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El Congreso le soltará la rienda a los estados en año electoral, y podrán gastar y endeudarse más

lunes, noviembre 27th, 2017

El paraíso de los gobiernos locales para el año electoral 2018 se está sembrando desde el Congreso federal. El 16 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios. Si el Senado las aprueba, además de hacer “más laxas” las obligaciones del pago de la deuda estatal, relaja los límites al gasto corriente en un año de elecciones presidenciales y de nueve gobernadores, alertaron grupos civiles.

Mariana Niembro, politóloga de la organización Borde Político, expuso que llama la atención que después de la atropellada aprobación del Presupuesto 2018, pasó en fast track esta modificación a la Ley. “Aunque hubo varias iniciativas de modificación de varios partidos, la enviada en octubre por el Ejecutivo fue la única que se tomó en cuenta”, dijo.

Los diputados de oposición que votaron en contra también advirtieron que estas modificaciones tienen fines electorales, pero la Comisión de Hacienda alegó que es para permitir más crecimiento económico a las entidades.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Tras una serie de modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios por parte de la Cámara de Diputados, se propuso aumentar el gasto corriente en el 2018, un año electoral “vulnerable” al gasto con fines políticos. Si el Senado también le da luz verde, desarmará la norma e incrementará el riesgo de discrecionalidad en su asignación, alertaron organizaciones civiles y diputados de oposición.

Uno de los objetivos originales de esta Ley publicada en abril del año pasado era contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los estados, así como controlar sus niveles de endeudamiento y mejorar los costos de financiamiento a los que acceden. Pero en 2018 se renovarán los gobernadores de Tabasco, Yucatán, Chiapas, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Veracruz.

La organización México Evalúa destacó que los cambios legislativos que considera más graves son el de hacer “más laxas” las obligaciones del pago de la deuda estatal; dar incentivos en la propia Ley para aumentar el gasto corriente, ya de por sí excedido; y relajar los límites al gasto corriente en un año electoral.

“Es evidente que los intereses que ya se cocinan ante la elección 2018 están echando su primer hervor. Promover mayor gasto corriente fuera del presupuesto aprobado en los estados durante el año electoral permitirá ampliar los márgenes de la discrecionalidad. Será el paraíso para nuestros gobernadores; lo que todo político anhela en una contienda electoral. Es lamentable ver cómo los ímpetus electoreros tienen la capacidad de erosionar y desarmar nuestras instituciones sin recato alguno. La pena está dejando de jugar a nuestro favor y el descaro es cada día más frecuente”, criticó.

La politóloga Mariana Niembro, de la organización Borde Político, afirmó que puede intuirse que el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya opera como candidato a la presidencia, primero con la operación del Presupuesto para 2018, “muy atropellado en las formas y procedimientos”, y ahora con los cambios sugeridos a la Ley de Disciplina Financiera.

“La Ley de Disciplina Financiera se pactó para el Presupuesto 2018. Fue la moneda de cambio para que los otros partidos accedieran a votarlo. Llama la atención que después del Presupuesto pasó en fast track esta modificación a la Ley antes de que se vayan y tomen licencia tanto los diputados como senadores que se irán a periodo electoral. Aunque hubo varias iniciativas de modificación de varios partidos, la enviada en octubre por el Ejecutivo fue la única que se tomó en cuenta”, expuso.

Niembro destacó que la Comisión de Presupuesto tenga más de 70 iniciativas pendientes de dictamen y solo ha aprobado las enviadas por el Poder Ejecutivo, lo que muestra la debilidad del Poder Legislativo, el cual nos cuesta demasiado para lo que ha hecho.

“Ser diputado de oposición debe ser lo más frustrante del universo porque no han podido hacer nada, solo subirse a la tribuna y tratar de proponer, pero sus propuestas nunca son aceptadas a discusión”, agregó.

El think tank México Evalúa observó que en el artículo 4 transitorio se establece que durante 2018, las 23 entidades federativas con un nivel de deuda “sostenible” (pero no en cero) podrán gastar 100 por ciento de sus ingresos excedentes en gasto corriente. Aumentar este gasto permite discrecionalidad en su asignación alertó.

Un análisis de Moody’s a mitad de este año reveló que 10 estados cumplían con entre el 62 y el 79 por ciento de los requerimientos de la Ley, mientras que 14 cumplían con menos del 61 por ciento.

Los diputados de oposición criticaron el uso electoral a los cambios en la Ley de Disciplina Financiera. Foto: Cuartoscuro.

MANGA ANCHA A ESTADOS EN 2018

La Cámara de Diputados aprobó las reformas el jueves 16 de noviembre. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Diputada panista Gina Andrea Cruz Blackledge, argumentó que para generar mejores condiciones para el crecimiento económico, y en el marco de la reconstrucción, se dota a las entidades federativas de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes.

Pero Mariana Campos, investigadora de gasto público de México Evalúa, dijo que esto daría una “manga ancha” a los gobiernos locales durante las elecciones 2018, por lo que la prioridad de las reformas no parece ser disciplinar los erarios locales, sino lo contrario.

El Diputado de Encuentro Social Justo Federico Escobedo Miramontes coincidió. El gasto corriente a menudo no tiene impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo contrario, dijo en el Pleno, se presta a abusos y sobre todo en el tiempo de campañas electorales. La Diputada morenista Ariadna Montiel Reyes fue por la misma línea cuando afirmó: “Conocemos las finanzas y estamos dándonos cuenta de que el frente está operando esta Ley para beneficiarse electoralmente en el 2018″.

Además, documentó México Evalúa, el gasto corriente ha sido excesivo en relación al gasto en la inversión física en los estados, sin importar su nivel de endeudamiento, lo que no permite mejorar los ingresos y productividad de las entidades federativas. En promedio, en los estados los montos de inversión física cayeron en 49 por ciento real de 2009 a 2016, mientras que el gasto en servicios personales se incrementó en 28 por ciento real en el mismo periodo.

En los mismos años el gasto que disminuyó en inversión pública (2 mil 545 millones de pesos) parece haberse transferido al incremento (promedio de 3 mil 096 millones de pesos) en servicios personales.

Vidal Llerenas Morales, Diputado de Morena, criticó que “le da más manga ancha a los gobernadores para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, no inviertan en obra pública y para que puedan contratar más personal. Esto lo hace un Congreso irresponsable, que hace dos años votó una Ley y hoy la modifica sin diagnóstico”.

“Lo que queremos es impedir que los gobernadores ladrones nos sigan endeudando”, agregó.

Su compañero de bancada Juan Romero Tenorio lo calificó como una “irresponsabilidad” de la Cámara de Diputados porque este dictamen “relajará” este sistema de disciplina financiera “en un año de procesos electorales como es el 2018, ya que se permitirá que los estados contraten deuda sin restricción y sin rendir informes”.

OBLIGACIÓN LAXA PARA PAGAR DEUDA

Otra modificación a la Ley de Disciplina Financiera que prende las alarmas es que en el artículo 14 se otorga a las entidades federativas mayor margen de maniobra para utilizar los ingresos adicionales o excedentes que reciben durante el ejercicio para fines distintos al pago de su deuda, detectó México Evalúa.

De acuerdo con el sistema de alerta, en el caso de los estados con un nivel de endeudamiento “elevado” la obligación se queda igual, tendrán que destinar el 50 por ciento de sus ingresos excedentes al pago de deuda. Pero hasta el segundo trimestre de este año no hay ninguno en esta alerta.

Para los nueve estados con un nivel de endeudamiento clasificado como “en observación”, según el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, es diferente. Anteriormente la Ley establecía que los estados como Chihuahua, cuyo nivel de endeudamiento representa el 169.4 por ciento de sus ingresos de libre disposición y se clasifica como un estado “en observación”, debían destinar el 50 por ciento de sus ingresos excedentes a la amortización de su deuda. Las modificaciones a la ley proponen que este porcentaje se reduzca a 30 por ciento.

“Esto suaviza la disciplina financiera de los estados, objetivo inicial de esta ley que pretendía reducir la presión que ejerce la deuda en las finanzas públicas estatales”, explicó la organización.

Adicionalmente, en la nueva Ley se plantea eliminar, para los 23 estados con una deuda clasificada como “sostenible”, la restricción de destinar un porcentaje de sus recursos excedentes para pagar deuda.

Colima, Baja California, Durango y Zacatecas gozan de un nivel de deuda sostenible, según SHCP. Sin embargo, gastan más de lo que se les aprueba en el rubro de servicios generales y gastan menos de lo que se les aprueba en el rubro de inversión, documentó la economista Mariana Campos.

Un golpe más a la disciplina financiera es que se aumenta la flexibilidad para aumentar el gasto corriente en los estados. En el mismo artículo 14, ahora se incluye una disposición que permite a los estados cuya deuda se considere “sostenible” utilizar hasta 5 por ciento de sus ingresos excedentes totales para gasto corriente, cuando anteriormente sólo se permitía destinarlo a la amortización de la deuda, inversión productiva y fondo de estabilización o ahorro, expuso México Evalúa.

“¿Cómo es posible que se esté proponiendo que hasta ese 5 por ciento se vaya al gasto corriente y no al de inversión? La caída en el nivel de inversión pública actual se ha venido reflejando en el bajo nivel de crecimiento”, cuestionó el Diputado Justo Escobedo del PES.

Guerrero, Michoacán, Edomex, CdMx y BCS gastan sin control y en lo que se les antoja, dice IMCO

lunes, noviembre 13th, 2017

El Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017, presentado este día por el IMCO, destacó que las 32 entidades del país gastaron 223 mil 726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (14 por ciento más) y contrataron 20 mil 186 millones de pesos de deuda adicional (86 por ciento más a la estimada).

Juan Pardinas, director del centro de investigación, destacó que los gobiernos estatales no sólo no gastan en lo que nos dicen que van a gastar, sino que gastan más en porcentajes significativos ante la falta de un contrapeso de los Congresos locales, ausencia de voluntad política y la inexistencia de sanciones por estos actos de irresponsabilidad financiera.

ADEMÁS

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Guerrero (13.90 por ciento), Baja California Sur (25 por ciento), Estado de México (37.50 por ciento), Ciudad de México (37.80 por ciento) y Michoacán (39.20 por ciento) son los estados con menor cumplimiento en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017, el cual muestra la diferencia entre el destino asignado de su presupuesto y el que se gastó.

En contraste, Tabasco (86.50 por ciento), Campeche (83 por ciento), Puebla (81.30 por ciento) y Querétaro (79.20 por ciento) son los que más cumplieron durante 2016.

Manuel Guadarrama, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización que presentó este lunes el IIEG, aclaró que aunque Veracruz tiene un cumplimiento de 79.20 por ciento, las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings han denunciado la poca credibilidad de su información financiera de 2016, el último año que gestionó el hoy encarcelado Javier Duarte de Ochoa.

Juan Pardinas, director de IMCO, destacó que los gobiernos estatales no sólo no gastan en lo que nos dicen que van a gastar, sino que gastan más en porcentajes significativos ante la falta de un contrapeso de los Congresos locales, ausencia de voluntad política y la inexistencia de sanciones por estos actos de irresponsabilidad financiera.

En promedio, los gobiernos estatales tuvieron un cumplimiento de 58 por ciento del IIEG. Por sección, en su información presupuestaria (ingresos-egresos) obtuvieron 51.3 por ciento; su información contable (activos, pasivos y patrimonio) se ubicó en 71.3 por ciento; y por la información programática (destino de recursos programas, proyectos y actividades específicas) sacaron 40.2 por ciento.

Estos resultados revelan que los gobiernos estatales violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental lanzada en 2008 al no reportar de forma armonizada y homologada su información sobre el gasto público, afirmó Manuel Guadarrama.

INGRESOS, GASTO Y DEUDA

Los estados, concluyó IMCO, presentan un desorden financiero al subestimar los ingresos, gastar más de lo presupuestado, y se endeudan más de lo planeado.

El investigador Manuel Guadarrama dijo que los estados ingresaron 251 mil 460 millones de pesos adicionales, un 15 por ciento más de lo estimado.

Tan solo con sus propios ingresos excedentes obtenidos en 2016, diez entidades pudieron pagar su deuda pública. Guerrero, por ejemplo, pudo haberla saldado seis veces con esos recursos adicionales.

Sin embargo, pese a que la Ley de Disciplina Financiera establece candados para el destino de los ingresos excedentes, sus criterios de distribución son poco claros e inexistentes, acusó Guadarrama.

Respecto al gasto, el investigador Diego Díaz expuso que las 32 entidades gastaron 223 mil 726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, un 14 por ciento más.

Asimismo, las entidades contrataron 20 mil 186 millones de pesos de deuda adicional, un 86 por ciento más a la estimada. Eso equivale al presupuesto de Morelos del año pasado, dimensionó Díaz.

Ante la falta de control de la información financiera reportada para transparentar el ejercicio del gasto estatal, Juan Pardinas ha llamado a que los estados cumplan la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicando en tiempo y forma; pidió un verdadero contrapeso de los Congresos, así como dejar de gastar más de lo aprobado; establecer criterios de distribución de los ingresos excedentes; e impulsar auditorías en tiempo real para detectar anomalías al momento.

Los 5 estados más endeudados del país son de los más señalados por corrupción

miércoles, noviembre 2nd, 2016

Por bloques, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son los cinco estados más endeudados del país, en relación con el número de habitantes, durante la gestión de cuatro priistas y un panista, quienes están involucrados en escándalos de corrupción. De los cinco, Rodrigo Medina de la Cruz, César Duarte Jáquez y Guillermo Padrés Elías están bajo investigación por daño patrimonial y sospechas de corrupción. La Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit y Zacatecas son las otras cinco entidades que más deben, de acuerdo con el tamaño de su población, lo cual dimensiona la capacidad para saldar la deuda. De sus cinco mandatarios, sólo los priistas Javier Duarte de Ochoa (prófugo) y Miguel Alejandro Alonso Reyes son investigados por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– No es coincidencia. Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son los cinco estados con la deuda per cápita más grande durante la administración de cuatro priistas y un panista involucrados directamente en escándalos de corrupción, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con información del Ingeniero Manuel Aguirre Botello.

Roberto Borge Angulo y César Duarte Jáquez, a días de concluir su gestión en Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente, intentaron blindarse al intervenir en las designaciones del brazo jurídico anticorrupción en sus entidades. Pero la Procuraduría General de Justicia (PGR) los frenó con una acción de inconstitucionalidad.

La Ciudad de México, Veracruz (cuyo ex Gobernador es buscado por la Interpol), Baja California, Nayarit y Zacatecas son las otras cinco entidades que deben más a nivel nacional respecto al número de sus habitantes.

“Antes de la Ley de Disciplina Financiera –aprobada en abril– únicamente se requería la voluntad de la mayoría simple (50 por ciento más uno) de los diputados del Congreso local para aprobar la deuda pública de la entidad. Al ser el principal mecanismo de control, muy laxo, básicamente todos los estados tenían la puerta abierta al endeudamiento fácil y sencillo. Algunos por circunstancias particulares se aprovecharon más y recurrieron a más deuda en ocasiones bajo condiciones de ilegalidad y opacidad”, afirmó en entrevista Diego Díaz, del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Por disposición constitucional, los estados deben contratar deuda solo para financiar inversión pública productiva para proyectos grandes. Aunque es un candado, “fiscalizar y monitorear que los recursos dados se destinen a infraestructura es muy complicado a la fecha, por lo cual la ley se queda en letra muerta”, añadió el economista.

Roberto Borge Angulo (2011-2016), ex Gobernador de Quintana Roo, recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, y la elevó 123 por ciento al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Repartida entre el millón y medio de personas que conforman su población, cada quintanarroense debería 14 mil 946 pesos en comparación con los 7 mil 571 pesos que cargaba en sus espaldas en el 2010.

Quintana Roo –el primero en la lista– aparece como el estado de menor acceso público al desglose de recursos de dependencias y sueldos de funcionarios en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) que realizó el IMCO.

Borge Angulo está relacionado con despojos de predios para entregarlos a desarrolladores inmobiliarios, han acusado habitantes afectados. Además, aunque el proyecto fue suspendido, también es el responsable de la destrucción de 57 hectáreas del manglar en Tajamar, en Cancún, incluyendo el ecocidio que el hecho implicó.

A Rubén Moreira Valdez (2011-2017) su hermano le entregó ya de por sí una megadeuda de Coahuila por 36 mil 509 millones de pesos y él la incrementó 4 por ciento al tenerla, hasta 2015, en 38 mil 008 millones de pesos. Dividida entre sus casi 3 millones de habitantes, a cada coahuilense le corresponderían 12 mil 862 pesos.

Los Zetas financiaron la campaña de Rubén, de acuerdo con el testimonio de un ex miembro del grupo delictivo ante una Corte de San Antonio, Texas. El testigo observó cómo el grupo criminal preparó una camioneta repleta de maletas con dinero en efectivo destinada para el priista.

Además, Rubén es acusado de tapar a su hermano Humberto. Por partes y debido a irregularidades, las autoridades estadounidenses incautaron bienes por 35 millones de dólares a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue tesorero de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira.

Desde el 2013, el Senador panista Luis Fernando Salazar Fernández pidió a Rubén Moreira intervenir y solicitar al Gobierno de Estados Unidos la devolución del dinero. Sin embargo, dijo el legislador, hacerlo hubiera sido reconocer que había salido de las arcas públicas del estado.

Por su parte, Rodrigo Medina Cruz (2009-2015), ex Gobernador de Nuevo León, inició con una deuda de 33 mil 771 millones de pesos hasta dejarla en 63 mil 832 millones de pesos, 89 por ciento más. Por habitante implicarían 12 mil 468 pesos fraccionados entre los 5 millones de personas que conforman al estado norteño.

En mayo de 2015, Ciudadanos contra la Corrupción le exigió dejar el cargo para que fuera investigado por enriquecimiento ilícito, luego de que se reveló que Medina y su familia son dueños de propiedades millonarias en México y en Estados Unidos. En agosto de este año, Medina de la Cruz acudió a una audiencia para que un juez le presentara los cargos en su contra por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa automotriz KIA, lo cual provocó un daño patrimonial al estado por 3 mil 683 millones de pesos, de acuerdo con la acusación en su contra.

Respecto a César Duarte Quiroz (2010-2016), ex Gobernador de Chihuahua, se le entregó una deuda total por 12 mil 547 millones de pesos y la aumentó 240 por ciento al dejarla en 42 mil 762 millones de pesos. Repartida entre sus 3 millones de habitantes, a cada chihuahuense le tocarían 12 mil 023 pesos frente a los 3 mil 683 pesos que debían en 2010.

Luego de participar en la creación del Banco Progreso en 2014, Duarte Jáquez fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Un juzgado español, además, giró una orden de embargo en contra de sus bienes en Chihuahua luego de que procediera una demanda en su contra. De acuerdo con la empresa que lo demandó, el priista le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

 

Guillermo Padrés Elías (2009-2015), quien gobernó Sonora, comenzó con una deuda por 17 mil 287 millones de pesos y la subió a 22 mil 780 millones de pesos, 31 por ciento más. Es decir, de los 2 millones 800 sonorenses, cada uno debería 7 mil 992 pesos.

El panista, sobre quien ya se giró una orden de aprehensión, será recordado como aquel mandatario que dinamitó la presa hidráulica privada de su rancho Pozo Nuevo –actualmente embargado y recientemente cateado por las autoridades estatales– y por poseer 450 caballos pura sangre con un valor de más de 100 millones de pesos, suceso ya en proceso de investigación por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante su administración. También, desde hace un mes, la nueva Comisión Anticorrupción panista lo investiga y el blanquiazul le retiró sus derechos.

La Ley de Disciplina Financiera, aprobada cuando estos cinco políticos ya terminaron, establece una serie de controles para garantizar que los ciudadanos puedan informarse sobre las tasas de interés y los plazos de la deuda contratada; la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar la deuda de las entidades que se haya dado con aportaciones federales para garantizar que se destine a inversión pública; se fortalece el papel de las instituciones estatales de fiscalización para vigilar el uso de la deuda; y para contratar deuda los estados necesitarán que las dos terceras partes de los Congresos locales lo aprueben, enlistó el investigador Diego Díaz.

También establece un sistema de alertas para detectar qué municipios o estados tienen un nivel de endeudamiento elevado.

Sin embargo, añadió, falta el proceso de implementación, “donde se puede atorar o que haya factores que lo impidan”. La ley es general y los demás estados tendrán que armonizar sus niveles de deuda para poder llevarla a cabo.

LOS OTROS CINCO MÁS ENDEUDADOS

Con relación al número de sus habitantes, la Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit y Zacatecas son las otras cinco entidades con mayor endeudamiento al término de 2015.

En 2010, cuando Marcelo Ebrard Causabón aún era el Jefe de Gobierno, la deuda total de la capital del país era de 52 mil 578 millones de pesos y en 2015, cuando ya gobernaba Miguel Ángel Mancera Espinosa, subió a 71 mil 083 millones de pesos, 35 por ciento más. Repartida entre los 8 millones de habitantes, a cada capitalino corresponderían 7 mil 970 pesos.

En febrero del año pasado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados asignada para el caso de la fallida construcción de la Línea 12 del Metro pidió a la PGR investigar a Ebrard, y al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado. Sin embargo, la Procuraduría de la Ciudad de México informó que en las investigaciones que llevaba a cabo por las fallas en la también conocida Línea Dorada no había testimonios ni evidencias para fincar responsabilidad en su contra.

Además, en la declaración patrimonial que presentó en marzo del año pasado ante Movimiento Ciudadano –para ser candidato a diputado federal–, Ebrard no precisó la fuente de su ingresos, omitió la mención de intereses y no incluyó los bienes de su esposa. Expuso que no posee bienes inmuebles en la capital del país, que él gobernó, y que, dijo, ha pagado arrendamiento en los últimos tres domicilios que ha habitado.

Desde luego Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), ex Gobernador de Veracruz, forma parte de esta lista. Durante su gobierno incrementó la deuda 113 por ciento al pasar de 21 mil 499 millones de pesos a 45 mil 879 millones de pesos. En otras cifras, de los 8 millones de veracruzanos, a cada uno le tocarían 5 mil 655 pesos.

La PGR giró una orden de aprehensión en contra del ahora prófugo por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, lo acusó durante su campaña de tener, utilizando nombres de familiares y conocidos, 25 propiedades en México y fuera del país valoradas en unos 159 millones de dólares.

La PGR informó además sobre la detención de dos mujeres presuntamente relacionadas con decenas de “empresas fantasma” ligadas con lavado de dinero y que obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte. Asimismo posee un rancho en el Estado de México con caballerizas para más de 50 equinos, alberca para los mismos.

Francisco Vega de la Madrid, Gobernador de Baja California, arrancó en 2013 con una deuda total por 13 mil 446 millones de pesos y la ha subido en dos años a 18 mil 169 millones de pesos, 35 por ciento más. Por ello, de los 3 millones de habitantes, cada uno debería 5 mil 479 pesos.

Asumió la gubernatura en medio de acusaciones por peculado y enriquecimiento ilícito, cometidos presuntamente desde que era Alcalde de Tijuana. Ya durante su gestión, una investigación del semanario Zeta reveló el adeudo por 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California, hecho por el que se le solicitó al Congreso del Estado que llamara a comparecer al Gobernador, quien no ha presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Nayarit es gobernado por el priista Roberto Sandoval Castañeda, quien recibió una deuda por 5 mil 534 millones de pesos y la incrementó 20 por ciento a 6 mil 676 millones de pesos, los cuales, repartidos entre el millón de nayaritas, cada uno cargaría con 5 mil 314 pesos por individuo.

De acuerdo con la consultora Aregional, el Artículo 117 de la Constitución Política plantea que los estados y municipios solo podrán contraer obligaciones para cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Pero en el estado gobernado por Sandoval Castañeda, “prácticamente no tienen una regulación como tal al endeudamiento público del estado”, expone su análisis.

Finalmente, el ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, comenzó su gestión con una deuda total por 3 mil 708 millones de pesos y la elevó a 7 mil 609 millones de pesos, 105 por ciento más. Entre el millón y medio de habitantes zacatecanos, a cada uno le tocarían 4 mil 818 pesos.

En mayo pasado, el abogado Alberto Gaytán Espinosa y el periodista Horacio Zaldívar interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el Gobernador de Zacatecas, quien posee dos ranchos en dos municipios, por enriquecimiento ilícito. Pero la Procuradora estatal Leticia Catalina Soto Acosta dijo que la denuncia carecía de sustento jurídico.

También la Diputada local Bibiana Lizardo interpuso una denuncia penal acusándolo de enriquecimiento ilícito y peculado, por lo que la PGR abrió una investigación.