Las más recientes víctimas fueron encontradas en una carretera de Baja California; así como otra en la localidad de Francisco Zarco, donde la víctima fue primeramente reportado como lesionado pero poco después falleció en el lugar.
Por Marco A. Flores
ENSENADA, 20 de enero (Zeta).– La ola de violencia en el puerto ha dejado cuatro personas asesinadas entre la tarde del martes y noche de este miércoles, todas en delegaciones municipales; la más reciente escena fue en Francisco Zarco, en la Ruta del Vino.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada emitió una ficha informativa dando cuenta de un reporte de persona lesionada a balazos en la calle Principal, entre Tercera y Cuarta del poblado, aproximadamente a las 20:53 horas.
La víctima falleció en el lugar.
Calle Principal en Ensenada, Baja california, donde ocurrió un asesinato. Foto: Captura de Google Maps
EJECUTADO EN SANTO TOMÁS
La primera víctima mortal del día se registró en Santo Tomás, al sur de Ensenada, tras el hallazgo de un cadáver con impacto de bala en la cabeza.
El cuerpo fue hallado alrededor de las 12:20 horas en la carretera Transpeninsular, en el kilómetro 50, donde testigos reportaron que en la vía pública estaba tirada una persona con indicios de violencia.
Una persona fue encontrada en la Carretera Federal 1 en Baja California. Foto: Zeta Tijuana
BALEADO EN COSTA BELLA
Casi al mismo tiempo del hallazgo del cuerpo en Santo Tomás, un hombre fue baleado en las calles Costa Mar y del Cantil, colonia Costa Bella.
La víctima sobrevivió al ataque y fue llevado a un hospital para recibir atención médica.
Además de los cuatro asesinatos en poco más de 24 horas, con lo que suman 10 víctimas en el año, también cuatro personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego.
En abril de 2020, el CJNG invadió con toda su fuerza. El 12 de abril, aparecieron narcomantas en 17 municipios en forma simultánea, todas las cuales afirmaban que “a partir de hoy, el estado de Zacatecas es representado por el CJNG”. Desde entonces, el número de homicidios, que llevaba varios años creciendo gradualmente, ha explotado. Al igual que los actos de violencia extrema.
Por Chris Dalby
Ciudad de México, 11 de enero (InSightCrime).– Los abominables índices de violencia que afectan a Zacatecas, un ejemplo de los cuales fueron los diez cuerpos abandonados en una camioneta frente a la Gobernación del estado, son resultado de una campaña emprendida por grandes organizaciones criminales, pero esos actos pronto podrían replicarse en cualquier lugar del país.
El 6 de enero, un hombre fue sorprendido cuando se alejaba corriendo de un Mazda gris estacionado de manera descuidada en las afueras de la Gobernación, junto a un enorme árbol de Navidad en Zacatecas, capital del estado del mismo nombre en el norte de México. Al registrar el interior del vehículo, las autoridades hallaron diez cadáveres.
Según notas de la prensa mexicana que citan fuentes de la Fiscalía General de Zacatecas, el sospechoso capturado tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agrupación considerada como una de las mayores amenazas criminales de México.
Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional resguardaron la zona durante las primeras investigaciones. Foto: Genaro Natera, Cuartoscuro
El Gobernador de Zacatecas David Monreal afirmó mediante un comunicado divulgado en redes sociales que este acto fue una represalia por la Operación Zacatecas 2, un importante plan de seguridad en el que se han desplegado miles de policías y soldados en el estado desde finales de 2021. La medida se consideró prioridad nacional luego de que el estado registrara un incremento de 52.2 por ciento en los homicidios entre noviembre de 2020 y el mismo mes de 2021.
El operativo se anunció una semana después del hallazgo de diez cuerpos con signos de tortura colgados de un puente en la ciudad de Cuauhtémoc, al sur del estado.
Según Monreal, la Operación Zacatecas 2 ya ha mostrado resultados en la reducción de delitos violentos. Eso es difícil de demostrar, pues las manifestaciones de violencia extrema se han mantenido.
El 24 de diciembre, por ejemplo, se descubrieron once cuerpos en dos lugares distintos de la ciudad de Fresnillo, en el centro del estado. Luego del macabro hallazgo del 6 enero, al día siguiente se encontraron al menos seis cuerpos más en la capital del estado.
En los últimos años, Zacatecas se ha convertido en territorio altamente disputado, ya que las organizaciones criminales han establecido laboratorios para la elaboración de fentanilo en el estado y se enfrentan por el control de corredores de narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos.
Aunque el CJNG y su rival, el Cártel de Sinaloa, son los grupos con mayor fuerza en el estado, también tienen presencia el Cártel del Golfo (CDG) y dos escisiones de Los Zetas –los Zetas Vieja Escuela y Los Talibanes– según afirmó en febrero de 2020 el entonces Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
La situación se está convirtiendo en una persecución de nunca acabar. Con cada nueva incursión del CJNG en un nuevo territorio, se repite la carnicería.
En su mensaje, Monreal reiteró que el reto nacional es el de la inseguridad, y precisó que “es un tema pendiente en nuestro país y consecuentemente en nuestro estado”. Foto: Genaro Natera, Cuartoscuro
En 2019, fue el estado de Guanajuato, en el centro del país, donde se disparó la tasa de homicidios por cuenta de la disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del hurto de petróleo. Se acribillaron novias en plena ceremonia, se dejaron restos humanos en puentes, e incluso se torturaron y asesinaron perros.
En 2021 fue otro estado y otra economía criminal: Zacatecas y el fentanilo. Según Ismael Camberos Hernández, exsecretario de Seguridad Pública, el estado es un lugar ideal para que los criminales busquen tomar el control. En entrevista con El Universal, explicó que en 2019, el Cártel del Sinaloa reforzó su presencia en gran parte del estado, para controlar los corredores de droga en dirección norte y los laboratorios de producción de fentanilo en el centro y el sur.
Zacatecas se ha convertido en la nueva víctima de la macabra guerra que libra el CJNG contra el Cártel de Sinaloa por la producción de drogas sintéticas. Antes de eso, el CJNG combatía al CSRL por el control de huachicoleo en Guanajuato. A los Cárteles Unidos para exprimir a los productores de aguacate en Michoacán. Y otra vez al Cártel de Sinaloa para extorsionar al sector turístico en Quintana Roo. Y al Cártel del Noreste para asegurar los pasos fronterizos a Estados Unidos en Tamaulipas.
¿Dónde seguirán?
Mapa de la presencia territorial del CJNG en México. Fuente y Gráfico: Investigaciones y entrevistas de InSight Crime
Desde torsos humanos hasta bolsas negras encontradas en plena avenida son algunos de los escenarios que la ciudad fronteriza ha tenido los últimos días.
Tijuana, 7 de enero (Zeta).- La olaviolenta en Tijuana, continua. En hechos distintos, fueron localizadosrestoshumanos al interior de bolsas de plástico. La suma de homicidios dolosos asciende a 19 víctimas en enero.
De acuerdo a reportes policiacos, dos torsos humanos, al parecer de dos masculinos, fueron hallados alrededor de las 20:28 horas del miércoles, en la vía pública en la calle Segunda y Lázaro Cárdenas en el fraccionamiento Contreras. Testigos señalan que personas a bordo de un vehículo sedán obscuro abandonó los restos y huyeron rumbo al libramiento Rosas Magallón.
Mientras que alrededor de las 22:00 horas un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su camioneta tipo pick up. Los hechos ocurrieron frente a una estación de gasolina ubicada en la calle Cañón Mariano Abasolo y Libramiento Sur Rosas Magallón en la colonia Pedregal de Santa Julia. La víctima identificada como Renato Pérez Sánchez de 41 años, vestía sudadera gris y pantalón de mezclilla, y presentaba lesiones en el pómulo izquierdo y tórax.
#BuzoCaperuzo | Lenta circulación en la Calle Ing. Juan Ojeda Robles en dirección a la #CentralCamionera de #Tijuana sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas debido a hecho violento; dejan restos humanos en bolsa negra de basura.#PonteBuzoCaperuzo 🤿
Esta mañana de jueves 6 de enero, alrededor de las 08:30 horas, se reportó a la central de emergencias que sobre la avenida Juan Ojeda Robles de la colonia Arroyo Alamar, se encontraban bolsas negras sospechosas y que al parecer contenían restos humanos.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana y corroboraron el reporte, por lo que solicitaron la presencia de elementos de la Agencia Estatal de Investigación para que iniciaran las diligencias correspondientes.
También este jueves fue localizado el cadáver de una persona envuelto en una lona y atado de pies y manos en la calle Aranjuez en la colonia Villa Fontana.
En ninguno de los casos se reportan personas detenidas.
Se tratan de 3 hombres y dos mujeres en edades que van de los 18 a los 45 años; algunas de las víctimas fueron identificadas a través de fichas de detención por crímenes como narcomenudeo y robo calificado.
Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- FranciscoMurilloRuiseco, Fiscal General del Estado de Zacatecas, informó más detalles sobre los cuerpos que fueron hallados en una camioneta frente al Palacio de Gobierno del estado; destacando la identificación de cincode ellos, así como los rangos de edad y las aparentes causas de deceso de las víctimas.
A través de un mensaje grabado y subido a las redes sociales de la Fiscalía, Murillo confirmó la pronta distinción de ocho hombres y dos mujeres, “de los cuales ya se han realizado la necropsia de 7 de los cuerpos”. La edad aproximada de las víctimas oscila entre los 18 y 45 años.
Igualmente detalló que la causa de deceso en común fue de asfixia por estrangulamiento; además de que de aquellos cuerpos ya analizados en la necropsia indicaron que presentaron lesiones de haber sido atados de pies y manos. “Solo uno de ellos presenta lesiones que pudieran ser consistentes con actos de tortura, lo cual solo podrá ser comprobado hasta la emisión de los dictámenes periciales correspondientes”, expuso el Fiscal.
Alrededor de las 05:00 hrs fue reportado el vehículo que fue dejado justo frente al nacimiento y al árbol navideño. Foto: Genaro Natera, Cuartoscuro
La Fiscalía de Zacatecas adelantó la posible identificación de cuatro cuerpos: un hombre de 29 años originario de Zacatecas que fue reconocido a través de sus tatuajes, cuya identidad fue corroborada, además, con una ficha de detención por narcomenudeo.
Fueron identificados también otro hombre a través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS, por sus siglas en inglés) con domicilio registrado en la localidad de Tacoaleche, Zacatecas; “una femenina con coincidencia también a través del sistema AFIS corroborado con ficha de detención por robo calificado con domicilio en Zacatecas; y un masculino con coincidencia también a través del sistema AFIS con domicilio en Zacatecas corroborado también por una ficha de detención por el delito de robo calificado”.
Con respecto a estas cuatro víctimas, la Fiscalía informó que estaba pendiente el reconocimiento formal por parte de los familiares.
El único reconocimiento formal fue de una mujer de 20 años originaria de Zacatecas, quien fue identificada por su familia.
Cinco de 10 personas fueron identificadas por la Fiscalía General del estado de Zacatecas. La mayoría de las víctimas presentaron lesiones de haber sido aparentemente amarradas en los brazos y las piernas. Foto: Genaro Natera, Cuartoscuro
Los trabajos protocolarios de necropsia iniciaron a las 13:10 horas del 6 de enero, una vez que el vehículo fuera procesado y antes de la extracción de los cuerpos.
Durante la mañana de ese día, una camioneta con diez cuerpos fue dejada en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Zacatecas.
David Monreal, Gobernador del estado, informó del hallazgo en un video subido a Facebook en el que indicó que los cuerpos estaban aparentemente golpeados pero no aclaró cuántos había. Horas más tarde, y sin detallar cuántos, presumió que fueron detenidos los involucrados.
La Fiscalía General informa, a través del Fiscal General, Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, avances respecto al evento suscitado en las inmediaciones de Plaza de Armas del Centro Histórico en Zacatecas.
“Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro Estado”, dijo Monreal en un video publicado en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con los diarios nacionales El Universal y Excélsior, que citan a fuentes ministeriales locales, los detenidos serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habrían llevado los cuerpos a ese lugar en represalia por los operativos de las fuerzas federales.
Los detenidos ya se encuentra declarando ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, Federales y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Hemos logrado la detención de los presuntos responsables vinculados con los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas. No descansaremos hasta que la paz y la seguridad regresen a nuestro estado. pic.twitter.com/8xpSnss6Xt
Los soldados abrieron fuego contra un vehículo después de recibir información sobre un movimiento de rebeldes en la zona, y mataron a seis personas. Posteriormente, les dispararon a los molestos pobladores que quemaban dos vehículos militares, matando a otros nueve.
Por Wasbir Hussain
GAUHATI, India, 5 de diciembre (AP).- Pobladores molestos incendiaronvehículosdel Ejército en protesta después de que soldados mataran a 15 personas a las que confundieronconrebeldes en una regiónremota del noreste del país, cerca de la frontera con Myanmar, informaron las autoridades el domingo.
El funcionario electo de mayor rango en el estado de Nagaland, Neiphiu Rio, ordenó investigar la matanza, la cual ocurrió el sábado.
“El desafortunado incidente que llevó a la matanza de civiles en Oting es sumamente condenable”, tuiteó Rio.
Angry over armed forces troops killing 13 civilians in an "ambush blunder" December 4 evening, locals in #Nagaland's #Mon town attack an army camp on December 5 pic.twitter.com/coK8gREHyj
Un oficial del Ejército señaló que los soldados abrieron fuego contra un vehículo después de recibir información sobre un movimiento de rebeldes en la zona, y mataron a seis personas. Posteriormente, los soldados les dispararon a los molestos pobladores que quemaban dos vehículos militares, matando a otros nueve, dijo el oficial que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a tocar el tema con la prensa.
Un soldado también perdió la vida en el enfrentamiento con los manifestantes, indicó.
El Ejército emitió un comunicado en el que señaló que “lamenta profundamente” el incidente y sus consecuencias, y añadió que “la causa de esta desafortunada pérdida de vidas está siendo investigada al más alto niovel y se tomarán las medidas apropiadas bajo la ley”.
El comunicado añadió que “información creíble” de movimientos insurgentes indicaba que se “planeaba una operación específica en el distrito Mon de Nagaland.
Insurgentes a menudo cruzan hacia Myanmar después de atacar a fuerzas del gobierno indio en esa zona remota.
Soldados de la India mataron a 15 personas pensando que eran rebeldes, causando el enojo en el país. Foto: Farooq Khan, EFE.
Nyamtow Konyak, un líder comunitario local, dijo que algunas de las víctimas eran mineros de carbón.
El Ministro del Interior de la India, Amit Shah, expresó su frustración con el “desafortunado incidente” y señaló que el gobierno estatal investigará los hechos.
El oficial del Ejército dijo que los soldados habían montado una emboscada durante una semana después de recibir información de insurgentes que planeaban atacar a soldados en la zona, ubicada 400 kilómetros al este de Guahati, la capital del estado de Assam.
Se estima que durante sus 20 años en diversos cargos gubernamentales, el hijo del presidente gastó alrededor de 500 millones de dólares.
Malabo, 02 de agosto (RT).- El Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, es hijo del Presidente de la nación africana, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien ocupa ese cargo desde hace más de 40 años tras derrocar y matar a su propio tío. El Presidente es calificado por sus críticos como uno de los dictadores más brutales del continente africano.
Varios informes de organizacionesde derechos humanos reportaron asesinatos y secuestros de opositores al Presidente, torturade prisioneros y corrupción continua. Pese a que Guinea Ecuatorial es uno de los líderes en la produccióndepetróleo en África, el 76.8 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y no existe un sistema de protección social y de salud en el país.
Mientras, Mangue pasó mucho tiempo viviendo una vida de lujo en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, gastando cientos de millones de dólares en autos caros y artículos de lujo. Ahora puede perder todas estas adquisiciones, ya que varios países están tomando medidas en su contra. El heredero nominal del Presidente, que ha ocupado varios cargos en el Gobierno durante las últimas dos décadas, está acusado de corrupción, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
Mangue siempre mostraba abiertamente su pasión por el lujo en su cuenta de Instagram. En EU, poseía una casa de 30 millones de dólares en California, así como autos caros, incluidos varios Bugatti y Ferrari. En 2014, EU le obligó a aceptar un acuerdo en virtud del cual acordó transferir estos activos a las autoridades, ya que el dinero que se destinó a la compra provenía de fuentes corruptas. Esta confiscación no fue la última para el Vicepresidente.
El Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, padre de “Teodorín” Obiang. Foto: Juan Carlos Torrejón, EFE
En 2016, fiscales suizos confiscaron 11 autos de lujo, incluidos Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley y Rolls Royce, que luego fueron subastados por 27 millones de dólares. Las ganancias de la venta se donaron a organizaciones benéficas que ayudan a Guinea Ecuatorial. Las autoridades helvéticas llegaron a la conclusión de que adquirió activos en Suiza con recursos que provenían del blanqueo de capitales y la malversación de fondos estatales.
Las autoridades francesas también están tomando medidas contra el funcionario. Este 28 de julio, el Tribunal de apelación más alto de Francia confirmó un veredicto de culpabilidad en un caso de malversación de fondos y lavado de dinero contra Mangue.
Mangue recibió una sentencia condicional de tres años y una multa de 33 millones de dólares al final de su juicio en rebeldía en 2020. Además, se ordenó la confiscación de los bienes de lujo incautados en Francia durante la investigación.
La ONG Transparencia Internacional, que fue parte en el caso, estimó que los bienes incautados, que incluyen una mansión en el centro de París —que supuestamente cuenta con 101 habitaciones, gimnasio, peluquería y discoteca con pantalla de cine—, valen más de 178 millones de dólares.
Guinea Ecuatorial cierra su embajada en Londres por las sanciones del Reino Unido. Foto: EFE
El propio Mangue negó repetidamente cualquier irregularidad y argumentó que los tribunales franceses no tenían derecho a pronunciarse sobre sus activos. Tras la decisión del tribunal de este miércoles, los activos se pondrán a la venta bajo una nueva ley francesa que estipula que el dinero, en lugar de ir al Estado francés, debe volver a Guinea Ecuatorial.
La semana pasada, el Gobierno del Reino Unido decidió sancionar a Mangue por malversación de millones de dólares que se cree que se gastaron en mansiones de lujo, aviones privados y un guante de 275 mil dólares usado por el cantante estadounidense Michael Jackson.
Londres impuso sanciones anticorrupción al Vicepresidente de Guinea Ecuatorial y a varias personas de otros países. El Secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo que las sanciones estaban dirigidas contra personas que “se llenaron los bolsillos a expensas de sus conciudadanos”. Ahora los activos del Vicepresidente de Guinea Ecuatorial en el Reino Unido estarán congelados y él mismo ya no podrá visitar el país.
Una investigación británica concluyó que Teodoro Nguema Obiang Mangue ha gastado más de 500 millones de dólares desde que se convirtió en funcionario en Guinea Ecuatorial a fines de la década de 1990. Esta cantidad incluye la compra de la mencionada mansión en París, y un jet privado por valor de 38 millones de dólares, así como yates, automóviles y artículos de colección costosos.
Este lunes, Guinea Ecuatorial anunció que cerrará su Embajada en Londres en respuesta a la sanciones. El Ministerio de Exteriores del país africano señaló, a su vez, que las “infundadas” sanciones contra Mangue se impusieron ilegalmente y que nunca había realizado inversiones en el Reino Unido ni había sido acusado ante los tribunales allí. “Guinea Ecuatorial no aceptará injerencias en los asuntos internos del país, lo que viola los principios del derecho internacional”, declaró el Canciller del país, Simeón Oyono Esono Angüe.
Desde finales de mayo, tres buscadores de personas desaparecidas han sido asesinados: José Nicanor Araiza Dávila (Zacatecas), Aranza Ramos (Sonora) y Javier Barajas Piña (Guanajuato).
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El activista José Nicanor Araiza Dávila, que buscaba a su hijo desaparecido desde hace tres años, fue hallado muerto en Zacatecas, convirtiéndose en el segundo buscador de desaparecidos que es asesinado en los últimos 15 días, anunciaron las autoridades estatales.
Araiza, de 51 años, fue localizado sin vida el 27 de julio en un camino que conduce a la localidad de El Durazno, en el Municipio de Concepción del Oro, indicó la Fiscalía General de la entidad en un comunicado.
De acuerdo con el informe oficial, Araiza falleció a consecuencia de un “trauma torácico abdominal”.
El activista fue sacado de su domicilio por sujetos armados el 22 de julio en el Municipio de Villa de Cos y desde esa fecha sus familiares lo reportaron como desaparecido, señalaron medios locales.
La desaparición de Araiza fue condenada por el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas, integrado por líderes de colectivos y defensores de derechos humanos, que exigió a las autoridades la búsqueda del activista.
Desde septiembre de 2018 Araiza buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, quien sigue desaparecido.
A mediados de este mes, fue asesinada en el estado norteño de Sonora la activista Aranza Ramos que tenía un año buscando a su esposo desaparecido. Ramos, de 28 años, fue raptada el 15 de julio y horas después su cuerpo baleado fue abandonado en una carretera.
Aranza Ramos buscaba a su esposo (izquierda) desde hace un año. Foto: Especial vía Proyecto Puente.
El activista Javier Barajas Piña, otro buscador de desaparecidos, fue acribillado a finales de mayo en Guanajuato, actualmente la más violenta de las 32 entidades federativas que conforman el país.
Con la muerte de Araiza Dávila se eleva a 69 el número de activistas defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. El Gobierno reconoció este mes que en los últimos tres años también 43 periodistas han sido asesinados.
Condeno el grave homicidio de Javier Barajas Piña, funcionario de la Comisión estatal de Búsqueda de Guanajuato. Exigimos a la Fiscalía del estado una investigación pronta y efectiva. pic.twitter.com/jt2ndRAdvu
Los asesinatos de activistas ocurren en medio de una creciente violencia que golpea a varios estados de México, lo que ha acrecentado los cuestionamientos de detractores y analistas contra las políticas de seguridad de López Obrador. Durante el primer semestre del año, los homicidios dolosos alcanzaron 16 mil 937, registro que representó una disminución de 3.5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia. Es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”, afirmó el Presidente la víspera en una visita al estado de Sinaloa, al defender su política de “abrazos, no balazos”.
La organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental acusó a los diferentes niveles de Gobierno de su inacción ante lo crímenes y recordó su obligación de investigar los asesinatos y otorgar justicia.
Por Juan Manuel Ramírez G.
Ciudad de México, 15 julio (EFE).- México ha registrado al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en lo que va de año en una escalada de violencia que ha prendido la alarma por el aumento de los homicidios de activistas.
El último caso ocurrió la semana pasada cuando fueron asesinados a tiros el defensor del medioambiente David Díaz Valdez, en la ciudad de Manzanillo, estado de Colima, y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas Simón Pedro Pérez López en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas.
“Estamos ante una situación de alarma”, explicó a Efe Gabriela Carreón, gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Los 18 asesinatos en 2020 frente a 14 en medio año de 2021 nos pone en alerta sobre cómo será el cierre de este año”, agregó.
En un informe en abril pasado y tras ocho años de registro y documentación, el CEMDA señaló que en México “prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.
Además de los 18 asesinatos en 2020, el Centro contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos.
DEFENSORES INDÍGENAS
Tras el asesinato de Pérez López, en Chiapas, la organización Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional) aseguró que durante este año ha documentado 14 víctimas mortales como represalia a su lucha por la defensa de sus derechos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
“Señalamos la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de Gobierno y le recordamos la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad”, apuntó.
La organización citó el caso de Pérez López, defensor e integrante de la comunidad Las Abejas de Acteal, quien fue asesinado a balazos. Además destacó otro crimen en el municipio de Aldama, en la región de los Altos de Chiapas que vive una disputa territorial que data de los años 70 del siglo pasado.
También recordó el asesinato del líder indígena yaqui Tomás Rojo Valencia, de 54 años y cuyos restos fueron hallados el 17 de junio tras reportarse su desaparición el 27 de mayo en el estado de Sonora, noroeste del país, y en la misma región apuntó del crimen de Luis Urbano Domínguez, el 12 de junio.
En el caso de Oaxaca, la organización señaló la violencia ocurrida en la comunidad indígena Chatin de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, en donde hasta abril sumaban cinco personas asesinadas, incluidos los defensores del territorio y del medio ambiente, Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz.
La misma cantidad de asesinatos se registró en Michoacán con “muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
La Secretaría de Gobernación (Interior) de México confirmó este lunes que han sido asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
La información de Gobernación se difundió luego de que el periódico Reforma publicó -citando a distintos organismos y ONG- que desde la llegada al poder de López Obrador a la fecha en el país se habían asesinado al menos a 56 activistas.
Preguntado por la cifra de víctimas, López Obrador primero dijo que “es propaganda de nuestros adversarios” y luego lamentó todos los fallecimientos y señaló que su Gobierno lucha para que esto no suceda.
EL CASO DE DAVID DÍAZ VALDEZ
El pasado 5 de julio David Díaz Valdez, defensor del medioambiente, fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima.
“David siempre dijo que no tenía enemigos, lo quería mucho la gente y decía que como ciudadanos y personas teníamos derechos y había que reclamarlos, hablar y decir lo que estaba mal”, contó Sofía Geovana Arreola, quien trabajo de cerca con el defensor en los últimos tres años.
“No se peleaba con nadie, reclamaba justicia pero nunca me dijo que estuviera bajo amenaza, por eso nos sorprendió su muerte”, añadió.
La lucha de Díaz Valdez fue por mejor las condiciones de la comunidad donde nació llamada Campos, en Manzanillo, que se ubica frente a termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
Inaugurada el 1 de enero de 1982, la instalación que opera en ese balneario del océano Pacífico la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha traído muchos dolores de cabeza a la población desde su construcción, además de la proliferación de enfermedades durante su operación, según activistas.
“Le tocó crecer con la instalación y su familia fue a la única que no le pudieron quitar los terrenos porque la central fue comprando espacio para extenderse”, contó la mujer.
Díaz Valdez estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde aumentó su activismo, apoyó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también fue aliado del ahora Presidente López Obrador, “quien llegaba a su casa a quedarse” como muestran las fotos que tiene en su casa con el ahora mandatario, a quien ayudó a fundar su movimiento político en Manzanillo.
La Policía local informó que ya se investiga el hecho y alegó que se pedirán los registros de videovigilancia del lugar para tratar de identificar y ubicar a quienes sean responsables de los asesinatos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos hombres fueron asesinados y un tercero resultó herido el jueves en una balacera en una playa de Tulum, un balneario en el Caribe mexicano.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que las balaceras ocurrieron el jueves pero no ofreció más información sobre las identidades de las víctimas o el posible móvil.
Tulum ha sido conocido durante años como el más tranquilo, discreto y relajado de los complejos turísticos de la costa mexicana del Caribe, sin las grandes edificaciones habituales en Cancún.
Los cárteles del narcotráfico operan en el estado, pero hasta hace poco la violencia no llegaba a las playas.
Policías de investigación activaron protocolo de búsqueda de los probables participantes con el apoyo de las cámaras de videovigilancia. (información en desarrollo) (2/2)
— Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) June 24, 2021
Los asesinatos del jueves se produjeron dos semanas después de que dos hombres murieron por disparos en una playa en Cancún. Una turista estadounidense resultó herida en el ataque del 11 de junio.
La violencia en el estado ha disminuido algo desde los altos niveles de 2018 y 2019, cuando subieron los asesinatos. En los cinco primeros meses del año, la región registró 278 asesinatos, frente a los 321 del mismo periodo del año anterior.
El estado, cuya economía depende profundamente del turismo, empezaba a recuperarse de la pandemia del coronavirus cuando, desde hace unas semanas, se ve afectada por el aumento del sargazo en la playa y el repunte de los contagios de COVID-19.
La UE llamó a las autoridades mexicanas a desplegar todos los esfuerzos posibles “y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya ‘zonas de silencio’ donde ningún periodista se atreva a trabajar”.
Ciudad de México, 24 junio (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza, condenaron este jueves los asesinatos de tres periodistas mexicanos ocurridos en solo seis días en el país.
Mediante un comunicado, la UE recordó los asesinatos de los periodistas Enrique García, Gustavo Sánchez y Saúl Tijerina, acaecidos en los días 16, 17 y 22 de junio de 2021 en el Estado de México, Oaxaca y Coahuila, respectivamente.
Señaló que García trabajaba en el medio El Sol de Toluca y encabezaba instancias de comunicación de dependencias del Gobierno.
Sánchez era editor del portal informativo La Policiaca del Istmo y ya había sufrido atentados contra su persona en julio de 2020 y amenazas de muerte desde 2014, además de que era beneficiario del mecanismo gubernamental de protección de periodistas.
Mientras que Tijerina colaboraba con varios medios de Ciudad Acuña.
La UE señaló que aunque el vínculo entre el trabajo como periodistas y sus asesinatos no ha sido totalmente aclarado todavía, “las muertes demuestran una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México”.
Además, expresó su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México.
Dijo que ha tomado nota con interés de las recientes condenas que fueron pronunciadas contra los autores materiales de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez.
Además llamó a las autoridades mexicanas a que desplieguen todos los esfuerzos posibles “y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya ‘zonas de silencio’ donde ningún periodista se atreva a trabajar”.
También calificó de “alarmante” la reincidencia de agresiones contra periodistas en el país, por lo que pidió a las autoridades mexicanas hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todos los periodistas en México y que los crímenes no queden impunes.
México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y hasta ahora contabiliza 170 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde el año 2000.
En tanto, Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró el año pasado ocho asesinatos contra periodistas mexicanos relacionados con su labor informativa.
En marzo el Gobierno actual comenzó un proceso de medición y deslinde en diversos predios agrícolas del sur de Sonora, con el propósito de determinar cuáles son territorio indígena y de particulares.
Por Daniel Sánchez Dórame
Cajeme (México), 18 jun (EFE).- El Plan de Justicia al Pueblo Yaqui para restituir su territorio y recursos naturales avanza poco a poco en medio de asesinatos, la desaparición de activistas y con grandes intereses económicos en juego, mientras los terratenientes temen la expropiación de sus terrenos en Sonora, noroeste de México.
La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo XIX, que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora a la península de Yucatán (sureste).
El Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) trató de hacerles justicia para restituirles sus derechos, lo que generó múltiples conflictos que prosiguieron hasta el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien aprobó la expropiación de 2 mil 688 hectáreas que fueron entregadas a la tribu.
Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un proceso de medición y deslinde en diversos predios agrícolas del sur de Sonora, con el propósito de determinar cuáles son territorio indígena y de particulares.
Estas acciones ya han generado un conflicto entre el Gobierno, los yaquis y quienes se declaran propietarios de esos terrenos, en su mayoría agricultores y en menor parte ganaderos.
TEMOR A LAS EXPROPIACIONES
Los propietarios de ranchos y terrenos en las inmediaciones del territorio indígena temen que las mediciones sean la antesala de un proceso de expropiación como ocurrió en el sexenio de Zedillo y advierten que el plan de Justicia Yaqui sea una injusticia contra decenas de familias, ejidatarios y terratenientes.
Uno de las comunidades afectadas es La Matanza, un pequeño poblado, donde desde 1930 habitan unas 12 familias descendientes de Rosario Hernández Matus.
Los títulos de propiedad de las tierras están a su nombre y datan de hace 90 años gracias a dos decretos -uno por la tierra y otro por el agua- a favor de los Yaquis.
Juan Gutiérrez Limón, nieto de Rosario Hernández, afirma que el terreno de su familia tiene una extensión de mil 600 hectáreas que limitan con el territorio de la tribu Yaqui, donde se dedican a la ganadería, pesca y agricultura.
Gutiérrez Limón denuncia que los Yaqui reclaman toda la propiedad como suya por lo que teme perder todo su patrimonio.
Respecto al proceso de medición y deslinde, la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha pedido a quienes consideren que sus derechos e intereses puedan verse afectados que presenten sus documentos en Hermosillo, capital de Sonora.
“El procedimiento no implica ningún proceso expropiatorio y todas las personas interesadas serán escuchadas. Este es un proceso de regularización de tierra que respetará toda propiedad social y privada, debidamente probada. Además, se revisarán los casos en cuya posesión de la tierra sea susceptible de ser regularizada”, aseguró la SEDATU.
ASESINATOS Y DESAPARICIONES
Desde que comenzó el proceso de medición y deslinde se han sucedido varios crímenes contra indígenas yaquis que lideraban la lucha por la tierra y el agua.
El 1 de mayo fue asesinado a balazos Agustín Valdez, quien era el jefe de seguridad de la Guardia Tradicional y estaba a cargo del bloqueo a la Carretera Federal México 15 que lleva más de dos años afectando a turistas y transportistas.
La víctima era hijo de Guillermo Valdez Castillo, Gobernador en Loma de Guamúchil, uno de los ocho pueblos de la tribu Yaqui.
El 27 de mayo, Tomás Rojo Valencia, líder y portavoz indígena del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, desapareció sin dejar rastro, en Vícam, capital de la Nación Yaqui.
Además, el 8 de junio en pleno Centro de Ciudad Obregón fue acribillado a balazos el líder indígena Luis Urbano Domínguez Mendoza, quien al igual que el resto de las víctimas, tenía años de lucha política y social por la preservación de los recursos naturales de los Yaqui.
El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui incluye también la construcción de una universidad indígena, la instalación de plantas potabilizadoras de agua en distintos pueblos y la dignificación de miles de hogares en el territorio.
Además de los intereses de los terratenientes, se acumulan temas por resolver como la infraestructura pública y privada que atraviesa 90 kilómetros del territorio Yaqui, las líneas de conducción eléctrica, el gasoducto (IEnova), el oleoducto de Pemex, la Carretera Federal México 15 (SCT), la fibra óptica (Telmex) y las vías del tren (Ferromex).
La otra gran discordia se centra en la operación del Acueducto Independencia que sirve para abastecer a medio millón de habitantes de Hermosillo, capital de Sonora, con agua de la cuenca del Río Yaqui, que los indígenas han impugnado y las autoridades aún no han resuelto.
Cancelar esta obra significaría poner en riesgo el suministro de agua a miles de familias en medio de la sequía más extrema en la historia moderna.
La SSPC informó que se llevan 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, de los cuales se han abierto 250 carpetas de investigación.
Ciudad de México, 21 mayo (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 13 candidatos han sido asesinados previo a los comicios del 6 de junio.
En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que 101 candidatos han sufrido alguna agresión y 187 han sido amenazados, concentrándose la mayor parte de este tipo de violencia en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Guerreo y el Estado de México.
Asimismo, durante el informe general la titular de la SSPC detalló que se llevan 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, dentro de los cuales 226 son hombres y 172 mujeres. De éstos se han abierto 250 carpetas de investigación.
La funcionaria exaltó que tanto la Secretaría como los gobiernos de los estados, la Guardia Nacional y otras autoridades continúan trabajando de forma coordinada para dar atención a los aspirantes.
“Estamos ahí un grupo de servidores públicos, 24 horas al día, siete días de la semana, en el centro de atención para candidatas, candidatos y aspirantes en este proceso electoral”, dijo.
Rodríguez Velázquez enfatizó que las autoridades están comprometidas para reportar y accionar ante cualquier incidente.
Los aspirantes a cargos como Presidencia Municipal, diputaciones locales y federales, y gubernaturas, son los que han denunciado mayor violencia en su contra.
Más de 150 mil candidatos y candidatas compiten para tener un cargo público para las próximas elecciones en donde se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 ayuntamientos, mil 63 curules en congresos locales y 17 mil cargos locales.
EL ASESINATO DE MURRIETA
Abel Murrieta, de 58 años y exprocurador de Sonora, fue asesinado a balazos el jueves cuando cumplía un acto de campaña.
La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó un día después que sigue dos líneas de investigación en el asesinato
Según la Fiscalía General de Justicia de Sonora, que ha determinado que el ataque fue planeado y directo, la primera línea está relacionada con su profesión como abogado y la segunda con sus aspiraciones políticas.
Por esa última posible motivación, este viernes, en una reunión de emergencia, llevada cabo en Ciudad Obregón, la segunda más poblada de Sonora y de la que forma parte Cajeme, integrantes de la mesa de Seguridad acordaron revisar el protocolo de protección a candidatos en el estado, donde hay más de 500 aspirantes para 101 cargos para las elecciones de junio.
Durante la conferencia de prensa del Presidente de México, mejor conocida como “mañanera”, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer el informe mensual de seguridad, donde se incluyen las cifras sobre delitos del fuero federal.
Ciudad de México, 21 may (EFE).– Los homicidios dolosos cayeron un cuatro por ciento en el primer cuatrimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020, informó este viernes el Gobierno de México.
En la conferencia matutina del Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que en abril ocurrieron un total de dos mil 857 homicidios dolosos y 77 feminicidios a nivel nacional.
“Durante la actual Administración se ha contenido la tendencia a la alza del homicidio doloso”, aseguró la funcionaria.
Detalló que en el primer cuatrimestre de 2021 se registraron 11 mil 277 asesinatos en el país, un cuatro por ciento menos que en el mismo periodo de 2020.
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Explicó que el 50.6 por ciento de estos delitos suceden en los estados de Guanajuato (mil 263), Baja California (mil 063), Jalisco (882), Michoacán (861), Estado de México (852) y Chihuahua (792).
Aseguró que “el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad instruidas por el Presidente en estados como Guanajuato, Baja California han permitido contener este delito”.
La funcionaria indicó que se tienen detectados 15 “municipios prioritarios”, aunque aseveró que hay una disminución de 18 por ciento de los asesinatos principalmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Celaya.
Aunque admitió que no se han podido frenar los homicidios en los municipios de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.
Los feminicidios (asesinatos por razón de género), afirmó Rodríguez, bajaron de 98 en marzo a 77 en abril, lo cual representa una reducción mensual del 21.4 por ciento.
El país sumó entre enero y abril del presente año 319 casos de feminicidio, una cifra 0.3 por ciento menor a la del mismo periodo del pasado año.
#Enterate Coordinación entre órdenes de gobierno permitió baja en incidencia de delitos del fuero federal.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 21, 2021
Respecto al secuestro, detalló que en los primeros cuatro meses del año este delito se redujo 34.4 por ciento respecto a 2020, y en abril se registraron 60 secuestros.
SIN DENUNCIAR
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante su administración el homicidio “ha bajado muy poco” y admitió que en delitos como el secuestro y el robo “hay cifras negras”.
Sin embargo, atribuyó esto a que esos delitos no se denuncian y, en el caso del secuestro, los familiares establecen comunicación con los secuestradores sin avisar a las autoridades.
Pese a esto, resaltó que el secuestro ha disminuido 34.4 por ciento en 2021 y desde que llegó su administración ha bajado 65 por ciento.
Desde hace más de una década, México atraviesa una ola de violencia protagonizada por los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y las autoridades.
El país ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34 mil 681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 21, 2021
El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó este viernes que por haber recibido algún tipo de amenaza que puso en riesgo su integridad, 57 candidatos de las elecciones intermedias del 6 de junio son protegidos por elementos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la consultora Etellekt, durante el proceso electoral 2021, iniciado en septiembre del año pasado, han sido asesinados al menos 80 políticos, 32 de los cuales eran aspirantes o candidatos en los comicios.
Un ataque armado en Baja California mostró que un grupo delictivo que estaría operado por “El Mayo” Zambada habría decidido atacar a “Los Chapitos”, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Baja California, 06 mayo (Zeta).- La zona limítrofe entre Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, está convertida en un oasis para la delincuencia. Los sicarios cometen crímenes en un municipio y huyen al otro, sacando ventaja de la falta de comunicación y la desastrosa coordinación entre las autoridades de ambas entidades federativas.
Las policías desplazan la responsabilidad ante sus pares del Estado vecino, mientras se acusan unos a otros de corrupción y colusiones mafiosas. En el área, la reacción ante los delitos de alto impacto es pobre o inexistente, lo que ha permitido que los cárteles tomen posesión de caminos, ejidos y los cielos sobre ellos, aterrorizando a los ciudadanos comunes convirtiéndolos en testigos y victimas colaterales de balaceras, asesinatos y levantones.
La tarde del sábado 24 de abril, esta falta de coordinación y distanciamiento resultaron en dos agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) bajacaliforniana baleados, uno lesionado, así como el socorrista-conductor de una ambulancia de Sonora gravemente herido.
Todos quedaron en medio de dos balaceras en las que los operadores locales de Ismael “El Mayo” Zambada asesinaron a Jorge Humberto Maya Siqueiros alias “El Vampiro”, cabecilla de otro grupo criminal también sinaloense.
Guillermo Ruiz, Fiscal General en reunión interestatal con autoridades de Sonora. Foto: Zeta
Elementos de inteligencia de las autoridades integradas a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, identifican como responsable del ataque a matones de Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, quien habría mandado asesinar a varios sujetos en las semanas recientes como parte de una “limpia de posibles rivales en el valle de Mexicali y la Zona Oriente de la ciudad”.
Como respuesta ante estos hechos de sangre que suman decenas en la zona, que esta semana alcanzaron a servidores públicos, el Fiscal general bajacaliforniano Guillermo Ruiz Hernández convocó a una reunión con autoridades de ambos. Participaron representantes de los tres órdenes de Gobierno, incluyendo a la Fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, para definir una ruta de trabajo y abatir la incidencia generada en esta zona “caliente”.
Situación de violencia exacerbada que fue reconocida por las autoridades locales hasta que el Gobierno de Estados Unidos emitió dos alertas de seguridad a causa de la pugna de dos células delictivas en el Valle de Mexicali.
IBAN POR “EL VAMPIRO”
Jorge Humberto Maya Siqueiros estaba sentenciado. La tarde del viernes 23 de abril, mientras viajaba a bordo de su motocicleta en compañía de una mujer, fue atacado a balazos por sicarios que tripulaban una camioneta Dodge Journey color azul, cuando este cruzaba el Puente Miguel Alemán, que conecta los municipios de Mexicali y San Luis Río Colorado.
Los criminales abrieron fuego contra “El Vampiro”, ocasionándole lesiones en el cuerpo. En la escena del crimen estaban también dos agentes de la GESI adscritos a la protección de empresarios, estacionados; los agentes bajacalifornianos esperaban al propietario de un negocio en Mexicali, observaron el incidente y respondieron ante la balacera que los topó.
Se enfrentaron a balazos con los criminales, y uno de los agentes, de nombre Felipe Valdez, también resultó herido.
En el intercambio de plomo también fue lesionado Maya Siqueiros, todos trasladados a hospitales en San Luis Río Colorado, incluido el agente de Mexicali recibió atención médica y fue llevado al Hospital General.
Los agresores huyeron con rumbo a Mexicali, pero dieron vuelta en “U” e intentaron cruzar a San Luis por debajo del puente. El auto quedó atascado en la arena, por lo que la abandonaron y continuaron su fuga a pie. Autoridades de Baja California y Sonora no lograron dar con los gatilleros.
Humberto Maya “El Vampiro” el muerto mas reciente en la purga entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Foto: Zeta
Herido, “El Vampiro” fue custodiado y trasladado a San Luis Río Colorado para recibir atención médica. Al día siguiente, médicos sanluisinos consideraron que era necesario llevarlo al Hospital General de Mexicali para que tuviera servicios de los que no disponen en San Luis, por lo que aseguran, se montó un operativo para efectuar el traslado.
Varias unidades de la Policía Municipal del municipio sanluisino se unieron al operativo y acompañaron la ambulancia de color blanco con guinda, con placas EF37824 del estado de Chihuahua.
La custodia de la unidad de emergencia se extendió hasta la caseta divisoria de Sonora con Baja California. Entró al terreno bajacaliforniano sin custodia. No avanzó más de 100 metros cuando una camioneta tipo Tahoe y un vehículo Honda, comenzaron a dispararle.
El conductor de la unidad intentó escapar de los agresores que lo perseguían sobre la Carretera Federal 2, adentrándose al Ejido Hermosillo, pero los sicarios continuaron la persecución hasta la avenida principal, donde los proyectiles finalmente lo alcanzaron y ocasionaron que perdiera el control y se detuviera.
Los matones focalizaron su ataque en la parte trasera del vehículo de emergencias, donde trasladaban a “El Vampiro” y lo mataron. El cadáver quedó en medio de los dos asientos delanteros, dejando claro que al saberse en peligro, intentó escapar por las puertas frontales de la camioneta.
El socorrista Marcelino Monreal Ayala, de 46 años, fue trasladado y atendido por autoridades sanluisinas, sufrió heridas de consideración, al punto que los primeros informes oficiales, reportaron que había perdido la vida en el hospital. Versión que después cambiaron las autoridades.
Fue hasta ese momento que en el lado bajacaliforniano se activó un dispositivo de seguridad para resguardar la escena y buscar a los agresores, por segunda ocasión sin obtener resultados.
Entrevistados en diferentes momentos, el Fiscal general Guillermo Ruiz Hernández y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Mexicali, Alejandro Lora Torres, coincidieron en que no tenían conocimiento del riesgoso traslado fraguado por las autoridades sonorenses hacia la Capital del Estado. Situación que provocó que -con o sin intención de las autoridades sanluisinas-, al cruzar la zona limítrofe, la ambulancia se convirtiera en blanco fácil para los agresores.
Sicarios de “El Omega” refaguean ambulancia y rematan a “El Vampiro”. Foto: Zeta
Integrantes de las Mesas para la Construcción de la Paz, establecieron extraoficialmente que los dos vehículos que perpetraron el crimen, seguían al convoy policíaco desde Sonora y solo esperaron el momento para perpetrar la agresión.
De hecho, los investigadores del lado bajacaliforniano manifestaron sospechas respecto al operativo de los sonorenses, porque no avisaron y el ataque se dio inmediatamente después que los dejaron solos.
“El Vampiro” no tenía mandamientos judiciales en su contra, pero las áreas de Inteligencia lo tenían identificado como presunto responsable de varios homicidios, principalmente en San Luis Río Colorado, donde se le vinculó al asesinato de los agentes Raúl Ramos y Ricardo Castro, cuando cenaban en un restaurante de comida china sobre Calzada Monterrey y Nuevo León B, en diciembre de 2019.
Dos años atrás, estaba vinculado con José Eduardo Pérez Jiménez alias “El Charal”, sicario perteneciente a la célula de Vicente Martínez González “El Guilo”. Ambos fueron exiliados de Mexicali tras el asesinato del agente municipal Ignacio Villagómez Robles -adscrito a la vigilancia de Ciudad Morelos-, perpetrado en abril de 2019.
En aquel año, las diversas corporaciones del Estado focalizaron su atención en “El Guilo”, por lo que huyó de la entidad y se refugió en Aguascalientes, mientras que “El Charal” y “El Vampiro”, buscaron refugio en San Luis Río Colorado, donde continuaron operando con células de la delincuencia del Cártel de Sinaloa en la célula de “Los Salazar”, principalmente cometiendo homicidios.
En Mexicali, Maya Siqueiros se dedicaba al robo en diversas modalidades. En 2017, su nombre salió a relucir luego de un triple crimen ocurrido en un domicilio de Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, donde un grupo armado ingresó y asesinó a tres personas, dos hombres y una mujer, de los cuales solo se identificó a Alberto Rodríguez Martínez y a Cristina Padilla Chávez, ambos con historial delictivo relacionado con robo y lesiones.
Los asesinos habían recibido la instrucción de matar también a “El Vampiro”, quien sí estaba en la casa, pero escuchó entrar a los matones y se escondió en un ropero. De acuerdo con las autoridades, el ataque fue en venganza porque le habían robado a una persona vinculada a la delincuencia organizada.
A la semana siguiente de evadir el homicidio, “El Vampiro” fue detenido por robo de vehículo con violencia. Fue escalando en la violencia de sus delitos hasta convertirse en homicida de la mano de “El Charal”.
Alejandro Lora, titular de la DSPM. Foto: Zeta
En Mexicali, las autoridades presumen que participó en el asesinato del ex policía de San Luis Río Colorado, Marco Polo Márquez Tamayo, abatido en mayo de 2020, cuando llegó a su domicilio en el Residencial Sevilla, en la Zona Oriente de la ciudad. También fue asesinado su niño de tres años.
Márquez Tamayo había sido amenazado por “Los Salazar”, y a raíz de este incidente, “El Vampiro” fue ligado con esta agrupación delictiva y comenzó a perpetrar crímenes.
“EL OMEGA”, AUTOR DEL HOMICIDIO
Como parte de “Los Rusos”, Felipe Eduardo Barajas Lozano alias “El Omega” es el principal sospechoso del crimen perpetrado en contra de “El Vampiro”, sicario al servicio de “Los Salazar”, socios de “Los Chapitos”, como se le conoce a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera.
La agrupación delictiva encabezada por “El Omega” tiene base en Sonora, pero han sido autores de varios atentados y asesinatos en la zona Sur del Valle de Mexicali durante los meses de marzo y abril. De acuerdo con reportes de las autoridades, en las últimas semanas la célula replegó sus fuerzas para pelear en el Valle de Mexicali y “hacer limpia”, matando rivales.
Al mismo tiempo, como parte de “Los Chapitos”, “Los Salazar” intensificaron sus acciones para adentrarse a Baja California. Los investigadores aseguran que aumentaron esfuerzos en Tijuana y disminuyeron su avanzada en Mexicali.
La intención de los operadores de “El Mayo” al asesinar a “El Vampiro”, era acabar con los principales operadores del grupo rival. Como parte de esta misión criminal, previamente, el 8 de abril asesinaron en el Valle de Puebla a Jesús Ramón Velázquez Contreras, conocido como “El H”, quien tenía antecedente de captura en 2011 en posesión de un arsenal, además de equipo táctico y aditamentos especiales como sirena y estrobos.
Velázquez Contreras era hermano de un agente de la Policía Municipal de Mexicali conocido como “El 50”, quien falleció -aparentemente- por suicidio. El agente fue señalado e investigado por abastecer narcóticos dentro de bares y antros de Mexicali.
“El H” sostenía una estrecha relación con Miguel Ángel Beltrán Munguía “El Indio”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa asesinado en enero de 2021. En aquella ocasión las autoridades también señalaron a “El Omega”, con quien la víctima se habría enfrentado por un supuesto robo de droga.
Enfrentamiento policiaco, resulta con el agente Felipe Valdez lesionado. Foto: Zeta
Durante años, “El Indio” fue el enlace entre los lugartenientes de alto nivel en el Cártel de Sinaloa, pero tras sus conflictos con “El Omega” y “El Ruso” fue asesinado y su cuerpo abandonado sobre la carretera a Islas Agrarias.
El día de su muerte, también acribillaron a otras dos personas en el Ejido Sinaloa y Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, y en ambos casos reluce el apodo de “El Omega” como principal sospechoso. Un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, fue identificado claramente en al menos dos de los crímenes.
La autoridad llevó a cabo detenciones relacionadas con “Los Salazar” en los últimos días, como lo ocurrido la tarde del lunes 26 de abril, en los municipios de Mexicali y San Luis Río Colorado, donde policías de diversas corporaciones intentaron intervenir un vehículo Jeep Cherokee color blanco, modelo 1996, el cual era tripulado por Raúl Aguilera Sepúlveda, alias “El Tortas”, quién al verse acosado por las corporaciones estatales, intentó escapar a San Luis Río Colorado. Pero, a diferencia de otras ocasiones, la comunicación fluyó y lograron detenerlo a pocas calles después de cruzar la caseta.
“Identificado como integrante de un grupo rival de “El Omega”, Aguilera Sepúlveda fue detenido en posesión de dos armas de uso exclusivo del Ejército, además de diversos cartuchos.
LLAMADAS FALSAS Y AMENAZAS EN TIJUANA
Del 23 al 29 de abril, el número de amenazas de muerte en contra de integrantes de las corporaciones de seguridad recibido en los números de emergencia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), se multiplicaron.
“Diariamente recibimos tres o cuatro, las últimas tres semanas se han puesto intensos”, comentó un investigador de las áreas de Inteligencia de las corporaciones bajacalifornianas el domingo 25 de abril, tras confirmar que elementos de la GESI habían recibido advertencias mortales.
Al día siguiente, a través de redes locales se esparció la versión de que a las 10:00 horas, en una hielera se localizó la cabeza de un policía en la colonia La Delicias. La Mesa de Coordinación registro el reporte como falso, y en respuesta los municipales detallaron que el domingo previo, en la calle María Antonieta Pons de la colonia Miramar, con una denuncia similar, habían encontrado una hielera con un gato muerto en el interior.
Otra denuncia falsa había generado un gran movimiento en Tijuana antes, el viernes 23 de abril a las 14:20 horas, cuando al C4 denunciaron el ataque a una unidad pick-up de la Fiscalía General del Estado. Los responsables iban a bordo de dos autos, un Toyota Yaris azul y un Chevrolet negro, de los cuales proporcionaron las placas completas.
Reportaron que en el Bulevar Las Américas sin número, Colonia El Chamizal, los delincuentes le habían cerrado el paso a la patrulla y disparado en contra de los agentes; desconocían si hubo heridos, pero los criminales huyeron rumbo a la colonia 20 de Noviembre.
La llamada generó la concentración de un promedio de 30 unidades en la zona, antes que se dieran cuenta que era otra falsa alarma, ya que, de acuerdo con operadores del C4, esa sería la tercera llamada similar en el transcurso de ese día.
Investigadores consultados por Zeta explicaron: “Aunque estas llamadas pueden ser una broma de mal gusto, los integrantes de las corporaciones tienen la orden de mantenerse alertas, porque también puede ser un distractor para moverlos de zonas donde se están cometiendo delitos, y una manera de medir la capacidad de respuesta, porque están preparando otro ataque”.
Integrantes de las corporaciones policiacas en Tijuana están en alerta desde la noche del 31 de marzo, cuando fueron acusados de corrupción y amenazados de muerte a través de un video distribuido en redes sociales por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A partir de entonces, entre el 12 y 21 de abril, criminales no identificados mataron a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación em Tijuana y lesionaron a otros tres, dos en Ensenada. Además, se han hecho públicas siete narcomantas con amenazas y tres patrullas han sido incendiadas.
“Soy culpable, Señoría”, le dijo Edward “Jake” Wagner tranquilamente al Juez, al confesar sobre el asesinato de ocho miembros de una familia de Ohio en 2016
Ciudad de México, 24 de abril (LaOpinión).- Un hombre de Ohio se declaró culpable el jueves de los asesinatos de la madre de su hijo y siete miembros de su familia en 2016, un crimen espantoso que sembró el terror en su comunidad rural y provocó rumores de traficantes de drogas y sicarios, antes de que las autoridades concluyeran que se debió a una disputa por la custodia del menor, reportó CBS News.
En el quinto aniversario de los asesinatos, Edward “Jake” Wagner se declaró culpable de 23 cargos en el condado de Pike, en el sur de Ohio, en un acuerdo con los fiscales que lo evita ser condenado a muerte. La matanza ocurrió el 22 de abril de 2016. Los miembros de la familia Rhoden fueron ejecutados en cuatro diferentes viviendas de un rancho en el condado de Pike.
Wagner aceptó cooperar en los casos contra sus padres y su hermano, quienes también están acusados de los asesinatos de siete adultos y un adolescente por parte de la familia Rhoden.
“Soy culpable, Señoría”, dijo Wagner con calma al Juez una y otra vez, mientras el Juez Randy Deering leía cada recuento en voz alta.
On the 5-year anniversary of Ohio’s ‘most complex homicide case,’ Jake Wagner pleads guilty in the Pike County execution-style massacre.
Los delitos incluían ocho de asesinato agravado, así como conspiración, robo agravado, alteración de pruebas, conducta sexual ilegal con un menor y otros cargos.
Wagner admitió que fue personalmente responsable de cinco de las muertes, dijo la Fiscal especial Angela Canepa. Le dio a los fiscales un relato completo de lo que sucedió esa mañana, junto con información que los llevó a obtener pruebas adicionales. La fiscal no dijo cuál era esa evidencia.
“Soy culpable, señoría”, dijo Wagner con calma al juez una y otra vez, mientras el juez Randy Deering leía cada recuento en voz alta. Los cargos incluían ocho cargos de asesinato agravado, así como cargos de conspiración, robo agravado, alteración de pruebas, conducta sexual ilegal con un menor y otros cargos.
Wagner, de 28 años, dijo en la corte que está “profundamente apenado”. Él no fue sentenciado de inmediato, pero sus abogados dijeron que entiende que enfrenta una vida tras las rejas.
“Él sabe que va a morir en prisión sin ninguna liberación judicial. Por horrible que esto sea para todos, lo lamenta tanto como podría estar”, dijo el abogado defensor Gregory Meyers al juez.
Los asesinatos de abril de 2016, en tres remolques y una caravana cerca de Piketon, aterrorizaron a los residentes de la comunidad rural circundante y provocaron una de las investigaciones penales más extensas en la historia del estado. Las autoridades tardaron más de dos años en anunciar los arrestos.
Las víctimas fueron Christopher Rhoden Sr, de 40 años; su exesposa, Dana Rhoden, de 37 años; sus tres hijos, Clarence “Frankie” Rhoden, de 20 años, Christopher Jr., de 16, y Hanna, de 19, la madre del hijo de Jake Wagner; la prometida de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, de 20 años; el hermano de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, de 44 años; y un primo, Gary Rhoden, de 38 años.
Los fiscales alegaron que la familia Wagner planeó los asesinatos durante meses, motivados por una disputa por la custodia.
Jake Wagner is pleading guilty to the Pike County Murders on the fifth anniversary.
Proud of the BCI investigative team that doggedly worked this difficult case.
— Attorney General Dave Yost (@Yost4Ohio) April 22, 2021
Según Canepa, Jake Wagner intentó convencer a Hanna Rhoden de que aceptara compartir la custodia de su hija y ella se negó. Wagner pudo acceder a dos cuentas de Facebook y encontró una publicación de Hanna que decía que nunca aceptaría esos términos.
La mayoría de las víctimas recibieron disparos repetidos en la cabeza y algunas mostraban signos de hematomas. Tres niños pequeños en las escenas, incluido el hijo de Jake Wagner, resultaron ilesos.
Según Canepa, los casquillos de bala encontrados en la casa de los Wagner coincidían con los encontrados en las escenas del crimen. Los investigadores también encontraron un zapato del mismo tamaño y pisada que coincidía con la huella de un zapato encontrado en la escena.
Un pariente, Tony Rhoden Sr., demandó a los sospechosos, diciendo que quería asegurarse de que ninguno de ellos se beneficiara económicamente de los asesinatos.
Uno de sus abogados, Brian K. Duncan, dijo por correo electrónico que la familia “está agradecida por el resultado de hoy, ya que brinda al menos una apariencia de justicia en este día que coincide con el quinto aniversario de estos trágicos eventos”.
Como si no fuera suficiente el caos que se ha generado dentro de las células delictivas que operan en la limítrofe de San Luis Río Colorado, Sonora y el Valle de Mexicali, ahora se genera una ruptura entre integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Garibay, cuyos líderes identificados -hasta el momento- son Luis Alfredo Garibay Félix y su tío Manuel Garibay Espinoza, este último, mítico líder de la agrupación delictiva desde los 80. Además, células de “Los Rusos” llegaron como refuerzo para pelear con Los Salazar, quienes intentan apoderarse de las operaciones en la zona rural de Mexicali.
Mexicali, Baja California 11 abril (Zeta).- Desde el 23 de febrero, Mexicali ha registrado una serie de ataques armados y un gran número de levantones perpetrados por agrupaciones delictivas que operan en el Valle.
La ola sangrienta que ha dejado el enfrentamiento de criminales ligados a Jesús Alexander Sánchez Félix “El Ruso” y Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega” en contra de la agrupación delictiva Los Salazar, apoyadas por Luis Alfredo Garibay Félix “El Wicho”, ha vuelto a la limítrofe de Mexicali con San Luis Río Colorado, Sonora, uno de los focos rojos más alarmantes de Baja California, debido a los recientes asesinatos y privaciones de la libertad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió ocho expedientes relacionados con levantones en la zona rural del Valle de Mexicali; tres personas ya fueron localizadas en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Algunos de los homicidios y levantones ocurridos en el Valle de Mexicali, se atribuyen a Eduardo Molina Flores, conocido como “El Zabe”, “El Sevas” y/o “El Sabino”, aunque en una indagatoria realizada por fuentes de Inteligencia, se pudo establecer la presencia de un brazo armado de “El Ruso”, el cual arribó a Mexicali para pelear de la forma más violenta.
Fiscal General Guillermo Ruiz. Foto: Zeta
Se trata de un hombre apodado “El P1” o “El Ponchito de la Lima”, identificado como Alfonso Peralta o Alfonso Amaya. Hasta el momento autoridades investigadoras no han logrado identificar concretamente a este personaje con varios años dentro de la estructura criminal de “El Ruso”.
Para empeorar el escenario, un conflicto dentro de la descapitalizada célula de Los Garibay, anuncia aún más caos originado por una pelea entre “El Wicho” Garibay con su tío y líder de la agrupación, Manuel Garibay Espinoza, debido al rechazo del segundo de respaldar al primero en su enfrentamiento directo en contra de “El Ruso” y “El Omega”.
Mexicali es uno de los municipios con menor incidencia delictiva en materia de homicidios, al contabilizar poco menos de 50 en los últimos tres meses, solo por encima de Rosarito y San Quintín.
Pese a que el grupo de Homicidios Dolosos ha realizado operativos con resultados importantes, la capacidad operativa ha sido insuficiente para contener la violencia en esta zona.
Alfonso Peralta, “El P1”. Foto: Zeta
“EL P1 DE LOS RUSOS”
Como una medida para contener el avance de Los Salazar, aliados de “Los Chapitos” en Mexicali y San Luis Río Colorado, “El Ruso” solicitó el apoyo de uno de sus hombres armados de mayor confianza, apodado “El P1”, para reforzar las operaciones en esa zona.
“Mis armas son mi afición, buen pulso y la discreción
Al Ruso respaldo yo y en la Lima yo protejo
Y si hay que festejar, me gusta parrandear
La banda he de jalar, un grupito norteño.
“Mucho gusto, soy Ponchón, El P1 anda al millón
Compa Cannabis, estoy pa’ lo que se ofrezca, viejo
Yo nunca hablo de más, tengo seguridad
Mi escuela ha de admirar al viejo Macho Prieto”.
Tal es una estrofa de una canción llamada “El P1”, del grupo Clasificado con Máximo Grado, y describe un poco del origen de este personaje que se identifica como emanado de la escuela de “El Macho Prieto”, apodo de Gonzalo Inzunza, integrante del Cártel de Sinaloa presuntamente abatido -aunque nunca confirmado- en Puerto Peñasco, Sonora en 2013, durante un operativo conocido como “La Batalla del Golfo”.
De la misma línea es “El Ruso”, el cual también trabajó con “El Macho Prieto” durante varios años.
Alejandro Lora Titular de la DSPM. Foto: Zeta
Debido al enfrentamiento, “El P1 o “El Poncho de la Lima” es identificado por autoridades bajacalifornianas como el encargado de la pelea contra Los Salazar y “Los Chapitos” (Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar), por lo que se le ha vinculado con los levantones suscitados en semanas anteriores.
Información proporcionada por el vicefiscal regional de Mexicali, Pedro Mendívil, indica que se han abierto ocho expedientes por levantones desde el 23 de febrero, cuando se suscitó la primera intervención de un comando armado en el Valle de Mexicali, donde según testigos, participaron entre 10 y 15 personas.
Los cuerpos de tres fueron localizados en San Luis Río Colorado, uno de ellos Gerardo Mendieta Durán, hermano de un mando policiaco, sustraído de su vivienda la noche del 26 de marzo en el poblado “La 28”. Los otros dos fueron identificados como Eliasib Verdugo Torres y Demetrio Pérez Núñez, ambos sustraídos la noche del sábado 27 en las inmediaciones de Ciudad Guadalupe Victoria. Se localizaron sin vida junto a otros dos individuos sin identificar, cuyos cadáveres fueron abandonados en el Valle de San Luis.
Aún no se conoce el paradero de cinco individuos “plagiados”, y aunque de manera oficial no han podido plasmar el vínculo en el expediente de investigación, la realidad es que fuentes de las Mesas para la Construcción de la Paz han establecido que se trata de agresiones perpetradas como respuesta inmediata. Es decir, un grupo ataca y otro responde.
Homicidio en El Valle . foto: Zeta
EL ROMPIMIENTO
Manuel Garibay Espinoza, conocido como “Don Manuel”, es uno de los criminales más longevos en Mexicali. Tras permanecer varios años en prisión, acusado de delincuencia organizada, tráfico de drogas y homicidio, logró salir tras un prolongado proceso penal.
Sabiendo que sus hermanos José Luis y Gerardo, y su hijo José Manuel están detenidos y finado, respectivamente, “Don Manuel” regresó a la actividad criminal, con el apoyo de su sobrino Luis Alfredo Garibay Félix “El Wicho”, entre otros viejos operadores.
A raíz de la reyerta entre “El Wicho” y “El Omega” por controlar la limítrofe del Valle de Mexicali y Sonora, los homicidios y ataques armados repuntaron.
El primer mensaje directo que evidenció el conflicto entre las dos células remanentes del Cártel de Sinaloa, fue en octubre de 2020, tras el asesinato de Jorge Luis Mora López, de 31 años, conocido como “El Chinto” -escolta de “El Wicho”-, detenido en 2012 junto con Garibay Félix en Tijuana y procesado por homicidio en agravio de una niña. Hecho por el cual recuperó la libertad, luego de más de un año de juicio.
En octubre de 2020, “El Chinto” fue acribillado en un taller mecánico del Ejido Colima -zona de Los Garibay-, donde se refugiaba, y tras las indagatorias, como probable responsable se identificó a “El Omega”.
Luego de algunos conflictos aislados, en febrero, un comando armado irrumpió en los ejidos Colima y Chiapas I, ubicados al Sur del Valle de Mexicali.
Los sicarios, presuntamente operadores de “El Zabe” y con apoyo de Los Garibay, acribillaron a dos personas y levantaron a otras dos, además de herir de bala a un niño de 6 años y una mujer.
Integrantes de las Mesas para la Construcción de la Paz de Baja California, ubicaron a las víctimas como Enrique Martínez Camacho, de 46 años, y a sus tres hermanos: Aarón, Ángel y Alonso, de 41, 45 y 48 años de edad, respectivamente, como narcomenudistas de Los Garibay que habían decidido trabajar con la célula de “El Omega”. Lo mismo ocurrió con José Fidencio Granados, ultimado en la misma noche en el Ejido Colima, donde además fue baleado su hijo.
Testigos identificaron a Luis Alfredo Garibay Félix, René Ledesma Jáuregui “El René” y a un tercer individuo apodado “El Many”, como participantes en el comando armado que perpetró el crimen. A raíz de ello, se ha suscitado una serie de levantones en el Valle de Mexicali donde por lo menos nueve personas permanecen en calidad de desaparecidas, básicamente son venganzas, pues algunos son identificados como “Rusos” y otros como “Garibay”.
En medio del conflicto, “El Omega” y “El Ruso” solicitaron una reunión con “Don Manuel” para detener el conflicto con su sobrino, pero no les dio buenos dividendos, por lo que se declaró neutral y dio aviso que no intervendría en la pelea. Como una medida de venganza ante la falta de apoyo, “El Wicho” Garibay presuntamente secuestró a quien autoridades identifican como hijo de “Don Manuel”, de nombre José Alfredo Garibay Mora, de 25 años, el cual no siguió con el linaje criminal y hasta antes de su desaparición, llevaba una vida normal con esposa e hijos.
El 25 de marzo, por medio de redes sociales, la pareja sentimental de Garibay Mora solicitó apoyo de la ciudadanía para reportar su desaparición. Sin embargo, no proporcionó mayores detalles al respecto. Fuentes de Inteligencia confirmaron que “El Wicho” lo habría privado de su libertad como una medida de presión contra su tío, a cambio de su apoyo o de una fuerte suma de dinero que lo ayude a continuar con el enfrentamiento.
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