El día de ayer un usuario identificado como Pablo Reyes publicó un documento titulado “Que la Suprema Corte revise la sentencia del #JuezPorky ¡Basta de impunidad!”, en el cual se exhortó al público a firmar de manera digital una solicitud para lograr que el Máximo Tribunal Constitucional de México examine bajo qué circunstancias le fue otorgado un amparo a uno de los denominados “Porkys”, señalados como los posibles violadores sexuales de Daphne Fernández.
Ciudad de México, 5 de abril ( SinEmbargo).- Ciudadanos iniciaron un petición en el portal change.org para exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la sentencia que un Juez de Veracruz dictó en favor de Diego Cruz, uno de los cuatro presuntos responsables de violar una menor en el municipio de Boca del Río de dicha entidad.
La semana pasada un usuario identificado como Pablo Reyes publicó un documento titulado “Que la Suprema Corte revise la sentencia del #JuezPorky ¡Basta de impunidad!”, en el cual se exhortó al público a firmar de manera digital una solicitud para lograr que el Máximo Tribunal Constitucional de México examine bajo qué circunstancias le fue otorgado un amparo a uno de los denominados “Porkys”, señalados como los posibles violadores sexuales de Daphne Fernández.
“La violación que sufrió Daphne, menor de edad, por parte de 4 sujetos no puede quedar impune. La privaron de su libertad, la sometieron, le manosearon los senos y le metieron los dedos en su vagina. El #JuezPorky acepta que los hechos quedaron probados (…) Pero introduce una interpretación sobre un elemento subjetivo: el fin lascivo del tocamiento”, señaló la petición.
Detalló que a pesar de que todas la s evidencias en contra de Diego Cruz, el Juez, Anuar González Hemadi, consideró que “la víctima nunca estuvo en estado de indefensión porque después de la violación la pasaron al asiento delantero”, situación que generó indignación a nivel nacional e incluso en el extranjero.
El solicitante consideró a tal determinación como una manifestación de corrupción e impunidad, así como un insulto a la sociedad mexicana, la cual, afirmó, ya está fastidiada de que las autoridades mexicanas protejan a los delincuentes.
“La sociedad está harta de las sentencias que protegen a delincuentes y dan la espalda a las víctimas, particularmente a las mujeres víctimas de delitos sexuales”, se expresó en el documento.
Señaló que el caso de Daphne “ha estado lleno de influyentismo” por parte de los familiares de “Los Porkys”, quienes en contubernio con “servidores públicos corruptos” han beneficiado a los implicados.
Por lo que ahora que el proceso sea revisado por Tribunal Colegiado de Circuito con sede en el estado de Veracruz temen que se vuelva a beneficiar a los cuatro jóvenes acusados, debido al “poder económico” con el que cuentan.
Ante lo cual solicitó a la SCJN que “ejerza su facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia del #JuezPorky”.
A siete días de haberse lanzado la petición ciudadana, ésta lleva más de 17 mil firmas.
El pasado 27 de marzo, el Juez Tercero de Distrito de Veracruz concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los involucrado en la violación contra una menor en Boca del Río, Veracruz, por vicios en el procedimiento, por lo que deberá ser puesto en libertad.
El Poder Judicial de la Federación informó que en la resolución del Juicio de Amparo número 159/2017, el juez tercero de Distrito del estado de Veracruz, otorgó el amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, acusado del delito de pederastia cometido en contra de la joven Daphne Fernández cuando esta era menor de edad.
El juez determinó que el delito de pederastia imputado al joven no quedó fehacientemente demostrado, por lo que debe quedar en libertad de manera inmediata.
La sentencia refiere que con “los medios de prueba existentes, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso”.
“No se encuentra demostrado fehacientemente el abuso sexual de dicha menor a que alude la figura delictiva”, señala otra parte del documento, lo que impide declarar constitucionalmente el auto de formal prisión del 23 de enero del 2017.
Dicha sentencia admite recurso de revisión, pero con la ley de amparo en vigor debe ejecutarse aún y cuando se impugne la revisión, por tratarse de delitos graves.
El juez estableció que “por tratarse de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo que se ejecuta sobre el sujeto pasivo, sin tener en consideración el número de tocamientos o roces que se hayan realizado, de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como antros sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”.
Además se encontraron contradicciones entre los testigos, la mayoría de ellos que no atestiguaron lo ocurrido en el automóvil y en la casa donde presuntamente ocurrió el ataque sexual.
“Toda vez que la autoridad investigadora no aportó medios probatorios de los que se desprendan la totalidad de los elementos del delito de análisis se encuentra ante la insuficiencia de pruebas, por lo que se concluye no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, esto es el abuso sexual y la indefensión de la víctima”, expuso.
Concluyó que “puede apreciarse una posibilidad de que el señalado como autor no fuese el responsable del delito”.
La agresión a Daphne ocurrió en enero de 2015, cuando ella tenía 17 años, en Boca del Río, Veracruz, pero la denuncia se presentó hasta marzo y se hizo público hasta enero del 2016.
Diego Cruz fue detenido en Madrid, España, en junio de 2016 y extraditado a México en enero pasado.
El joven se inscribió en noviembre del año pasado en un curso de la Universidad Europea de Madrid, adonde se trasladó en marzo de 2016, lo que las autoridades de México y España calificaron como una huida de la justicia.
El joven Enrique Capitaine fue el primer involucrado en este caso en ser detenido. Está preso en El Penalito de Veracruz desde mayo de 2016, cuando fue capturado en Torreón, Coahuila. El tercer acusado, Jorge Cotaita, aún se encuentra prófugo de la justicia.
