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En México existen diversos pendientes relacionados con la salud reproductiva de las mujeres, lo que las coloca en condiciones de desigualdad e injusticia frente a otros grupos vulnerados. Los altos índices de embarazo adolescente, violencia obstétrica y muerte materna son una muestra de la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas que faciliten el acceso a atención médica de calidad.

De acuerdo con diversas especialistas en el tema, el problema es multifactorial y tiene su origen en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres que se cruzan con estigmas ideológicos y morales, atravesados por otras deficiencias estructurales.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El 2 de octubre de 2013, Irma, de origen mazateco, se encaminó al Centro de Salud del municipio San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, para dar a luz a su cuarto hijo. Con 30 años de edad y 36 semanas de gestación empezó a tener fuertes dolores, lo que le externó a una enfermera al llegar al hospital. La mujer le dijo a Irma que faltaba mucho tiempo para que naciera su bebé y la envió a caminar por el patio del dispensario. Los dolores se intensificaron, se había roto la fuente y de un instante a otro nació un bebé en medio del pasto. Fue hasta minutos después que ambos recibieron atención médica y fueron ingresados al Centro de Salud.

El caso se mediatizó por la gravedad de la negligencia y visibilizó la actitud omisa de algunos de los trabajadores del sector salud que ponen en riesgo la vida de las mujeres y vulneran su derecho a recibir un trato digno durante la etapa de gestión, parto y puerperio –periodo de recuperación luego del nacimiento que se extiende por cinco o seis semanas–.

El 7 de marzo de 2014, la historia volvería a repetirse.

Laura tuvo a su bebé en las áreas verdes del Centro de Salud de San Juan Manialtepec, también en Oaxaca. La clínica se encontraba cerrada supuestamente porque se habían terminado las horas de servicio público. El caso de Laura se sumó al alumbramiento de otra mujer zapoteca que había dado a luz en febrero en el baño del albergue del Hospital Comunitario “La Paz” y al de otra mujer que, en octubre de 2013, había parido en el sanitario de la posada del Centro de Salud de San Jacinto Amilpas, municipio oaxaqueño de la región de los valles centrales.

La constancia de los casos en esa entidad obligó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a intervenir. El organismo acordó llevar a cabo un diagnóstico sobre el derecho a la salud en la entidad. En 2016 intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir una recomendación dirigida al actual Gobernador del estado, el priista Alejandro Murat Hinojosa.

Ese mismo año, diferentes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el 80 por ciento de las mujeres indígenas había padecido esta clase de violencia al momento de parir y que la práctica había sido común durante el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, quien fue Jefe del Ejecutivo estatal del 1 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016.

La violencia obstétrica es reconocida como una agresión a las mujeres en distintas leyes locales. Sin embargo, sólo los estados de Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México la consideran en sus códigos penales.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) expone que en los cinco años previos al estudio el 33.4 por ciento de las mujeres en México (1 de cada 3) que tuvieron un parto denunciaron haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de las instituciones de salud quienes las atendieron.

PENDIENTES DE SALUD RECAEN EN MUJERES

En México existen diversos pendientes relacionados con la salud reproductiva de las mujeres que las coloca en condiciones de desigualdad e injusticia frente a otros grupos vulnerados. Los altos índices de embarazo adolescente, violencia obstétrica y muerte materna son una muestra de la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas que faciliten el acceso a atención médica de calidad.

De acuerdo con diversas especialistas en el tema, el problema es multifactorial y tiene su origen en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres que se cruzan con estigmas ideológicos y morales, atravesados por otras deficiencias estructurales.

Rebeca Ramos Duarte, abogada y coordinadora de Incidencia Política del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó en entrevista para SinEmbargo que existen tres grandes aplazamientos estructurales que impiden a la mujeres tener pleno acceso a los servicios de salud: la falta de garantía por parte del Estado en materia legislativa, los problemas de implementación de políticas públicas y acceso, y la falta de voluntad política para brindar acceso a la justicia.

En 2015, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizaba que un 56.6 por ciento de población total de nuestro país tenía una carencia por acceso a la seguridad social. Durante décadas, el indicador ha sido la mejor muestra de injusticia social, colocándose por encima de las cifras que contabilizan el rezago educativo (17.9 por ciento) y el acceso a servicios básicos de vivienda (20.5).

La falta de acceso a la salud pública ha tenido mayor impacto en las mujeres, ya que representan el 59.1 por ciento de los trabajadores informales: 29 de cada 100 mujeres trabajan en un sector que carece de prestaciones como licencias de maternidad, instancias infantiles, servicios médicos, jubilación, seguro de vida, entre otros.

RECORTES AL GASTO EN SALUD

Una más de las grandes carencias del sector salud es la continua disminución del presupuesto que ha ido en detrimento de los servicios y la atención médica que recae en la salud de las mujeres, aseguran los especialistas.

De acuerdo con datos recabados por la organización Fundar: Centro de Análisis e Investigación, entre 2017 y e2018 se registró una tasa de decrecimiento del -4.49 por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Salud pasando de: 127  millones 664 mil 774 millones 319 mil 90 pesos a 121 millones  934 mil 826 millones 711 mil pesos. En el programa presupuestario para la salud sexual y reproductiva, al reducción presupuestal fue de -4.26, al pasar de 2 millones 276 mil 503 millones 780 mil 74 pesos a 2 millones 79 mil 615 millones 965 mil pesos.

Para Cecile Lachenal, coordinadora del Programa de Género de Fundar, la diminución en el presupuesto para la salud sexual y reproductiva, que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se redujo en 25 por ciento, profundiza las desigualdades que ya existían desde otras décadas.

“El gran indicador para mediar el avance en la materia es la mortalidad materna. Lo que esconde este indicador, ya que es sólo un promedio, son todas las desigualdades que existen entre los estados, entre las regiones en el país (…) Aquí hay un gran pendiente de mejorar todos los servicios y la calidad de la atención. Con la desfinanciación del sexenio pasado son tres los estándares internacionales a los que hay que prestar mucho atención: la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad, que tiene que ver con que tan aceptables son culturalmente cierto servicios”, agrega Cecile Lachenal.

La investigadora afirma que las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad suelen ser las más afectadas por los problemas de acceso y financiamiento; es decir, mujeres de las zonas rurales, en situación de pobreza y autóctonas. Las indígenas, además, tienen que asumir una doble carga: la falta de traductores y por la tanto la falta de información que se traduce en la imposibilidad de decidir en los procedimientos a los que son sometidas.

Sobre el Seguro Popular, Lachenal considera que aunque se ha convertido en una alternativa para quienes no tiene acceso a otros servicios, presenta grandes fallas que incluyen la obligatoriedad de la afiliación, teniendo que cumplir con requisitos y tramites burocráticos, además de que se presenta una barrera en la cobertura, ya que el servicio no cubre al 100 por ciento el catálogo de enfermedades y necesidades, por lo que no necesariamente es gratuito.

El presupuesto para el Seguro Popular para la salud materna, el servicio de salud protagónico de la últimas administraciones federales, en 2018 fue de un billón 74 mil 512 millones 691 mil 77 pesos, designándose la mayor parte de presupuesto al diagnóstico de embarazo y atención prenatal, área que contó con 30 millones 777 mil 314.33 pesos.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA: UNA PRÁCTICA CÓMUN

Cualquier acción u omisión que cause un daño físico o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto debe ser considerado como violencia obstétrica. Los gritos, los prejuicios, las malos tratos, la sobre medicación y la intervención quirúrgica sin consentimiento son algunos de los ejemplos más claros de este tipo de agresión que tiene como consecuencia más grave la muerte materna.

En octubre de 2018. la CNDH emitió la Recomendación No. 36/2018 en la que hace referencia a una mujer que ingreso en el hospital de Gineco-Obstetricia No.4 “Luis Castelazo Ayala” y quien a pesar de haber narrado dolores insoportables y haber solicitado una cesaría de urgencia fue presionada ha resistir maniobras e inyecciones de anestesia para prepárala para un parto natural que nunca llegaría.

Después de un largo monitoreo y de determinar la necesidad de una cesarea, en la que fue sometida a muchas maniobras, informaron a la madre del recién nacido que este no había llorado y estaba muy grave. Un día después un familiar informaría a la madre que el bebé había sufrido una crisis convulsiva producto de la inflamación de su cerebro , presentaba fracturas en el cráneo, hematomas y cúmulos de sangre en la piel y el cráneo, por lo que fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El organismo defensor de derechos humanos hizo observaciones sobre las la violación al derecho al interés superior de la niñez y el respeto al derecho a la salud de las mujeres. Reconoció el caso como violencia obstétrica y solicitó las diligencias requeridas para castigar a los responsables.

La misma CNDH reconoce que “la violencia obstétrica tiene uno de sus orígenes en las relaciones asimétricas de poder donde convergen el género, las jerarquías, la “lucha por la posesión del conocimiento legitimado” , la influencia del sexismo y el androcentrismo en el campo de la medicina, la preeminencia del parto medicalizado sobre el natural y el ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de la mujer”.

De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre diciembre de 2012 y octubre de 2017 se han registrado 867 quejas por violencia obstétrica ante órganos internos de instituciones de salud locales y de diciembre de 2012 a septiembre de 2017 se han ingreso al menos 567 quejas por este mismo motivo ante la CNDH.

Sobre este tipo de violencia, muchas veces difícil de reconocer, Rebeca Ramos explica que por una parte la violencia obstétrica depende de una situación estructural; es decir, de los servicios de salud que no tienen la capacidad para brindar la atención, sin embargo también tiene que ver con la concepción de la maternidad relacionada con el dolor y el sufrimiento.

“La violencia obstétrica tiene que ver, por un lado, con un situación estructural en donde los servicios de salud pública no tienen la suficientes capacidad e infraestructura para atender a las personas que se acercan y que necesitan atención médica y, por otro lado, hay toda una concepción del embarazo y el parto muy asociado culturalmente al dolor, al sacrificio de las mujeres a la hora de parir que invisibiliza muchas veces malos tratos que se le dan a las mujeres y que esta constituyendo una violencia”, agrega Ramos.

En 2016, la ENDIREH incorporó por primera vez en sus preguntas una serie de cuestionamientos destinados a evaluar la experiencia de las mujeres en su último parto. Entre los datos más destacados reveló que 34.4 por ciento de las mujeres sufrieron este tipo de violencia y 13.1 por ciento de estas mujeres reportaron anticoncepción forzado o esterilización forzada. De un total de 8 millones 700 mil partos –entre 2011 y 2016–, 3 millones 700 mil fueron por cesarea: 37.8 ñor ciento se llevaron acabo en el sector público y 10.3 por ciento de ellos fue realizado sin informar a las madres al respecto, mientras que en el sector privado 9.7 por ciento de las mujeres no lo autorizó.

En el informe 2018 “La pieza faltante: Justicia reproductiva”, presentado por la organización GIRE, se destaca que 37.42 por ciento de las mujeres que denunciaron violencia la identificaron por diferentes clases de gritos y regaños, 34.44 por ciento se quejó de retraso en la atención debido a “los gritos o quejas” de la usuaria; 33.11 por ciento simplemente fue ignorada; 30.9 fue presionada a aceptar un método anticonceptivo o esterilización; a 16.18  por ciento les fue negada la anestesia y a 13.95 por ciento se les esterilizo o se les implantó un método anticonceptivo de manera involuntaria.

Además, los hospitales más denunciados fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 40.8 por ciento, seguido de hospitales públicos, con 38.7 por ciento; los centros de salud, con 34.7; los hospitales o clínicas del ISSSTE de la entidad federativa (30.7), los hospitales o clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 29.8 por ciento, además de las quejas en procedimientos que se realizaron en casa con una partera o curandera, con 4.5 por ciento.

MUERTE MATERNA: EL COSTO MÁS ALTO

Ana era originaria de Huehuetlán el Grande, Puebla, y se embarazó cuando tenía 16 años; estudiaba el bachillerato y trabajaba en una papelería perteneciente a unos amigos de la familia. A las 37 semanas de embarazo acudió acompañada de su madre al Hospital Comunitario de Huehuetlán en donde la regresaron a casa argumentando que “aún le faltaba mucho tiempo para nacer la bebé”. A la tarde siguiente, Ana volvió presentando dolores insoportables por lo que solicitó una cesarea, que le había sido prescrita por su corta edad. El servicio le fue negado e inclusive fue motivo de molestia para la doctora que la atendía. Horas más tarde le fue inducido un parto vaginal que terminó en una hemorragia y en el estado de inconsciencia de Ana.

Su madre solicitó que no lastimaran más a su hija, acción que motivó la molestia de la enfermera y la doctora que la atendían. Doce horas después, la mujer sería notificada de la muerte de su hija; se le dijo que no habían extraído el producto porque se dieron cuenta de que “Ana no lo quería y ella no había puesto voluntad” para que el parto funcionara satisfactoriamente.

Ana falleció este 2018 y es uno de los casos que acompaña GIRE. Su familia esta en la búsqueda de justicia para la adolescente que no tuvo la oportunidad de decidir, como ha sido el caso de muchas otras mujeres que han muerto debido a la mala atención que reciben en los centros de salud.

En 2000, el Estado mexicano se había comprometido a garantizar que 2015 las mujeres no perderían la vida durante su embarazo, su parto o puerperio. Sin embargo, en ese mismo año la muerte materna ascendió a 633 sucesos.

De acuerdo con los datos de GIRE, en el periodo que va de 2012 a 2016 se registraron 4 mil 286 muertes de esta clase, con una disminución entre 2014 y 2015, periodo en el que las 872 muertes bajaron a 778 para después volver a subir a 812 en 2016. En promedio mueren al año 857 mujeres por esta causa, es decir dos al día.

“La muerte materna esconde detrás todas las desigualdades. En Baja California Sur podría haber un indicador parecido a los países nórdicos, tres fallecimientos por 100 mil nacidos vivos, pero en la regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca los indicadores son muy altos: arriba de 100 o 150, un nivel de África subsariana”, explica Cicele Lachenal.

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, Chiapas ocupa el primer lugar en muertes de esta clase: 58.3 por ciento por cada 100 mil bebes nacidos vivos, cuando Baja California Sur tiene una tasa de 8.3 por ciento por cada 100 mil nacidos vivos.

La mayor cantidad de casos se concentró en el Seguro Popular de Salud (53.7 por ciento), seguido del IMSS (22.6), el ISSSTE (3.6) y los hospitales de Pemex, Sedena y Semar (0.09). El 11.4 por ciento restante corresponde a usuarias sin esquema de afiliación, el 1.6 a otra clase de servicios y el 6.0 a un servicio no especificado.

Este mismo año, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la ONU recomendó al Estado mexicano seguir las recomendaciones del Observatorio de Mortalidad Materna en México, que ha insistido en ampliar una estrategia de mortalidad segura en que se de prioridad al acceso de servicios de salud prenatal-posnatal y obstétricos de calidad.

Entre las iniciativas promovidas por diferentes organizaciones de la sociedad civil se encuentra el considerar la partería tradicional como una alternativa para los nacimientos.

Cecile Lacheland explica que esta alternativa podría evitar la sobremedicación de las mujeres durante el parto, por la que muchas veces son víctimas de coerción y, a su vez, podría garantizar una calidad en la atención y mayor posibilidad de acceso debido a la reducción en el costo económico. Asimismo, insiste en la necesidad de establecer enfoques en los que se reconozca una visión de derecho para las mujeres.

“Para el tema de la salud materna, nos parece necesario recuperar una visión de derechos para las mujeres; es decir, poner en el centro a las mujeres y a sus necesidades y sus deseos reproductivos”, establece Lacheland.