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AMLO abrió un frente con el Juez que frenó su reforma eléctrica. Foto: Gobierno de México.

Acostumbrado como lo ha estado los últimos dos años, a no tener oposición en el Poder Legislativo, a controlar a los gobernadores, y a ganar en los Tribunales Electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador -y fue evidente el 15 de marzo de 2021- no soporta que le lleven la contra, o que actúen contrario a su proyecto de Nación. Ese día, molesto, envió una carta al Presidente del Consejo de la Judicatura, al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Efectivamente, en la misiva, el Presidente López Obrador se quejó del Poder Judicial, uno de los tres que componen en el Estado mexicano, y por consecuencia autónomos unos de otros, considerando al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Su molestia fue porque, así lo refirió queriendo ser sarcástico, cuando debería ser la cotidianeidad, un día después que su reforma a la industria eléctrica fue aprobada en el Legislativo, un Juez de Distrito, concedió una suspensión provisional a un particular que, como puede suceder, consideró que tal reforma le afectaba sus derechos, los de su sector, los de su empresa.

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión provisional contra la reforma a la industria energética promovida por el Presidente para ponderar a la Comisión Federal de Electricidad, pero además con efectos generales, lo cual indica que favorece a todos y no solo a quien solicitó el amparo de la justicia.

Una de las quejas del Presidente, para demostrar que la actuación del Juez fue maliciosa, que ve algo extraño, y por la cual solicita que el Consejo de la Judicatura investigue al Juez, fue que este actuó con celeridad, “se cumplió como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”. Hasta la eficiencia del juzgador molestó al Presidente de un País que se duele la impunidad, la lentitud del Ministerio Público, y el retraso en la administración de la justicia.

Acusa en una carta oficial del Presidente de la República al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con chismes, rebajando la investidura que porta en la banda presidencial López Obrador, y en la toga el Ministro Zaldívar, dando a entender que la actuación del Juez no fue en el pleno ejercicio de sus funciones y su responsabilidad como juzgador, sino movido por otros intereses ¿cuáles? Los de siempre. Se lee en el quinto párrafo de la misiva del mandatario nacional: “que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo…”, otra vez presuponiendo que el Juez actuó con base a esos términos y no conforme a derecho.

De tales males, Andrés Manuel acusó también en su misiva a diferentes personajes y empresas, y lo hizo también sin presentar pruebas. En su sexto párrafo anota: “Me refiero entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua Secretaría de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa…¨.

Continuó más adelante con el mismo dedo acusador presidencial: “En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari; entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.

La cuestión con el Presidente López Obrador es que acusa pero no denuncia. Si al tanto está y le consta que toda una Secretaría de Energía estuvo en la nómina, porqué no presentar una denuncia, que el Ministerio Público investigue y que el Poder Judicial sancione. Lo mismo en el caso de los empresarios, las empresas y el exministro. Pero no, a eso no llega.

Sobre el Juez Gómez Fierro, el presidente de la Corte, Ministro Arturo Zaldívar, acusó de recibida la queja del Presidente López Obrador, y la considerarán en el Consejo de la Judicatura para ver si, en efecto y como lo señala el primer mandatario de la Nación, hay motivo de investigación sobre el actuar del Juez.

A la fecha, 16 de marzo de 2021, se han otorgado 29 suspensiones provisionales, concedidas a igual número de personas o empresas por parte de Jueces de Distrito, el otro que ha actuado con la celeridad que requiere un amparo, pues es una figura jurídica que debe garantizar al individuo de manera eficaz y rápida una garantía dentro de un proceso judicial ante violaciones, es Rodrigo de la Pesa López Figueroa, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, contra quien el Presidente López Obrador a la fecha, no se ha manifestado.

Cabe mencionar que la suspensión de un acto reclamado en juicio de amparo se decreta en todas las materias a solicitud del quejoso, siempre y cuando no se trate de casos que se sigan en perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, las cuales están perfectamente establecidos en la propia Ley de Amparo, y estos asuntos no están entre ellos.

El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos más importantes que tienen todas las personas que se encuentren en México, es decir las garantías individuales y sociales, aún más, los derechos humanos, que otorga, reconoce y protege la Constitución. El amparo permite, a quienes se consideren agraviados personal y directamente en sus derechos, defenderse de las leyes y de los actos de autoridad contrarios a la Carta Magna.

Lo que sucede en estos casos tiene harto que ver con el Estado de derecho y la separación de poderes, cuyo principio es precisamente, no concentrar el poder en una sola persona o instancia para no caer en tiranías, mantener la autonomía del Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, garantiza la paz y la libertad de la sociedad, el Estado de derecho en el cual se deben regir respetando sus competencias.

Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece, quiere todo el poder. Quiere gobernar y legislar, y además controlar al Poder Judicial para que nada ni nadie detenga lo que él considera es lo correcto, aunque afecte a otros, como es el caso que han visto los juzgadores que otorgaron las suspensiones.

Hace unos días, a propósito de las arengas del Presidente contra los jueces, sociedad, académicos, estudiosos, analistas, constitucionalistas, sociedad civil, se volcaron en apoyos hacia la autonomía del Poder Judicial, es el caso para ello. De la resolución que tenga el Consejo de la Judicatura respecto la queja sobre el Juez Gómez, dependerá el futuro del Estado de derecho en el país. Si deciden sancionarlo, amonestarlo, y retirarle las facultades que como juzgador tiene para escuchar y actuar a favor de terceros perjudicados cuando así haya elementos, se confirmará que la actual es una Corte al servicio del Presidente; si respeta el trabajo del Juez, estará no solo confirmando la autonomía y facultad de un juzgador, sino la propia.

No concentrar todo el poder en una sola persona.

El candidato del PRI Alfredo del Mazo Maza agradeció por el apoyo y por el triunfo en las elecciones a Gobernador del Estado de México, en la sede estatal del partido tricolor. Foto: Cuartoscuro

Aun cuando el triunfo no es oficial pues el Programa de Resultados Electorales Preliminares es solo eso y no un acta de triunfo, en el Partido Revolucionario Institucional ya cantan victoria en el Estado de México. Hoy miércoles, de hecho, iniciará el cómputo distrital, y de esos números saldrá el ganador de la elección a Gobernador.

Cantar el triunfo cuando la diferencia de votos holgada, va, hay tendencias que de tan dispares, resultan irreversibles, pero hacerlo cuando sólo hasta las últimas horas de la noche, se metió a la delantera el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, raya en la balandronada priísta a la que, ni modo, estamos acostumbrados.

Más allá de la falta de seriedad con la que se puede tomar a la izquierda en el Estado de México que encabeza Delfina Gómez, dados los antecedentes de su líder con el “voto por voto” y las campañas que desde la derecha se han realizado de manera sistemática desde el año 2006 para crearle –o exaltarle si gusta- una personalidad mesiánica y testaruda a Andrés Manuel López Obrador, debería prevalecer en el ánimo de los opinólogos, estudiosos, analistas, académicos, empresarios y ciudadanos interesados, es el respeto a la voluntad del pueblo. La certeza del respeto a la democracia significa respetar los votos y contarlos como son. Que el resultado del proceso más allá de las personas y las querencias, sea un resultado producto de la transparencia y apegado a la Ley que respeta la voluntad de los votantes, guste o no.

Entre toda la pléyade de funcionarios electorales, políticos y comparsas del partido en el poder que han salido a avalar el triunfo no oficial del PRI en el Estado de México, hay quienes se resisten a la simulación y hablan de frente, pocos realmente pero ahí están. Es el caso de Bernardo Barranco, Consejo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México quien concedió una entrevista a la periodista Carmen Aristegui y confirmó que existe una situación tensa en aquel Estado, que “la diferencia de votos es tan pequeña que no podemos decir que ya haya un resultado definitivo”, que dependerá de los paquetes electorales que se abran a partir del miércoles cuando inicie el cómputo distrital. Reconoció además el representante del INE que efectivamente, en el Estado de México, la cuna de Enrique Peña Nieto y su primo el candidato, detectaron prácticas de mapachería electoral y tácticas para inhibir la participación ciudadana, así como omisiones por parte del Instituto Electoral local, que no aportaron certeza en los sistemas de resultados preliminares, y que han terminado por favorecer al candidato del PRI.

Y efectivamente, hablar de participación ciudadana en la elección del Estado de México es exagerar. De los 11 millones 300 mil ciudadanos inscritos en el padrón local, únicamente votaron 5 millones 798 mil 557 (de acuerdo al PREP), lo que significa que la participación ciudadana que ponderan apenas alcanza el 51 por ciento de la población con capacidad para votar. Alfredo del Mazo obtuvo (otra vez de acuerdo al PREP) 1 millón 955mil 347 votos, mismos que significan un 33.72 por ciento del total de electores que acudieron a las urnas, y 17.30 por ciento del total de electores registrados en el padrón del Estado de México. Dando cuenta de la que, de confirmarse, sería una pírrica victoria para el Revolucionario Institucional, especialmente si consideramos que del Mazo obtuvo 1 millón 63 mil 241 votos menos que los recabados por Eruviel Ávila en la elección a Gobernador del Estado de México en 2011, y apenas 153 mil 817 sufragios más que los logrados por Enrique Peña Nieto en la sucesión de ese Gobierno en 2005, el PRI aun ganando, va en picada.

Mientras el resto de los partidos mantuvieron sus porcentajes electorales en el Estado de México, el PAN con 11.29 por ciento de los votos (12.28 en la elección de 2011), y el PRD con 17.79 por ciento (18.96 por ciento en la elección de 2011), fue el nuevo instituto político, Morena, quien, o ganó los votos de los nuevos electores dado que en 2011 votaron en total 3 millones 785 mil 787 mexiquenses, y en 2017 fueron a las urnas 5 millones 798 mil 557 ciudadanos, o le restó sufragios al PRI, que obtuvo 36 por ciento menos votos que la elección anterior.
¿Qué perdemos si se confirma el triunfo del PRI? Muchas cosas, particularmente, acceso a la información, transparencia, denuncias penales, rendición de cuentas, estado de derecho, legalidad y justicia. Solo por el hecho de ser un gobierno de continuismo priísta, en el cual Ervuiel Ávila cuidó al gobernador que lo antecedió, Enrique Peña Nieto, y es de suponerse que Del Mazo cuidará a Ávila, se espera que no haya investigaciones sobre lo que ocurrió, particularmente en temas que han generado la sospecha y la preocupación.

Por ejemplo, el Estado de México es la entidad con más ejecutados en los últimos cuatro y medio. Al corte de los 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, en México sucedieron (según el conteo de Semanario ZETA), 90 mil 694 ejecuciones, de las cuales 11 mil 604, es decir el 12.79 por ciento, ocurrieron en el Estado de México, catalogado como el más violento del País. ¿Qué pasó? ¿Quiénes los mataron? ¿Dónde están los asesinos? ¿Cuáles cárteles concurren en esa entidad oficialmente? ¿Dónde está la corrupción? No lo sabemos, y de continuar el mismo partido, no lo sabremos.

Hace unos días un investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Leonardo Núñez González, explicó que de acuerdo al resultado de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el ejercicio fiscal 2015, al Gobierno del Estado de México le fueron hechas observaciones, de irregularidades que equivalen a unos 8 mil 98 millones de pesos. En una entrevista concedida a este nuestro Sin embargo.mx por el investigador Núñez, reflexionó que de los dineros entregados por la federación a los estados, éstos los “asigna” (las comillas son mías) el Congreso, pero que los diputados ni revisan ni vigilan, “eso permite erogar recursos de los fondos sin comprobarlos; los gobiernos gastan de manera arbitraria. El dinero se entrega a las tesorerías de los estados, los cuales lo ejercen sin comprobar su ejercicio. El control sobre el uso de los recursos se haber de manera divergente”, refirió en relación a lo que sucede en el Edomex.

Aunque está claro que de poco o nada sirven las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para obligar a los gobernadores y a los congresos a transparentar el uso de los recursos y conminarlos a la rendición de cuentas, un gobierno de continuismo le abona opacidad a la crítica situación.

El Estado de México, a pesar de tener un presupuesto anual aproximado de 1 billón 228 mil millones de pesos, ha incrementado en los últimos años y de acuerdo al Coneval, el número de pobres en esa entidad. 49.6 por ciento de la población permanece en la pobreza, 20.2 por ciento de la población mexiquense no tiene acceso a alimentación, 58.9 por ciento, que representan más de 9 millones de habitantes, tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar que el mismo Coneval ubica en los mil 821 pesos mensuales en el ámbito rural, y en 2 mil 822.69 pesos en el urbano, es decir, que no se han creado empleos en el Estado de México, de calidad y bien pagados, para sacar a su población de la pobreza o por lo menos mantenerlos en la línea del bienestar ¿Cómo ha sucedido esto con tanta inversión del gobierno federal en esa zona? ¿Qué clase de inversiones privadas llegaron al Estado de México? ¿Cuáles fueron las acciones de Desarrollo Social para combatir la pobreza en el Estado de México en los últimos seis años que evidentemente no funcionaron? ¿En qué se invirtió el recurso? Un gobierno de continuismo no solventaría nada de esas dudas, a menos claro que sea la intención presidencial sacrificar a otro ex gobernador priísta como parece ser el sello de la casa.

De confirmarse el triunfo del PRI en el Estado de México, los mexiquenses y los mexicanos perderíamos muchas oportunidades para saber cómo se gobierna una entidad con administraciones de continuismo durante más de 80 años. Y ahí hasta el 2018 ya vemos cómo serán las cosas.

“¿Dónde están José Antonio Gali Fayad y Francisco Javier García Cabeza de Vaca?”. Fotos: Cuartoscuro

¿Dónde están José Antonio Gali Fayad y Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Los dos son Gobernadores, los dos son panistas, y los dos han destacado por su ausencia en la estrategia para combatir al crimen organizado y al narcotráfico que tiene azotados a los estados que gobiernan, Gali en Puebla, García en Tamaulipas.

La semana pasada y la que transcurre han sido difíciles para muchos estados, la inseguridad en México crece, mientras los cárteles de la droga son arropados por autoridades federales y locales que les proveen de impunidad, a la par que gobernadores y funcionarios corruptos crean con la defensa de sus intereses, zonas de ingobernabilidad.

Ahí está el reporte del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, donde su director John Chipman, declaró esta semana que México en el 2016 se convirtió en el segundo país donde más muertes ocurren (producto de la violencia) con prácticamente 23 mil ejecuciones, solo superado por las 50 mil personas caídas en la guerra civil que se libra en Siria.

Y por más que se quiera culpar enteramente al Gobierno Federal de esta situación de inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, la realidad es que considerando que la violencia inicia en los Estados, los gobernadores tienen una parte de responsabilidad muy trascendental, lo mismo que los alcaldes. Ambos niveles de gobierno poseen las Policías Preventivas y Ministeriales, las mismas que deberían estar atacando y previniendo los delitos del fuero común que son la base para los del fuero federal, narcotráfico, delincuencia organizada y crimen organizado.

Sin embargo, los gobernadores no actúan en consecuencia. Esperan que miles de soldados o marinos sean enviados a sus Estados para que otro gobierno haga frente a los problemas de inseguridad propios. Las ejecuciones producto del narcotráfico y el crimen organizado, son delitos del fuero común que las Procuradurías de Justicia de los Estados, o las Fiscalías Estatales en su defecto, deberían resolver, investigar, procesar y solicitar órdenes de aprehensión contra los asesinos, que resultan ser sicarios, lugartenientes, e integrantes de los cárteles, quienes ante la incapacidad estatal para generar una orden de captura, matan todos los días en las calles, avenidas e incluso en otros Estados. En Baja California, por mencionar la entidad desde donde esta columna se escribe, el nivel de impunidad en el caso de los homicidios, es de 85 por ciento. Lo mismo sucede con el narcomenudeo, es un delito que se investiga también en los Estados, pero al que no le dan seguimiento.

Ciertamente, la persecución del narcotráfico es una responsabilidad federal, y en ello el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha fallado (ahí está el dato del segundo País con más muertes violentas en 2016), lo mismo que su coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (su idea de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal no funcionó).

La estrategia de Peña parece ser la misma a la del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, detener a los cabecillas de los cárteles, confiscar algo de droga, y nada más. Cero combate real al lavado de dinero, nada de congelamiento de bienes y cuentas bancarias, ni hablar de cerrar las rutas de la droga, como tampoco han logrado desmantelar no solo las estructuras financieras de los cárteles y el crimen organizado, mucho menos acabar con la estructura humana del narcotráfico. Por eso cuando un narcotraficantes capo es detenido, las narcoguerras inician, porque solo detienen al líder, acaso a su primer círculo, le confiscan unas cuantas casas y hasta ahí.

Lo que sucede ahora en Tamaulipas, particularmente en Reynosa, es muestra de ello, de la incapacidad del Gobierno Federal para desmantelar un cártel, y la ineficacia de los gobiernos Estatal y Municipal para combatir los delitos de homicidio doloso y narcomenudeo. El Cártel del Golfo ha sido liderado por, aproximadamente, unas siete, ocho personas, desde hace por lo menos unas tres décadas; sin embargo, a pesar que algunos de ellos han sido detenidos en los últimos sexenios, y otros abatidos, el Cártel del Golfo sigue de píe, y tan solo del 2 al 9 de mayo, sumó en Reynosa 23 ejecuciones producto de una guerra interna por el poder criminal de esa mafia.

Desde Juan Nepomuceno, pasando por Juan García Abrego, Osiel Cárdenas Guillén, Mario Cárdenas Guillén, Homero Cárdenas Guillén, Eduardo Costilla Sánchez, Mario Ramírez Treviño y Juan Manuel Loza “El Comandante Toro”; todos han sido líderes del Cártel del Golfo. Hasta la muerte de éste último, en los últimos días de abril de 2017, y ahora la pelea por aquella ciudad y otras de Tamaulipas.

Mientras los grupos de la sociedad civil, empresarios, algunos políticos y pocos gobiernos locales piden ayuda a gritos que no se alcanzan a escuchar de tanto balazo, del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, poco se sabe, tan poco que los gobernados ya no voltean en su búsqueda, van por el Presidente, para pedirle ayuda porque ya no aguantan más. Negocios extorsionados, muertos por todos lados, enfrentamientos a balazos, calles tomadas, una total ausencia de Estado de Derecho.

Lo mismo ocurrió en Puebla, cuando ladrones de combustible que suelen ordeñar los ductos de Pemex, armaron una incendiaria guerra ¡contra el Ejército! Tomando calles, amedrentando ciudadanos, matando; al final de un día, el 4 de mayo, 10 muertos el resultado y millones de pesos perdidos (y hurtados), en gasolinas, diésel, crudo, que se llevan de manera impune los huachicoleros.

Antonio Gali, Gobernador de Puebla, no supo estar a la altura para enfrentar el problema, han debido intervenir la Fuerzas Armadas, pero eso sí, pasada –un poco, o acaso solo suspendida-, la guerra de los ladrones de combustible adheridos al crimen organizado, se niega a que las ciudades poblanas donde se lleva a cabo el mayor número de delitos en este sentido, sean consideradas en un estado de excepción. Seguro cree, que ahora sí podrá.

La realidad es que entre el crimen organizado, el narcotráfico y los delincuentes comunes, tienen tomadas ciudades y estados, ante la incapacidad de los gobernadores para combatir la inseguridad, y la falta de compromiso y una estrategia integral del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en medio de todo, una sociedad gritando de dolor, muriendo poco a poco, o migrando, yéndose del país.

Está demostrado, pues, que la liga entre narcotráfico y gobierno en México se ha diluido. Que existen narcogobiernos, y ahí están los ex gobernadores prófugos o detenidos para probarlo. Foto: Cuartoscuro

En 2016 criminales michoacanos colgaron una manta con un mensaje dirigido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se quejaban de un comandante de la Ministerial, Martín Godoy, que había sido llevado a aquellas tierras por el entonces Comisionado Nacional para la Seguridad del Estado, Alfredo Castillo Cervantes, pero que había tomado el camino equivocado. Lo acusaban de ordeñas a los ductos de gasolina de Petróleos Mexicanos y de proveer impunidad a criminales locales.

Los supuestos narcotraficantes que ordenaron la manta al Presidente incluso le hacían un llamado: “Sr. Presidente usted tiene la solución en sus manos investigue a fondo al Peto y al Chino Tamacuas y ahí va saber toda la verdad”.

No fue un asunto menor aunque la Presidencia de la República haya –por lo menos en lo público- hecho caso omiso de la narco manta. El grado de impunidad y corrupción quedó en evidencia cuando criminales encuentran como única salida, de amenaza o llamada de atención, dirigirse al titular del Poder Ejecutivo.

Tampoco es un asunto menor la manta que el narco –supuestamente- dejó con una amenaza/advertencia para Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, la entidad más grande en número de electores que irá a un proceso electoral este 2017, y donde la figura del líder de Morena resalta más que la de la propia candidata de ese partido a suceder a Eruviel Ávila, Delfina Gómez.

Debido al nivel de violencia e inseguridad con que suelen manejarse los cárteles de las drogas en este país, el narcotráfico ha ganado espacios sociales a fuerza de sangre, balas, amenazas, desapariciones, secuestros, asesinatos, corrupción. Incluso la facultad de cobrar impuestos la han obtenido a partir del cobro de piso como le llaman al hecho de obligar a comerciantes y empresarios a entregar una cuota de dinero a cambio de “no molestarlos”.

En ese contexto, la intromisión del narco en la elección del Estado de México es una premisa que no es buena para nadie, y se debe investigar a fondo. No se debe tomar a la ligera, no cuando los antecedentes del narco en las campañas son graves.

Ya en Tamaulipas en el año 2010 y cuando iba en tránsito para solicitar el voto de los tamaulipecos al Gobierno del Estado, fue asesinado el candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, también cuatro de sus colaboradores. Lo asesinaron de acuerdo a las últimas investigaciones de la PGR, elementos del Cártel del Golfo, y el móvil fue la negativa (aseguran) del aspirante a Gobernador a participar en las actividades ilícitas de la organización criminal que hasta la fecha, mantiene a la población de aquel estado en la inseguridad y la violencia.

Si él área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y el área de investigación de lavado de dinero y terrorismo de la Procuraduría General de la República, fuesen eficientes y puntillosas en las evaluaciones, seguramente sabríamos de casos donde grupos del narcotráfico han invertido dinero en campañas políticas. Sabemos de algunos casos que han quedado en la impunidad o han sido los políticos exonerados, o los narcotraficantes se desdicen. En Baja California ha habido algunos. Un aspirante Alcalde de ascendencia panista señalado por un narcotraficante de haber recibido su dinero a cambio de otorgarle favores una vez logrado el cargo, por ejemplo.

Los narcotraficantes presionan a periodistas, a empresarios y por supuesto a funcionarios y policías que llevan a la corrupción para obtener impunidad, de estos últimos sí hay muchos casos que concluyeron con cárcel, el de más alto nivel y más sonado, aquel de Jesús Gutiérrez Rebollo, un General que fue nombrado Jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero que utilizó esa posición para servir a Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”. El primero murió de viejo, el segundo en una sala de operaciones.

En el cártel de los Arellano Félix fue notorio cuando declararon cómo gastaban un millón de dólares al mes para mantener a autoridades municipales, estatales y federales en la corrupción y a su servicio.
Así, extraoficialmente el narcotráfico ha estado ligado a la política, empezando por la política electoral, pero oficialmente, nada se sabe. La manta del narco colgada en Acolmán, Estado de México según el reporte de medios del centro del país, contra López Obrador, decía: “AMLO en el estado ya te cargo la verga porque ni tu ni el puto de tu compadre Felipe el Ojos de tlahuac no entran a la verga. La Familia Unida”, es una afrenta que debe tomarse en serio, determinar si son realmente criminales quienes la colgaron, o si fueron “operadores” políticos que le han entrado de lleno a la guerra sucia en el Estado de México.

El Gobierno de la República no debe dejar ese tema sin investigar ni con dudas. La importancia de la elección y la trascendencia de vivir en un país democrático, así lo exigen para bienestar de los electores y los mexicanos en general.

No ha habido candidatos ligados al narco que hayan sido detectados en su momento por el INE o por la PGR, pero sí ha habido gobernadores que sirvieron a esos intereses criminales y administraron un estado entre la corrupción y la impunidad, hasta que se convirtieron en ex gobernadores prófugos. Los cárteles, es sabido, inician los acercamientos durante la campaña y concretan los acuerdos en los gobiernos.

Así el caso de Mario Villanueva Madrid, quien como Gobernador de Quintana Roo sirvió para lavar dinero al Cártel de Juárez, y solapar la actividad criminal en aquella entidad. Fue detenido al concluir su sexenio y posteriormente extraditado a los Estados Unidos donde se le juzgó por narcotráfico.

También los casos actuales. Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas al servicio del cártel del Golfo, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, y quien hoy espera su extradición a aquel país en una prisión italiana. Del mismo Estado, Eugenio Hernández, prófugo y acusado de narcotráfico en la Unión Americana, también para servir a los propósitos delincuenciales del Cártel del Golfo. O Jesús Reyna García, ex Gobernador de Michoacán señalado por tener ligas con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder criminal que fue de los Caballeros Templarios, y narcotraficantes que además corrompía alcaldes y amenazaba a sociedades enteras en Michoacán.

Está demostrado, pues, que la liga entre narcotráfico y gobierno en México se ha diluido. Que existen narcogobiernos, y ahí están los ex gobernadores prófugos o detenidos para probarlo. Se sabe los narcos han financiado sus campañas. Por eso no debe tomarse a la ligera la manta contra Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la elección en el Estado de México, finalmente, es el único de los actores políticos que prácticamente tiene asegurada la candidatura a la Presidencia de la República, y si un cártel, un puñado de criminales o una banda delincuencial tiene la impunidad para amenazar a un aspirante a la presidencia de la República, sea del partido que sea, está no solo atentando la seguridad de los mexicanos, sino el proceso democrático que en este País se vive.

Investigarlo es un deber ineludible del Gobierno Federal que aún está en manos de un vacilante Enrique Peña Nieto, priísta de Atlacomulco, enemigo político y jurado precisamente, de Andrés Manuel López Obrador.

En México está comprobado que sí existen los narcoestados. Urge que el tema se combata, que se investigue y se informe de éste hecho y otros en el mismo tenor, para que el ámbito de la corrupción no escale a la Presidencia de la República, si es que no es demasiado tarde. Porque está demostrado con los casos referidos que cuando el narco quiere gobierno, lo obtiene, o mata. México ya no puede atenerse a tan viles consecuencias.

Karime Macias, ahora en vez de abundancia, merece otra cosa. Foto: Cuartoscuro

El gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República, tanto cuando la encabezaba Arely Gómez, hoy Secretaria de la Función Pública, como después de tomar posesión Raúl Cervantes, hizo ver a los mexicanos, a partir de información proporcionada oficialmente o filtrada a determinados medios, que el epicentro del fraude al estado de Veracruz que llevó a aquel gobierno a la ruina al ser desfalcado de múltiples formas, estaba en el hoy detenido y ex Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, en su esposa Karime Macías Tubilla, y en los familiares de ésta, por lo menos su madre, su padre y su hermana.

Empezando con el cerebro criminal, oficialmente Duarte fue expuesto como un ladrón de altísimos vuelos con propiedades en México, Estados Unidos y Europa, por un valor de casi tres mil millones de pesos, además de cuentas bancarias, ranchos, dinero en efectivo, y otros bienes valiosos en términos económicos.

La familia de la ex primera dama, y ella misma, fue implicada cuando las investigaciones se determinó que muchas de esas propiedades están a nombre de ellos, y se supone por la información de la PGR, que estos no tenían los recursos lícitos para adquirirlas. Amén de los despilfarros en los que cayó Karime Macías, al comprar artículos de lujo para su persona en exclusivas tiendas de los Estados Unidos y México, que fueron mostrados a los mexicanos en notas de prensa que reportaron el gasto de millones de pesos desde el primer año de gobierno de Duarte; y más tarde se harían públicos los contenidos de unas libretas donde supuestamente la ex primera dama anotaría transacciones financieras, nombres de socios, direcciones de domicilios, planes oficiales, y las ya célebres planas de “sí merezco abundancia”, cuadernos encontrados por el Gobierno de Veracruz, en una “bodega de los tesoros” perteneciente a los Duarte.

Los delitos en los que habrían participado los Macías junto a Duarte, se comentó desde octubre de 2016 a los pocos días que el ex Gobernador huyera del país junto a su esposa, eran delincuencia organizada y lavado de dinero, como mínimo.

Sin embargo, una vez detenido Javier Duarte por la Interpol con base en Guatemala, su mujer quedó en libertad. De hecho fue deslindada de la investigación por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien declaró a medios de comunicación: “Karime (así, sin prefijo ni apellidos) no tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando a cabo, por lo que ellos (otros familiares) están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana”.

Y efectivamente, a cuatro días de haber sido detenido Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, de Karime Macias nada se sabe, lo cual es un insulto –de plano una mentada- hacia todos los mexicanos, a quienes el propio Gobierno de Enrique Peña Nieto, vendió la idea político-criminal, de que la mujer de Duarte estaba implicada en los daños financieros al Estado de Veracruz.

En el mismo 2016, el diario Reforma de la Ciudad de México publicó información que, según sus periodistas explicaron, obtuvieron de la Procuraduría General de la República, en el sentido que en efecto, Karime Macías, su padre, su madre y su hermana, estaban siendo investigados por esa fiscalía, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Incluso el periódico hizo público el número de averiguación previa: FED/SEIDF/UEIDFF/0016531/2016.

Por eso resulta extraño que ahora, luego de la captura y de tener a la familia Duarte y a la familia Macías cautivos, decidan no investigarlos. Omisión que también se presenta –hasta el momento- en el estado de Veracruz, donde Javier Duarte tiene investigaciones abiertas y de hecho órdenes de aprehensión, pues el Gobernador Miguel Ángel Yúnez ha concentrado sus esfuerzos en llevar ante la justicia al ex mandatario estatal y a sus más de 50 prestanombres, entre quienes poseen las 25 residencias en varios países, y donde, de acuerdo a investigaciones ministeriales, aparecerían como propietarios la esposa de Duarte y su familia.

El hecho que ni la PGR ni la Fiscalía de Veracruz hayan solicitado una orden de aprehensión contra la señora Macías Tubilla, a pesar de la información pública que han presentado para que los mexicanos enterados asuman que se trata de una pareja criminal, o de un ex gobernador y su esposa que abusaron del erario derrochando lo que no era suyo, es el motivo de la sospecha de la que todos hablan: que la detención de Duarte fue pactada a cambio de no investigar a su esposa, lo cual francamente parece pueril aunque no imposible.

Y resulta un insulto hacia a los mexicanos, a quienes es evidente, están mirándoles la cara de ingenuos por decir lo menos, al primero crear el contexto de crimen alrededor de la mujer, y luego no aprehenderla. Este hecho le abona a la impunidad política y no a la procuración de justicia. Especialmente cuando se informó que los Duarte-Macías utilizaron el dinero público para sus compras privadas.

Primero el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y después en 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto, intentaron a través de iniciativas para consolidar el combate al lavado de dinero y al terrorismo, adicionar a la respectiva Ley un delito. El delito de testaferrato, cuando una persona sirve de testaferro a otra, es decir que permite que un bien adquirido de manera ilícita, con recursos ilícitos, sea puesto a su nombre. Sin embargo ambos mandatarios encontraron la negativa en la Cámara de Diputados.

Los dos intentos presidenciales por reformar la Ley se dieron para cumplir con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacionales), y lograron que por lo menos, se aprobaran modificaciones a la Ley para intensificar el combate al lavado de dinero y al terrorismo, que permitan, de acuerdo a interpretaciones y trabajo de la Procuraduría General de la República, probar que personas como Karime Macías participan en el lavado de dinero al adquirir a su nombre propiedades y artículos de lujo con dinero extraído del erario veracruzano, o de procedencia ilícita; un abogado consultado refirió que aunque los diputados no aprobaron el testaferrato, sí hicieron agregados para que esa conducta fuese tipificada como lavado de dinero.

Ahora los senadores de la república del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional (por supuesto los del PRI se quedan callados), están solicitando a la PGR que investigue a Karime Macías y a su familia, para que no suceda lo acontecido con Javier Duarte en octubre de 2016, cuando se fugó.

Y esa es una petición que harían propia muchos mexicanos hartos de ver en la corrupción y la impunidad una burla de parte de sus gobernantes que confunden su posición con un lucrativo negocio y que el dinero público se lo llevan a los bolsillos sin un dejo de vergüenza, como si padecieran ya una locura moral visible al menos en la mirada de Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime, que ahora en vez de abundancia, merece otra cosa.

El Presidente no le habla a su Secretario de Gobernación, no lo convoca. No lo considera para la planeación de la agenda nacional. Consulta a otros y no a quien ocupa la posición número dos del Gobierno de la República. Foto: Cuartoscuro

No hay semana que algún miembro del Gabinete legal, del gabinete ampliado, o incluso subsecretario alguno, no presuma en cafés, comidas, reuniones informales y algunas oficiales, que esta (cualquiera pues), será la última semana de Miguel Ángel Osorio Chong como titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

Más allá, propios y extraños refieren: El Presidente no le habla a su Secretario de Gobernación, no lo convoca. No lo considera para la planeación de la agenda nacional. Consulta a otros y no a quien ocupa la posición número dos del Gobierno de la República.

Una consulta en la información oficial de la Presidencia de la República refiere que el Secretario de Gobernación ha acompañado al Presidente de la República una decena de ocasiones y todas son actos de ornato gubernamental. Estuvo en la celebración del Día del Ejército, también en el Día de la Bandera, el día del natalicio de Juárez, en la reunión con las Iglesias Evangélicas y Cristianas, el día de la reelección del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, igual el Día de la Fuerza Aérea, y el Día de la Marcha de la Lealtad, entre otros.

Los días de Osorio Chong con el Presidente, al menos en la agenda pública, son días de actos conmemorativos más que de agenda nacional. En la página que describe la actividad diaria de Enrique Peña Nieto, también se da cuenta de reuniones en las oficinas presidenciales, videoconferencias, juntas, pláticas, pero el Secretario de Gobernación no se ve en ellas.

Ciertamente Miguel Ángel Osorio Chong tiene muchos fuegos encendidos en su calidad de Secretario de Gobernación que afectan directamente a la imagen presidencial; encargado de la política interior, enlace con las Cámaras legislativas, con los Gobernadores en los Estados y supervisor del cumplimiento del Estado de Derecho, fuera de la aprobación de las reformas estructurales, acción que sucedió al inicio de la administración peñista y en la cual se supone laboraron todos los colaboradores cercanos al Presidente, Osorio no ha podido dar resultados aceptables.

Siguen abiertos los casos de violencia de alto impacto como lo son los ocurridos en Tlatlaya, en Ayotzinapa y en Tanhuato, por mencionar los tres más evidentes; particularmente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es un expediente que el Gobierno de la República no ha podido cerrar ni satisfacer la sed de justicia (dijera Colosio), de los padres y familiares de las víctimas así como de los activistas y la sociedad que se les ha unido cuando, mes tras mes, realizan actos de manifestación, protesta y denuncia para que el caso no se olvide y no quede en la impunidad.

El Ministro del Interior que es Osorio no ha logrado ni con diálogo ni con coordinación de las áreas de seguridad y procuración de justicia, llevar a buen puerto ese caso, que se ha convertido y pasará a la historia como el estigma de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Otro de los sucesos donde el hidalguense tuvo participación y está en su área de la política interior, son las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros que aun estos días realizan tomas de oficinas federales en estados como Oaxaca y Morelia, sin que Osorio haya tenido la capacidad para negociar o acordar con ellos el cese de la protesta que, en ocasiones, se ha tornado violenta y que afecta tanto a la educación en México.

Si hablamos de relaciones con los Gobiernos de los Estados, y la centramos en el tema de la inseguridad, materia en la que la presidencia de Enrique Peña Nieto ha acumulado más de 95 mil ejecutados en 50 meses, las cuentas que Osorio Chong debe dar al Ejecutivo Nacional no son buenas. Más cárteles, más inseguridad, más crimen organizado, ya no sólo en las entidades ubicadas en la frontera norte del País o en las costas del pacífico, ambas tan atractivas para los narcotraficantes, sino en estados del centro donde el yugo criminal se enraiza con sangre.

La estrategia osorista de eliminar la Secretaría de Seguridad y mantener la policía y sus facultades en la esfera de la Secretaría de Gobernación no ha resultado en una eficiente prevención del delito, ni en un exitoso programa de capturas y desmantelamiento de las redes de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, lavadólares y otros delincuentes.

Tampoco aquella política pública de dividir en cinco regiones las República Mexicana para atender en directo el fenómeno del crimen en coordinación con las Fuerzas Armadas y los Gobernadores, le ha funcionado a Miguel Ángel Osorio Chong. Hace unas horas se dirigió a los Gobernadores, en el ya prácticamente quinto año del sexenio, para pedir “trabajar juntos para dar golpes de precisión”, cuando esa invitación debió hacerla al inicio de una fallida administración.

El Secretario de Gobernación ha perdido fuerza en su enlace con los partidos políticos y las Cámaras Legislativas Federales a tal grado que no ha logrado tener los oficios para sacar adelante dos iniciativas de importancia: la Ley de Seguridad Interior, y la de Mando Único, o Mixto o algún otro híbrido.

De igual manera en la relación que el Ministro del Interior debe llevar con los Gobernadores, tratándose de corrupción, también va perdiendo la batalla. Permitió que dos gobernadores del PRI escaparan. Los Duartes, Javier de Veracruz y César de Chihuahua, cuentan con órdenes de aprehensión por delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, mientras otros como Roberto Borge de Quintana Roo, o Humberto Moreira de Coahuila, están en la mira y la sospecha de irregularidades sigue vigente.

Realmente si se ve el panorama general Osorio Chong le ha fallado al Presidente, o no le ha dado los resultados urgentes en seguridad, en coordinación con los gobiernos de los Estados, en el enlace con las Cámaras Legislativas, en la organización de movimientos sociales, además de los grupos políticos y de activistas que en distintos temas, como el sistema nacional anticorrupción, fosas clandestinas, secuestros, seguridad, derechos humanos, se mantienen en alerta roja en referencia a la administración peñista.

Aparte de todo, del distanciamiento presidencial, de la ausencia de resultados óptimos en materia de política interior, movimientos sociales, seguridad, sindicalismo, legislativo y los que se acumulen, Miguel Ángel Osorio Chong salió perdiendo el 4 de enero de 2017, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto llamó de nueva cuenta y lo nombró Secretario de Relaciones Exteriores a su incondicional y némesis político del hidalguense, a Luis Videgaray Caso, quien no aparece prácticamente en festejos oficiales, pero sí en las reuniones de escritorio en Los Pinos.

Los días de Osorio Chong son de asueto y de conmemoración, y según sus compañeros de Gabinete y conocidos del Presidente, por eso están contados en Gobernación. Esto, de confirmarse, cambiaría el escenario hacia el 2018 de manera drástica para el PRI, que ya de suyo –junto a la Presidencia- se atasca entre la percepción de corrupción, inseguridad y los movimientos sociales que en su contra se fortalecen después de tanto abuso, ineficiencia y de una ignorancia francamente ofensiva para México.

No hay estado que se salve de la inseguridad, y el problema está rebasando la capacidad del gobierno para responder, procesar, erradicar la violencia en México, y esto inhibe la inversión, ahuyenta el turismo y no permite a México visualizar un futuro distinto. Foto: Cuartoscuro

En Acapulco, Guerrero, el Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, hubo de enviar cientos de elementos de las fuerzas armadas para resguardar el desarrollo del abierto mexicano de tenis. Activar un operativo disuasivo con la presencia de policías, soldados y marinos, para que criminales, sicarios y narcotraficantes, se replegaran en el transcurso de la justa tenística.

En otro no menos importante destino turístico como lo es Cancún, Quintana Roo, la administración peñista también desplegó elementos policíacos y castrenses luego que criminales organizados atacaran, en un dejo de soberbia impunidad, las instalaciones de la Fiscalía General del estado en el paradisiaco destino. Ante el estruendo de los balazos que retumban hasta escucharse en el extranjero en notas y reportajes, muchos jóvenes que anticipaban pasar las vacaciones de primavera en aquella ciudad, fueron alertados de no hacerlo y algunos cancelaron sus viajes.

Hace unos días, en un tercer punto turístico mexicano como lo es Los Cabos, los criminales aterrorizaron a los turistas cuando, huyendo de la policía local, corrieron a refugiarse a un hotel de cinco estrellas, y éstos últimos accionaron sus armas largas para amagar a los delincuentes y aprehenderlos, frente a las decenas de visitantes extranjeros que a gritos corrían y se echaban al piso para salvar la vida de una bala perdida o mal disparada.

Tanto Acapulco, Cancún, como Los Cabos, forman parte de las playas turísticas más importantes, concurridas y visitadas de México, y hoy la inseguridad en sus calles, producto del derramamiento de sangre por cruentas guerras de los cárteles de las drogas, están perdiendo su atractivo de entretenimiento, relajamiento y diversión.

Hace unos días en el Semanario ZETA publicamos el recuento de ejecutados en México, estadística periodística que venimos haciendo desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que sirve como parámetro para la medición de la inseguridad y la violencia en México. La guerra contra las drogas, como nombró el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a su estrategia en el combate a la inseguridad y la violencia provocada por los capos de los cárteles de la droga, dejó a México en seis años, un poco más de 100 mil ejecutados. El Presidente Enrique Peña Nieto, en 50 meses de gobierno y a poco menos de dos años que concluya su sexenio, acumula 90 mil 634 ejecutados.

Sin una guerra contra las drogas, sin una estrategia integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y sin que el Presidente se dirija abierta y públicamente sobre el tema del incremento de homicidios dolosos en México, el País está peor que en el sexenio pasado, y de continuar el promedio de violencia y los números de ejecutados, el gobierno de Peña Nieto contará más víctimas de una guerra por calles, ciudades, estados y fronteras que encabezan los cárteles de las drogas.

Sólo 9 de 32 estados de la República mexicana contabilizan menos de mil ejecutados en 50 meses cada uno. Hidalgo (859), Nayarit (651), Quintana Roo (593), Baja California Sur (582), Querétaro (497), Tlaxcala (358), Campeche (297), Yucatán (214), y Aguascalientes (178). Son los estados “menos” inseguros, aunque en el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, la violencia ha subido de nivel en los últimos días, a grado que la Presidencia de la República ha debido enviar operativos federales especiales para apoyar a los gobernadores de aquellos estados.

Los 10 estados con más ejecutados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto básicamente son los mismos que lo fueron con Felipe Calderón Hinojosa, acaso cambian las posiciones conforme la inseguridad va migrando entre estados de tráfico, producción, venta y trasiego de drogas. Actualmente la tabla de la inseguridad está así:

Estado de México, 11 mil 604 ejecutados, Guerrero, 8 mil 986, Chihuahua, 7 mil 240; Jalisco con 5 mil 292, Sinaloa, 4 mil 914, Ciudad de México 4 mil 628, Veracruz 4 mil 309, Michoacán, 4 mil 259, Baja California 3 mil 757, Guanajuato 3 mil 680, y Tamaulipas, 3mil 566. La onceaba posición también supera los 3 mil ejecutados en 50 meses, se trata de Oaxaca con 3 mil 410 homicidios dolosos.

A diez años que iniciara la guerra contra las drogas, se activara la Iniciativa Mérida para la colaboración del gobierno de los Estados Unidos en el combate a la inseguridad en México, los números refieren un fracaso de la política pública en materia de combate a la inseguridad en el actual sexenio.

Es importante decir que, lo habrá percibido, el Presidente Enrique Peña Nieto no habla de inseguridad, ni de violencia, mucho menos del número de homicidios dolosos acontecidos en México, estos temas los refiere de manera exclusiva en los mensajes que otorga el día de su mensaje a la Nación (en lo que se convirtió en Informe Presidencial desde hace muchos años), y los aborda con positivismo, refiere “baja” o “disminución” en los índices de la violencia, que lejos están de reflejar la realidad del País.

Hoy día hay territorios en Sinaloa, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, por mencionar los casos más graves, literalmente tomados por los criminales organizados. Vemos los videos que recogen pobladores y residentes de ciudades en esas entidades que con compartidos vía plataforma digital, que nos dan cuenta de balaceras, del paso de convoyes ilícitos, de grupos criminales atacando a ciudadanos o a otros grupos criminales. Observamos cómo son localizadas narcofosas (en la última donde han sido localizados los restos de más de 250 personas), escuchamos los balazos, somos testigos de formas impensables de matar en la mafia mexicana.

A México le hace falta una estrategia integral de combate a la inseguridad, pasar de la aprehensión de los grandes capos, al desmantelamiento de las redes de distribución de droga, el aseguramiento de los bienes de los narcotraficantes, casas de seguridad, empresas, cuentas bancarias, persecución real del lavado de dinero, campañas contra las adicciones, desmantelamiento de las estructuras de narcomenudeo, depuración en las corporaciones policiacas de Federación, Estado y municipio, inteligencia en la investigación y la utilización de la ciencias forenses, inversión en las áreas de seguridad para la capacitación de técnicos, policías, investigadores, funcionarios, y la contratación de más para hacer frente a la ola de inseguridad y violencia en la que vivimos.

A México le hace falta un cambio de estrategia, y que el Presidente de la República acepte que hay un grave, preocupante y terrible problema de inseguridad, y que este se ve en el número de homicidios dolosos que suceden en el País. Ahí están los más de 90 mil que se contabilizan en los 50 meses que llevamos del Gobierno de Peña Nieto.

No hay estado que se salve de la inseguridad, y el problema está rebasando la capacidad del gobierno para responder, procesar, erradicar la violencia en México, y esto inhibe la inversión, ahuyenta el turismo y no permite a México visualizar un futuro distinto.

Poco a poco los gobiernos del PRI son menos, y en mucho se debe, aunque el Presidente en la celebración del 88 aniversario del tricolor haya asumido lo contrario, al legado político de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

La firmeza que le hace falta en sus discursos como Presidente de la República para no dejar dudas de su actuación o hacer frente a los problemas del país, Enrique Peña Nieto no la adoleció el 4 de marzo en el aniversario 88 de su partido el Revolucionario Institucional. Ahí si les habló fuerte, claro, contundente, directo, determinante y hasta amenazante.

En términos políticos electorales resulta que Peña es mejor priista que presidente. Aunque las verdades de sus palabras, o los hechos pronosticados no siempre estén apegados a la realidad, pero vaya, el Primer priista del País quiere carro completo en el 2017, y no negociará con persona alguna o partido cualquiera la candidatura a la Presidencia de la República en el 2018, y por consecuencia el triunfo al que aspira para mantener al priismo otros seis años en Los Pinos.

En su ambiente, donde sí le aplauden y además le reconocen y le vitorean, en la sede del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto no fue un priista más de aniversario. Fue el centro de la celebración rodeado de los suyos, prácticamente todo su gabinete, ex presidentes de partido, ex gobernadores y gobernadores, funcionarios muchos y los integrantes de la actual dirigencia, incluida Claudia Ruiz Massieu Salinas, su ex Secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores a quien un día antes tomaron protesta como Secretaria General del PRI, en una jugada política más que del destino, que la ubica en la misma posición que ostentaba su padre José Francisco Ruiz Massieu cuando fue asesinado en septiembre de 1994.

En su discurso ante los priistas, el Presidente no se anduvo por las ramas ni preguntó a los mexicanos qué harían ellos. Anticipó: “en 2017, vamos por cuatro triunfos claros, contundentes e inobjetables: vamos a ganar en el Estado de México, vamos a ganar en Nayarit, vamos a ganar en Veracruz y vamos a ganar en Coahuila. Y con esos triunfos vamos a ganar por México”.

Aprovechó para asumir los costos de sus políticas públicas cuando dijo, no sin vanagloriarse, “nosotros sí nos atrevimos a asumir los costos y a tener la audacia para impulsar las grandes transformaciones del país. Entendimos que la popularidad es efímera, mientras que el ejercicio de la responsabilidad trasciende en el tiempo”.

En efecto, el Presidente calcula que con el 12 por ciento de popularidad que carga su persona y su gobierno (según la encuesta que al respecto publicó el diario Reforma de la Ciudad de México en enero de 2017), será suficiente para ganar las elecciones no solo en el 2017, también en el 2018.

La realidad es que cuando Enrique Peña Nieto recuperó la Presidencia de las República para el PRI en el 2012, el tricolor gobernaba en 21 estados de la República Mexicana, mientras cinco años después en 2017, mantiene el poderío local en 15 entidades federativas. Ha perdido en los primeros cuatro años de su sexenio seis gubernaturas, aunque en número reales, ha perdido diez gobiernos estatales y recuperado cuatro. Así:

En las elecciones de 2013 perdió Tabasco, en el 2015 el PRI y su Presidente fueron derrotados en Michoacán, Nuevo León y Querétaro, pero fue el 2016 el año más desastroso para el Partido Revolucionario Institucional, que se sumió en el descalabro político electoral en seis estados, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

Poco a poco los gobiernos del PRI son menos, y en mucho se debe, aunque el Presidente en la celebración del 88 aniversario del tricolor haya asumido lo contrario, al legado político de Enrique Peña Nieto.

Ciertamente ha padecido las consecuencias y pagado el costo político de sus acciones en materia de seguridad, finanzas, desarrollo social y estado de derecho, pero lejos está esa circunstancia de voltearse en favor del Presidente y su partido el PRI.

Haciendo un corte hacia el quinto año de gobierno de Peña Nieto, éste será recordado pero no por el éxito de sus reformas, la bonanza económica, el crecimiento o las oportunidades de desarrollo. De hecho en muchas áreas será por lo contrario.

Si hablamos de seguridad, este sexenio estará marcado –hasta el momento- por los casos de alto impacto y violencia como los acontecidos en Tlatlaya, Estado de México, Tanhuato, Michoacán, y por supuesto Ayotzinapa, Guerrero, sin dejar de lado las fosas clandestinas localizadas en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas y otros Estados. Destacará además por la ausencia de justicia en la mayoría de los casos referidos, en los cuales se han puesto en sospecha la actuación de las fuerzas policíacas mexicanas, y poco se ha actuado al respecto. Ni capturas de peso, ni depuración necesaria.

Siguiendo en el ejercicio pleno del Estado de Derecho, están las decenas de miles de ejecutados cuyos crímenes en México no son castigados, so pretexto de pertenecer un amplía mayoría de los muertos a las redes del narcotráfico y el crimen organizado, sumando a ello la incapacidad del Ministerio Público Federal para investigar y acreditar estos homicidios para que sus asesinos reciban castigo.

Tratándose de la corrupción, el Gobierno de Enrique Peña Nieto también brillará, no solo porque su partido y su gobierno engendraron al Gobernador (hoy ex gobernador) más corrupto del que se tenga cuenta y documentos de prueba en los últimos años, en la persona de Javier Duarte de Ochoa, mismo al que la Procuraduría General de la República prácticamente dejó escapar luego que él solicitó licencia, concedió entrevista y no se volvió a saber más de él o su familia, también por haberse puesto en el ojo de la sospecha el mismo presidente y su círculo principal, con la adquisición de casas en situaciones financieras ventajosas o con sospecha de tráfico de influencias y corrupción, de las cuales, por supuesto, ellos mismos se investigaron y se absolvieron.

El caso también investigado del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le suma a la corrupción priísta y la condescendencia gubernamental, legislativa y judicial. Además sus correligionarios de partido que en Coahuila se heredan los gobiernos y no son investigados de manera adecuada en este país ¿Por qué no los aprehende el Gobierno de Peña? De continuar en esa tesitura, el sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como aquel en el que la corrupción institucional imperó pero no fue castigada.

En el tema de la economía y las finanzas, bueno, la moneda mexicana ha perdido su valor en un 51.32 por ciento desde el 1 de diciembre de 2012 (cuando EPN tomó posesión del Gobierno Federal) cuando se cotizaba a 12.96 pesos frente al dólar, hasta el día de ayer martes 7 de marzo cuando para comprar un dólar se requirieron 19. 61 pesos.

La ausencia de un plan de contingencia y la baja en el precio del barril de petróleo, están a punto de colapsar la administración pública, según el propio Presidente de México, serían necesarios más de 200 mil millones de pesos para que las instituciones gubernamentales de seguridad social sigan su marcha, mismos que no espera obtener de recortes, ahorros, sinergias, adelgazamiento de la nómina, eliminación de privilegios, optimización de programas, o cualquier medida que implique un análisis a fondo y honesto sobre el aparato gubernamental y las acciones que emprenden, sino de los mexicanos todos con el alza de impuestos, especialmente el incremento en los precios de la gasolina, así como la cancelación de programas sociales, de prevención de la seguridad, y la disminución en la inversión pública, medidas que han tenido un efecto grave en la economía de los mexicanos.

Efectivamente la popularidad efímera, y el Presidente Enrique Peña Nieto la ha sacrificado para establecer sus políticas públicas, pero esto no lo ha llevado a trascender en el tiempo como el estadista que sueña ser, no; lo ha dejado ver ante los gobernados, como el mandatario de la crisis económica, la inseguridad y la injusticia, entre otras cosas.

El PRI festejó su 88 aniversario en medio de uno de los peores momentos de su historia, convertido en oposición en los estados aun habiendo ganado la Presidencia de la República, sumido en el desprestigio por la corrupción entre sus gobernadores, ex gobernadores y funcionarios, y de la mano de un Presidente cuya política impositiva le cuesta votos, que aun con todo, lo definió así: “No somos el Partido que patea el bote o nada de a muertito; tampoco somos el Partido que engaña con ilusiones y promueve la división”, e hizo un llamado a “cerrar filas y prepararnos con todo para las batallas que vienen”.

Un discurso triunfalista en un sexenio de descalabros para un partido y un Presidente que ya contemplan el ocaso.

La realidad es que el PRD sin sus dos figuras más emblemáticas, y con una división de las corrientes internas en una lucha de la obtención del poder por el poder y sin ponderar la ideología de izquierda, parece encaminarse a la extinción de un partido serio y con proyecto de nación como tal, para transformarse en un partido satélite más… Foto: Especial

Desde su fundación en mayo de 1989, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solo ha tenido dos candidatos a la Presidencia de la República en 28 años y cuatro elecciones federales (en cinco si contamos la de 1988, que aún cuando no era formalmente PRD, el Frente de Reconstrucción Cardenista fue el antecedente de ese partido): Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador.

Hoy día, de cara a su quinto proceso electoral (o sexto como lo quiera ver) al PRD renunciaron los dos, Cárdenas y López. El primero lo hizo en 2014 por diferencias con la forma de conducir el partido que él fundó, y el segundo en 2012, y básicamente por las mismas razones. Cuauhtémoc Cárdenas se ha dedicado al pensamiento político nacional y Andrés Manuel López Obrador a establecer y consolidar su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En las tres elecciones en las que participó el ingeniero Cárdenas, el PRD quedó en segundo lugar en 1988, y en la tercera posición en los comicios de 1994 y 2000. Su mayor votación la obtuvo en el 2000 con 6 millones 256 mil 780 sufragios. Andrés Manuel López Obrador, por otro lado, fue el abanderado de la coalición encabezada por el PRD en 2006 y 2012, su mejor votación la obtuvo en este último proceso, con 15 millones 896 mil 999 votos, sin embargo la menor diferencia respecto al ganador, la acarició en 2006 cuando poco más de 243 mil votos, menos de una décima de diferencia lo separaron del resultado reconocido en Tribunales a Felipe Calderón Hinojosa.

Los votos, como se puede apreciar en la estadística, no son algo regular en el PRD con todo y sus aliados. O están en tercer lugar o en segundo casi en primero, y ha sido evidente que mucho tiene que ver la figura y personalidad del candidato.

Aún así, sin liderazgos con matices presidenciables visibles, pues parece que primera vez en 28 años ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Andrés Manuel López Obrador serán el candidato, en el partido del sol azteca o van solos electoralmente hablando y contra la propia existencia, o se alían a partidos grandes, también contra su propia subsistencia. 

La realidad es que el PRD sin sus dos figuras más emblemáticas, y con una división de las corrientes internas en una lucha de la obtención del poder por el poder y sin ponderar la ideología de izquierda, parece encaminarse a la extinción de un partido serio y con proyecto de nación como tal, para transformarse en un partido satélite más, que parece vender el pensamiento y el compromiso nacional, en alianzas para obtener pequeños espacios en cámaras (sean federales o estatales) y en cabildos.

La desbandada que ha arreciado en las últimas semanas da cuenta de ello. Nueve senadores del PRD han renunciado a ese partido para integrarse a otros proyectos políticos particularmente al de Morena, lo más cercano que encuentran a la izquierda de los noventa que los atrajo a la vida pública.

Esta semana, con el abierto apoyo de Miguel Barbosa, coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Senadores, el PRD ha sido banderilleado.  Barbosa lo dijo claro: “Así como en el PRD hay quienes expresan su decidido apoyo al PAN, ya saben a quiénes me refiero, básicamente a las corrientes Nueva Izquierda y Los Galileos, con sus gobernadores Graco Ramírez, Silvano Aureoles, Arturo Núñez, y mientras otros expresan su apoyo a la aparición de Emilio Álvarez Icaza, yo expreso mi apoyo a López Obrador”.

Barbosa anticipa la que ha sido la hipótesis política fundada del sexenio: que ante el descrédito del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el PRI sin un candidato afable, éstos apoyarán a la o al candidato del Partido Acción Nacional, aunque ciertamente la teoría cobra fuerza cuando se refieren a Margarita Zavala como la abanderada azul. En esas condiciones, y sin sus dos candidatos fuertes, ya con la experiencia de las alianzas políticas en Estados y Municipios, el PRD se aliaría -en caso que si candidato Miguel Ángel Mancera no prenda en los Estados, donde ciertamente muy pocos electores lo conocen- solo para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de la República.

Sin apostarle al bipartidismo, las alianzas entre partidos “grandes” con partidos “pequeños” están yendo hacia allá. Hoy día la figura de López Obrador, quien enfrentará su tercera elección por sentarse en la Silla del Águila, parece unirlos.

Con un presupuesto arriba de los 477 millones de pesos al año, dividido hasta la coronilla, con una desbandada que alcanza incluso al coordinador de los senadores (aunque Miguel Barbosa dijo que no dejará el PRD, solo apoyará desde ahí a López Obrador) realmente el partido del sol azteca está frente a una disyuntiva: morir políticamente de la mano del PRI y del PAN, o salvar algo de prestancia y mantenerse en la izquierda, así sea la de Andrés Manuel López Obrador.

Eso, o que imperen los grupos y apuesten a perder (para ganar pequeñas posiciones y presupuesto) de la mano de Miguel Ángel Mancera. 

He ahí el dilema amarillo. Está de pensarse y mucho.

¿Cuántas bodegas repletas de riquezas ilícitas en manos de gobernantes necesitamos para que entienden que urge el Fiscal Anticorrupción? Espero que no muchas, en México corremos el peligro que, como en términos de inseguridad, la sociedad se vuelva insensible al enriquecimiento ilícito considerando la premisa que todo lo olvida: “No pasa nada, nadie termina en la cárcel”. Foto: Cuartoscuro

¿De qué manera podrían los senadores darse cuenta que a México le urge un Fiscal Anticorrupción? Si hubiésemos pensado en la respuesta a esa pregunta, quizá jamás imaginaríamos que lo más fácil sería responder con la realidad: el descubrimiento de la cueva de los tesoros encontrada a los Duarte, Javier y Karime Duarte de Ochoa. La ex primera pareja del estado de Veracruz.

En México vamos pasando del asombro a lo increíble, a lo insólito. Los ojos se nos abren cada vez más y ya mejor nos reímos para no llorar. En muchísimas ocasiones hemos dado cuenta aquí, se ha escrito en muchas páginas de Sinembargo.mx, en diarios locales y nacionales, y hasta en el extranjero, de los excesos del ex Gobernador de Veracruz. De los ranchos que cuestan más de 200 millones de pesos, de los departamentos en Xalapa, en Ciudad de México, en Estados Unidos. De los dineros robados, de las empresas fantasma, de las cuentas millonarias, de las propiedades de los familiares directos, y de la participación de los colaboradores del ex Gobernador, pero de eso a lo que encontraron…

La cueva de los tesoros de los Duarte impresiona más que por el valor de lo ahí descubierto, por la ambición que refleja el acopio voraz, el abuso, el robo, la soberbia de documentar cada ilícita acción, y hacer alarde propio de las tropelías.

Las pinturas de las fotografías de los Duarte reflejan la vanidad de los actores, la soberbia de saberse impunes, la colección de vajillas muestra de una vida dedicada a los excesos, a las comilonas y los excesos materiales.

Almacenar productos y artefactos para la beneficencia pública como lo pueden llegar a ser las sillas de ruedas, habla de un egoísmo extremo. Cientos de cosas acumuladas en una bodega que recuerda las de los cuentos de Ali baba, los piratas, los tesoros ocultos producto del robo.

Los diarios, escritos presuntamente de puño y letra de Karime de Duarte, son el monumento de la impunidad. Como los libros contables de Al Capone, evidencia suficiente para aprehenderlo por evasión fiscal o las libretas del contador de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali en Colombia, que llevaba cuenta exacta de los dineros ilícitos que entraban por la venta de droga y los pagos que se hacían a cómplices, criminales y autoridades, o los cuadernos de Luis Ernesto Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, en los que anotaba el nombre de cada uno de los policías a los que les daba dinero para comprar impunidad a nombre del cártel de Sinaloa y del cártel Arellano Félix.

Los cuadernos de marca de diseñador de Karime de Duarte son, en caso de resultar verídica la información y confirmar que en efecto sea la letra de su puño, la evidencia de un periodo de su vida dedicado a la transa, el ilícito, el robo, los lujos, la estrategia política y el enriquecimiento ilícito.

Mientras las investigaciones son llevadas a cabo por parte de la Procuraduría General de la República que está coadyuvando con la Fiscalía de Veracruz en la investigación de los ilícitos cometidos por Javier Duarte de Ochoa, en el Senado de la República han retrasado por tercera ocasión la designación del Fiscal Anticorrupción ¿Necesitan más hechos de indignación nacional ante el grado de corrupción que evidencian para tomar ya una decisión?

Dice el Senador Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión Anticorrupción del Senado, que tal nombramiento tardarán en determinarlo, a pesar que ya cuentan con 31 perfiles de hombres y mujeres que han cumplido con los requisitos para convertirse en el primer Fiscal Anticorrupción, porque antes deben resolver otros temas. Por ejemplo, la iniciativa enviada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para eliminar el precepto que indicaba que a la instalación de la Fiscalía General de la República (en lo que se convertirá la PGR), quedaba de facto en calidad de Fiscal y por un encargo de nueve año, quien en ese momento fuese titular de la Procuraduría General de la República. Si no se resuelve eso primero, no habrá Fiscal Anticorrupción.

Además, discuten entre quienes desean que la Fiscalía Anticorrupción salga de la estructura de la PGR (o Fiscalía General de la República) para tener un mayor margen de independencia y maniobra para la investigación de actos de corrupción en los gobiernos vigentes. Es decir, que no sea juez y parte al ser un eslabón más de una estructura gubernamental.

Pero mientras los Senadores no se ponen de acuerdo en las bases y los cimientos de la Fiscalía General de la República, no podrán nombrar Fiscal Anticorrupción, y prácticamente es el único nombramiento que hace falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción comienza a andar en unos meses.

¿Cuántas bodegas repletas de riquezas ilícitas en manos de gobernantes necesitamos para que entienden que urge el Fiscal Anticorrupción? Espero que no muchas, en México corremos el peligro que, como en términos de inseguridad, la sociedad se vuelva insensible al enriquecimiento ilícito considerando la premisa que todo lo olvida: “No pasa nada, nadie termina en la cárcel”.

Que la cueva de los Duarte sea la urgencia que los Senadores vean para actuar ya.

Han pasado 8 días de febrero y México sigue sin Fiscal Anticorrupción. ¿Cuántos más habrán de transcurrir para que los legisladores hagan su trabajo y sostengan su palabra? Foto: Shutterstock

De hecho, ahora que el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto reculó hace unos días en el gasolinazo del 4 de febrero de 2017, que omitió, canceló, pospuso incrementar el precio de los combustibles, a propósito de la impresionante indignación nacional, surge la pregunta ¿Y cómo le hizo?

Recordará que en uno de sus múltiples mensajes a la Nación (dos en directo el 4 y el 5 de enero, 5 en otros actos, el 6, 9, 12, 17 y 24 de enero), el Presidente se la ha pasado justificando el aumento a las gasolinas. Pero en el primer mensaje “formal”, el del 5 de enero de 2017, sobre el incremento que dio a conocer el 28 de diciembre de 2016, incluso preguntó a los mexicanos ¿Qué hubieran hecho?, luego que explicó, que de no imponer el  aumento, o la eliminación del precio artificial, esto significaría un déficit de 200 mil millones de pesos, lo cual por supuesto afectaría a todos; es más, muy orondo, Peña enumeró los males a los que nos enfrentaríamos de no dar los gasolinazos: paralizar durante cuatro meses todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, interrumpir durante dos años todas las ayudantías y programas de Prospera, además de suspender por completo y durante tres años el servicio del Seguro Popular, y quitarle dinero a los pobres para dárselo a quienes más tienen.

De la medida dijo, y cito: “Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias, que se vería seriamente afectada si no tomamos esas medidas”. Ajá. Hasta ahí bien dentro de la teoría-justificación presidencial, pero entonces…

¿Por qué sigue funcionando el Seguro Social? ¿Por qué no se ha cancelado el servicio del Seguro Popular? ¿Por qué los programas asistencialistas de Prospera siguen su curso, lento, paupérrimo, pero lo siguen? O sea, ¿No hubo gasolinazo el 4 de febrero y no se colapsaron los servicios de salud? ¿El Gobierno sigue funcionando (es un decir)?, ¿Los funcionarios siguen cobrando su sueldo? ¿La maquinaria gubernamental federal continúa su ruta? ¿Qué sucedió? ¿Entonces no eran tan necesarios los aumentos a las gasolinas?

Realmente resulta sospechoso que la estructura gubernamental siga funcionando, y además que se hayan destinado mil millones de pesos adicionales para el trabajo de los consulados de México en los Estados Unidos. A ver, o bien el Presidente nos vio la cara y el dinero del incremento a las gasolinas no es el que requería para continuar gobernando y prestando los servicios, o los recursos los han sacado de otras partes, por ejemplo, el ahorro al que está obligado y en el que poco ha cumplido en apretarse el cinturón.

Todo este tema de dineros, recursos, aumentos, recortes, ajustes, huele mal. Tiene un tufo no muy extraño a corrupción. Es decir una administración es eficiente en la medida que hace eso, administrar los recursos en lugar de imponer incrementos o impuestos, y Peña ha hecho lo uno y lo otro. Ha dicho que la estructura ya no aguanta más y ha subido los costos para los mexicanos y enfatizado la carga fiscal, y al mismo tiempo ha detenido los incrementos ¿Cómo lo hizo?

Eso no lo ha explicado, porque ahora el Presidente está muy ocupado respondiendo las declaraciones y órdenes del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se ha olvidado de los gasolinazos.

Al tiempo que la opinión nacional se centra en defenderse de un Presidente de un país vecino, no sólo a Enrique Peña Nieto se le olvidan cosas, también a los legisladores. Y pretenden meter al país entero al tren de respondámosle a Trump ensalzando lo mexicano, y look“uniéndonos”, para alejar al pueblo del camino que ya se llevaba andado: el combate a la corrupción.

La corrupción sigue ahí, sin ser combatida, sin ser investigada, engrandeciéndose acaso cuando gobierno y sociedad tienen la mirada puesta en otro flanco.

La mayoría de los problemas de México, la impunidad, la ausencia del Estado de Derecho, la mala administración de los recursos, el pésimo estado de los servicios públicos, el freno del crecimiento, la disminución en la inversión, la pobreza educativa y la pobreza marginal y alimentaria, tienen origen en actos de corrupción que se traducen en pagos ilícitos, en compra de justicia, en negociaciones que benefician a unos cuantos, y así.

El 1 de febrero, el Poder Legislativo mexicano entró en sesiones, luego de estar de descanso desde diciembre. En la Cámara de Senadores está pendiente desde el último trimestre de 2016, la designación del Fiscal Anticorrupción. Nombrados ya los cinco ciudadanos que integran el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, hace falta –entro otros nombramientos- el Fiscal Anticorrupción, para echar a andar la máquina del combate del ilícito cometido por funcionarios y que afecta a los mexicanos todos.

Desde el mismo diciembre de 2016, los senadores tienen las carpetas de cada uno de los 31 ciudadanos que creen cumplir los requisitos impuestos para convertirse en el primer Fiscal Anticorrupción de México, cuyas facultades, serán, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, edición del lunes 25 de enero de 2016:

“Proponer campañas de denuncia contra la corrupción. Mecanismos de cooperación para solicitar información y evidencia a autoridades en el extranjero. Solicitar información a autoridades federales, estatales y municipales sobre presuntos actos de corrupción. Proponer estrategias de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para la persecución de los delitos de corrupción. Estudio de valoración jurídico de agentes ministeriales para las atribuciones en la resolución de averiguaciones previas. Supervisar a las agencias del Ministerio Público. Solicitar por conducto de agentes del ministerio público información para ampliar investigaciones. Conducir a los agentes del MPF en la investigación de delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

“Dictar normas y procedimientos para la organización de la fiscalía anticorrupción. Planear la estrategia para combatir la corrupción en el servicio público. Nombrar a los titulares de las Unidades de la Fiscalía Anticorrupción. Aprobar las investigaciones para la intervención de agentes del MPF, ejercer facultad de atracción de delitos del orden común relacionados con actos de corrupción. Autorización definitiva de la no ejecución de la acción penal, previo dictamen del agente del ministerio público. Emitir instrumentos legales para el funcionamiento y operación de la Fiscalía Anticorrupción. Promover ante las autoridades judiciales las medidas precautorias. Mantenerla coordinación con instancias gubernamentales para el seguimiento y cumplimiento de acuerdos y tratados para erradicar la corrupción. Programas de actualización y especialización en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Promover colaboración de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la tecnología y el intercambio de información para la prevención de delitos de corrupción”.

Ya está aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción y se conocen los entes gubernamentales que lo integran; ya están nombrados los cinco ciudadanos del Comité central, ya está creada la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, falta nombrar al Fiscal. Y esa pelota está en la cancha de los Senadores, quienes se comprometieron a iniciar los trabajos de entrevistas y la deliberación, para elegir en febrero (de manera pública y transparente).

Han pasado 8 días de febrero y México sigue sin Fiscal Anticorrupción. ¿Cuántos más habrán de transcurrir para que los legisladores hagan su trabajo y sostengan su palabra?

A estas alturas vale más la clara firma del gringo que el endeble discurso del mexicano. Foto: Cuartoscuro00

Los escenarios no podían ser más disímbolos.

El escritorio tiene nombre. Resolute se llama en relación al origen de la madera que eligieron para labrarlo, misma que fue extraída de los interiores de un barco británico. Llegó a la Oficina Oval de la Casa Blanca en 1880 cuando la Reina Victoria de Inglaterra lo obsequió en agradecimiento con el gobierno norteamericano.

Sentado frente a ese mueble que representa la solemnidad, la tradición y el respeto a la institución, y con la prensa de testigo, Donald Trump firmó sus primeros memorándums; no fueron decretos u órdenes ejecutivas, pero sí tienen la misma autoridad para convertirse en jurisprudencia. Sucedió el lunes 23, y el republicano emitió sus primeras reformas: la salida de Estados Unidos del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), el congelamiento de las plazas vacantes en la Gobierno, y el cese de presupuesto en el extranjero a instituciones y centros de aborto.

Trump, el Presidente de los Estados Unidos, realizó esas firmas apenas rodeado por el Vicepresidente, Mike Pence, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Rience Priebus, cuatro, cinco personas personas más a lo mucho. Sin más rodeos, y con memorándums de apenas una o dos cuartillas de texto, el republicano afectó con sus decisiones, a la tierra propia y a la ajena. Sin aspavientos.

Prácticamente a la misma hora, en México, el otro escenario.

Sin escritorio de por medio, el Presidente Enrique Peña Nieto una vez más convocó a “las fuerzas vivas” del País, empresarios afines, secretarios de estado, colaboradores suyos, sindicalistas y los líderes de las Cámaras Alta y Baja del Poder Legislativo. Además, unas 200 personas sentadas frente a él, que ocupaba el centro de un enorme presídium con todos sus empleados y seguidores, haciendo frente a la comisión de aplausos. El mismo circo mediático de siempre. Empresarios de los medios de comunicación, dueños algunos, reporteros los más.

Una mesa larga de madera con el escudo de México al centro, dio cabida a unos 20 integrantes de la mesa “de honor”. Muchos hablaron. Primero el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, después el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, después de éste como ya es costumbre, Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicano, más adelante Pablo Escudero, Presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Después de ellos, el Presidente tomó la palabra.

Muchos mexicanos esperaban que lo que dijera aquel lunes por la mañana Peña Nieto, fuesen acciones contundentes para enfrentar al gobierno xenófobo y fragmentario que hoy despacha en la Casa Blanca en la persona de Donald Trump. Medidas específicas, contundentes, que le dieran a los mexicanos certeza sobre el futuro económico del País, ante la arremetida del republicano.

Pero nada de eso sucedió. Rodeado de los afines representantes de los poderes, de los empresarios convenencieros, de los sindicalistas gobiernistas, de los funcionarios serviles y de una comisión de aplausos, el Presidente Enrique Peña Nieto no dijo nada. Nada para amortiguar los daños ante la caída del comercio mundial que en el caso de México se exacerba con las medidas Trump.

Nada para detener la depreciación del peso mexicano frente al dólar norteamericano. No dictó un decreto o propuso una reforma para atraer a las automotrices que están abandonando sus planes de inversión en México motivados por el cumplimiento de las amenazas de Trump de elevar los impuestos por importación a su país, o por los beneficios que les provee al hacer más laxas las leyes de protección al ambiente cuando de manufactura de unidades motores se trata.

Ni siquiera la depreciación del peso que suele ser un atractivo para el inversionista extranjero, particularmente para el maquilador, ha tenido efectos positivos en México, ante la falta de acciones por parte del gobierno federal para promover la producción nacional.

No dio a conocer una sola medida, un cambio en la legislación hacendaria, para remontar o recuperar la actividad industrial en suelo mexicano. Ni siquiera se comprometió a establecer medidas de control para las importaciones a México provenientes de los Estados Unidos, como el Presidente de aquel país lo está haciendo. Mucho menos firmó decretos para activar el consumo interno, que es lo que hemos estado sobreviviendo ante la desaceleración en la manufactura y la devaluación del peso.

Enrique Peña Nieto, rodeado de cientos de personas solo tuvo buenos deseos. “Prioridades” y “objetivos” para en algún momento cuando eso se transforme en leyes, reglamentos, normas o decretos, poder hacer frente a la embestida que con la firma de memorándums y rodeado de unos pocos en la Oficina Oval, Donald Trump está tundiendo a México.

No; Peña dijo que iba a “delinear los objetivos de la política exterior que seguirá México los próximos dos años”, pero ante el más grave problema que es la crisis económica, no dio lugar al Secretario de Economía, ponderado eso sí al de Relaciones Exteriores, su amigo Luis Videgaray, a quien se le atribuye el “logro” de tener buena relación con el yerno de Trump, Jared Kushner, y basar en ello el futuro de un país.

Las prioridades que dio a conocer el Presidente fueron una vez más, las clásicas palabras de definición abierta y de contexto, sin acciones definidas en lo particular: “fortalecer la presencia de México…”, “construir una nueva etapa de diálogo…”, “visión constructiva…”, “integración de Norteamérica…”, “negociación integral…”. Ni un decreto, ni una iniciativa tangible, ni una ley.

Y mientras Trump arremete, Peña promete: “garantizar trato humano a migrantes”, “repatriación ordenada y coordinada”, “libre flujo de remesas”, abogar para que los Estados Unidos detengan el tráfico de armas hacia México así como de recursos financieros de procedencia ilícita, ir por la “modernización comercial”, “proteger el flujo de insumos a México”, y, la mejor de todas: “fronteras que unan, no que dividían”.

En resumen, la política exterior de México para los próximos dos años, se reduce a buenos deseos, mejores intenciones y cero acciones.

Incluso el Gobierno de Canadá ha previsto ya y así lo ha hecho saber a la comunidad internacional, que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, ellos le apostarán a fortalecer una relación bilateral, antes que interceder por los mexicanos, algo que Peña parece está lejos de cometer.

La política exterior, en este caso extremadamente ligada a la política económica de México, parece estar encargada y sustentada en una sola persona. El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien en un momento de sensatez declaró al tomar posesión del importantísimo cargo, que llegaba a aprender.

De continuar el Presidente Peña sin tomar acciones concretas para activar la inversión extranjera, el consumo interno y la protección del peso, arropado por “las fuerzas vivas” de México, los memorándums de Trump estancarán más la economía mexicana. A estas alturas vale más la clara firma del gringo que el endeble discurso del mexicano.