Activistas y familiares de desaparecidos expresaron a la CNDH también su temor de no encontrar a sus seres queridos, pues acusaron que la Fiscalía “les amenazó” con desenterrar y manipular los restos de diferentes entierros clandestinas hallados en la entidad.
En diciembre del año pasado, familiares de
desaparecidos y
representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el obispo de Saltillo Raúl Vera López, visitó las fosas del poblado de Tetelcingo, Morelos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que la Fiscalía General de Morelos ha inhumado cuerpos de fosas clandestinas sin permisos, de manera clandestina, sin documentarlo y sin realizar las investigaciones correspondientes.
Durante un encuentro efectuado en las instalaciones del organismo, activistas y familiares de personas desaparecidas, expresaron también su temor de no encontrar a sus seres queridos, ya que acusaron, la Fiscalía “les amenazó” con desenterrar y manipular los restos de diferentes entierros clandestinas hallados en la entidad.
En este sentido, la Comisión propuso, “como muestra de colaboración para que pueda conocerse la verdad y obtengan justicia”, gestionar vías de encuentro con la Procuradora General Arely Gómez González y con el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu.
Por otra parte, la CNDH alertó que “en ocasiones las familias, en su desesperación, se ven obligadas a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad”, además se solidarizó con las familias y dijo que insistirá ante las autoridades de todos los niveles que cumplan con su obligación y ejerzan sus facultades.
El titular del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado, “ante el frecuente descubrimiento de fosas clandestinas, la desaparición de personas en distintos lugares del país y la urgencia de aclarar cada caso”, a las instituciones responsables de las indagatorias a realizar su trabajo “de manera expedita, ética y profesional”.
En tanto a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil, el Ombudsman nacional les expresó la “necesidad
de confiar en las instituciones y transitar por la vía del Derecho en las investigaciones”.
González Pérez aseguró, durante la reunión en la que también participaron funcionarios de diversas dependencias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), que para el organismo que preside “es prioritario atender a los familiares de las víctimas de estos dolorosos acontecimientos, y reiteró el compromiso institucional de no dejar esto en el olvido, detectar las violaciones a derechos humanos y exigir la verdad y el acceso a la justicia; enfatizó que es deber del Estado mexicano garantizar estos derechos”.
Por otra parte, Luis Raúl González también dio instrucciones al secretario técnico de la CNDH, Joaquín Narro Lobo, para que organice una reunión de logística con la Brigada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El Ombudsman nacional también solicitó al segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, que agilice la investigación sobre las fosas halladas en Tetelcingo, Cuatla, y que dé seguimiento a las medidas que la CNDH solicitó para preservar la zona.
En noviembre del año pasado, se dio a conocer que la Fiscalía General de Morelos en 2013, bajo la administración de Graco Ramírez, creó dos fosas clandestinas donde exhumaron decenas de cuerpos.
El caso se dio a conocer, luego de que la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez, quien fue secuestrado y asesinado en 2014, y de quien su cuerpo fue encontrado en esos entierros clandestinos, difundiera un video donde se observaba a cómo exhumaban decenas de cuerpos de esas dos fosas. El joven fue inhumado de manera ilegal en una de las fosas clandestinas pese a estar plenamente identificado.
Luego de que fuera exhibido la grabación, la Fiscalía de Morelos informó que había abierto un proceso penal y administrativo contra quien o quienes resulten responsables por la inhumación clandestina.
En el caso estaban implicados funcionarios y ex empleados de la dependencia.
Por su parte, también desde noviembre de 2015, la CNDH informó que había abierto una investigación por el hallazgo. Además solicitó medidas cautelares para la familia que hizo la denuncia.
Durante la reunión que sostuvieron con la CNDH, habló la madre de Oliver Wenceslao, entre otros.
Finalmente, la CNDH ofreció que, “en el marco de las atribuciones legales de la CNDH hará las gestiones ante las autoridades, para exigir el avance en las investigaciones”.
En la reunión estuvieron presentes Carlos Cruz, Itzia Miravalle y Armando Barrera, de Cauce Ciudadano; Juan Carlos Trujillo, de la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos y de Enlaces Nacionales; Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; Roberto Villanueva, coordinador del Centro de Atención a Víctimas de la UAEM; y Carlos Moreno, de la Red de Eslabones, además de familiares de personas desaparecidas.
