La autoproclamada república de Nagorno Karabaj informó a través del Defensor del Pueblo y el portavoz del líder del territorio separatista de “decenas de civiles heridos” y de dos víctimas mortales entre la población civil, un niño y una mujer.
Tiflis, 27 de septimbre (EFE).- El Gobierno de Armenia decretó este domingo la ley marcial y una movilización general ante la escalada del conflicto con Azerbaiyán en la zona de Nagorno Karabaj.
“Por una resolución del Gobierno, se declara la ley marcial y una movilización general en la República de armenia”, señaló el Primer Ministro, Nikol Pashinián, en su cuenta oficial de la red social Facebook.
El mandatario instó al personal militar a presentarse en lo cuarteles territoriales “por el bien de la patria y de la victoria”.
Armenia y Azerbaiyán se encuentran en estado de guerra desde 1991, si bien tres años después firmaron un alto el fuego, vigente hasta hoy día aunque con violaciones denunciadas por ambas partes.
El Presidente del territorio separatista de Nagorno Karabaj, Araik Arutiunián, también ha decretado la ley marcial y la movilización general de las personas mayores de 18 años, según señaló su portavoz, Vagram Pogosián, en la red social Facebook.
Las movilizaciones en Armenia y Nagorno Karabaj se producen después de que el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán lanzara hoy una “contraofensiva” en toda la línea de contacto en respuesta a los ataques que, asegura, Armenia efectuó a primera hora de la mañana contra posiciones azerbaiyanas y asentamientos civiles.
El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, dijo que, “como resultado del bombardeo del ejército armenio hay pérdidas en las filas de las Fuerzas Armadas y entre la población civil”.
El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán negó sin embargo que el “ejército azerbaiyano tenga como objetivo la población civil, los bienes civiles y la infraestructura civil”. Foto: Armenia Defence Ministry Press Service vía EFE.
El mandatario aseguró en un mensaje televisado a la nación que Bakú “no dejará las acciones armenias sin respuesta”.
Pashinián denunció a su vez en su cuenta de Twitter “ataques aéreos y misiles contra Artsaj” -nombre armenio de Nagorno Karabaj-, y aseguró que el ejército hará todo para proteger a “nuestra patria de la invasión azerbaiyana”.
Presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev. Foto: Armenia Defence Ministry Press Service vía EFE.
Según el Ministerio de Exteriores armenio, Azerbaiyán lanza misiles “contra asentamientos pacíficos, incluida la capital (de Nagorno Karabaj), Stepanakert”.
La autoproclamada república de Nagorno Karabaj informó a través del Defensor del Pueblo y el portavoz del líder del territorio separatista de “decenas de civiles heridos” y de dos víctimas mortales entre la población civil, un niño y una mujer.
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El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán negó sin embargo que el “ejército azerbaiyano tenga como objetivo la población civil, los bienes civiles y la infraestructura civil”.
Por contra, acusó a Armenia de “colocar deliberadamente sus puestos de tiro dentro y cerca de los asentamientos” poblados.
El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la pasada década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25 mil muertos.
Al término de los combates, las fuerzas armenias se hicieron con el control del Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos, que llaman “franja de seguridad”, para unirlo a Armenia.
At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.
Azerbaiyán sostiene que la solución al conflicto con Armenia pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Armenia, por su parte, apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno Karabaj y aboga por la participación de los representantes del territorio separatista en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.
Este 15 y 16 de septiembre, 11 municipios y tres localidades no festejarán el Grito de Independencia por cuestiones de seguridad pública, en los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Asimismo, existe la posibilidad de que otros ocho municipios de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí vean comprometidas sus fiestas patrias por conflictos sociales, daños relacionados con los sismos de 2017 y/o riesgos en materia de seguridad ciudadana.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La capital del país se prepara para el Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el tradicional desfile militar del 16 de septiembre. Mientras al balcón principal de Palacio Nacional “le están dando una chuleada” para los festejos, tal y como dijo AMLO, en algunos municipios y localidades fueron suspendidas las celebraciones por la falta de condiciones de seguridad pública para realizarlas, de acuerdo con información de distintas autoridades locales.
“Voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia y recordar con cariño a las madres y padres de la patria. Les invito a esta fiesta; vengan con toda su familia celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, elotes, tamales… Todo eso va a haber en el Zócalo”, dijo el Presidente en un video publicado el 12 de septiembre en sus redes sociales.
Para evitar altercados y garantizar la seguridad de los capitalinos, el Primer Mandatario pidió a la población no asistir con armas, drogas y/o alcohol porque “eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos”, ya que México vive una “época de la no violencia” en el marco de la “fiesta del pueblo”. Por ello, destacó que “la cuarta transformación significa alegría”.
Sin embargo, la fiesta y el contento palidecerán este fin de semana en algunas regiones del país. Al menos 11 municipios y tres localidades no festejarán el Grito de Independencia este domingo, por cuestiones de seguridad pública y conflictos sociales.
El Presidente AMLO dará el Grito desde Palacio Nacional en un momento de gloria para su movimiento (Morena), pero con una deuda y un gran reto en materia de seguridad pública. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
En los municipios michoacanos de Buenavista y Tepalcatepec fueron canceladas las celebraciones por una balacera que ocurrió el 8 de septiembre y por temor a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agreda a la ciudadanía.
El miedo que se esparce en algunas localidades de Michoacán no es infundado. Hace 11 años, el 15 de septiembre de 2008, la Plaza de Melchor Ocampo (Morelia) fue el escenario de un ataque del cártel de La Familia Michoacana, en que fueron detonadas cinco granadas que dieron muerte a ocho personas, además de dejar un saldo de más de 100 heridos.
“Hace 10 años un cobarde ataque cambió la historia de Michoacán. Para quienes amamos esta tierra ningún acto cambiará el anhelo de alcanzar la paz y la armonía en todas y en cada una de nuestras comunidades”, expresó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante una ceremonia en 2018.
En Morelos también habrán suspensiones. El municipio de Jiutepec celebrará la Independencia; sin embargo, dos de sus colonias, Atlacomulco y Otilio Montaño no disfrutarán de fuegos artificiales o de aguas de sabores. Allí, las autoridades determinaron suspender actividades por riesgos de seguridad ciudadana, en una entidad federativa que padece la violencia del crimen organizado.
De acuerdo con el Almirante José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el repunte de homicidios dolosos en Morelos se debe a la disputa entre grupos criminales. En agosto, Ortíz reconoció que “la mayoría” de los homicidios registrados en el estado estaba relacionada con el cártel de Los Rojos, que busca “exterminar [a] uno de los grupos antagónicos que está operando en Morelos”.
OTROS CASOS
El Grito de Independencia fue celebrado por prístina ocasión el día 16 de septiembre de 1812; es decir, dos años después del llamado de Miguel Hidalgo y Costilla para que el pueblo mexicano se independizara de los españoles. Sin embargo, algunas localidades se han visto obligadas a romper con más de 200 años de tradición debido a las condiciones de violencia por las que atraviesa el país.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, en el último año, los delitos del fuero común aumentaron en 5.4 por ciento. Sólo en los primeros siete meses de 2019 fueron cometidos 234 ilícitos por hora (12 delitos más por hora que en 2018). Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Zacatecas y Sonora tuvieron las 10 tasas de homicidio doloso más elevadas durante los primeros siete meses de este año.
Pese a la crisis de violencia, el próximo año el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) –que sirve para profesionalizar y equipar a las policías municipales– tendrá un recorte de 25.2 por ciento en comparación con el presupuesto de este año (pasó de cuatro a tres mil millones de pesos).
En algunos municipios, como en Cuernavaca, Morelos, el desfile de policías es el pan de cada día, por la situación de violencia que impera. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro.
Parte de este dinero (100 mdp) fue destinado a seis municipios de Oaxaca en que hay un alto grado de violencia e inseguridad (Juchitán, Oaxaca, Salina Cruz, San Juan Bautista, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino). Sin embargo, existen localidades como Santiago Huajolotitlán y Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna en que las autoridades cancelaron los festejos de este fin de semana, por una serie de conflictos sociales que sobrepasan la capacidad de los cuerpos de seguridad y que ponen en riesgo a la ciudadanía.
Entre los municipios en que no hay condiciones de seguridad suficientes para celebrar el Grito de Independencia están, además, los municipios poblanos de Acatlán, Ahuazontepec, Guadalupe Santa Ana y San Martín Texmelucan, donde las autoridades locales y el Gobernador Miguel Barbosa Huerta han confirmado que no habrá festejos. También están los municipios de Empalme (Sonora), Hueyotlipan (Tlaxcala), Oxkutzcab (Yucatán) y la localidad San Marcos de León en el municipio veracruzano de Xico.
Además de los 11 municipios y tres localidades que no festejarán la Independencia este domingo, existe la posibilidad de que un municipio de San Luis Potosí (Tanquián de Escobedo), uno de Hidalgo (Ixmiquilpan) y seis más de Puebla (Amozoc, Cohechan, Cuyoaco, Tehuitzingo, Tepeaca y Tepexco) no puedan celebrar debidamente por conflictos sociales, daños relacionados con los sismos de 2017 y/o riesgos en materia de seguridad ciudadana.
EL REFUERZO EN SEGURIDAD
En las 32 entidades federativas se espera que haya despliegues de operativos de seguridad pública. No obstante, las autoridades de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Zacatecas ya confirmaron medidas de seguridad adicionales para preservar el orden público.
Un caso icónico es el de Guerrero. En esta entidad federativa en que hay 350 grupos del crimen organizado –según el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó– habrá un despliegue de 2 mil efectivos en siete regiones estratégicas, con un “blindaje especial” por parte de militares, marinos, Guardia Nacional, policías municipales y estatales durante la noche del Grito, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública estatal David Portillo Machaca, y el vocero de la mesa de coordinación por la pacificación de Acapulco, Ernesto Manzano Rodríguez.
En Villahermosa, Tabasco, habrá un blindaje similar con 690 policías preventivos que serán apoyados por castrenses y policías estatales. Asimismo, en Veracruz serán desplegados 13 mil elementos estatales y federales para “cuidar” las ceremonias de Independencia. Y el municipio de Armería, en Colima, será resguardado por la Marina, en coordinación con las policías estatal y federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y la Cruz Roja.
Entre los casos destacados también está el de Guanajuato. En esta entidad federativa ocurrieron tres masacres en Valle de Santiago y Salamanca durante los primeros cuatro meses de gobierno de AMLO, que dejaron un saldo de 20 asesinatos por presuntos ajustes de cuentas entre células del crimen organizado.
Ahí, municipios como el de Apaseo El Grande podrían verse obligados a modificar el horario de festejo para evitar exabruptos. Apenas el día 12 de septiembre, tres personas fueron ejecutadas en la zona sur de Guanajuato; y sólo en lo que va de este mes, hubo al menos 40 homicidios dolosos.
En Morelos también hubo una matanza hace 10 días. Una balacera en la Central de Autobuses de Cuernavaca cobró cinco vidas y puso, tentativamente en riesgo, los festejos en la ciudad. Sin embargo, las autoridades estatales informaron que no serían suspendidos los eventos de los días 15 y 16 de septiembre. Lo mismo habría de aplicar para los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán y Tetecala, donde la violencia de las últimas semanas puso en entredicho la época de festejos.
Hasta el momento ha sido confirmado por las autoridades locales que los municipios de Mexicali (Baja California), Tulum (Quintana Roo), además de la Delegación capitalina de Tláhuac y cinco municipios de Nuevo León (Monterrey, Nuevo León, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina) suspenderán el uso de fuegos artificiales para garantizar la seguridad pública. Y en el caso de la Delegación capitalina de Álvaro Obregón, la delegada Layda Sansores San Román anunció el despliegue de 440 policías.
Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.
SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.
Mineros marcharon el pasado 19 de febrero desde la Segob al Ángel de la Independencia, en la CdMx, a 12 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde murieron 65 mineros cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.
Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.
Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.
“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.
En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.
Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será negada.
“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.
Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.
MANGA ANCHA A MINERAS
El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.
Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.
Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.
Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.
“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.
La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.
A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.
La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.
La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.
“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.
La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.
No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.
La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.
“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.
La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.
El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.
La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.
La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.
Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.
“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.
Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.
“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.
¿Cuáles son las principales amenazas para los mamíferos paquidermos? Según el análisis, la caza furtiva y el comercio de marfil, la pérdida del hábitat y la fragmentación, así como los conflictos humanos y el cambio climático tienen en jaque a la especie que juega un importante papel tanto en la naturaleza, como en la sociedad.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Actualmente, África cuenta con apenas 352 mil 271 elefantes de sabana africana en 18 países, lo cual representa una caída del 30 por ciento en siete años, de acuerdo con el último Gran Censo de Elefantes realizado entre 2014 y 2015.
En Botswana es donde se concentra el mayor número de elefantes, con un total de 130 mil 451, le sigue Zimbabue con 82 mil 304; mientras Camerún es el que menos paquidermos posee, con apenas 148. En Angola hay 3 mil 395, en Chad, 743; República Democrática del Congo cuenta con mil 959, Etiopía con 799; Kenia, con 25 mil 959; Malawi, con 817; Mali, con 253; Mozambique, con 9 mil 605; Sudáfrica, con 17 mil 433; Tanzania, con 42 mil 871; Uganda, con 4 mil 864; W. África, con 8 mil 911; y en Zambia hay 21 mil 759.
El estudio señala que desde el punto de vista ecológico, los elefantes africanos son una especie clave; visto por el tema económico, son los conductores del turismo; y culturalmente, son considerados iconos del continente.
Pero, ¿cuáles son las principales amenazas para los mamíferos paquidermos? Según el análisis, la caza furtiva y el comercio de marfil, la pérdida del hábitat y la fragmentación, así como los conflictos humanos y el cambio climático tienen en jaque a la especie que juega un importante papel tanto en la naturaleza, como en la sociedad.
“Más de 350 mil elefantes todavía recorren las sabanas de África, pero en muchas áreas sus poblaciones se están hundiendo. Es necesario actuar para revertir el deterioro en curso”, alertó el Censo. Foto: Shutterstock.
CAZA FURTIVA Y VENTA DE MARFIL, LAS GRANDES AMENAZAS
El análisis menciona que existe una correlación entre la venta legal de marfil y el aumento de la caza furtiva. Y sí, de 1979 a 1989, cerca de la mitad del total de los elefantes africanos fueron asesinados por su marfil, por lo que el mismo año, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) introdujo a dichas estos mamíferos en el Apéndice I donde se prohíbe el comercio internacional de marfil.
Para 1997, la CITES transfirió al Apéndice II las poblaciones de elefante africano de Botswana, Namibia y Zimbabwe, con lo que permitió la exportación experimental de marfil almacenado y quince años después aprobó una segunda exportación de 60 toneladas métricas de marfil almacenado.
El Gobierno de Estados Unidos, en 2013, quemó sus reservas de seis toneladas de marfil. El año pasado, Barck Obama, Presidente de EU, y Xi Jinping, mandatario chino, anunciaron que ambos países prohibirían todas las importaciones y exportaciones de marfil y los mercados nacionales de marfil cercanos, pero no fijaron fechas específicas.
No obstante, este año EU promulgó una prohibición casi total de los intercambios comerciales de marfil de elefante africano.
LOS ELEFANTES SE QUEDAN SIN LUGAR PARA VIVIR
La pérdida del hábitat es otro de los problemas que ponen en riesgo la existencia de los mamíferos paquidermos. El Gran Censo documentó que en 2007, el entorno de los elefantes africanos se redujo en más de un 50 por ciento comparado con los niveles registrados en 1979.
Para el año pasado, la población de estos animales alcanzó su tamaño más bajo desde 1979 y aunque importantes manadas se encuentran en áreas protegidas, menos del 20 por ciento de sus hábitats están resguardados formalmente.
EL CAMBIO CLIMÁTICO PONE EN JAQUE A LOS PAQUIDERMOS
El cambio climático supone otra gran preocupación para los conservacionistas de los elefantes, por lo que el Gran Censo recordó la existencia de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el que se advierte que ningún continente será golpeado tan severamente por los impactos del cambio climático como África.
“En África, las presiones creadas por periodos secos más largos y por espacios para vivir más reducidos, hacen del elefante un animal altamente vulnerable al cambio climático”, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los conflictos humanos también están provocando la desaparición de los elefantes africanos. El estudio advierte que a medida que los asentamientos humanos crezcan, también lo hará el potencial de conflicto entre personas y elefantes, lo cual ocasionará muertes de paquidermos, así como la pérdida de su hábitat a consecuencia de la agricultura y los incendios, además del potencial de extirpación de estas poblaciones.
El análisis revela, por ejemplo, que Camerún –el país donde menos elefantes hay– es uno de los mayores mercados nacionales de marfil no regulados en África Central y tras sortear una crisis económica en 1980 y 1990, aún lidia con la corrupción, los conflictos por el petróleo y los levantamientos armados como el Boko Haram.
En este contexto, el Gran Censo señala que los datos fiables sobre las poblaciones de elefantes han sido escasos, y la aplicación inadecuada de los acuerdos representa, a la fecha, una barrera para detener el comercio ilegal de especies de la vida silvestre.
A principios de 2012, National Geographic informó que “cazadores furtivos extraordinariamente violentos, bien equipados y entrenados” protagonizaron una masacre masiva de elefantes en el Parque Nacional de Bouba Ndjida.
Finalmente, el análisis advierte que el futuro de los elefantes de la sabana de África depende de la determinación de los gobiernos, organizaciones de conservación y la sociedad en general, quienes en conjunto deben reforzar la lucha contra la caza furtiva y el conflicto entre humanos y elefantes, además de atender la conservación de los hábitats de estos animales.
“Más de 350 mil elefantes todavía recorren las sabanas de África, pero en muchas áreas sus poblaciones se están hundiendo. Es necesario actuar para revertir el deterioro en curso”, alertó el Censo.
LOS ELEFANTES A TRAVÉS DEL TIEMPO
En 1979, Iain Douglas-Hamilton completó el primer censo de elefantes, donde la estimación fue de 1.3 millones de mamíferos paquidermos en todo el continente africano. De ese año, hasta 1989, cerca de la mitad de dicha especie fue asesinada con el único fin de despojarla de su marfil.
Para 1995, las estimaciones de la caída de la población de elefantes llegó a casi 19 mil. Mientras en 1998 cayó aproximadamente en 10 mil, comparada con los niveles presentados tres años antes.
Si embargo, para 2007, la población mostró un incremento de 20 mil elefantes desde 2002, a pesar de ello, siguió representando la caída de más de medio millón de estos mamíferos desde el primer censo.
Tres años después, se llegó a la conclusión de que el 63 por ciento de los elefantes habían sido asesinados ilegalmente. Un par de años más tarde, The New York Times escribió que por cada 100 elefantes muertos, a 67 se les mató de forma ilegal.
La científica Fiona Maisels, en 2013, publicó su estimación: la población de elefantes africanos se redujo en dos tercios en diez años; y el año pasado alcanzó su punto más bajo desde 1979. Hoy por hoy, gracias al Gran Censo se sabe que 18 países africanos cuentan con 352 mil 271 especies.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
