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La Generación Podrida: una lista larga de político$ cuestionado$ coincide con el sexenio de Peña

jueves, abril 13th, 2017

El país sufre a la generación más corrupta de gobernadores en la historia, la mayoría de ellos del PRI, que desde Los Pinos gozan de impunidad para hacer y deshacer, dijeron legisladores y miembros de distintos partidos de oposición en entrevista con SinEmbargo. México, criticaron, se ha visto evidenciado por la justicia de otros países en donde hacen “la chamba” que en la administración de Enrique Peña Nieto no se realiza. Ejemplo de ello, está la detención, en Italia, de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas; la aprehensión, en Estados Unidos, del ex Fiscal de Nayarit Édgar Veytia Cambero y el arresto del mismo Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, en España en enero del año pasado.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- México está ante la generación de gobernadores más corrupta de la historia, la mayoría de ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prófugos o impunes, destacaron legisladores y miembros de la oposición entrevistados por SinEmbargo.

La oposición acusó que casos como el del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, recién detenido en Italia; del ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, apresado en Estados Unidos, y del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aprehendido en España en enero de 2016, no sólo exhiben al sistema de justicia mexicano, sino que ponen en entredicho las acciones del Gobierno federal en contra de los ex gobernadores acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.

“Es la peor generación de gobernadores, pero esto no es por un fenómeno cronológico, sino porque se construyó una red de impunidad que viene desde Los Pinos y está deteriorando a las instituciones […]. Refleja una red de impunidad, todos estos gobernadores están conectados. Las empresas fantasma que usó César Duarte Jáquez [ex Gobernador de Chihuahua], son las mismas que utilizó Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, o Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Es una historia que se irá conociendo poco a poco”, aseguró Jorge Álvarez Máynez, Diputado de Movimiento Ciudadano (MC).

El legislador lamentó que sean las autoridades de Estados Unidos, Italia y España las que estén haciendo el trabajo que en México no se hace “por complicidad y contubernio por las redes de corrupción” que provienen desde Los Pinos, acusó.

“El Presidente [Enrique Peña Nieto] que tenemos es el de la ‘Casa Blanca’, pero digamos en Panamá, en Brasil, en Perú hay funcionarios detenidos por el escándalo de Odebrecht. Aquí se ha demostrado que hubo sobornos y no hay un solo funcionario juzgado. La verdad es algo espeluznante lo que sucede en México”, añadió.

La lista de la última generación de gobernadores señalados por actos de corrupción, lavado de dinero, lazos con el narco y otros delitos federales es larga. La mayoría provienen del PRI y sólo uno de ellos, Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, del Partido Acción Nacional (PAN), está tras las rejas porque él decidió entregarse a las autoridades.

Pero el resto, todos investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), y varios con procesos abiertos en cortes de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, fueron las “jóvenes” promesas del Nuevo PRI: Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz; Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila.

“El PRI ha postulado la generación de gobernadores más corrupta en toda la historia. Estos personajes se asociaron con narcos y generaron el caldo de cultivo que tiene al país como está. Ellos abrieron las puertas de par en par a los capos de las drogas, no sólo para el trasiego de estupefacientes, sino se generaron una serie de prácticas criminales como el derecho de piso, la extorsión, el secuestro y todos los crímenes que ahora conocemos y que tienen angustiada a la población de nuestro país, ocasionando un daño irreparable a la economía familiar y el desprestigio de las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad en México”, dijo Jorge López Martín, vicecoordinador de los diputados del PAN.

Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, agregó que los ex gobernadores del Tricolor, fueron puestos como ejemplo del “Nuevo PRI” por Enrique Peña Nieto.

Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, por ejemplo, tienen en común el ser nombrados en el extingo programa Tercer Grado, de Televisa, como el ejemplo de la cara del nuevo PRI por el entonces candidato a la Presidencia de la República en 2012.

Peña Nieto sostuvo a la periodista Denise Maerker Salmón, ante la exigencia “ponga nombres”, que el nuevo PRI –que en ese entonces gobernaba 20 entidades– tenía cuadros renovados.

“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche [Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a Mearker.

Hoy dos de ellos, César y Javier Duarte son prófugos de la justicia, mientras que Roberto Borge es investigado por la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Hoy el PRI es el partido que postula a los prófugos de la justicia. El PRI es un partido de prófugos”, afirmó Rocío Nahle.

Antes de la última generación de gobernadores, otros viejos priistas fueron investigados por vínculos con el crimen organizado e enriquecimiento ilícito. Tal es el caso de Arturo Montiel Rojas, ex Gobernador del Estado de México, quien fue exonerado; Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz, quien no fue perseguido, sino fue premiado como Cónsul en Barcelona, España; Ulises Ruiz, de Oaxaca, Andrés Granier, de Tabasco y los dos de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández.

 

AUTORIDADES EXTRAJERAS EXHIBEN A MÉXICO

El domingo pasado, la Policía de Italia aprehendió al ex Gobernador Tomás Yarrington cerca de la plaza de la Señoría, la explanada más céntrica de Florencia.

Yarrington presentó un documento de identificación falso y se negó a la asistencia Consular. El Gobierno mexicano presumió el domingo que la localización del ex Gobernador fue posible gracias a su participación con Italia, pero los italianos nunca mencionaron a México y, de acuerdo con el portal Breitbart Texas –considerado como un medio con fuertes nexos con el Gobierno de Donald Trump–fuentes de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense afirman que la administración de Peña Nieto no estuvo involucrada en la detención, sino agentes del país anglosajón.

De acuerdo con los miembros de la oposición en México entrevistados por este medio digital, el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba es uno de los más vergonzosos, pues las autoridades extranjeras de Estados Unidos e Italia actuaron en contra del ex Gobernador, mientras que en México todo indica que se le trató de proteger y no de aprehender al ex funcionario.

Yarrington era buscado por la agencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) desde 2012 por extorsión, narcotráfico y lavado de dinero. En México se le empezó a buscar en noviembre de 2016 y el Gobierno federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información sobre su paradero.

Francisco García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que hasta octubre del año pasado el ex Gobernador contaba con escoltas asignados por el Gobierno de la entidad, entonces encabezado por el priista Egidio Torre Cantú.

“Lo más lamentable es que este señor se paseaba en Italia como en su casa, y lo capturan por Estados Unidos. Es alarmante que el Gobierno de México no se haya activado ni siquiera a extraditarlo, pareciera que trababa de protegerlo. Es el mismo caso de Duarte de Veracruz, del Duarte de Chihuahua y de todos estos nuevos talentos en el PRI que son comparsa de Peña Nieto”, consideró Rocío Nahle de Morena.

La legisladora agregó que la policía internacional está “haciendo la chamba” que la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no hace: “es un llamado de atención al sistema de justicia en México, es un escarmiento”.

Jorge López, Diputado del PAN, anunció que el Grupo Parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados solicitó la comparencia de Juan José Guerra Abud, embajador de México en Italia, lo más pronto posible.

El ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la actual administración debe explicar si “fungía como representante del Gobierno mexicano en Italia, o si fue a llevar a cabo la misión imposible de ayudar a Yarrington que no que fuera detenido por la justicia”.

Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que las detenciones en España, Italia y Estados Unidos de ex Gobernadores y ex funcionarios mexicanos buscados por la justicia, “desenmascaran la ineficiencia o los vínculos del sistema de procuración de justicia del país”.

“Que en México existan gobernadores prófugos de la justicia y que no haya manera de cómo encontrarlos, deja mucho qué desear de la procuración de justicia de nuestro país. Existe la percepción pública de que se actúa como tapadera de funcionarios públicos corruptos”, afirmó.

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Los empresarios piden a nuevos gobernadores que no “olviden” castigar a corruptos que se van

lunes, julio 4th, 2016

La iniciativa privada exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. Destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.

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Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. La iniciativa privada destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.

“Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE su comentario semanal.

La semana pasada, legisladores y un Gobernador electo pidieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios.

El CCE añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.

El presidente del CCE mencionó que esta semana se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De esta forma, dijo, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción y se dará paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos.

“Esta es la ‘prueba de fuego’ de la Reforma Anticorrupción que se ha aprobado”, precisó Castañón.

Agregó que, como toda reforma, es siempre perfectible, pero se ha logrado un paso en el sentido correcto.

“Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, indicó el líder empresarial.

El CCE señaló que el desafío de consolidar el Estado de derecho democrático en México es un camino en el que queda un muy largo trecho por recorrer, con grandes resistencias y obstáculos por superar.

“Tener las leyes y las instituciones idóneas para ello, es sólo el comienzo, el inicio; se requiere de voluntad política y social para hacer que funcionen, en consenso, para que rindan frutos”, expuso el organismo empresarial.

CORRAL LLAMA A DENUNCIAR A DUARTE

El priista César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

El priista César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

El miércoles pasado, Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, lanzó una plataforma digital para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar de manera anónima irregularidades y presuntos actos de corrupción, luego de que se propagara el rumor de que la administración del priista César Duarte Jáquez destruyó documentos vinculados con estos delitos.

El Gobernador electo de Chihuahua detalló que las denuncias podrán realizarse en el sitio web Denuncia Chihuahua, que tiene un apartado para subir fotos, videos y documentos que evidencias irregularidades cometidas por servidores públicos del actual Gobierno estatal.

Mucho antes de ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, Corral Jurado denunció al priista Duarte Jáquez por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de recursos públicos, entre otros.

Un día después de su triunfo en las elecciones del pasado 5 de junio, el panista confirmó que uno de sus objetivos centrales será limpiar a la entidad de la corrupción.

En casi seis años de Gobierno, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda pública de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Al recibir la gubernatura, los pasivos del estado sumaban 12 mil 547 millones de pesos, y de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2015 ahora son de 41 mil 926 millones.

Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma denuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.

Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo en entrevista para SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Duarte Jáquez y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.

CONGRESO DE VERACRUZ FRENA A JAVIER DUARTE

Javier Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz trata de blindarse, acusan. Foto: Cuartoscuro

El priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, es acusado por tratar de blindarse de la acción de la justicia cuando deje su cargo. Foto: Cuartoscuro

El pasado 30 de junio, el  Congreso de Veracruz frenó la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, cargo en el que se preveía se ratificara a Francisco Portilla Bonilla. Lo anterior luego de la presiones sobre el presunto blindaje que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa pretendía con este nombramiento.

Se preveía que durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Veracruz se sometería al pleno la designación de un Fiscal Anticorrupción, sin embargo en un primer momento el tema fue retirado del dictamen del día debido a que no alcanzó el consenso necesario entre los legisladores.

La propuesta fue frenada ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser subida al pleno. Incluso la mayoría priista del Congreso local dio un giro y decidió no respaldar la moción.

El Congreso veracruzano discutió la creación de una sala Especializada en materia de Anticorrupción, sin embargo, la discusión se volteó en críticas en contra de la propuesta que aseguran, es una Ley a modo para blindar al Gobernador Javier Duarte. Incluso, dentro del Recito Legislativo, diversas personas protestan con pancartas en las que lee: “#QueNoSeEscapeDuarte”.

Diversos legisladores de oposición subieron a la Tribuna y aseguraron que una Nueva Sala no es necesaria, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo el Poder Judicial de la entidad e insistieron en que se trata de un intento por legislar a una Ley “a modo” para proteger a los funcionarios corruptos del Gobierno de Javier Duarte.

La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma, consideró que “crear una sala especializada no implica una sola reforma, significa un nuevo atraco a las finanzas públicas del Estado”.

“Lamentablemente en este Congreso se siguen inventando magistrados. Ustedes están ocupando un Sistema Anticorrupción adecuándalo a su modo, para proteger a todos los funcionarios corruptos de este Gobierno”. Además, aseguró, el dictamen invade las facultades del Poder Judicial.

Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.

La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.

Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.

Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.

Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejaría una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.

EN QUINTANA ROO, BORGE TAMBIÉN SE BLINDA

El priista Roberto Borge, Gobernador de Quintana Roo, también busca blindarse. Foto: Cuartoscuro

El priista Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, también busca acomodar piezas en instituciones de justicia y de supervisión de cuentas, para no ser llamado ante la Ley. Foto: Cuartoscuro

En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se “blindó” ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión.

Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.

Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El  Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge.

De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.

La de Borge es una administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.

El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.

A principios de agosto de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.

En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.

Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.

La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.

Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.

Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa,  debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19.

–Con información de Shaila Rosagel y Dulce Olvera