A partir del lunes 6 de diciembre se reactiva el programa “Quédate en México”, con el cual los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos deberán esperar su proceso en México, pese a la saturación en la que se encuentran los albergues que se instalaron en territorio nacional. Los retornos de los migrantes se harán por los puertos fronterizos de San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Laredo y Brownsville.
Por Verónica Martínez
Ciudad Juárez, 5 de diciembre (LaVerdad).- Los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron este jueves que llegaron a un acuerdo para reiniciar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como “Quédate en México”, implementado por la administración de Donald Trump y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos en las cortes migratorias estadounidenses.
Los retornos a México reiniciarán a partir del lunes 6 de diciembre por los puertos fronterizos de las comunidades de San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Laredo y Brownsville, se dio a conocer.
El programa “Quédate en México” será retomado en un contexto de constantes flujos migratorios que han llegado a Ciudad Juárez, Chihuahua, buscando solicitar asilo desde antes de la pandemia y la administración del actual Presidente Joe Biden, explicó la subdirectora del HOPE Border Institute en El Paso, Marisa Limón.
Debido a esa situación, actualmente la red de albergues para migrantes en Ciudad Juárez, conformada por 27 albergues con espacio para recibir a tres mil personas, se encuentra en un 83 por ciento de ocupación, según datos de la oficina de la Organización Mundial para las Migraciones en esta frontera. Miles de migrantes más están fuera de estos refugios, dispersos por viviendas y cuartos de hoteles en la ciudad.
En diferentes periodos del 2019 y 2020, los albergues de Ciudad Juárez han reportado saturación en sus espacios de acogida, principalmente por personas bajo el programa MPP, que requerían quedarse en espera en algunos casos hasta por más de dos años.
El albergue temporal ubicado en el Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero que tiene una capacidad máxima de 200 personas se mantiene en una ocupación en promedio de 170 personas dijo Santiago González Reyes, el director de Derechos Humanos del Gobierno de Juárez, que coordina la administración del refugio. Aunque se ha presentado una disminución en el flujo migratorio, el director describió la llegada de migrantes a Ciudad Juárez como constante.
“Hay pequeños comportamientos que con los años uno va observando. Es normal que en épocas de diciembre disminuyan un poco; sin embargo, hay otros tipos de comportamientos que toman direcciones, por ejemplo las caravanas. Eso ya es impredecible”, dijo González.
Es difícil hacer una predicción de como las recientes políticas migratorias podrían influenciar en los comportamientos de los flujos migratorias e impactar a la comunidad fronteriza, declaró el director de Derechos Humanos, dependencia municipal que coordina la administración del albergue “Kiki” Romero.
El 2 de diciembre el Gobierno de Estados Unidos anunció el reinicio del programa para que migrantes soliciten el Estatus de Protección Temporal (MPP) en ese país, pero deberán volver a México en espera de su proceso. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
“La pregunta continua es si estamos preparados para esta situación. Lo que sí podríamos decir es que estamos coordinados. Tenemos una comunicación permanente y diaria con Gobierno del estado, federal y los demás espacios particulares que se dedican a la atención de personas en movilidad”, dijo González.
El programa MPP fue puesto en marcha por el Gobierno de Trump en 2019. Las primeras personas retornadas ingresaron por Tijuana el 29 de enero de ese año; en marzo se iniciaron a las ciudades de Mexicali y Ciudad Juárez. Posteriormente, se incorporaron Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila y, desde inicios de 2020, en Nogales, Sonora.
Limón considera que la región de Ciudad Juárez y El Paso ha hecho un arduo trabajo en materia humanitaria para responder al cuidado de personas migrantes en ambos lados de la frontera, pero considera que el siguiente paso, con el reinicio del programa, será fortalecer el trabajo de abogacía en contra de estas políticas migratorias.
“Lo que aprendimos del primer proceso de MPP es ser capaces de discernir cuales son nuestras principales contribuciones para apoyar a las personas más afectadas, pero ahora es cuestión de abogar a favor de un cambio (en estas políticas migratorias)” dijo Limón.
La subdirectora considera que el principal rol de la organización será continuar monitoreando la situación en la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso y difundir información sobre los efectos que el programa MPP puede tener en la región.
En enero de este año la Administración de Joe Biden finalizó el programa MPP, pero en agosto pasado la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el restablecimiento del controvertido programa tras una demanda que fue presentada en abril por los gobiernos de los estados de Texas y Missouri.
Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos anunció que tras un acuerdo con el Gobierno de México trabajaba para volver a implementar el MPP y garantizar que haya refugios seguros disponibles para los solicitantes de asilo retornados; que las personas que regresan bajo MPP tengan un transporte seguro desde y hacia los puertos de entrada de los Estados Unidos y que los afiliados al MPP pueden buscar permisos de trabajo, atención médica y otros servicios en México.
Durante el proceso de negociación binacional, el Gobierno de México expresó las preocupaciones humanitarias que conllevaría la reinstalación del programa que incluyen ofrecer recursos para las organizaciones y albergues que atienden a personas migrantes, condiciones de seguridad y capacidad en espacios de acogida, la protección para grupos vulnerables y considerar la capacidad de atención del Instituto Nacional de Migración (INM).
El Gobierno de Estados Unidos aceptó estas consideraciones humanitarias por lo que el Gobierno de México no retornará a sus países de origen a los migrantes que tengan una cita para presentarse en las cortes de migración en Estados Unidos para solicitar asilo, declaró la Secretaria de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.
Ante las condiciones que presentó el Gobierno mexicano para retomar el programa “Quédate en México”, Estados Unidos ha acordado aplicar cambios esenciales en el programa como comprometerse a que los procedimientos de asilo deberán de concluir dentro de un margen de seis meses desde el retorno inicial a México. DHS no incluirá inscripciones de individuos particularmente vulnerables y proveerá oportunidades de vacunación contra el COVID-19 a los participantes del programa, declaró la agencia de seguridad nacional.
El pasado mes de septiembre el albergue Hermanos en el Camino de Metepec, Estado de México, reportó que había recibido más migrantes de lo normal. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
VIOLENCIA CONTRA SOLICITANTES DE ASILO: ONGS
El programa que en dos años retornó a más de 70 mil personas migrantes a territorio mexicano ha sido extensamente criticado por organizaciones internacionales, asociaciones civiles y defensores de derechos humanos por poner en riesgo las vidas de personas migrantes que han sido el blanco de crímenes violentos. Hasta febrero del 2021, la organización Human Rights First reportó mil 544 crímenes cometidos contra migrantes.
“Estamos consternados ante la expansión potencial del programa ‘Quédate en México’ por parte de la administración de Biden-Harris que puede incluir a migrantes y solicitantes de asilo altamente vulnerables en el hemisferio oeste como es el caso de haitianos y brasileños. Ninguna cantidad de excepciones, fondos adicionales o esfuerzos para mitigar los peores efectos de esta política podrán alterar la crueldad que implica ‘Quédate en México”, expresó el HOPE Border Institute, organización de El Paso en un comunicado.
La Red de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes Zona Norte también expresó preocupación en un comunicado oficial ante la ya esperada reactivación del Protocolo de Protección a Migrantes declarando que mantienen un compromiso en la defensa y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
A su vez, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expuso que al aceptar el reinicio del retorno de solicitantes de asilo desde Estados Unidos, el Gobierno de México expone a las mujeres y a la niñez.
En los dos años que estuvo abierto MPP se devolvió a México a más de 70 mil personas, de las cuales 40 por ciento eran mujeres y 33 por ciento niñez. La mayoría de las mujeres fueron víctimas de violaciones, secuestros y extorsiones sin que haya existido una reparación del daño, expuso la organización no gubernamental.
En este escenario, reinstalar MPP nos hace cómplices de que las mujeres, la niñez y la adolescencia vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas porque como país no pudimos defender nuestra soberanía y negarnos a participar en una política que no sólo ponen en peligro la vida de esta población, sino que es contraria a nuestra legislación, indicó en un comunicado.
Advierte que el nuevo programa establece medidas parecidas al programa anterior que nunca se cumplieron, como protección a la unidad familiar, acceso a servicios legales, acceso a albergues, algunas exenciones para grupos vulnerables y acceso a la vacuna contra la COVID-19. A pesar de las medidas anunciadas, no hay forma de que MPP pueda volverse un programa con una visión de protección y humanitario porque expone a la mujeres y sus familias a condiciones de violencia mientras esperan los seis meses de su proceso de asilo del lado mexicano, sin poder reunirse con abogados para desarrollar sus casos.
El mes pasado organizaciones que dan servicios legales a solicitantes de asilo en Estados Unidos anunciaron que en esta ocasión no darán asesoría legal a personas bajo MPP porque sería avalar un programa que viola el derecho que están tratando de proteger, agregó.
MPP viola la legislación nacional estadunidense, el derecho al debido proceso, el principio de no devolución, y rompe la promesa de la Administración Biden de eliminar las políticas que menoscaban el derecho al asilo en su país. Mientras que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió promover el reinicio de MPP a pesar de conocer las graves violaciones de derechos humanos en las cual incurrió en el programa pasado, y de que viola la Constitución y los compromisos asumidos internacionalmente.
Organizaciones internacionales informan que a pesar de que el programa MPP será retomado en las fronteras las expulsiones bajo el Título 42 continuarán y que habrá excepciones de cuales nacionalidades podrían aplicar al programa.
