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Cámaras empresariales dicen que no es su culpa la falta de agua, pero especialistas evidencian su responsabilidad, así como la ausencia de fiscalización gubernamental.

Por Kennia Velázquez

Ciudad de México, 30 de marzo (PopLab).- La industria de alimentos y bebidas chatarra utiliza un argumento falaz al atribuir la crisis hídrica de muchas regiones del país a “la falta de infraestructura” y no al uso intensivo que ellos practican. Su defensa lo único que expone es su resistencia a hacer un uso racional del líquido y la ausencia de la función fiscalizadora de las autoridades del país, señalan activistas y académicos que han analizado el problema.

Las industrias de bebidas y comida chatarra rechazan que la extracción de agua tenga relación con el desabasto que viven algunas comunidades. “Las empresas abusan del marco legal, abusan de la falta de capacidad de fiscalización. Estas grandes transnacionales en otros países acatan cabalmente la ley, pero en México no lo están haciendo”, indicó Nathalie Seguin Tovar, coordinadora de Red Mexicana de Acción por el Agua.

Según José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, “la falta de acceso al agua se debe más a un problema de infraestructura de distribución en el país, que a un problema de carencia, o de que otros usos menores -como el industrial-, sean responsables de la carencia o escasez del recurso para los habitantes de distintas localidades”. Sin embargo, activistas, académicos y organizaciones discrepan de esta idea.

La organización no gubernamental, Oxfam y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) documentaron como las refresqueras, junto con otras industrias, “gozan de grandes cantidades de agua para la producción de sus mercancías, no ocurre lo mismo con la población en general, lo que profundiza la desigualdad”.

Y no sólo es la cantidad de agua, sino la forma en que la extraen, explica Seguin, “cuando un pozo es suficientemente profundo y tiene una bomba potente, que está succionando con mucha fuerza, no sólo se extrae agua del flujo subterráneo, sino que además jala otros flujos que podrían estar alimentando manantiales o norias, rompiendo el ciclo del agua, en una dinámica muy invasiva, pues las trasnacionales tienen grandes presupuestos para llegar a donde sea, con las mejores bombas para succionar las 24 horas”.

Eso hace que además se extraigan minerales como arsénico o flúor, “que están presentes de manera natural en el suelo y que perfectamente se podrían controlar si hubiera un manejo sostenible del manejo de agua subterránea y lo que están haciendo es que los flujos subterráneos estén contaminados de minerales naturales, presentes en el subsuelo, mucho más rápido de lo que debería de ser”, indicó la especialista.

Ardavin dice que el uso del agua con fines industriales representa tan sólo tres por ciento de todos los usos consuntivos del agua en México “no puede ser responsable de las faltas o carencias del uso doméstico y público-urbano, que representa casi cinco veces más que aquel”, dice en su réplica al reportaje En un país con sed, sobra el agua para la industria de las bebidas chatarra. Seguin explica, en la categoría de uso público y urbano “hay muchísimas, pequeñas y medianas industrias que están conectadas directamente a la red de uso doméstico, de ese porcentaje, sólo el 0.05 por ciento es para casas habitación”.

Manuel Llano, director de CartoCrítica dice que “no es la contabilidad nacional la que importa, sino el contexto de cada cuenca acuífero donde se instala, pues no toda el agua es igual, hay un acaparamiento por parte de la industria de las fuentes de agua subterráneas poco profundas y de fácil acceso, dejando a los organismos operadores la tarea de sacar agua de mayores profundidades que resulta ser agua fósil, con arsénico y fluoruro”.

La UNAM y Oxfam señalan que mientras han aumentado los volúmenes para las industrias, “la red de distribución de agua potable no experimentó el crecimiento y desarrollo necesario para garantizar el acceso permanente en cantidad y calidad de agua para colonias y pueblos, toda vez que la expansión de la red ha respondido más a intereses empresariales y actores privilegiados por los organismos municipales y estatales”.

El informe encontró que 63 plantas refresqueras se encuentran en acuíferos administrativos sin disponibilidad de agua, en algunas zonas se han generado conflictos y las autoridades “no actuaron en favor de los derechos de los ciudadanos para que poseyeran un uso asequible, en calidad y cantidad de agua, al contrario, promovieron el uso industrial”. Las plantas se concentran principalmente en el centro del país, “región en la que forman auténticos corredores industriales y territorios de grandes concentraciones de agua”.

“Si queremos asegurar la disponibilidad de agua para uso y consumo humano, para la economía, para la agricultura, necesitamos saber cuáles son esas zonas que tenemos que cuidar para mantener el ciclo del agua vivo” dice Seguin Tovar.

Conagua pretexta que no tiene suficiente gente para realizar las inspecciones, pero “el dinero que tiene debe ayudar a cerrar las brechas de desigualdad de acceso al agua y no invertir todo en infraestructura, que únicamente benefician a las grandes empresas”. La activista explica que actualmente se cuentan con aparatos de medición en los pozos, que no sólo informan de la cantidad de litros extraídos, sino además velocidad de extracción, “eso nos puede dar información que es necesaria para poder hacer una gestión sostenible del agua subterránea”.

Por otro lado está el costo real, “que según el tipo de concesión en algunos casos puede ser prácticamente regalada, se hará diferencia cuando las autoridades le pongan un precio adecuado al uso del agua para lucro y la midan en todos los pozos concesionados”, dice Seguin.

Según la Industria Mexicana de Coca Cola por cada litro de refresco que producen, se gastan 1.62 litros. En la misiva enviada a POPLab, Arvin dice que son 1.56 litros y que “es inexacto y sacado de contexto” que sean 35.4 litros de agua para producir medio litro de bebida, pues “sumaron toda el agua que usan todos los insumos agrícolas, resinas y pasos intermedios previos a la cadena de producción en las plantas”. Efectivamente, es lo que se conoce como huella hídrica, es decir el agua que cuesta fabricar un producto tomando en cuenta todo el proceso y es por eso que los refrescos provocan tanto daño a la salud y al medio ambiente.

Pero aún si sólo se consideran los 1.56 litros para producir uno de refresco, las cuentas no cuadran, como en la planta de Coca Cola en León, que producen 728 millones de litros aún cuando tienen permitido extraer sólo 690 millones de litros de agua. Si nos atenemos a sus cifras, en total consumen mil 135 millones 680 mil litros de agua.

El vocero de los empresarios dice que la industria “tiene una amplia cobertura de tratamiento de sus aguas residuales, e implementadas prácticas de apoyo a las comunidades y de reabastecimiento de las cuencas en las que opera, en beneficio de la gestión sostenible del agua en general”.

Al respecto, Llano sostiene que “hay contaminación de los cuerpos de agua superficiales por las descargas tóxicas de la industria, lo que tampoco permite el uso doméstico de esta agua. Además, vender agua con azucares y para cada unidad de agua vendida, consumir 30 veces más, en definitiva no es un uso rentable del agua”.

La UNAM y Oxfam discrepan y señalan que “el arreglo institucional que caracteriza la política de los derechos de agua, facilita la posibilidad de que quienes han sido beneficiados con esta, determinen mutuo propio el destino de sus aguas en transmisión, bajo una lógica de interés privado; desfavoreciendo a las personas y comunidades que se encuentran en una relación asimétrica frente a las industrias acaparadoras del agua”.

LA FALTA DE AGUA PROVOCA AUMENTO DE CONSUMO DE REFRESCOS 

Un análisis que revisó la eficacia del impuesto a bebidas azucaradas en México encontró que el consumo de refrescos es alto en los países donde el acceso al agua potable gratuita es limitado, pues un punto fundamental es la accesibilidad.

En un ambiente obesogénico como el mexicano es más fácil encontrar un refresco que contar con agua potable. El artículo recuerda que durante el sexenio pasado se prometió que las escuelas contarían con bebederos para inhibir el consumo de refresco, sin embargo el programa fracasó por malos manejos, además las instituciones tienen dificultades para contar con agua de calidad de manera continua: de las 206 mil 155 escuelas públicas existentes, 42 mil 617 la obtienen de pozos o de pipas y seis mil 489 no tienen acceso al agua.

“La inseguridad del agua diluye los beneficios de la salud y financieros del impuesto a refrescos”, dice el documento. Y las alternativas son “que las personas consuman agua del grifo que requiere ser purificada lo que implica un costo extra o que se hidraten de fuentes inseguras que causan enfermedades gastrointestinales o que la presencia de productos químicos, pesticidas y otros tipos de contaminantes no filtrables provoquen riesgos a la salud con efectos a largo plazo.

El Gobierno debe invertir en la fuente más saludable de hidratación: el agua”, concluye el documento.

UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En el informe de la ONU Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua, se “insta a las empresas a que, para cumplir con sus responsabilidades en relación con los derechos, contribuyan con su esfuerzo y apoyen los que se realicen para asegurar la disponibilidad de agua salubre y en cantidad suficiente para todos”.

Pero además pide a los Estados que adopten medidas necesarias y efectivas para impedir que terceros contaminen y exploten de forma no equitativa los recursos hídricos, recordando que se debe dar prioridad a los usos personales, domésticos, agrícolas a pequeña escala para el ejercicio del derecho a la alimentación; así como asegurar el suministro de agua salubre suficiente para los ecosistemas de agua dulce.

La Organización de las Naciones Unidas recuerda que “las empresas contribuyen en gran medida a la contaminación y sobreexplotación del agua” y que algunas provienen de países de altos ingresos y aprovechan que las normas ambientales y de derechos humanos son menos estrictas o no se cumplen en los países de bajos ingresos.

El relator David R. Boyd explica que hay diferentes valores del agua: para la vida, de interés público, para la economía y agua delito.

El agua para la vida se refiere a los usos y funciones que son necesarios para sustentar la salud y la dignidad de las personas. “Estamos hablando de cantidades que representan un pequeño porcentaje que no llega al cinco por ciento del agua que extraemos de la naturaleza para diversos usos. Ningún río o acuífero se va a secar porque extraigamos el agua necesaria para satisfacer los derechos humanos al agua potable y al saneamiento”.

El agua de interés público es aquella destinada a usos, servicios y actividades de interés general para el conjunto de la sociedad. El agua para la economía es la que se usa en actividades productivas que generan beneficios e ingresos para quienes las realizan. Y el agua delito se refiere a usos en actividades ilegítimas que generan impactos inaceptables, por extracciones abusivas o vertidos de sustancias peligrosas, que ponen en peligro la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas.

AGUA PARA TODOS

Durante los últimos ocho años la sociedad civil se ha movilizado para impedir que se aprueben leyes que no toman en cuenta los derechos humanos, actualmente se encuentran trabajando distintas organizaciones con el Legislativo para que México tenga una nueva legislación y que ésta sea integral.

Es urgente que la nueva ley dote de herramientas a Conagua para que pueda realizar su trabajo de manera eficiente, que haga un manejo democrático del agua para permitir el respeto y regeneración de los ecosistemas y que acabe el acaparamiento y se priorice la calidad para todos los habitantes y para alcanzar la soberanía alimentaria. También es urgente acabar con la corrupción, la impunidad y la opacidad en la gestión.

El cambio climático y la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, obligan a abrogar la actual ley, que a todas luces es inoperante. Sin embargo, ya antes de la pandemia el modelo había mostrado su inoperancia: dejar la gestión del agua en manos privadas y renunciar a la rectoría del estado nos ha llevado a la peor gestión del vital líquido en la historia del país, justo cuando más urge un modelo que privilegie los derechos de las personas y de las comunidades.

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