El pasado 9N, sucedió en Cataluña a lo que tanto se oponía el gobierno Español de Mariano Rajoy, más de 3 millones de personas de forma pacífica, democrática y ordenada fueron a las urnas a pronunciarse acerca de si querían que Cataluña fuera un Estado y si querían que fuera un Estado independiente.
Quiero aclarar que mi objetivo de escribir este artículo no es pronunciarme a favor o en contra de la independencia, ni mucho menos explicar posturas, ya que aunque soy residente en dicha comunidad y tengo un hijo nacido ahí, no tengo ni la autoridad moral para hablar sobre el tema ni el conocimiento del mismo.
Lo que me parece irreal es que en pleno siglo XXI, un país democrático como lo es España, prohíba a nivel constitucional hacer una consulta ciudadana, en la que simplemente se buscaba conocer la opinión de los ciudadanos quienes llevan ya cerca de tres siglos con este problema, problema que es meramente social y político.
La situación se agrava cuando no sólo está prohibido hacerlo sino que podría haber una pena de cárcel de 5 años a quien resultara responsable (pena que por ser mayor a dos años, amerita sin posibilidad de fianza, privación de libertad).
Ahora bien, como no se hizo una consulta sino un proceso de participación ciudadana llevada a cabo por más de 40 mil voluntarios y sin figuras públicas de por medio, la Fiscalía comienza una demanda contra quien resulte responsable por haber prestado instalaciones oficiales para llevar a cabo el 9N.
Aunado a lo anterior el gobierno de Rajoy interpuso una demanda contra el President de la Generalitat de Catalunya por los delitos de desobediencia y prevaricación.
¿Por qué criminalizar conductas que tienen raíces sociales y políticas? ¿por qué buscar soluciones penales a problemas que de fondo nada tienen que ver con conductas antisociales que lesionan el bien común? La respuesta es clara, se busca reprimir la disidencia política con la fuerza más punitiva del estado, la cual debería actuar únicamente como última ratio con conductas altamente lesivas.
Los abogados seguramente pensarán: pero es la ley y por lo tanto se tiene que cumplir, sin embargo, las leyes en muchos casos, buscan únicamente prevenir conductas que no son de la conveniencia de los grupos de poder y en este caso específico, España demuestra su juventud en la democracia y utiliza sus leyes para evitar la “división”, violando el derecho de expresión de sus ciudadanos.
@criminologiamex
Interesante punto sobre este problema histórico de Catalunya que busca una solución pacífica y acordada con el gobierno central español. Lo que encuentro difícil de entender es la posición de Rajoy y su gobierno a negociar, a buscar soluciones; si su intención es mantener la unidad española a toda costa pero se aplica todos los recursos habidos y por haber para evitar que una región exprese su sentir, Rajoy termina siendo un represor y autoritario, como bien mencionas, provocando una crisis institucional adicional y reduciendo cualquier oportunidad de diálogo, de propuestas y de reformas. Quizá la respuesta al deseo independentista catalán sea una monarquía federativa o bien una república federal. Eso es lo que amigos de diferentes regiones de España me han dicho.
Actualmente España vive una crisis económica, política y social, escándalos que involucran a políticos, empresarios y hasta a la familia real, desempleo juvenil de casi el 50% y aún se defiende la idea que España es una, grande y libre tratando de negar lo que es obvio un país multicultural y diverso.