser atendida. Se levanta y camina al escritorio.

“¿En qué podemos ayudarla?” -pregunta la joven del otro lado del escritorio.

Así como los feminicidas siguen en libertad y caminan por las calles y viven con normalidad tras haber truncado la vida de sus parejas… Las mamás de las víctimas marchan por ellas, ocupan espacios y no se rendirán. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

La mujer toma una silla para sentarse, da un suspiro y responde:

“Quiero poner una orden de restricción contra mi ex novio porque no deja de seguirme”.

Toma asiento y comienza a contarle su historia a la joven que escucha atentamente cada detalle. Parece una mañana cualquiera en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde alrededor de 250 mujeres van semanalmente bajo diferentes causas, pero siempre con un factor en común: la violencia de género, que consiste en todas aquellas acciones que atentan contra la libertad y el bien psicológico, sexual, económico, físico y patrimonial de la mujer.

En 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron mil 125 denuncias por delitos sexuales en Coahuila, 24 feminicidios, 10 mil 647 denuncias por violencia familiar, 202 por violencia de género, 8 mil 889 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer.

Transcurridos un par de minutos nos abren una puerta que da detrás del lobby, donde vemos una serie de oficinas y salas de usos múltiples. Pasamos por una sala de cuidados a menores donde en su interior se encuentran varios juguetes y zonas de descanso para niños, también se ven oficinas y consultorios con diferentes nombres en las placas de las puertas.

Por estos pasillos se han atendido más de 4 mil 500 casos de mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia. El centro ofrece talleres de empoderamiento, becas educativas para estudios superiores, acompañamiento psicológico, atención legislativa, consultas médicas, entre muchos otros servicios completamente gratuitos.

“Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los súpermachos tiene la valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Es la frase del escritor Eduardo Galeano que se lee a espaldas del escritorio de Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia de las Mujeres en Torreón.

“Antes si tú como mujer ibas a denunciar un caso de violación dentro de tu propio matrimonio, pues si llegabas al MP (Ministerio Público) hasta se reían de ti”, dice la funcionaria. Rodríguez Romero menciona que ese estereotipo todavía sigue muy marcado en la cuestión de los roles de género.

Al preguntar sobre el incremento de violencia de género en Torreón, la directora responde que lo que ha aumentado es la cultura de la denuncia.

Resalta que su labor no está ni cerca de terminar, ya que para erradicar el problema de violencia de género se necesita trabajar en conjunto con la sociedad el tema de la concientización y la cultura de la denuncia, debido a que muchas veces las mujeres no están conscientes de sus derechos y no denuncian por temor.

Ariadne Lamont, activista y cofundadora de la Red de Mujeres de la Laguna, expone que en el tema de feminicidios existen tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Las directas son las jóvenes, mujeres y niñas que fueron asesinadas. Las indirectas son su familia, su hijo, su hija, su madre, su padre y las potenciales son todas aquellas personas cuya integridad física se ve en peligro ya sea por impedir o detener la violación a los derechos.

Esta es una batalla de todas. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

En la Red de Mujeres se han dado cuenta de los fallos en el sistema encargado de hacer justicia. Los casos de feminicidio, recuerda Lamont, los atendía cualquier ministerio público de formación dudosa e incluso algunos desconocían el actualizado sistema de justicia penal acusatorio.

“Nos dimos cuenta que había carpetas completamente vacías”, declara Ariadne indignada.

Aunque poco después se dieron cuenta que el verdadero hallazgo fueron los vínculos que se habían creado entre las mismas madres, que significaban un apoyo emocional y comprensión que ninguna de las mujeres de la Red ni entidades del Gobierno habían podido otorgarles: la empatía más pura. Así fue como nació el grupo de Madres Poderosas, haciendo alusión a lo que son: madres que, después de la pérdida de sus hijas, pudieron levantarse para exigir justicia por ellas al mismo tiempo que ven por el futuro de sus nietos. Madres abusadas por un sistema que, encima de que no supo cuidar a sus hijas, todavía abusaba de ellas.

MADRES PODEROSAS

En la mañana del 6 de noviembre del 2019, al noroeste de la ciudad, arribamos al lugar donde habíamos constatado una cita con algunas integrantes del grupo y somos bienvenidos por María Elena de la Fuente Cepeda junto con el olor a café, pan recién horneado y dos de sus perros. Al instante nos sentimos en casa.

“¡Hola! Pásenle, pásenle”, apura María Elena animada.

En el comedor se encuentran Rosa María Rocha, Diana Félix y Cristela Soto Contreras bebiendo café y que, al vernos entrar, se levantan para recibirnos con una presentación corta y un beso. Entre los saludos, algunas de ellas charlan:

“Ayer encontraron a una en Lerdo”, dice una de ellas.

“Esa ya tiene rato, ¿no?”, responde otra.

Después de los saludos y las ceremonias, tomamos asiento y ante nosotros vemos todo un festín, desde pan dulce, tortillas de harina caseras y café con su respectiva leche y azúcar. Sin duda, habían preparado toda una reunión para recibirnos.

Madres Poderosas lo conforman en su totalidad madres de víctimas de feminicidio y tienen juntándose alrededor de tres años. María Elena considera una desgracia que más mujeres se sumen a este grupo debido a las consecuencias que las llevan a conformarlo. El objetivo de estas mujeres es fortalecerse las unas con las otras porque el dolor que sufrieron y las circunstancias bajo las que perdieron a sus hijas suelen ser complicadas, pero entre ellas encuentran cómo sobrellevarlo.

En cuanto a medidas de contingencia, el grupo habla sobre la importancia que tiene hablar del respeto hacia la mujer. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

“El dolor que yo sentí o que todavía siento a veces, porque todavía me caigo mucho, ellas me levantan. Porque ellas comprenden muy bien cada lágrima que se me sale por recordar a mi hija, por la fecha en la que cumple años de muerta, por la fecha en la que cumple años de nacimiento, por las fechas de cumpleaños de los nietos. Nada más ellas que son mis hermanas, nos comprendemos y apoyamos para poder resistir”, dice María Elena al tiempo que ve a sus amigas y todas asienten silenciosamente, como si fueran cómplices de los dolores más profundos de María.

El objetivo del grupo es fortalecer la cultura de la denuncia. Entre sus actividades se encuentran marchas de concientización de violencia de género y feminicidios, ir al Centro de Justicia para las Mujeres con el fin de alentar a las jóvenes a que denuncien cualquier tipo de agresión y que le cuenten a su familia o a quien más confianza le tengan, pero que no lo callen. También están la búsqueda de la patria protestad de sus nietos ya que muchas no la tienen y mejores condiciones para criarlos ante la realidad de que, por la edad de las mujeres, es difícil hacerse cargo de uno, dos, tres, hasta cuatro niños a los que les arrebataron a su madre. La brecha generacional es muy grande entre las madres y sus nietos, lo cual afirman que es un reto.

“Andar reguetoneando está canijo”, bromea María Elena entre risas.

En cuanto a medidas de contingencia, el grupo habla sobre la importancia que tiene hablar del respeto hacia la mujer y de las consecuencias que hay de agredir a otra persona en las escuelas siendo uno de los pilares en la formación de cualquier individuo.

“También quisiéramos que les dieran penas ejemplares a los feminicidas, porque ahorita del grupo la mayoría están libres”, suelta con enojo.

En Coahuila, en los últimos 10 años, el número de sentencias por el delito de feminicidio son 33 entre las ciudades de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Acuña, Sabinas y en la frontera del estado, según datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado a través de una solicitud de transparencia.

El Gobierno –cuentan las madres- muchas veces lo que hace para que las cifras de feminicidios no se eleven es clasificar los casos como algo diferente a lo que realmente son. Por ejemplo, el caso de Cecilia Aidee está clasificado como un uxoricidio (cuando una mujer muere a manos de su marido). Factores como “si tenía las manos atadas detrás de la espalda”, o “que se encontrara degollada” hacen que el crimen se le atribuya al narcotráfico cuando bien podía ser un feminicidio. Estos códigos se basan más en el disfrute que tuvo el asesino antes o después del crimen, creen las Madres Poderosas.

María Elena se levanta de la mesa y se disculpa, ya que debe ir a la escuela de uno de sus nietos para una reunión de padres. Se despide de sus amigas y de nosotros.

El grupo lo conforman un estimado de 16 madres que se reúnen para ver asuntos de ministerios públicos, procuradurías, eventos, marchas y arreglar lugares para próximas reuniones. Algunas veces citan a unas cuantas a la fiscalía donde el informe que les dan no es satisfactorio y lo describen como “algo para que te calmes”, información que no ayuda ni hace al caso avanzar, pero se las dan para que las madres no hagan nada que les perjudique. El seguimiento de cada proceso es lo más difícil y que el resultado se haga notar lo es aún más.

Rosa María Rocha es madre de Danna Milagros Cigarroa Rocha, de 26 años, quien fue asesinada el 11 de octubre del 2015. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

“Nos traen así porque nosotras no sabemos de leyes, no sabemos cómo actuar”, dice Cristela Soto. “Si vas sola, te victimizan. En mi caso, a mi pequeño lo presenté el día 9 de octubre en la fiscalía para que declarara y es un niño, ahí me lo están victimizando”.

Ese es un punto donde la Red de Mujeres da su máximo apoyo; les proporciona acompañamiento a las víctimas en audiencias penales y familiares, monitorean el accionar del funcionariado para que sean tratadas justamente y con respeto.

Cristela agrega que las medidas para que a los procesos se les dé seguimiento son costosas, ya que hasta para ver un expediente hay que sacar cierto número de copias de 3 pesos cada una y 100 pesos por cada notificación que mandan a hacer. Las madres confirman que la necesidad no solo recae en mantener a los nietos, sino en darles el seguimiento a los casos.

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, otorgó el número de procesos abiertos que tiene registrados en los últimos 10 años por el delito de feminicidio, delito que no fue tipificado hasta el 20 de noviembre de 2012, presentándose el primer caso en 2013. Desde entonces, son 8 los procesos abiertos que se tienen en materia de feminicidios.

Algunas miembros del grupo Madres Poderosas. De izquierda a derecha: Rosa María, María Elena, Angélica Martínez, Cristela Soto, Teresa Nava, Diana Félix, y Carmen Alvarado.

En Torreón matan a las mujeres.

DANNA

Rosa María Rocha es madre de Danna Milagros Cigarroa Rocha, de 26 años, quien fue asesinada el 11 de octubre del 2015. Rosa María se encontraba en los Estados Unidos cuando se enteró de la muerte de su hija, por lo que tuvo que dejar a su familia para venir a Torreón a proceder y exigir justicia por el caso de Danna.

“La muerte de un feminicidio no es nomás la muerte de nuestras hijas, sino, la derrota de uno de nosotros, que nos tumba, pero mi padre Dios nos levanta, nos mantiene fuertes porque nos dejan a nuestros nietos. Tenemos que salir adelante con ellos”, dice Rosa.

Danna vivía en la colonia Las Aves, al oriente de la ciudad de Torreón, al lado de su esposo y sus dos hijos. El esposo siempre la amenazaba con apuñarla y matarla, al igual que a sus niños. Esto fue motivo suficiente para que Danna fuera al Centro de Justicia a pedir ayuda por temor a su vida, pero nada de eso sirvió.

Ana Karen Aguilar fue asfixiada a los 27 años de edad con una camiseta, y recibió 6 puñaladas con un cuchillo que la misma Diana encontró debajo de un sillón, a pesar de que la casa estuvo tres meses acordonada. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

Los hijos se encontraban dentro del hogar, cuando su padre acabó con la vida de su madre. Ese mismo día, el padre fue detenido y llevado preso con 30 años de sentencia, gracias al testimonio de la hija mayor, de 8 años de edad.

El apoyo que se les ofrece a los niños es muy poco a comparación de todo lo que han vivido. La señora Rosa contrató un abogado con sus propios recursos económicos para poder tener la patria potestad de sus nietos porque por parte de las instituciones del gobierno, el procedimiento era muy lento y lleno de obstáculos.

– ¿Los niños han recibido ayuda psicológica?

– Aparentemente sí la tuvieron en el centro de justicia. Ahorita ando con otros trámites y me piden la valoración de los niños, y la pido ahí en el centro de justicia, pero me dicen que como la psicóloga ya no trabaja ahí, entonces el expediente ¡Pug! – hace una seña con sus manos, y al unísono todas las madres dicen:

“Se desapareció”.

-Todo eso fue en vano. Como si no hubiera existido esa terapia para mis niños- replica Rosa María.

Las víctimas indirectas más vulnerables en los casos de feminicidio son los hijos de las madres asesinadas. Los niños que, al no comprender la gravedad de la situación, caen en una clara confusión que no les permite abrirse con cualquiera, por lo que el acompañamiento psicológico es de suma importancia. Según la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, son 21 huérfanos que han resultado víctimas de feminicidio entre los años 2017-2019, y se estima que, bajo las modificaciones de los códigos penales, sea una cifra mayor a la antes mencionada.

Al hacer una solicitud de información a la Fiscalía General de Estado sobre el número de familias a las que se les ha otorgado acompañamiento psicológico entre el 2017 y 2019, la Coordinación del Centro de Atención y Protección a Víctimas respondió que entre el 2017 y 2018 no hubo ningún caso atendido y que en 2019 se atendieron apenas a 12 víctimas indirectas.

ANA KAREN

Diana Félix, de 46 años, madre de cuatro hijas, salió de su casa en la colonia Jacarandas el día 3 de noviembre de 2016 rumbo a su trabajo en la ciudad de Torreón, cuando recibió una llamada telefónica:

-Oye, regrésate a la casa porque acaba de llegar la niña descalza corriendo porque… este maldito la violó- le dijo su hermana.

La noche antes del asesinato a golpes de Daisy Viridiana Martínez, de 23 años de edad, y madre de un niño de 3 años, ésta se encontraba en la casa de su madre Cristela Soto Contreras, de 54 años, cuando Omar, pareja en aquel entonces de la joven, llegó del trabajo y empezó a discutir porque éste quería llevársela a vivir a una casa que tenían juntos. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

Las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Diana, mientras sus compañeras la agarran del hombro. “Yo iba rumbo a mi trabajo. Yo no lo podía creer, yo quería… yo quería volar”, dice entre sollozos.

Una compañera del trabajo acompañó a Diana de regreso a la casa de la hermana. Al llegar, la hermana le dijo: “La niña está en el cuarto. Está hecha bolita”.

Diana corrió hacía la habitación en donde se encontraba su nieta, e intentó calmar su respiración, pues estaba muy acelerada.

-Tranquila mami, no pasa nada, ya llegó tu abuelita. No pasa nada, ya estoy aquí – dijo mientras abrazaba a la niña, de tan sólo 10 años.

Diana llevó a su nieta al Ministerio Público, para que le hicieran un examen con un médico legista. De ahí, la mandaron a la Procuraduría del menor, que en ese momento estaba a reventar de personas, incluyendo a médicos, PRONNIF y el DIF.

Mientras su nieta era atendida por el legista, Diana fue llevada con una licenciada para que diera testimonio de lo que pasó. Diana no sabía nada más, sólo lo que la nieta le contó en el camino: el novio de su mamá la había amarrado de pies, de manos y boca en una habitación. En algunos ratos, subía él a desamarrarla para poder abusar de ella sexualmente.

“En ese momento, cuando le platico a la licenciada, me dice: ‘¿Y su hija dónde está?’, y dije ‘no sé’. Recuerdo que me dijo mi nieta que su mamá había salido como a las 3-4 de la mañana, y yo molesta le dije: ‘Pero ¿cómo se salió tu mamá? ¿Cómo te dejo aquí sola?’”.

Después de dar detalles de lo ocurrido, a Diana le vino a la mente que quizás su hija también estaba amarrada o amordazada en algún lugar de la casa, por lo que le pidió a la licenciada acudir de inmediato a buscarla. Ésta argumentó que era imposible entrar a la fuerza en una propiedad privada sin un consentimiento o permiso legal. “Es que yo soy su mamá. Yo autorizo. Vayan y tumben la puerta”, respondió Diana.

Estando ahí, Diana recibió una llamada de parte de su compañera de trabajo, quién le pasó la llamada a una sobrina suya.

– ¿Qué pasa? – preguntó Diana.

El día de 10 de febrero, Paola le dijo a su madre que, si algún día le llegaba a pasar algo, nunca dejara al niño en manos de Víctor. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

-Tía, ya encontramos a Karen- respondió la sobrina.

– ¿Dónde estaba?

-Tía, ese maldito la asfixió. Está sin vida.

Un dolor interno golpeó a Diana, quien, se lanzó encima, entre llantos y enojo, sobre los fiscales y los policías que se encontraban en ese momento. Luego, en una patrulla la llevaron hasta su casa en la colonia Residencial del Norte, ya acordonada, donde estaba el cuerpo de su hija en el suelo. No la dejaron pasar, ni verla, y había olvidado a su nieta en la procuraduría por el impacto de la noticia. El papá biológico, al enterarse, se hizo cargo de la niña mientras era atendida por el médico.

Diana estuvo todo el día en el Ministerio Público soportando comentarios como: “¿Tú lo conocías?”, “¿Tú estabas de acuerdo con esa relación?”, hasta casi las 7 de la noche, en que la dejaron irse. Al regresar a la casa, su nieta ya se encontraba también ahí, sin saber aún que su madre estaba muerta.

Ana Karen Aguilar fue asfixiada a los 27 años de edad con una camiseta, y recibió 6 puñaladas con un cuchillo que la misma Diana encontró debajo de un sillón, a pesar de que la casa estuvo tres meses acordonada.

“En tres meses, nunca pudieron encontrar tan importantes pruebas para el Ministerio Público. Y yo, en un día encontré el cuchillo y el celular de mi hija, que se supone, igual ellos debieron tener como prueba”.

Los policías que estuvieron resguardando la casa de Ana Karen, afirmaron que el responsable estuvo rondando el lugar por mucho tiempo, pero que ellos no lo podían detener porque no había ninguna orden de aprehensión. La orden se concretó siete meses después de la muerte de Ana; tiempo suficiente para que el asesino huyera de la ciudad.

“El Ministerio Público no hizo nada porque no había una orden de aprehensión, y ahora que la hay, no sé dónde encontrarlo. De parte de la Fiscalía, han ido a Puebla, pues él es proveniente de allá, pero no lo encuentran. Hay gente que me ha dicho que lo han visto ahí, pero cuando va Fiscalía no lo encuentran, porque van limitados a 36 horas para buscarlo. Si en 36 horas no lo encuentran, ellos tienen que salir de la ciudad”.

Son tres años sin saber nada del asesino de Ana Karen. Tres años llenos de dolor, y cero respuestas.

“Es muy duro. Es muy fuerte. Vivir con este dolor, y seguir adelante, por tus nietos. Ya tienes miedo de dejar salir a otra de tus hijas, ya no les das el permiso, ya no confías en nadie. El miedo nadie te lo va a quitar. Tienes que aprender a vivir con ese miedo. Tienes que sobrellevarlo para que tus hijas vivan en una libertad que se merecen, pero que a ti te da terror soltarlas al mundo tan cruel que está allá afuera. Quieres protegerlas, quieres abarcarlas y que nadie les haga daño. Ya te pasó con una y ya no quieres perder otra más”.

El novio, quien se encontraba a unos metros sobre una piedra, gritaba que había sido Vicente, el esposo de Alejandra. Angélica comenzó a gritar para que llamaran a la cruz roja, a pesar de estar segura que su hija ya estaba muerta. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

DAISY

La noche antes del asesinato a golpes de Daisy Viridiana Martínez, de 23 años de edad, y madre de un niño de 3 años, ésta se encontraba en la casa de su madre Cristela Soto Contreras, de 54 años, cuando Omar, pareja en aquel entonces de la joven, llegó del trabajo y empezó a discutir porque éste quería llevársela a vivir a una casa que tenían juntos. Daisy se negaba a irse a vivir con él, por lo que no era la primera vez que Omar la amenazaba con quitarle al niño si no cooperaba.

A día siguiente, el 21 de julio de 2016, Daisy se encontraba una vez más en la casa de Cristela para despedir a su hermana menor, quien iría a una competencia nacional de taekwondo en Monterrey, cuando recibió una llamada de Omar, con unas copas de más, reclamándole su ausencia en la casa.

Luego de una larga discusión por teléfono, Omar llegó en un camión de personal, y le siguió insistiendo a Daisy en irse de ahí. Sin embargo, el hijo de ambos, también se resistía en abandonar la casa de su abuela.

“Entonces le dije a mi nieto ‘Hijo, váyase allá con su mamá, porque usted es el único hombrecito y tiene que cuidarla'”. Por consiguiente, Daisy tomó a Dominick, su hijo, y se fueron junto con Omar en el mismo camión.

No pasaron quince minutos cuando Dominick llegó gritando y llorando a la casa de su abuela. Cristela, quien estaba bañándose en ese momento, salió acelerada con un blusón largo. Dominick pedía ayuda, y salió corriendo junto con su abuela a la calle. Al salir, Cristela se percató de que la pareja se encontraba dentro del camión, e intentó abrirlo desesperada mientras por dentro Omar gritaba. Luego de algunos minutos, Omar abrió la puerta y Cristela al asomarse, vio a Omar arrastrar a Daisy por el suelo, para luego aventarla al pavimento a los pies de ésta.

Omar comenzó a gritar que lo perdonara, que él había cometido un error, que no sabía lo que había hecho. Los vecinos ayudaron a Cristela a levantar a Daisy del pavimento, luego ésta, al cargarla y llenarse las manos de sangre, la acomodó en una silla.

“Hija de mi vida ¿pos’ qué tienes? ¿Qué te hicieron?”, le decía Cristela, sin tener respuesta alguna. Los vecinos llamaron a la cruz roja, quienes en seguida entubaron a Daisy.

-Señora, su hija viene bien grave, y pues nos la vamos a llevar. Díganos qué pasó- le dice uno de los enfermeros.

-No sé, no sé lo que pasó ¡La regué! – contestó Cristela, mientras Omar seguía gritando que lo perdonaran.

Ariadne Lamont suelta el micrófono, y se incorpora a un lado de sus compañeras de Red de mujeres y Madres Poderosas, que sostienen la pancarta con la mirada de frente, y una leve sonrisa. Foto: Mariana Rodríguez y Diego Santana, Vanguardia

Daisy fue trasladada al hospital general del manto de la Virgen, y al llegar, un médico le informó a Cristela que su hija iba brutalmente golpeada, tanto como para perder la vida. Daisy no resistiría. Falleció ese mismo día.

El día del sepulcro de su hija, Omar llegó con una carta, la cual entregó a Cristela en donde se leía que estaba demandada por no quererle entregar al niño. La más grande de sus hijas, se fue inmediatamente para el Centro de Justicia y empezó a llenar trámites para la patria potestad del niño a nombre de ésta.

Un día Omar, junto a una de sus hermanas, llegó a la casa de Cristela, para intentar llevarse a la criatura.

-Présteme al niño- exigía Omar.

-No, nunca te voy a prestar al niño. Óyelo bien. Anteriormente te lo prestaba, pero ahora nunca- exclamaba Cristela.

-Ándele, ya préstemelo.

-No. Si tú me entregas a mi hija, yo te presto con todo gusto a mi hijo, como siempre. Pero entrégame a mi niña primero.

“Mi hijo se escondía debajo de la cama, se cubría con las cobijas, no dormía porque decía que venía el ‘monstruo’ por él. En la casa ponía muchas trampas para agarrar al monstruo. Decía: mami, deja pongo trampas para agarrar al monstruo y ya nada más llamas a la patrulla para que se lo lleve.”

PAOLA

(A petición de Carmen Alvarado, los nombres en esta historia fueron cambiados)

El 11 de febrero de 2018, Carmen Alvarado, de 40 años, junto su familia, tuvieron un desayuno en la casa, donde tíos, abuelos y primos se reunieron. Esa mañana, Paola Montserrat Alvarado, su hija, le dijo que estaba decidida a terminar la relación violenta que tenía con Víctor, su pareja, pues estaba harta del estilo de vida que llevaba al lado de él. Víctor, según Paola, estaba de acuerdo en terminar también.

El día de 10 de febrero, Paola le dijo a su madre que, si algún día le llegaba a pasar algo, nunca dejara al niño en manos de Víctor.

“Mami, ahí te encargo mucho al niño”, fueron las últimas palabras que Paola le pronunció esa mañana antes de subirse a una moto con Víctor y salir a un mandado, según le dijeron a Carmen.

Casi a la media hora de que ambos salieron, el hijo de Paola se levantó llorando, por lo que para calmarlo decidió llevarlo a la tienda a comprarle un dulce. Al regresar, recibió una llamada del celular de Víctor; era la voz de una mujer, quien le informó que la pareja había sufrido un accidente.

“Me valía madre él, yo lo primero que dije fue ‘¿cómo está ella?’ y lo primero que me dicen es ‘señora, ella es la que está muy mal.’ Pues yo salgo corriendo como loca, detrás de mí sale corriendo una sobrina, y detrás de ella, mi hermana en un taxi”.

A la altura de la funeraria Gayoso en Periférico, la hermana le gritó por detrás de la ventana que se tranquilizara, que ya había hablado con ellos y que estaban bien. Sin embargo, al llegar al lugar del accidente, Paola estaba tirada con la cabeza muy inflamada. Tres patrullas arribaron, y cuando la desesperación invadió a Carmen, empezó a llorar y gritar. Víctor, se levantó del pavimento, y se paró frente a Carmen diciéndole “yo no tuve la culpa”.

Minutos después, la ambulancia se llevó a Paola al hospital, mientras Carmen se movió por otro medio. Cuando Carmen llegó, un médico la recibió y le dijo: “Su hija va a fallecer en cualquier momento. Viene muy grave.” Ella traía insuficiencia de masa encefálica, las costillas rotas, el cuello fracturado, la pierna golpeada y estaba desangrándose.

“Lo peor es ver a tu hija en la mañana de una manera, y después verla en una caja o en un hospital con muchos aparatos, toda conectada. Fue lo peor. Entré a la habitación, y mi hija estaba toda raspada, con el ojo semiabierto porque traía todo esto desfigurado”, dice Carmen mientras señala con el dedo su rostro. “Yo le gritaba que le echara ganas por el niño”. Al pasar los días, los doctores le dijeron que era una mujer muy joven y su corazón apenas estaba empezando a vivir, que era lo que la mantenía viva, pero que ya no estaba consciente, no tenía capacidad de pensamiento.

Víctor también estaba internado en el mismo hospital, y personas del Ministerio lo interrogaron con las cortinas cerradas en donde se encontraba. Ellos jamás se acercaron con Carmen y su hija.

El día 14 de febrero, una testigo del accidente llegó con Carmen y le dijo:

-Señora, este chavo me está mandando mensajes, y me está enamorando. Y se me hace muy feo porque Paola todavía no fallece. Él me está enamorando diciéndome que en el accidente donde yo estaba auxiliando a su hija, yo lo estaba viendo mucho, y lo sonrojaba.

Con esa información, Carmen corrió a presentar la denuncia en contra de Víctor, y pasaron el caso a feminicidios.

El 16 de febrero, tanto fiscales y agentes del Ministerio Público fueron al cuarto de su hija, donde la descubrieron y le quitaron los vendajes para tomarle fotografías. Una licenciada le dijo que en el momento en que ella falleciera, el cuerpo ya no le correspondería. No podría cremarlo porque en caso de alguna investigación se iba a requerir sacar el cuerpo de nuevo.

En las primeras horas del 17 de febrero de 2018, Paola Alvarado falleció, y al investigar sobre el caso de su hija, con ayuda de la licenciada Ariadne Lamont, descubrió que el expediente de la muerte de Paola nunca existió.

Víctor sigue libre, y el patrón sigue repitiéndose; tuvo una hija con una mujer, a quien llamó con el mismo nombre, “Paola”, y la violencia siguió presentándose. Él perdió la guardia y custodia definitivamente, pero eso no fue impedimento para que Víctor siguiera vigilando y amenazando a Carmen por la custodia del niño.

ALEJANDRA

Era la nochebuena del 24 de diciembre del 2015, aproximadamente las 11:30 de la noche, en el cerro de la cruz en Torreón, cuando Angélica Martínez, de 50 años, iba saliendo de un rosario de una tía. Mientras los familiares se despedían, un sobrino llegó corriendo para decirle que su hija, Alejandra Gámez Martínez y su novio de aquel entonces, estaban tirados sobre el pavimento llenos de sangre. Angélica, cargando en brazos a uno de sus nietos, salió corriendo hasta donde se encontraba su hija.

Al verla en el suelo, sin pensarlo, entregó al niño a una persona que ella no puede recordar, y le gritaba “¿qué te hicieron?”. Angélica se hincó a su hija, la sostuvo en sus brazos y pudo sentir cómo ésta daba un último suspiro. “Ella ya terminó”, pensó en ese momento Angélica. El novio, quien se encontraba a unos metros sobre una piedra, gritaba que había sido Vicente, el esposo de Alejandra. Angélica comenzó a gritar para que llamaran a la cruz roja, a pesar de estar segura que su hija ya estaba muerta. Las nietas más grandes, llegaron al lugar y vieron a su madre cubierta de sangre.

Angélica entró en un shock emocional, que no recuerda a detalle cómo se enteró su esposo, ni cómo enfrentó a sus nietas para decirles que su madre ya no iba a estar para abrir lo regalos de navidad junto con ellas. Alejandra falleció esa noche en el hospital.

El día 26 de diciembre, sepultaron a su hija, y el 28 de diciembre iban en un taxi, su esposo y ella, de camino a la procuraduría a poner la demanda contra Vicente cuando el conductor recibió una llamada anónima:

-Baja a esos hijos de la chingada porque los vamos a matar- se oyó detrás del teléfono.

– ¿Cómo? – dijo asustado el taxista.

-Que los vamos a matar. Bájalos.

– ¿Qué hago? – preguntó el taxista a Angélica y su marido.

El taxista manejó hacía la Alianza para ver si encontraban una patrulla e informarles que los habían amenazado a muerte. Ahí, bajaron del taxi y el esposo les habló a los GATES para que los escoltaran hasta su casa.

Después de ese suceso, tuvieron que salir de su hogar porque también querían matar a la otra hija y esposo de Angélica.

“De ahí, yo ya no supe qué pasó con la demanda. Después volví a ir a la Procuraduría, pero pues puras vueltas, y hasta la fecha no hay razón. Ni de él, ni avances, ni nada. A mí nunca me han hablado. Mis compañeras tienen cita porque les hablaron, y a mí nada. ¿De qué se trata? El caso de mi hija y el de ellas, es lo mismo. Es feminicidio”.

Jamás volvieron a saber nada de Vicente. Incluso una vez les llegó la ubicación de dónde se encontraba, por lo que recurrieron al comandante de la procuraduría para decirle que fueran a detenerlo, pero no le hizo caso alguno.

“No, el comandante quería que uno fuera, le tocara la puerta y se lo entregara. No se vale, en verdad no se vale…”.

CECILIA

María Elena de la Fuente, de 60 años de edad, tenía junto con su familia un grupo de WhatsApp. La noche del primero de octubre recibieron un mensaje de su hija Cecilia Aidee Egía, de 29 años, confirmando su asistencia a la mañana siguiente al Seguro Social para cuidar a su sobrino, hijo de su hermana Claudia, quien estaba internado durante esos días de octubre.

La mañana del 2 de octubre, Cecilia no llegó al Seguro Social como lo había acordado, y tampoco contestaba ningún mensaje ni llamada. Claudia, sin respuesta alguna, le dijo a María Elena que fueran a buscarla.

Ambas fueron a buscar en la casa de Cecilia, pero nadie abrió la puerta. Después, se dirigieron a la escuela primaria de sus nietos, pero las maestras aseguraron que no habían ido esa mañana. Luego, marcharon hacia la casa de los padres de Édgar, papá de los niños, y con quien Cecilia llevaba un proceso de divorcio debido a la violencia que vivía con él. La madre, abuela de los niños, salió sollozando:

– ¡Yo les dije que no se divorciaran! Yo les decía que no -exclamaba la señora.

-Pues ¿qué pasó? ¿Dónde está Cecilia? – dijo María Elena asustada.

La consuegra permanecía callada evitando la respuesta.

– ¿Dónde está Edgar? – insistía María Elena.

-Se fue con su papá, con el licenciado a ver lo del divorcio.

María y Claudia fueron al hogar de Ceci, en el fraccionamiento “El Castaño” luego de que la madre de Édgar les prestara las llaves del carro de éste, donde también tenía las llaves de la casa.

Al arribar al domicilio, no había absolutamente nadie, y el lugar estaba limpio de pies a cabeza.

“Es que ayer Ceci se fue desde la mañana al seguro, y la casa no estaba limpia. Había trastes sucios, camas sin tender, juguetes regados. Y ahorita mamá, todo está limpio, trapearon hasta los botes con mucho pinol”, dijo Claudia, con extrañeza.

Esa situación preocupó aún más a la madre y hermana, quienes siguieron buscando a Édgar la mayor parte del día para que les dijera el paradero de Cecilia, pero no volvieron a saber nada más de la pareja. Al día siguiente fueron a poner la denuncia de desaparición, y tiempo después averiguaron que Édgar había pedido 15 días de vacaciones en su trabajo, pero nunca apareció.

La noche del 2 de octubre, un guardia de seguridad del fraccionamiento, vio salir a Édgar en su carro aproximadamente a las 3 de la mañana, que se dirigía por la Juárez hasta donde se encontraban unos lotes baldíos. El hijo varón de María Elena, tenía un bar por aquellos rumbos, y vio regresar a Édgar a las 4 de la mañana, pensando que éste había ido a donar sangre para la operación de su hijo.

María Elena y su familia empezaron una búsqueda exhaustiva por todos los hospitales de la Comarca.

“Sólo quería que él me dijera si le había hecho algo, o dónde estaba, o si la había golpeado, o si estaba escondida para poder llevarla al médico para que se recuperara. Cuando aún tenía esperanzas de que estuviera viva”, dijo María Elena con una mueca de tristeza en el rostro.

Con ayuda de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo fueron a cada terreno baldío que encontraban de la ciudad, y su sobrino encontró a Ceci, en un estado de descomposición, en un terreno baldío de la colonia ex hacienda La Perla.

El caso pasó de estar desaparecida a homicidio, y ahí empezó un peregrinar constante con las autoridades.

“Las autoridades dicen ‘ay la mató el esposo, bueno, era el marido’ ¿Y eso qué? Yo les decía que fueran a investigar. Casi casi, me los llevaba a rastras a la casa de Ceci para que se pusieran a trabajar”.

Meses después, Édgar fue detenido, sin embargo, duró nueve meses en la cárcel. Él había llegado amparado a Fiscalía para decir qué es lo que había pasado. Entonces, al momento de decirle que pusiera sus huellas digitales para compararlas con las que tenía Cecilia en el cuello, éste se negó rotundamente. El 14 de julio de 2015, salió de la cárcel tras concederle otro amparo. Édgar confesó cómo había asesinado a su esposa, pero alegaba que lo habían torturado para obtener la información. Por eso mismo, un juez lo dejó libre, sin notificarle nada a María Elena.

“Yo como ciudadana estoy muy molesta e inconforme con el gobierno, porque todo está hecho con las patas. En ese momento, a mí nunca me dijeron ‘no cremes a Ceci porque tenemos que buscar pruebas’. Nunca me dijeron que tenía derecho a un abogado. Nunca me dijeron que tenía derecho, por parte del Gobierno, a que se me asignara un abogado penalista. Nada. Nunca. Ellos entre menos tengan que trabajar, mejor”, dice enojada.

Y el poema terminó:

– Qué alguien nos diga de una puta vez: ¿Quiénes son? ¿Son padres de familia? ¿Estudian aún? ¿Son dueños de un pequeño negocio? ¿Están locos? ¿Van a la iglesia y se dan golpes de pecho? ¿Besarán a su novia, esposa e hijos cuando vuelva esta noche después de matar a una mujer? ¡10 asesinos que hoy se irán a dormir, y 10 asesinos mañana!, pero en este país vergüenza, la culpa siempre es de ella. En este país horror, nadie sabe nada.

Ariadne Lamont suelta el micrófono, y se incorpora a un lado de sus compañeras de Red de mujeres y Madres Poderosas, que sostienen la pancarta con la mirada de frente, y una leve sonrisa.

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Feminicidios en Coahuila suman 271 en 3 años, y Moreira los llama “crímenes pasionales”, acusan

domingo, marzo 12th, 2017

En los últimos años, en Coahuila han surgido institutos municipales de la mujer, centros de justicia y hasta una Secretaría de la Mujer. Sin embargo, pese a más personal y más recursos destinados a combatir la desigualdad en contra las féminas, los niveles de violencia y los feminicidios no parecen disminuir. Los primeros dos meses del año se registraron en Torreón asesinatos contra mujeres por lo que se encendió la alarma. El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, desestimó los homicidios al asegurar que no eran feminicidios y que se trataba más de cuestiones “pasionales”, por diferencias de parejas. Los especialistas consultados lamentaron la postura.

Por Francisco Rodríguez.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo/Vanguardia).– La próxima mujer que aparezca muerta en tres o cuatros días, está viviendo violencia, me dice mirándome a los ojos Adriana Romo del colectivo Red de Mujeres de La Laguna.

Porque el homicidio de una mujer, aclara con el tono de voz de quien conoce, es lo último de una serie de violencia y abusos. “El homicidio es el punto máximo y las denuncias por violencia están rebasadísimas”, menciona.

Lo sabe la señora Elena. Su hija Cecilia Eguía de la Fuente, fue asesinada en Torreón presuntamente por su esposo Edgar hace dos años. Su caso es uno de los 47 feminicidios reconocidos como tal por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila entre 2013 y 2016.

Cecy, una mujer de sonrisa rutilante de 29 años y tres hijos, fue hallada muerta el 5 de octubre de 2014, semidesnuda, a un lado de un canal de aguas negras. Del cuello a la cabeza estaba tatuada de agresiones. “Estaba negra”, recuerda Elena, la madre. Fue presuntamente ahorcada por su esposo. Pero como dice Adriana Romo, ese fue el punto máximo. Antes hubo un antecedente de violencia.

La primera vez que Elena supo que su hija era golpeada, fue un día que Édgar la pateó. Vivían en casa de Elena. “Si no me volteo, le da la patada al bebé en la cabeza”, le dijo Cecy hace años. El bebé hoy es el mayor de 3 hermanos de 14, 10 y 9 años.

A Édgar lo corrieron de la casa pero tiempo después volvieron a estar juntos y se fueron a una casa propia. Por días, Édgar, un trabajador de Comisión Federal de Electricidad, dejaba encerrada a su esposa Cecy en la casa. “Nunca me dijo que la golpeaba pero después se escapó y los vecinos me la llevaron”, recuerda Elena.

Por el crimen de cecy el esposo sólo pisó la cárcel 9 meses. Primero confesó el crimen, luego dijo que lo habían obligado bajo tortura y salió libre. Foto: Vanguardia.

Cecy volvió con su esposo seis meses después con la condición que acudiera con el psicólogo. Iba a terapia individual y de pareja. “Yo misma le dije ‘Cecy, veo que sí ha cambiado, que ya no es agresivo”, recuerda Elena. “Sí cambió”, le afirmaba Cecy a la madre. Pero en el fondo, Cecy seguía siendo violentada.

Cada mes, ejércitos de mujeres llegan a los Centros de Justicia de la Mujer en Coahuila o a los institutos municipales de la mujer a denunciar abusos, pedir asesorías por pensiones, advertir de amenazas o clamar apoyo por el maltrato verbal.

Sin embargo, pese a la creación de institutos y el discurso de proteccionismo, las cifras de violencia y la percepción de vulnerabilidad de las mujeres, no cesa.

Adriana Romo, miembro del colectivo Red Regional de Mujeres de La Laguna, considera preocupante que no haya una disminución de casos de feminicidios y mucho menos de violencia hacia la mujer, pese a programas, talleres y pláticas que dan los nuevos institutos, el Centro de Justicia para la Mujer y la Secretaría de la Mujer.

Dice que se tiene que revisar lo que no está funcionando porque los casos siguen y no hay variaciones. “Nos vamos a ver los reportes de las mujeres que solicitan asesoría o ayudas pues vemos un incremento”, comenta.

La asociación civil Mujeres Solidarias en Acción Social (Musas) de La Laguna, por ejemplo, reporta un aumento cada año de atenciones a mujeres en situación de violencia.

Musas tuvo un registro de atención en 2016 de 395 usuarias, un incremento a comparación de 2015 cuando hubo 356, mientras en 2014 hubo 347 atenciones.

Evangelina Velázquez, presidenta de Musas, reconoce que hay preocupación por los índices de violencia, pues comenta que la misma es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en la cultura y en las formas como se estructuran y se organizan las sociedades.

“Dicen las instituciones que es porque ha aumentado la cultura de la denuncia, pero ante la cultura de la denuncia qué más se hace, qué está fallando. Como sociedad cuál es la responsabilidad social que tenemos todos y todas”, se cuestiona Adriana Romo.

Los homicidios a mujeres ahí están: En 2013 fueron 103; en 2014 fueron 63, 62 en 2015 y en 2016 fueron asesinadas 43 mujeres en el Estado.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia de Coahuila reconoce menos en el estatus de feminicidios: 6 en 2013, 10 en 14, 16 en 2015 y 15 en 2016. Es decir, de 2013 a 2016 hubo 271 asesinatos de mujeres y únicamente 47 se consideraron feminicidios, un 17.3 por ciento.

La activista Adriana Romo insiste que algo no funciona si las mujeres siguen siendo asesinadas. Independientemente de los feminicidios, dice que hay fallas en el Estado para garantizar la seguridad de las mujeres y garantizar una vida libre de violencia.

Además, está el tema de las desapariciones: Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), en Coahuila desaparecieron 91 mujeres en 2013, 53 en 2014, 18 en 2015 y 15 en 2016, es decir, 177 desde 2013.

En delitos sexuales o violación, aumentaron 126.6 por ciento en Coahuila en 2016 a comparación de 2015, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2016 se denunciaron 238 delitos sexuales, mientras que en 2015 fueron 105 denuncias, aunque se incluyen delitos cometidos contra mujeres y hombres.

Se dispara violencia En 2016, los delitos sexuales o violación, aumentaron 126.6 por ciento en Coahuila. Foto: Vanguardia.

EL FEMINICIDIO

Un día, ya con tres hijos, Cecy Eguía llegó con su madre. “Me quiero divorciar”. “Qué pasa, por qué, sí es buen hombre”, preguntó la madre. “Tú no sabes, me golpea y ha golpeado al niño. Lo golpeó muy feo y muchas otras cosas”, le dijo.
Édgar asfixiaba a Cecy y la ponía contra la pared. Hacía lo mismo con el hijo mayor, mientras la hija más chica se metía para defender a la madre. En julio de 2014 se divorciaron y le interpusieron al hombre una orden de restricción.

Elena se había dado cuenta de que el padre de Édgar tenía un trato denigrante hacia su esposa e inclusive los hijos le hablaban de ‘pendeja’ a su mamá. “Que no se vayan los niños con él porque van a aprender eso”, le pidió a su hija.
Édgar seguía buscando a Cecy, le pedía que lo perdonara, le prometía que iba a cambiar.

Un sobrino de la familia de Cecy fue operado y se requerían plaquetas. Édgar pidió vacaciones y se ofreció a donar. Como tenían que presentarse temprano en el Seguro Social por la ficha, le pidió a su exesposa Cecy que si se podía quedar en la casa. Cecy accedió. A la mañana siguiente, Cecy ya no contestó ninguna llamada, ningún mensaje. No estaba en la casa. Nunca llegó al hospital.

Un hermano que tenía un bar, vio a Édgar transitar a las cuatro de la mañana. Después se enteraron que el esposo salió a las dos de la mañana con con rumbo a donde antes había solo terrenos baldíos. Regresó y volvió a salir a las 5 de la mañana con los niños y preguntó al guardia: “Oiga no ha visto a mi esposa es que la estoy buscando”. “No, señor, yo vi que entró con usted en la noche y ya no la vi salir”, respondió el guardia.

Elena la madre acudió a casa de los consuegros y salió la nieta más pequeña. “Hija, dónde está tu mamá”, le preguntó a la niña. “No sé, mi papá nos trajo veníamos dormidos e hizo que buscáramos a mi mamá debajo de la cama”, le dijo la nieta. Inmediatamente salió la mamá de Édgar con los ojos hinchados y rojos: “Yo les decía que se arreglaran”.

Édgar no estaba. Había salido con el papá. Elena y otra hija tomaron las llaves de la casa que había dejado Édgar y vieron todo en orden, limpio. “Algo le hizo Édgar”, sospechó de inmediato la familia. Édgar se comunicó reclamando por las llaves.

-¿Dónde está Cecilia? –le preguntó la madre a Édgar.

-Yo qué voy a saber –respondió Édgar.

El dos de octubre Cecilia estaba en calidad de desaparecida. Édgar se escondió y no volvió a contestar el teléfono. La familia buscó por todos lados, hasta que el 5 de octubre, por la carretera Santa Fe, entre las 2 y 3 de la tarde, un sobrino halló a Cecy. Estaba a un lado de un canal de aguas negras, semidesnuda, sólo con un calzón, con señas de ahorcamiento, de asfixia, los dedos los tenía reventados, ya estaba en estado de descomposición.

Después detuvieron a Édgar y se negó a poner las huellas dactilares. En el Cereso confesó cómo la había matado, dónde la había tirado. Sin embargo, a los 9 meses salió libre porque interpuso un amparo, argumentando que había declarado bajo tortura.

Luego surgió una nueva orden de reaprehensión y se volvió a amparar. Édgar salió con una orden sin firmar. “No lo detienen, contra quién me enfrento. La Procuraduría de Justicia hizo un trabajo con las patas”, reclama la madre. Están por determinar la orden de amparo. “Es un luchar con los ministeriales. Estaba la orden de aprehensión y les hablamos que fueran por él. Y me decían que no iban a ir que no podía porque no se querían meter en problemas”.

A la mañana siguiente, Cecy ya no contestó ninguna llamada, ningún mensaje. No estaba en la casa. Nunca llegó al hospital. Foto: Vanguardia.

CRIMEN PASIONAL

Los primeros dos meses del año se registraron en Torreón asesinatos contra mujeres por lo que se encendió la alarma. El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, desestimó los homicidios de mujeres en La Laguna al asegurar que no eran feminicidios y que se trataba más de cuestiones “pasionales”, por diferencias de parejas. Los especialistas consultados lamentaron la postura.

En las 176 páginas que comprende el Código Penal de Coahuila, nunca aparece la palabra “pasional”.

Adriana Romo de la Red Regional de Mujeres de La Laguna, explica que las mujeres generalmente son asesinadas por personas cercanas o al interior de sus casas, o bajo una saña o crueldad que normalmente no se da en los homicidios contra varones.

Romo critica que se investiguen los homicidios de mujeres bajo una figura como el “crimen pasional”, cuando el término ni existe en el Código Penal. Por el contrario, si se revisan los 5 puntos que comprende el Artículo 336 BIS sobre lo que se requiere para ser un feminicidio, se encontrarían pruebas que ameriten el estatus, como las lesiones o mutilaciones infamantes en cualquier parte del cuerpo, como fue el caso de la joven de 15 años a la que le enterraron un palo de escoba en el ojo.

“Independientemente del término, no se alcanza a ver que este tipo de crímenes tienen que ver con un sistema cultural, un sistema patriarcal donde el hombre concibe a su pareja o ex pareja más como una propiedad que como un sujeto con derechos”, comenta Romo.

Lamenta que tanto el Procurador de Coahuila como el Gobernador, hablaran de que no hay que generar pánico, cuando, afirma, si se platica con cualquier mujer en la calle, la mayoría expresará miedo. “También cuenta la percepción de la gente. Pero a las autoridades les da miedo que se les cuestione”, dice Adriana Romo.

Para Roberto López Franco catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y psicólogo social, comentarios como los de los servidores públicos, abonan al pensamiento masculino, a la estructura de injusticia que hay en el país; abona a que aquellos que ejecutan actos de violencia digan ‘pues si existe esa percepción, pues yo voy a seguir hostigando a mi pareja y no va a pasar nada’.

“Si un asesinato no es perseguido y no es esclarecido mucho menos le van a poner atención a una violencia sexual, física o económica en una relación de pareja. Esos hombres siguen transitando por el mundo como si nada hubiera pasado”, critica López Franco.

A mayor impunidad mayor sentimiento de vulnerabilidad, dice Adriana Romo. No hay que mandar el mensaje de impunidad.

Adriana Romo de la Red Regional de Mujeres de La Laguna. Foto: Vanguardia.

Para Rosario Varela Zúñiga, maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC y experta en temas de género y desarrollo, en los hechos se mantienen los mismos paradigmas como que la mujer es la encargada de cuidar la casa, lo que, considera, genera violencia y tensión y a la postre genera choques entre los roles del hombre y la mujer que pueden terminar en agresiones o feminicidios.

Asegura que no se ha logrado desterrar la idea de que las mujeres son para la casa, lo que genera violencia doméstica, pública, institucional, política, etcétera.

El 20 por ciento de los asuntos penales que se han judicializado, por ejemplo, corresponden a casos de violencia familiar según la presidenta del Tribunal de Justicia, Miriam Cárdenas.

Para Rosario Varela Zúñiga, maestra investigadora de la UAdeC, la violencia contra la mujer no tiene una sola explicación pero sí una constante: las mujeres son vistas como inferiores, lo que vulnera su integridad y las vuelve objetos, en lugar de sujetos.

Esa inferioridad hacia la mujer, explica Varela Zúñiga, se da en todos los ámbitos, desde el doméstico hasta el público, desde el manoseo en el autobús, hasta la ofensa disfrazada de piropo, hasta las agresiones sexuales sólo por el hecho de ser mujer.

“Ser mujer es como estar disponible para los deseos y caprichos. Muchos hombres detentan una posición de poder que les da la sociedad y la mayoría se cree con esa condición y practica una masculinidad hegemónica”.

Recuerda que antes si una mujer era violada, el delito se extinguía si el violador se casaba con ella. Era, dice, un estado patriarcal donde se protegía el honor de una mujer en lugar de su seguridad.

Para Adriana Romo, del colectivo Red Regional de Mujeres de La Laguna, más allá de las leyes no hay un personal sensibilizado ni capacitado, pues siguen existiendo comentarios como: ‘es que para qué andaba a las 12 de la noche con el novio’. Romo lamenta que esos lentes para juzgar sigan presentes.

La feminista refiere que cuando las mujeres se acercan a quejarse o contar un problema, surge la angustia de tener que lidiar con la procuración y administración de justicia.

Y lo que sucede en los ministerios públicos, no difiere de lo que acontece en la sociedad. Cuando el caso de la muchacha que fue atropellada por el novio, circularon comentarios en Facebook como “ni modo que no supiera”, “ya sabía cómo era”, “para qué andaba con él a esas horas”, “a lo mejor andaba tomada”. “Eso qué”, critica Adriana Romo.

En Musas, en 2016, 60 mujeres optaron por albergarse en un refugio por vivir violencia extrema (amenazas, golpes). “Hay otras que no quieren entrar y se les da la atención aquí con sus medidas de protección. 17 mujeres fueron mandadas a refugios en otros estados”, agrega Evangelina Velázquez de Musas.

Sin embargo, de las 395 atenciones que dio Musas en 2016, únicamente hubo 150 denuncias penales contra los agresores.

“Hay mujeres secuestradas, encadenadas, sin un peso, sin el celular, es un sometimiento cultural. Nos educan a que la mujer es la débil, la que debe de quedarse en casa a servirle al hombre y el hombre es el proveedor”, describe Velázquez.

La activista Adriana Romo refiere que los institutos de la mujer pareciera que sólo quieren cumplir con un curso, una plática y ya, cuando es algo constante. Foto: Vanguardia.

SISTEMA ASISTENCIAL

Para Rosario Varela, investigadora de la UAdeC, se tiene que hablar de una ausencia de políticas públicas que respondan a marcos de igualdad.

Las instituciones que se han creado, opina, institucionalizan el ver a la mujer como víctimas más que ciudadanas con derechos, lo que hace que no atiendas a las mujeres como debe ser. “Las atienden de una manera asistencialista”, recrimina.

Para la académica, hay avances para el trato igualitario pero siguen fallando las definiciones de políticas públicas. “La ley no se baja sola. Necesitamos actores políticos con decisión, con voluntad política de querer hacer un cambio y no solo discursos huecos”, opina.

A decir de Rosario Varela sí se puede hablar de un fracaso en la política de transversalidad de género tanto en la administración pública estatal como en la municipal, entendiendo la transversalidad de género como la incorporación, la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas.

“El Plan Nacional de Desarrollo te exige que tengas la perspectiva de género. Que tomes en cuenta que tu población no es neutra, son hombres y mujeres con necesidades diferentes”, expone.

Ejemplifica que la UAdeC no tiene un reglamento para que estudiantes embarazadas puedan faltar a los exámenes si están en situación de parto. “No hay porque existe un reglamento neutro y no se ve que son hombres y mujeres, no se transversaliza el género en los instrumentos organizacionales”, explica.

Otro ejemplo, dice Varela, son las políticas de no acoso sexual, las cuales no existen. “No se pueden tener los mismos parámetros de hace 50 años”, menciona.

Para Evangelina Velázquez de Musas, se necesita trabajar en las estructuras ya establecidas como el sometimiento, el machismo, el sistema patriarcal, para que se entienda la igualdad y equidad de la mujer.

Roberto López Franco, catedrático de la UAdeC y psicólogo social, menciona que la problemática radica en que se trabaja con temáticas orientadas a privilegiar el grupo de mujeres e informarlas sobre cómo cuidarlas, cuando mucho del problema, dice, está radicado en la conducta y comportamiento de la figura masculina.

Considera que tantos nuevos institutos no se estructuran también para el hombre y por consecuencia en términos reales no ha impactado en la disminución de actos de violencia.

“Hay acciones bien intencionadas pero dónde queda la atención, prevención y tratamiento de los hombres, para que vaya tomando una conciencia de respeto hacia la mujer. Yo no lo veo, seguimos deambulando y siendo educados además en una estructura social muy machista donde puede tener el control de todo en la vida política, social, económica, cultural”, expone.

De los asesinatos a mujeres, la Procuraduría de Coahuila sólo reconoce como feminicidios un 17 por ciento. Foto: Vanguardia.

Para López Franco, la problemática está muy arraigada y no es tan fácil erradicar, por lo que los gobiernos tendrían que estar pensando en labores de prevención para los próximos 30 años.

La activista Adriana Romo refiere que los institutos de la mujer pareciera que sólo quieren cumplir con un curso, una plática y ya, cuando es algo constante.

Dice que es necesario definir perfiles adecuados de las personas que atienden. Se habla de pláticas de prevención de la violencia desde las primarias, se habla de talleres, de pláticas, pero “¿dónde están los resultados”, se cuestiona Romo.
– ¿No se cumple para lo que fueron hechas las instituciones?

– Hacen lo que pueden pero a veces las personas que lo dirigen pues no, sabemos cómo se dan esos puestos. Está bien que la pongan, pero que se permita que intervenga un consejo, un grupo de asesores, algo externo.

AFECTADOS DIRECTOS

Evangelina Velázquez de Musas, menciona que la violencia a la mujer afecta todo el entorno familiar. La mayoría de los casos, las mujeres llegan a pedir ayuda porque ya no tiene sus redes de apoyo, ya les cerraron sus idas y venidas.
“Las familias se separan porque la usuaria no deja al agresor”, comenta.

Adriana Romo cuenta que cuando asesinan a mujeres, surge todo un calvario para atender a los hijos. “Es un camino largo. Se tiene que promover un camino legal, promover la patria potestad y muchas veces resulta un calvario. Esa parte no se ve y no se habla”, indica.

La asociación Musas, por ejemplo, atendió en 2016 a 150 menores de edad, hijos de las mujeres, quienes también sufren las consecuencias de la violencia. Inclusive mencionó que el 10 por ciento de los menores sufrieron abuso sexual.

Romo recuerda el caso de una muchacha que fue asesinada en noviembre, donde la hija presenció los hechos y se quedó toda la noche a lado del cuerpo de su madre hasta que alguien llegó. “Esas consecuencias no se quieren ver”, considera.
El mismo caso de Cecilia. Sus tres hijos se quedaron en el limbo jurídico. Actualmente Elena pelea la custodia de sus nietos. La familia del padre resultó que no era apta. A Elena, de paso, la corrieron después de 20 años de trabajar en atención al público del Simas Torreón. “Queremos caras jóvenes y bonitas en atención”, le dijo el gerente de la paramunicipal, Xavier Herrera, en lo que se puede considerar como otro tipo de violencia hacia la mujer.

Sus nietos acudieron a terapia y en algunos momentos de este proceso, tuvieron crisis de angustia. “De un día para otro dejaron de tener madre, el padre se desapareció. El hijo mayor no lloraba, se quedaba serio, un día me dijo que quería un policía para ver a su padre, los niños se escondieron cuando vieron al padre en el ministerio público”, recuerda Elena.

Adriana Romo también relata el caso de una mujer que era amenazada por la pareja. Una vecina intercedió para ayudarla y la resguardó en su casa. Entonces el hombre rompió los vidrios de la casa y empezó a aventar cosas.

La policía se lo llevó pero como la mujer no tenía moretones, no le ayudó. La mujer fue al Centro de Justicia y como no llevaba huellas visibles de violencia no la atendieron, hasta que acudió una segunda vez.

“Giran una orden de restricción para que no se le acerque. Es una mujer joven con bebé a dónde se va. La están resguardando personas de buen corazón. Mientras, la vecina que la ayudó vive sola y ahora los familiares del muchacho la andan amenazando y terminó por cambiarse de casa. Son cosas que no se ven, que nadie supo”, insiste Adriana Romo.

– ¿En su opinión qué hace falta?

– Hay que apostar a una reeducación de la sociedad. Dejar de pensar que son casos aislados, cualquier mujer es vulnerable.

La asociación Musas, por ejemplo, atendió en 2016 a 150 menores de edad, hijos de las mujeres, quienes también sufren las consecuencias de la violencia. Inclusive mencionó que el 10 por ciento de los menores sufrieron abuso sexual. Foto: Vanguardia.

ARTÍCULO 336 BIS 1. FEMINICIDIO.

Se aplicará prisión de veinte a cincuenta años y multa, al que prive de la vida a una mujer por razón de género. Se considera que existe razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I.- Presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previa o posterior a la privación de la vida de la víctima infligida por el sujeto activo;

II.- Se le haya infligido por el sujeto activo una o más lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida;

III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral, o escolar, del sujeto activo contra la víctima;

IV.- Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V.- El cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, en circunstancias que degraden o menosprecien a la víctima. Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

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