Por Maricela Palacio
Jiutepec, 16 Oct. (Notimex).- La directora del Departamento Jurídico del CIDE, Leticia Bonifaz, planteó que uno de los grandes retos de las organizaciones sociales, los legisladores y los gobiernos en algunos países como Bolivia, es armonizar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución con las leyes secundarias.
Al dictar una conferencia magistral en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que se lleva a cabo en este municipio del estado de Morelos, mencionó que Bolivia tiene una Constitución muy avanzada, pero un código penal del siglo XIX.
La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que la Iglesia Católica está presionando en ese país sudamericano para que se lleve a cabo un referéndum para que la población decida si se debe modificar el Código Penal para despenalizar el aborto, entre otros aspectos.
Leticia Bonifaz, quien como consejera jurídica acompañó al ex jefe de Gobierno del Distrito federal, Marcelo Ebrard, en todo el proceso para lograr la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), expresó que asesorará a las organizaciones bolivianas en esa lucha.
Más tarde, en entrevista, precisó que algunas agrupaciones civiles y una legisladora de Bolivia presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las prohibiciones que marca su código penal y han solicitado su asesoría.
Manifestó que el proceso jurídico va por buen camino, pero se requiere también convencer a los distintos sectores involucrados en el tema para que apoyen ese recurso legal.
“Me pidieron argumentar por qué si la Constitución ya trae nuevos derechos, tienen que declararse inconstitucionales normas,
particularmente del código penal, que son denigrantes para la mujer.
“Fui a la audiencia con los magistrados, de los siete magistrados hay algunos que vienen de procedencia indígena, y normalmente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres chocan cuando entra lo indígena”, detalló.
Mencionó que en ese país hay una fuerte injerencia de la Iglesia Católica y bajo el argumento de que los derechos no pueden ser sometidos a consulta, se buscará impedir el referéndum que está solicitado esta corriente religiosa.