Aunque el legislador panista Enrique Flores Flores y el ex Auditor Superior de San Luis, José de Jesús Martínez Loredo, presentaron sus renuncias en los últimos días tras la revelación de un video que los involucrara dentro de una red de corrupción en la entidad, ninguno de los dos admitió en ellas su responsabilidad en dicha organización de extorsión.
Hoy los partidos políticos de los legisladores involucrados presionan a sus militantes y al ex Auditor le salen más escándalos en los que desbordan conflictos de intereses que minaron la credibilidad de la ASE.
Por Patricia Ruiz
Ciudad de México, 17 de junio (sinEmbargo/Pulso).- Al Comité Directivo Estatal en San Luis Potosí del Partido Acción Nacional (PAN) no le bastó con la renuncia a la militancia presentada ayer por el Diputado local Enrique Flores Flores, protagonista del escándalo de corrupción que está golpeando al Congreso, sino que le buscará abrir un juicio político para destituirlo de su curul.
Ayer, las dirigencias de los tres principales partidos políticos implicados en el escándalo realizaron acciones que reflejan un endurecimiento hacia sus diputados involucrados en la trama.
Flores Flores presentó su renuncia por la tarde, sin ninguna alusión al escándalo. Dijo que veía un partido dividido por la dirigencia estatal. Presumió no haber cometido un ilícito en su vida y dejó abierta la posibilidad de un regreso.
No obstante la renuncia Flores Flores, el líder estatal panista, Xavier Azuara Zúñiga, indicó que el proceso de expulsión continúa para cerrarle definitivamente las puertas, además de que su partido iniciaría una solicitud de juicio político contra Flores para desaforarlo.
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una declaración dada a Pulso, el líder nacional Enrique Ochoa Reza, dijo que “las autoridades competentes de San Luis Potosí deben investigar el caso y aplicar sanciones ejemplares”. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por su parte, seguirá el caso para promover sanciones partidarias a los involucrados, en este caso el diputado Óscar Bautista Villegas.
Mientras que Guadalupe López, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis, declaró que se le solicitaría al legislador Guadalupe Torres Sánchez que pida licencia al cargo, hasta que se deslinden responsabilidades de la presunta red de corrupción al interior del Congreso del Estado.
CONFLITOS DE INTERESES MINAN A LA ASE
Después del video escándalo donde se presume una red de corrupción en el Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la noche del jueves, José de Jesús Martínez Loredo, anunció oficialmente su renuncia al cargo como titular del órgano fiscalizador.
Con su carta, Martínez Loredo deja un ciclo de tres años y cuatro meses en el que sus múltiples escándalos dejaron un legado desastroso para la ASE, sumida en el descrédito y la sospecha.
El ex titular de la ASE argumentó en su carta que se retira del cargo por problemas de salud, luego de tres años de estar al frente de este organismo fiscalizador, por lo que dijo atenderá asuntos de trabajo relacionados con su despacho contable.
Precisamente su empresa, Martínez Loredo y Zapata SC, fue causa de su primer escándalo, que se desató desde su elección, en febrero de 2014. Se alegaba conflicto de intereses, por haber sido Auditor externo de los invernaderos de Santa Rita, por lo que se le acusó.
En enero de 2015 incorporó a su socio, Juan Antonio Zapata a la ASE, e incluso a la hermana de éste. Ante las inconformidades, ambos renunciaron en noviembre de ese año.
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Durante su administración, el año pasado hubo rupturas con antiguos colaboradores, como Camerino Hernández, coordinador especial de Auditorías Especiales, la auditora de Legalidad, Adriana Miranda y Abraham Reyes, ex coordinador administrativo. Esos despidos le costaron cuantiosas liquidaciones a la ASE.
En diciembre del año pasado, se registraron dos escándalos en la Auditoría Superior. Apareció un cheque de 200 mil pesos para una ex empleada que alegó sólo haber recibido 90 mil pesos.
Luego, se conoció que la ASE pagó 600 mil pesos para un presunto festejo navideño a un solo proveedor del cual el Auditor se enredó en diversas justificaciones que involucraron hasta a funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, sin que al final quedara nada claro.
Su salud fue motivo de suspicacias, pues daba muestras de que le impedía desempeñar su cargo, pero siempre negó esta situación.
Y durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, cosechó siete denuncias de juicio político, incluyendo una del propio Flores Flores, de las cuales, ninguna prosperó.
