Jorge Zepeda Patterson
21/08/2022 - 12:05 am
La Duda Histórica
Que el Ejército se infiltre en organizaciones criminales es entendible, pero que lo haga en organizaciones sociales es preocupante.
Cualquier persona que siga regularmente las noticias, y que a lo largo de ocho años haya escuchado distintas versiones oficiales sobre lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, está en todo su derecho de preguntarse si lo que ahora se ha presentado es lo que realmente sucedió. La anterior “verdad histórica”, sostenida por las autoridades con toda la contundencia que otorga el control de la información y los procesos, es desmentida con la misma contundencia por las autoridades que ahora están en control de la información y los procesos. Una nueva versión oficial sustituye a la otra, y uno no puede dejar de pensar en la novela de George Orwell, 1984, en la que el gobierno reescribe una y otra vez los libros de historia para modificar el pasado según las necesidades políticas del presente.
Y como no hay una alternancia sexenal a la vista, todo indica que este dictamen será la verdad histórica al menos durante los siguientes ocho años. Aunque no se quiera reconocer, los que escribimos y hablamos en medios sobre el tema carecemos realmente de la información y las fuentes que poseen las autoridades, lo cual significa que solo queda hacer actos de fe o apelar a alguna suerte de razonamiento lógico para asumir o no que esta versión es la correcta (o, en todo caso, más o menos correcta que la anterior).
En otros temas el periodismo puede ofrecer una versión complementaria significativa y contrastante a la que presenta el poder, pero en lo de Ayotzinapa los hechos y los testigos han sido tan distorsionados (y eliminados) por sucesivas capas de encubrimiento destinadas a imponer la versión oficial del momento, que desde afuera resulta poco menos que imposible separar lo falso y lo verdadero.
Dicho lo anterior, intuitivamente me merece más confianza Alejandro Encinas que Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam, responsables directos de la versión anterior. Pero asumo que podría tratarse de un sesgo político considerando las militancias de uno y otros. Personalmente no conozco a ninguno. En beneficio de Encinas habría que citar una reciente muestra de honestidad al afirmar que no coincide con la opinión de López Obrador de militarizar a la Guardia Nacional. No es poca cosa viniendo de un subsecretario de Gobernación subordinado al presidente, por no hablar del hecho inusitado de que ningún cuadro del obradorismo suele diferir públicamente de lo que sostiene el líder del movimiento.
También habla a favor del nuevo dictamen el hecho de que incrimina directamente a militares, al grado de que se estarían librando órdenes de aprehensión, pese a que a nadie escapa que las relaciones entre el poder ejecutivo y los generales nunca habían sido más estrechas. Más aún, no obstante los muchos rumores y evidencias sueltas que ya existían sobre algún tipo de involucramiento del destacamento militar en la región, las versiones oficiales anteriores habían intentado dejarlos fuera de la explicación. Bien por el reporte que habría vencido tales resistencias.
Por otro lado, arroja algunas dudas la elección del término “crimen de estado”, utilizado por Encinas. No se trata de un delito tipificado en el código penal, es decir, no hay una razón jurídica para invocarlo, sino política o, en el mejor de los casos, descriptiva. Los hechos relatados por Encinas en la presentación del informe están lejos de justificarlo. Por un lado, en la desaparición de los estudiantes afirma que habrían participado en distintos momentos policías municipales, presumiblemente al servicio de los narcos directamente ellos o sus jefes; por su parte, un teniente y sus soldados omitieron un protocolo para dar seguimiento a un militar infiltrado entre los estudiantes. De allí no se deriva que el Estado mexicano haya actuado como institución para asesinar a los normalistas, más allá del comportamiento corrupto y negligente de algunos de sus miembros.
Por otro lado, por “crimen de estado” Encinas podría estarse refiriendo no a la desaparición de los estudiantes sino a la intención posterior de encubrir la investigación y falsear los hechos para imponer una versión oficial. Esto podría ser más lógico. Pero al no precisarlo, y en una exposición dedicada sobre todo a relatar la nueva evidencia sobre la noche misma de la desaparición y asesinato de los estudiantes, hablar de un crimen de Estado parecería un desliz con fines mediático o políticos. Algo que no empata con el tono riguroso que empleó el funcionario y la credibilidad que persigue su informe. No pretendo minimizar el valor que representa llevar ante la justicia a funcionarios encumbrados que cometieron delitos durante la construcción de la anterior verdad oficial; deben responder por sus actos. Pero para que sea verosímil tendría que hacerse un esfuerzo para descontaminar de todo sesgo la investigación en contra de autoridades pertenecientes a una fuerza política distinta a la que detenta el poder. Tampoco ayuda que en la misma noche que Murillo Karam entra a la cárcel sea liberada Rosario Robles, dos casos sin relación entre sí salvo que pertenecían al mismo gabinete y la extraña coincidencia obliga a una lectura política. ¿Torpeza de la Fiscalía? ¿Mensaje?
Será útil conocer el posicionamiento de los padres de los estudiantes respecto a esta versión. La recibieron en presencia del propio López Obrador, pero hasta ahora se han mantenido cautos y esperan que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEG, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncie. Será interesante conocer su opinión, pues es la única entidad que además de las autoridades ha tenido acceso profundo a fuentes y testimonios.
Más allá de Ayotzinapa, han pasado inadvertidas las graves implicaciones políticas de uno de los hallazgos de este informe: el hecho de que los normalistas habían sido infiltrados por el Ejército. No se trataba de un grupo criminal, más allá de la rijosidad que les caracteriza al presentar sus reivindicaciones, pero están lejos de ser un factor de inestabilidad política que amerite un espionaje permanente por parte de los militares y al margen de cualquier investigación policiaca. En todo caso, los normalistas formarían parte del pueblo bueno al que hace referencia el presidente. Que el Ejército se infiltre en organizaciones criminales es entendible, pero que lo haga en organizaciones sociales es preocupante. ¿Qué otras áreas de la sociedad están siendo objeto de un espionaje por parte de los militares? ¿bajo qué marco legal? ¿quién lo supervisa? ¿qué agenda política hay detrás de esas acciones? Preguntas más que pertinentes en momentos en que estamos discutiendo el traslado de la seguridad pública y la justicia a los soldados.
Twitter @jorgezepedap
Mientras tanto ,los mortales en México padecemos la inflación sin límite y la violencia cínica del crimen organizado en territorio nacional , etcétera . Y la cosa se pondrá peor.
Estamos cansados de tantos cuentos orwellianos de la caja china.
La cosa se pondrá peor? Quieres decir que Margarita gana en 2024? Lo dicho, largémonos a Europa! Estás juntando dólares y euros?
La detención de Murillo Karam es resultado de una operación de propaganda política del autócrata de Palacio. Las conclusiones sobre Ayotzinapa que ofreció el señor Encinas son esencialmente las mismas que presentó Murillo en 2014.
¿ Casualmente liberaron a Rosario Robles ?
Una vez más ; quieren vendernos espejitos en lugar de rendir cuentas por los problemas torales que agobian a los mexicanos. A otro perro con ese hueso . Bola de sinvergüenzas.
Son lo mismo pero más bizarro.
No son lo mismo, son peores!!! Pero nos salen más baratos!!! Los que ya nos gobernaron, en especial los panistas, son unos langaros. En donde les dictan eso de «el autócrata de palacio»? Estos bots andan desatadillos ?
Yo culparía a Meade. No pudo ganar haiga-sido-como-haiga sido. 12 años priistas nos tendrían con un aeropuertote, loret hablando de popocapétl y brozo manoseando chamacas, chamacos y chameques. Maldito Pepe!
Los periodistas somos generalistas. Conocemos un poco de varias cosas. Pero eso no nos exime de consultar lo que no sabemos o de recurrir a las fuentes documentales originales. En el primer caso, por ejemplo, Jorge Zepeda puede recurrir a Pedro Mellado, quien es parte del equipo de sinembargo.mx, y tiene los suficientes conocimientos jurídicos para explicarle, como si fueran peras y manzanas, lo que es un crimen de Estado desde la parte conceptual, pero también normativa. Lo otro es todavía más fácil: basta con ingresar a la página web de la SCJN, de la CorteIDH o de la ONU para encontrar abundante material sobre el tema.
Sostener que “no hay una razón jurídica, sino política o, en el mejor de los casos, descriptiva”, para que Encinas invoque el término “crimen de estado” (con minúscula), porque “no está tipificado como delito en el código penal”, evidencia una ignorancia supina sobre el origen, construcción, desarrollo y vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. Exhibe también una concepción jurídica formalista –es decir, conservadora– por completo ajena al garantismo que ha prevalecido en las instancias jurisdiccionales de nuestro país, incluso desde varios años antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Preocupa –por lo menos a mí, que soy lector asiduo de sus textos– que un analista del nivel de Jorge Zepeda tenga conocimientos tan básicos en materia de derechos humanos y que, a partir de tan exigua elaboración conceptual sobre lo que significa un crimen de Estado, concluya: “Los hechos relatados por Encinas en la presentación del informe están lejos de justificarlo (el crimen de Estado)”. A su juicio, “hablar de un crimen de Estado parecería un desliz con fines mediático o políticos”.
Vaya. Decir que el periodista no entiende que no entiende sería extremadamente petulante. Se vale no saber o tener un conocimiento limitado sobre determinado asunto. El problema es fácil de corregir si se estudia el tema antes de emitir una opinión.
Lo que resulta sorprendente, y a la vez criticable, es que uno de uno de los pocos columnistas serios de la actual comentocracia no alcance a dimensionar lo que significa que el Estado perpetrador reconozca, oficialmente, que varios de sus agentes cometieron un crimen de Estado y que banalice un acto absolutamente trascendental para el presente y futuro del país, atribuyéndole móviles pueriles e ignorando sus efectos en el sistema de impartición de justicia en México. Se trata de una confesión explícita de parte que tendrá consecuencias legales, políticas, éticas y económicas.
Vamos por partes:
a) Si un líder criminal dio la orden de ejecutar, incinerar y desaparecer a 43 estudiantes de Ayotzinapa, y para ello se valió de la participación material de policías municipales y de la omisión de oficiales y tropa del Ejército durante la noche trágica de iguala, no se trata de un “comportamiento negligente y corrupto de algunos miembros” del Estado mexicano, como lo plantea con absoluta ligereza y dispatía el columnista, sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por delincuentes, pero también por agentes del Estado. Es decir, si policías municipales, que son sin duda “agente del Estado”, participan en los hechos, el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para México, considera que se trata de un…crimen de Estado. Bastaría leer la sentencia del caso Rosendo Radilla para comprender los elementos que lo conforman.
b) Si diversos agentes del Estado mexicano –policías municipales, estatales y federales; soldados, marinos y funcionarios de los tres niveles del Poder Ejecutivo (municipal, estatal y federal)—son responsables en distintos momentos, algunos por acción y otros por omisión, de la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se trata, sin que haya lugar a dudas, de un…crimen de Estado.
c) Si diversos agentes del Estado tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo, minuto a minuto, y no hicieron nada por impedirlo, a pesar de tener atribuciones, facultades, responsabilidades y obligaciones legales, son cómplices por omisión de delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Es decir, de un…crimen de Estado.
d) Si diversos agentes del Estado no sólo tuvieron conocimiento de lo que sucedió, sino que, además, encubrieron a los autores materiales e intelectuales de los hechos, son también copartícipes de los crímenes y ya no por omisión, sino por acción directa. Son, pues, corresponsables de un…crimen de Estado.
e) Si diversos agentes del Estado torturaron a los criminales para obtener confesiones a modo, y posteriormente sembraron pruebas de restos humanos de los estudiantes, a fin de construir una “verdad histórica” ficticia, que ocultara los vínculos de diversos agentes del Estado con el crimen organizado, todos los participantes en la trama son corresponsables, sí, de un…crimen de Estado.
f) Y así le podemos seguir.
En resumen: si diversos agentes del Estado son culpables de delitos de lesa humanidad, como es el caso, no bastan las sanciones individualizadas a las personas, establecidas en el código penal y en leyes específicas en materia de secuestro, tortura, desaparición forzada y otras. El Estado tiene responsabilidad directa en los hechos y por ello puede y debe ser condenado a diversas medidas en favor de las víctimas directas e indirectas. Eso incluye medidas de satisfacción (disculpa pública), reparación integral del daño y garantía de no repetición, entre otras.
Algunos crímenes son, al mismo tiempo, delitos de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos. Los sistemas jurídicos nacionales e internacionales castigan a las personas que son responsables, por ejemplo, de genocidio y de crímenes de guerra –que no son necesariamente lo mismo–, pero cuando se trata de violaciones a derechos humanos, las recomendaciones o sentencias internacionales se emiten en contra de los Estados parte, nunca contra individuos.
En ese contexto, reducir un crimen tan abominable como el de Iguala a su tipicidad en el código penal, o bien, atribuirlo al “comportamiento negligente y corrupto de algunos miembros del Estado” no sólo es una falacia jurídica gigantesca, sino también una aberración filosófica e, incluso, un extravío ético.
Asesinar seres humanos, incinerarlos y después esparcir sus cenizas, fue justamente lo que hicieron los nazis con los judíos, a partir de la premisa positivista defendida por Kelsen de que “la ley es la ley”. En el juicio que se le instruyó en Jerusalén, Eichmann alegó que solamente cumplía órdenes legalmente establecidas. Y en efecto, así era: el Holocausto fue legal, pero inhumano. Precisamente para combatir esa concepción jurídica surgió el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde el punto de vista teórico-conceptual, lo que Encinas describió en el informe se ajusta a lo que Hannah Arendt denominó en su momento como “una empresa criminal”, para referirse al Estado alemán durante el régimen nazi. Desde el punto de vista normativo, el reconocimiento oficial de que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado, representa un cambio radical de paradigma en el derecho interno y, al mismo tiempo, una contribución significativa de México al derecho internacional de los derechos humanos. Se inscribe en el marco de la justicia transicional.
Ciertamente falta mucho camino por recorrer, el cual, necesariamente, transita por el castigo penal a los perpetradores materiales e intelectuales. Pero lo más importante es que, al reconocerse la desaparición de los 43 como un crimen de Estado, se da un paso monumental en favor de todas las víctimas, directas e indirectas, no solamente de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familias. Este cambio de paradigma habrá de reflejarse en breve en los tribunales nacionales, así como también en los mecanismos no jurisdiccionales de derechos humanos en dos aspectos fundamentales: la reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
Zepeda Patterson dice que no pretende “minimizar el valor que representa llevar ante la justicia a funcionarios encumbrados que cometieron delitos durante la construcción de la anterior verdad oficial”, pero sin duda lo hace. ¿O cómo se interpreta lo que sostiene inmediatamente después? Cito: “para que sea verosímil tendría que hacerse un esfuerzo para descontaminar de todo sesgo la investigación en contra de autoridades pertenecientes a una fuerza política distinta a la que detenta el poder”.
¿Los escépticos como él requieren, acaso, una versión mexicana de la genuflexión de Varsovia en la que el entonces jefe de gobierno alemán, Willy Brandt, se arrodilló ante el monumento a las víctimas del levantamiento del gueto de Varsovia? Yo no dudo que AMLO lo haga. Pedir perdón a los familiares de los 43, a nombre del Estado mexicano, fortalecería al presidente y a las instituciones castrenses, en lugar de debilitarlas. Lo sabe perfectamente.
Respecto a Zepeda Patterson y su análisis fallido sobre el significado de “crimen de Estado”, lo único que resta es hacer votos porque las prisas consustanciales al ejercicio periodístico, o el cansancio cognitivo tan notorio en algunas plumas ilustradas del viejo régimen, no contagien ni contaminen su praxis periodística. Que el texto en cuestión sea sólo un desliz.
Ramón concuerdo con usted…también me quede pensando lo escrito por Cepeda….Patterson…ojalá revire saludos por su conocimiento!?,
La inflación??? El gobierno actual tiene tanto rubros pendientes y tú escogiste el único en el que México está mejor que potencias cómo EE.UU y Canada. Tu caja china te salió medio lacia.?