El representante adjunto de la ONU-DH en México, Jesús Peña Palacios, manifestó la preocupación del organismo ante las cifras de graves violaciones de derechos humanos, el incremento de las agresiones a mujeres y adolescentes, en el marco de las protestas feministas, y la alta tasa de impunidad en el país.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo) Al menos 18 defensores de derechos humanos fueron víctimas de ejecución extrajudicial, 29 de desaparición forzada y 441 de detención arbitraria en menos de un año: del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, expone el “Décimo Informe Defender los Derechos Humanos en México: sin Verdad y sin Justicia no hay transformación”, realizado por el Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh).
Durante la presentación del informe, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), manifestó la preocupación del organismo ante las cifras de graves violaciones de derechos humanos, el incremento de las agresiones a mujeres y adolescentes en el marco de las protestas, así como el alto grado de impunidad que persiste en el país.
“Hemos ha podido observar avances, pero las últimas cifras nos indican que más del 90 por ciento de los crímenes siguen en la impunidad y la baja tasa de éxito en la sanción de estos crímenes envía un mensaje peligroso de que tales crines tienen cero consecuencias”, comentó Palacios.
El representante de la ONU también puso énfasis en recordar que “el Estado mexicano tiene la obligación prevenir, respetar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos de todos los individuos que se encuentran en territorio nacional”.
Por su parte, activistas de derechos humanos destacaron que la memoria, la verdad y la justicia, así como prevenir y sancionar las violaciones de los derechos humanos en México es un tema que sigue pendiente, mientras los mecanismos de represión se han mantenido en el país.
“Lo que vemos con este Gobierno es que, si bien ha hecho reconocimientos públicos, como reconocer las desapariciones forzadas, no vemos un proceso de justicia en el que se pueda terminar la impunidad en el país”, expresó Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), durante la presentación del reporte.
Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red DT), dijo que cada uno de los gobiernos en turno han intentado con distintos discursos, acciones mediáticas y ajustes institucionales atender la grave crisis de derechos humanos que vive el país; sin embargo, planteó, a la fecha la violencia estructural y los mecanismos de represión siguen presentes y continúan en una especie de inercia.
“Lo que podemos ver en este documento es que han cambiado los colores, el discurso, se han revestido y se han hecho ajustes más mediáticos, públicos y populistas, pero desafortunadamente a nivel estructural, hay tendencias e inercias que no se han logrado desatar”, expresó el defensor de derechos humanos.
Las agresiones contra activistas y defensores persisten en México, destaca informe. Foto: Cuartoscuro
GRAVES VIOLACIONES A DDHH
Al menos 290 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos se han registrado en México desde el año 2006 a mayo de 2021. El año 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es hasta ahora el que tiene el mayor número de estas violaciones al registrarse 49 ejecuciones extrajudiciales.
En el periodo que comprende el citado informe, del 01 de junio al 31 de mayo, se registraron 18 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 17 víctimas eran hombres y una mujer. La mayoría de estas se perpetraron en Oaxaca (seis), Chiapas (cuatro) y Sonora (dos).
De las 18 víctimas, al menos 10 eran defensores del territorio, dos del medio ambiente, dos defensores de derechos humanos dos de la vida digna y 1 que defendía derechos laborales.
Al respecto, Jesús Peña, representante de la ONU, aprovechó la presentación para recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir y sancionar la violación del derecho a la vida.
“Es el momento para recordar lo que nos menciona el Comité de Derechos Humanos al afirmar que la obligación de proteger el derecho a la vida exige que los estados adopten medidas especiales para proteger la vida de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, cuya vida corre riesgo por amenazas concretas o por pautas preexistentes de violencia, como son las situaciones que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos”, dijo.
Además, 29 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada entre el mes de junio del 2020 a mayo del 2021. Del total de las desapariciones, de acuerdo con el informe, 13 se registraron en Jalisco, seis en Chiapas, tres en Tamaulipas, dos en Guerrero, y en Baja California, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Sonora, se reportó un caso por cada entidad.
ALZA DE AGRESIONES A MUJERES EN PROTESTAS
Francisco Cerezo Contreras, del Comité Cerezo México, detalló que en el mismo periodo se cometieron además 441 detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos y activistas, de las cuales, 251 se cometieron entre Chiapas, Michoacán y Jalisco; en tanto que; los 190 restantes se registraron en otros 15 estados.
En el año 2018, por ejemplo, se registraron 419 detenciones arbitrarias, para el 2019 bajaron a 219, pero al año pasado, 2020, volvieron a subir a un total de 432 detenciones, los niveles que dejó Enrique Peña Nieto. De enero a, 31 de mayo de 2021 se han realizado 141 detenciones arbitrarias.
En el 89 por ciento de los casos, de acuerdo con el informe, no existieron elementos para mantenerlos en prisión, lo que indica que fueron detenciones para castigar o disolver manifestaciones.
Francisco Cerezo resaltó que en el periodo que comprende el informe hubo un aumento de las agresiones a mujeres en el contexto de la protesta. Esto, dijo, se debió a que la creciente violencia de género obligó a las mujeres a salir a la calle “la represión se ensañó en contra de ella”.
Por su parte, el representante de ONU coincidió en que desde la Oficina del Alto Comisionado también han recogido incidentes preocupantes sobre el alza de detenciones contra mujeres y adolescentes en el marco de las protestas.
“En ese sentido es importante recordar que el Estado tiene la obligación de proteger y no obstaculizar el derecho (a la libertad de expresión y protesta)
Además, destacó que han observado que el Estado ha tratado de justificar el uso de la fuerza por la “alteración del orden y la molestia al tercero”, debido al carácter no pacifico de ciertos elementos participantes (pequeños grupos que vandalizan), lo cual, rechazó.
“Creo que es muy importante recordar la observación 37 que nos dice que actos aislados de violencia cometidos por algunos participantes no deberían ser atribuidos a otros, o los organizadores o a la reunión. El Comité también nos dice que la violencia contra una reunión pacífica por parte de autoridades o agentes provocadores no resta a la reunión su carácter pacífico”, dijo.
El informe destaca un aumento en las agresiones a mujeres y adolescentes activistas en el marco de la protesta social. Foto: Montserrat Soriano, SinEmbargo.
Por otra parte, el funcionario de la ONU también alertó que han observado que el Gobierno federal cae en la tentación de atribuir la violencia contra las personas defensores, a las entidades federativas, a los actores locales o al crimen organizado.
“Este discurso nos pareciera llevar al Estado mexicano a exonerarse de una responsabilidad frente a la violación y consolidaría una impunidad preexistente como uno de los principales factores de la perpetración de los abusos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos”, comentó.
Finalmente, el representante de la ONU destacó con especial preocupación que la impunidad en México ha sido uno de los principales factores violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y en ese contexto, reiteró que “el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos de todos los individuos que se encuentran en territorio mexicano”.
“La omisión de sancionar las violaciones cometidas por autoridades estatales, municipales o agentes federales, constituye alguna violación a los derechos humanos”, apuntó.
