El proyecto de decreto presentado por el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) por San Luis Potosí, Héctor Mendizábal, se compone de seis cuartillas, la mayoría de ellas sin aportación propia. Entre los aspectos que no fueron copiados de dos documentos, propone que los legisladores estén obligados a no interrumpir a los oradores que estén haciendo uso de la palabra “y abstenerse de atender a los medios de comunicación durante el desarrollo de la sesión”.
Héctor Mendizábal Pérez, ex líder del PAN en SLP. Foto: Sitio oficial PAN San Luis Potosí/Archivo.
Por Iraís Valenciano
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo/Pulso).- Tras la publicación del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el pasado 10 de mayo, el Diputado Héctor Mendizábal Pérez inscribió ayer en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de San Luis Potosí una iniciativa para “aterrizar” ese decreto en el estado: copió y pegó párrafos completos del Código federal… a excepción del referente a la suspensión de pagos para diputados sancionados.
Mendizábal también tomó fragmentos completos de un estudio denominado “Ética Parlamentaria”, elaborado por Juan Ramírez Marín, pero no lo citó en el documento que este miércoles llevará al Pleno.
El proyecto de decreto presentado por Mendizábal se compone de seis cuartillas, la mayoría de ellas sin aportación propia.
Un párrafo que Mendizábal decidió no “replicar” del Código de Ética de la Cámara de Diputados es el referente a las sanciones, pues mientras que a nivel federal los legisladores ya pueden ser castigados con amonestaciones públicas o privadas, remoción de comités o comisiones y “suspensión de la dieta en los términos que marca la Constitución”, para los legisladores potosinos, el legislador panista sólo propone “amonestación pública y recomendación al Pleno de exclusión temporal o definitiva del trabajo de comisiones y comités”.
Entre los aspectos que no fueron copiados de los dos documentos antes mencionados, Mendizábal propone que los diputados estén obligados a no interrumpir a los oradores que estén haciendo uso de la palabra “y abstenerse de atender a los medios de comunicación durante el desarrollo de la sesión”.
También sugiere que los diputados tengan prohibido difundir cualquier información “que hubiera sido calificada como reservada o confidencial previo acuerdo”.
