La directora de las Américas de Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Gobierno mexicano para proteger la vida y salud de las personas en detención migratoria durante la contingencia del nuevo coronavirus.
México, 23 abril (EFE).- Amnistía Internacional (AI) envió este jueves una carta al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, quien comanda la batalla contra el COVID-19 en el país, para expresar su preocupación sobre la falta de protección sanitaria de los migrantes.
“La falta de una respuesta contundente del Instituto Nacional de Migración para proteger la vida y salud de las personas en detención migratoria es sumamente alarmante”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el documento, la organización expresó su preocupación respecto a las medidas de protección de la salud de migrantes pese a las recomendaciones de las autoridades de salud para protegerlas.
We sent an open letter to Dr @HLGatell, as the main authority in the response to #COVID19mx, urging him to make a public call to the @INAMI_mx to immediately release everyone in immigration detention and provide access to accommodation and health services https://t.co/QDpYvBLcVs
“En la práctica, el INM (Instituto Nacional de Migración) pone la vida de estas personas constantemente en riesgo ya sea manteniéndolas en detención o dejándolas a su suerte en las fronteras del país”, argumentó Amnistía Internacional.
El Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell es el encargado de combatir la pandemia del nuevo coronavirus en México. Foto: Sáshenka Gutiérrez, EFE
Del mismo modo, instó a López-Gatell a hacer una recomendación pública al INM para que libere “inmediatamente” a todas las personas que se encuentran en detención migratoria y que les brinde acceso a alojamiento y servicios de salud, tanto a la población migrante y refugiada en México.
Esto con el fin de “mantenerla fuera de peligro ante la amenaza del COVID-19”, dijo Guevara Rosas.
En México, la migración aumentó desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.
El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
Como parte de este acuerdo, México desplegó en las fronteras norte y sur a miles de efectivos de la Guardia Nacional y se contrató a más personal migratorio para frenar la migración.
En enero pasado hubo varios intentos infructuosos de cruzar desde Guatemala a México en caravana por parte de miles de migrantes.
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La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, refirió que las Fuerzas Armadas mexicanas “están fuera de control” tras señalar que las delegaciones que se le han hecho al ejército sobre seguridad pública han sido una estrategia ineficaz.
La Directora de Amnistía Internacional para las Américas, la mexicana Erika Guevara-Rosas, Archivo/ EFE
México, 25 mayo (EFE).- Las Fuerzas Armadas mexicanas “están fuera de control”, afirmó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), que hoy pidió al Gobierno una investigación imparcial sobre la supuesta “ejecución extrajudicial” de un civil a manos del Ejército en una operación reciente.
La organización indicó en un boletín que nuevas imágenes de video en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares matando a una persona durante una operación en el central estado de Puebla “ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales”.
“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las Fuerzas Armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, dijo Guevara-Rosas, citada en el texto.
De acuerdo con la directora, “la mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las Fuerzas Armadas mexicanas”.
“Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia. En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas”, afirmó.
Amnistía refirió que fuentes militares confirmaron oficialmente que el pasado 3 de mayo el Ejército realizó operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, Puebla. En esa fecha, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en dos ocasiones en Palmarito con saldo de 10 muertos, cuatro de ellos soldados, de acuerdo con las autoridades.
Un video reproducido por diversos medios muestra el momento en que al parecer un militar dispara a un civil sometido, presumiblemente después de una operación contra el robo de combustible.
Amnistía afirmó que ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar indicios de que fueran editadas o manipuladas.
También corroboró que las imágenes son de Palmarito, que el video no se publicó antes del 4 de mayo y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen coinciden con los de las Fuerzas Armadas.
Analizó igualmente otros videos del mismo suceso difundidos de forma independiente y que confirman la autenticidad de las imágenes.
“Basándose en estos datos, Amnistía Internacional tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior”, indicó.
Resaltó que el caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley de seguridad interna que presuntamente regulará la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública y prevé conferirles facultades para detener personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.
Al respecto, Guevara-Rosas expresó en declaraciones a EFE la preocupación de AI por el hecho de que “no hay ningún indicio de que alguno de los borradores de la ley de seguridad interior que se debate en el Congreso pudiera prevenir situaciones como las que pudieron haber pasado en Palmarito, Tlatlaya o Apatzingán”.
En Tlatlaya, en el central Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014, y en Apatzingán, estado occidental de Michoacán, 10 personas murieron el 6 de enero de 2015 en enfrentamientos con agentes de Policía Federal.
Guevara-Rosas refirió que este mismo jueves AI emitirá una carta abierta al Presidente Enrique Peña Nieto con las recomendaciones específicas del caso Palmarito.
Dichas recomendaciones, reveló, “van en el sentido de que tiene que haber una investigación expedita e imparcial de la posible comisión de delitos considerados inclusive ante el derecho internacional como graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales”.
También se pide que “se abran todas las investigaciones pertinentes y que realmente se garantice la imparcialidad en las tantas denuncias que existen de graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad”, abundó.
Para Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero solo “viene a agudizar una crisis” que ya era dramática para miles de personas que ya no están huyendo de la pobreza, sino de la violencia de los grupos del crimen organizado.
Miembros de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. Foto: EFE/Archivo
Por Paola Martínez Castro
México, 22 de febrero (EFE).- México se ha convertido “en el país que hace el trabajo sucio” a Estados Unidos para contener el flujo de indocumentados al aumentar las deportaciones de centroamericanos, denunció la Directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas.
En una entrevista con EFE con motivo de la presentación este miércoles del informe anual de la organización, Guevara-Rosas indicó que “en 2016 hubo un aumento de hasta 200 por ciento en las deportaciones de personas de El Salvador”, así como de 150 por ciento en el caso de guatemaltecos y hondureños.
“Eso es muy sintomático de que México se ha convertido en el patio trasero de Estados Unidos, haciéndole el trabajo rudo”, afirmó.
Guevara-Rosas señaló que el año pasado se agudizó la violencia en los países centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), que “están expulsando un gran número de personas”.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, dijo, solo “viene a agudizar una crisis” que ya era dramática para miles de personas que ya no están huyendo de la pobreza, sino de la violencia de los grupos del crimen organizado.
Ello es resultado de “la ineficacia de los Estados para protegerles” y de “políticas militarizadas” que han impulsado para atender los problemas sociales y del crimen organizado, abundó.
Sobre el muro que Trump quiere construir a lo largo de la frontera con México para frenar la inmigración indocumentada, consideró que al margen de si “es viable o no”, hay “un mensaje muy nefasto ante miles de personas que están en la necesidad de protección internacional y están atravesando una de las rutas más peligrosas del mundo”.
Y es que durante su recorrido por México, los migrantes están expuestos a graves violaciones a los derechos humanos, agregó.
Guevara-Rosas calificó de lamentables las expresiones de condena del presidente Enrique Peña Nieto sobre el muro que Trump ordenó construir en la frontera y cuyo costo quiere hacer pagar a México.
Los intercambios “entre Trump y Peña Nieto sobre quién paga o no paga el muro en realidad son solo palabras” porque lo que está pasando tanto en la frontera sur de México como en la de EU es que se están cerrando las puertas a miles que buscan protección a través del asilo, estimó.
La representante de AI destacó la necesidad de “una política compartida” a fin de proteger a estas personas que están huyendo de la violencia.
Sobre el panorama de los derechos humanos en el continente, dijo que hay una “regresión histórica” con casos particularmente preocupantes, entre ellos el de Estados Unidos a raíz del triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.
Otro ejemplo es México, que registra una de las peores crisis en derechos humanos en todo el hemisferio con casi 30 mil desaparecidos, una “práctica de tortura que sigue siendo generalizada y un nivel de impunidad cada día más alarmante”, apuntó.
También está Venezuela, sumida “no solo en una crisis humanitaria de desabastecimiento de lo más esencial”, sino en “una crisis de derechos humanos muy profunda que está afectando a la mayoría de la población” y que las autoridades ni siquiera reconocen y, por tanto, no toman medidas para resolverla.
La situación de Brasil, con una tasa de homicidios altísima, muchos de ellos cometidos por la propia policía y específicamente atacando a jóvenes negros en las llamadas favelas, también es alarmante, algo que quedó al descubierto durante los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, indicó Guevara-Rosas.
América “continúa siendo la región más desigual y más violenta de todo el mundo” y los líderes políticos están “utilizando el discurso de la soberanía y la seguridad” para asumir el poder casi totalitario y violar los derechos humanos de millones de personas, puntualizó.
Amnistía mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR no cuenta con “una cifra dura” sobre el número de cargos presentados durante 2014 contra los responsables. Foto: Amnistía.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Amnistía Internacional presentó este viernes un amplio análisis en el que alertó por los “niveles catastróficos” que ha alcanzado la “epidemia” de tortura en México con más del doble de denuncias de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas ocurridas a nivel federal en el último año.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo este día Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía refiere que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. Dice que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas.
La organización internacional dijo que a un año de la publicación de su informe “Tortura y otros malos tratos en México”, esta agresión persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento.
Amnistía mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Procuraduría dijo al organismo defensor de derechos humanos que no cuenta con “una cifra dura” sobre el número de cargos presentados durante 2014 contra los responsables.
“A pesar del marcado aumento en el número de denuncias de tortura y otros malos tratos, la cantidad de posibles víctimas que fueron examinadas por expertos forenses oficiales bajó en 2014. La PGR tiene 1 mil 600 pedidos de exámenes forenses pendientes”, informó Amnistía.
Recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha prometido presentar al Congreso una iniciativa de Ley General sobre tortura como primer paso para abordar esta crisis. Sin embargo, refirió que con menos de tres meses para la fecha límite en la que el congreso debe aprobar la Ley, la iniciativa todavía no se ha presentado.
“Una robusta Ley General contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Amnistía refirió que las autoridades federales no han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“Aparte de carecer de datos fiables sobre la tortura y los malos tratos, la PGR no ha podido proporcionar a Amnistía Internacional información desglosada por género, nacionalidad y edad respecto a los 2 mil 403 casos registrados, y se ha limitado a decir que simplemente no mantenía esos registros”, denunció la organización.
Dijo que la falta de esos datos desglosados socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos tratos y, en última instancia, impide a las autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados.
Detalló que ha documentado numerosos casos en los que, pese a haberse denunciado torturas, las autoridades no han mostrado la diligencia debida para hacer un seguimiento de esas denuncias. “En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, lamentó.
Amnistía denunció que los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus cargos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos.
Dijo que en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave.
El análisis de la organización mostró que los médicos que examinan a los detenidos después de su arresto como los expertos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
“Las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar las lesiones de los detenidos en tres categorías: el detenido no muestra señales de lesión; el detenido presenta lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días; el detenido presenta lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar”, explicó la organización.
Dijo que estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica. En el caso de Enrique Guerrero, el médico oficial que observó sus lesiones tras su arresto las clasificó como no graves.
“Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales”, dice el análisis.
Amnistía dijo que las investigaciones sobre tortura y otros malos tratos deben basarse en una diversidad de pruebas, y deben ser rápidas y diligentes desde el primer momento en que se realizan las denuncias.
Refirió que los agentes del ministerio público deben tratar la tortura y otros malos tratos como un delito grave que debe ser examinado con todas las pruebas a su disposición, incluidas las irregularidades en los registros de detención, las lesiones anotadas en el momento de la detención, los testimonios de testigos, posibles víctimas y torturadores, superiores y funcionarios, y las inspecciones del lugar del crimen.
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