Grupo México ha ocasionado al menos 14 accidentes ambientales en el país, de acuerdo con lo documentado por la Semarnat hasta 2019. Organizaciones como PODER y víctimas de comunidades afectadas por los desastres señalan que pese a las denuncias, la empresa del segundo hombre más rico de México opera libremente sus concesiones.
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Se define como una empresa sustentable reconocida por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero en la práctica Grupo México —el conglomerado de Germán Larrea Mota Velasco— acumula un historial de tragedias e impunidad debido a la operación de sus concesiones, denunciaron víctimas y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización regional que ha documentado las afectaciones de la empresa en los últimos años.
El mayor desastre ambiental que ha ocasionado la empresa del segundo hombre más rico de México fue en 2014, cuando su mina Buenavista derramó 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi y afectó la salud de cientos de personas de siete municipios, quienes hoy reclaman atención médica por la grave exposición a metales pesados.
A siete años del derrame, Grupo México dice que ha cumplido en tiempo y forma los compromisos adquiridos en el Fideicomiso Río Sonora, pero las comunidades afectadas denuncian que ni la construcción de 36 plantas potabilizadoras ni la clínica de atención a la salud han sido entregadas.
En 2014 la mina Buenavista derramó 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi. Foto: PODER.
Incluso María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó en mayo pasado que como parte de la apertura del caso, la administración federal verificaría el uso del fideicomiso de 2 millones de dólares creado por Grupo México en 2014 y del que más tarde le fueron devueltos recursos por 800 millones de dólares cuando la administración anterior determinó que ya habían sido cumplidos los compromisos.
“Grupo México es la empresa que más derechos humanos ha violado y no sólo lo ha hecho en México sino en otros países, tiene un largo historial de impunidad”, dijo en entrevista Miguel Soto, director de Vinculación Estratégica de la organización Poder. “Forma parte de las empresas que tienen capturado al Estado”.
SinEmbargo solicitó una postura por parte de Grupo México acerca de estos señalamientos en su contra que han hecho tanto organizaciones como los habitantes de los municipios afectados por el derrame en Sonora, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo respuesta.
En el año 2019, el entonces Secretario de Semarnat, Víctor Toledo, hablaba de 22 accidentes ambientales que ha ocasionado la empresa en todo el mundo, de los cuales, 14 fueron en México.
“Desde 1998 han estado provocando accidentes no solamente en el país sino también en Perú, Estados Unidos y España. Estamos ante una situación especial de una firma industrial que ha tenido repetidamente 22 accidentes, no es para menos”, señaló Toledo después del último derrame provocado por la empresas que afectó al Mar de Cortés, uno de los mares de mayor biodiversidad del mundo y cuna de la vaquita marina, especie en peligro de extinción.
Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México. Foto: Cuartoscuro.
Pero si Grupo México ha sido el causante de 14 accidentes ambientales en el país, ¿por qué sigue operando libremente? La respuesta, explicaron organizaciones y víctimas, es el uso de recursos económicos que le sirven para hacer relaciones públicas, tanto en medios de comunicación como con gobiernos, y para pagar abogados que le libran de sanciones.
“Tienen la habilidad de hacer relaciones públicas, con convenios importantes con medios de comunicación y agencias que logran hacer un trabajo como de lavado de imagen. También tienen abogados importantes”, señaló Miguel Soto de PODER. “Justo cuando ocurrió el derrame en el Río Sonora, Grupo México emprendió una campaña en los cines para tratar de desviar la conversación”.
La organización PODER también menciona que las grandes empresas extractivistas, como Grupo México, cuentan con especialistas en lobbying, es decir, personas que se reúnen con políticos y funcionarios para hacer cabildeo. A esto se añade la capacidad de dividir a las comunidades.
“En las comunidades buscan hacer cosas como pintar una escuela o construir un auditorio para ganarse la voluntad de la gente, les ofrecen empleos precarios, pero al final dejan daños a la población”, comentó Miguel Soto de la organización PODER.
Activistas ecologistas se manifiestan frente al edificio donde se encuentran las oficinas de Grupo México, luego del derrame de ácido sulfúrico en el Golfo de California. Foto: Cuartoscuro.
Martha Patricia, habitante de Baviácora afectada por el derrame de la mina Buenavista en 2014 aseguró que Grupo México opera en total impunidad.
“Se atienen a que nosotros no tenemos los recursos y los abogados no se quieren pelear de a gratis con Grupo México”, destacó. “Todo es en términos de lo que la empresa dice. Paga para que le hagan los estudios y todo. Y si dice que ya todo está bien, se cierra el caso sin cerciorarse. Es una impunidad total”.
LAS AFECTACIONES EN MÉXICO
Grupo México ocupa el primer lugar en producción minera en México y Perú, el tercero en Estados Unidos y el cuarto a nivel mundial. En el año 2020, la empresa tuvo ventas por 8 mil 566 millones de dólares, según su reporte financiero.
En México ha recibido 333 concesiones de las secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia hasta 2063 y algunas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
No obstante, de las concesiones otorgadas en Áreas Naturales Protegidas ninguna está en operación, según muestra el Portafolio de Proyectos Mineros de 2020.
La empresa del segundo hombre más rico de México es señalada de provocar los peores desastres ambientales. Foto: Cuartoscuro.
De las concesiones que sí están en operación, algunas han ocasionado daños ambientales y laborales, según ha documentado la organización PODER y las propias víctimas.
Las que destacan, debido a lo mediático que se han vuelto los casos, son las siguientes:
–Pasta de Conchos
El 19 de febrero de 2006 se registró una explosión en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, en la que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. En ese año se inició el rescate que se suspendió un año después y los cuerpos continúan sepultados.
La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000.
La semana pasada, la Organización Familiares Pasta de Conchos y el Centro Prodh le dieron un plazo al Estado mexicano de un mes para dar respuesta a los peticionarios en el litigio ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra los mineros.
La mina de Pasta de Conchos permanece cerrada desde el año 2006 cuanto se suscitó una explosión que costó la vida de 63 mineros. Foto: Cuartoscuro.
–Afectaciones en Río Bolaños
Una ruptura en la presa de jales de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran mercurio, plomo y arsénico en el Río Bolaños en Jalisco en 2010, lo que causó la muerte de peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas.
–Río Sonora
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
Las afectaciones a las comunidades han sido tanto en salud como de agua limpia para consumo, recreación y producción agrícola y ganadera, acusaron los Comités de Cuenca Río Sonora a siete años del derrame.
El 13 de febrero de 2017, a sólo tres años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa cerraron unilateralmente el Fideicomiso Río Sonora sin cumplir el compromiso de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, por lo que los habitantes de los siete municipios afectados aún cargan con el costo de las enfermedades, los medicamentos y de los garrafones por las altas cantidades de arsénico y plomo en el agua, reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en noviembre pasado.
Las afectaciones a las comunidades han sido tanto en salud como de agua limpia para consumo, recreación y producción agrícola y ganadera. Foto: Cuartoscuro.
–Muerte de mineros en San Luis
El 12 de febrero de 2016 cinco trabajadores fallecieron en la mina de carbón Charcas en San Luis Potosí y en octubre dentro de su mina La Caridad se volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en Nacozari de García, Sonora.
–Derrame en Sombrerete
En mayo de 2019, agricultores y ganaderos del municipio de Sombrerete denunciaron al Gobierno del estado y a dirigentes sindicales de la Unidad Minera San Martín, que pertenece al Grupo México, por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad.
Protestas contra Grupo México por derrame en Mar de Cortés. Foto: Cuartoscuro.
–Derrame en Mar de Cortés
El 9 de julio de 2019, una falla en las válvulas de las tuberías de Grupo México durante un proceso de trasvase en la Terminal Marítima de Guaymas, provocó el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, informaron autoridades portuarias.
Metalúrgica de Cobre de México, subsidiaria de Grupo México, informó que la fuga ocurrió alrededor de las 15:00 horas del martes y no ocasionó daños a personas.
