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En la audiencia de este viernes, los familiares de las víctimas presentes en la sala elevaban rezos para clamar por Justicia, mientras el juez dictó libertad condicional con arresto domiciliario para los procesados, previo pago de una fianza de 350 mil quetzales (unos 46 mil 600 dólares).

El ex Director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, responsable del incendio que ocurrió en un albergue de menores, en Guatemala. Foto: EFE/Archivo

Guatemala, 7 de abril (EFE).- Un juez de Guatemala resolvió hoy procesar a tres ex funcionarios por homicidio culposo y otros delitos, tras el incendio en un albergue estatal de menores que causó la muerte de 41 niñas y adolescentes.

Durante la audiencia de primera declaración, que se prolongó por cuatro días, el juez de Instancia Penal Carlos Guerra encontró suficientes motivos para encausar y dejar en arresto domiciliar al ex titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia Carlos Rodas.

También a la ex Subsecretaria Anahí Keller y a Santos Torres, ex Director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ocurrió la tragedia.

También enfrentarán los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad, por el incendio que inició el pasado 8 de marzo, al parecer provocado por las menores, que estaban encerradas bajo llave cuando supuestamente quemaron unas colchonetas para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían.

Guerra argumentó los motivos que lo llevaron a dictar auto de procesamiento, pues según las primeras pruebas presentadas por la Fiscalía los tres “abusaron del poder” del que estaban investidos, tienen responsabilidad en los hechos, permitieron el abuso hacia las pequeñas y con su acción “imprudente y negligente” participaron en la tragedia.

“En las manos de ellos estuvo, de alguna manera, la evitabilidad del resultado final”, dijo el juez, quien durante su resolución cuestionó además cómo la sociedad ha llegado a tolerar “un sistema de Justicia complaciente”, al extremo de que “la corrupción se ha arraigado” y muchos delitos se ven como normales.

Guerra también agregó, por iniciativa propia, el delito de “lesiones graves” por las 15 niñas que sobrevivieron al fuego y que tuvieron diversas lesiones, además de amputaciones de sus miembros, y argumentó que “no puede ignorar la ley” a pesar de que ninguna de las partes, ni la fiscalía ni los querellantes, lo solicitaron.

“La adolescentes, si estaban ahí, era para que se protegieran sus derechos (…). Los tres firmaron y participaron del abuso”, reiteró el juez, quien manifestó que los tres acusados dieron su consentimiento para que la Policía las resguardara en un cuarto: “Pudieron evitar la situación, pudieron evitar el maltrato”.

Durante la vista del pasado martes, la Fiscalía estableció que el fuego se originó en un salón de 6 por 7 metros, donde estaban encerradas las niñas “como castigo” desde la noche anterior cuando unas 60 jóvenes intentaron fugarse del centro, supuestamente por los maltratos de los que eran víctimas.

“El incendio duró alrededor de 9 minutos (…) a una temperatura superior a los 300 grados centígrados y gases letales con menos del 21 por ciento de oxígeno necesario. Las probabilidades de sobrevivir en esas condiciones eran mínimas”, dijo el fiscal Edwin Marroquín, quien resumió que la llave de la puerta no aparecía y que las niñas estaban bajo la supervisión de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las imágenes de la presentación del Ministerio Público (MP),en el centro estatal faltaba seguridad, había una mala alimentación, poca iluminación, escasos servicios sanitarios y poca privacidad.

La Fiscalía señaló, además, que los bomberos, alertados por un motín y no por un fuego, no fueron llamados a tiempo para sofocar el incendio, y denunció que ni Rodas ni Keller tenían la capacidad para actuar ante emergencias de este tipo por su falta de experiencia.

En la audiencia de este viernes, los familiares de las víctimas presentes en la sala elevaban rezos para clamar por Justicia, mientras el juez dictó libertad condicional con arresto domiciliario para los procesados, previo pago de una fianza de 350 mil quetzales (unos 46 mil 600 dólares).

Además, les obligó a acudir cada lunes a la Fiscalía a firmar en el libro para corroborar su paradero y les prohibió tener teléfonos móviles propios, así como comunicarse entre sí o con los testigos del caso.

La fiscalía apelará las medidas sustitutivas, rechazadas por las familias de las víctimas, por considerar que existe “peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad”.

El juez fijó además un plazo de 6 meses para concluir la investigación y será el próximo octubre cuando, previsiblemente, se celebre la audiencia de etapa intermedia, en la que se determinará si deben enfrentar un juicio por este caso.