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Universitarias mantienen desde hace más de un mes un paro de labores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para exigir la atención y prevención de casos de violencia de género. Denuncian, al igual que el Presidente del Tribunal Universitario, que han existido una serie de obstáculos, como la complicidad entre autoridades de las facultades y escuelas de la casa de estudios para proteger a las personas agresoras.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ignoran las demandas por realizar acciones concretas en contra de la violencia de género y han condicionado el diálogo con las estudiantes que desde hace más de un mes mantienen en paro la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), denunciaron alumnas. En ello coincidió el Presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, quien reconoció que la casa de estudios no ha tomado medidas suficientes para responder cuanto antes a las exigencias de la comunidad estudiantil y defendió que una forma de mostrar interés sería suspendiendo cuanto antes a los señalados por agresiones mientras se inician investigaciones para esclarecer los casos. 

Las universitarias de la FFyL rechazaron una reunión que Rectoría les propuso el 13 de diciembre por considerar que se realizaría en condiciones de desigualdad porque no sería abierta al público, como las mujeres han exigido, y tendrían un tiempo limitado, además, dijeron que temían ser intimidadas de nuevo, pues denunciaron que el 11 de diciembre fueron seguidas y fotografiadas por trabajadores de la universidad y personas vestidas de civil cuando se dirigían de la Facultad a la Sala de Consejos Académicos de Área, en Ciudad Universitaria,para exponer sus exigencias.

“La razón la tienen las universitarias. ¿Para qué dialogan? ¿Para encontrarse con promesas incumplidas, para que al final no se sancione a los profesores acosadores? Están en los justo, y lo que nosotros debemos hacer como universidad es tomar en este momento medidas preventivas como suspender de inicio a los docentes o trabajadores señalados por acoso mientras son investigados, no se violarían sus derechos laborales como la retribución de sus salarios y tendrían, como todos, derecho de audiencia, pero ya no deberían estar en contacto con las alumnas, es fundamental darles a ellas esa garantía”, dijo en entrevista con SinEmbargo López Betancourt, encargado del órgano independiente de la UNAM que resuelve las faltas a la Legislación Universitaria cometidas por los miembros del personal académico y alumnos.

El académico denunció, como lo ha hecho en las últimas semanas, que trabajadores y personas docentes denunciadas por violencia y acoso sexual suelen contar con el apoyo de directivos de las facultades y escuelas, con quienes hacen “convenios en lo oscurito” impidiendo así que muchos casos lleguen al Tribunal Universitario. “Eso hace que las alumnas se disuadan de denunciar, mientras el acusado siga dando clases, siga hiendo a la escuela, es más factible que busque adeptos”, aseguró.

Los señalamientos del dirigente del Tribunal Universitario fueron calificados por la UNAM como “descalificaciones tendenciosas” en un comunicado difundido el pasado 6 de diciembre, sin embargo, Eduardo López aseguró que las diferencias con la Rectoría son “tiempo pasado” y esta semana autoridades avanzaron en propuestas para atender las demandas de las universitarias.

El doctor en derecho reconoció que las estudiantes “tienen toda la razón” en denunciar las fallas del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género vigente desde 2016 y aseguró que desde el Tribunal Universitario y la Rectoría de la UNAM ya trabajan en reformarlo para atender primero la secrecía de las denuncias, lo que implica resguardar la identidad de la persona que denuncie.

“Lo que sucedía es que si una una alumna denunciaba inmediatamente se sabía quién, ante ello la acosaban, la trataban de disuadir de que continuara con su demanda. El primer paso que se va a dar es que el nombre de la persona que denuncie se va a guardar con prudencia en un expediente que no va a ser publicitado porque eso es lo que ocasionó muchas veces la impunidad”, afirmó, y dijo que un segundo pasó será asegurarles a las y los denunciantes  acompañamiento psicológico o de trabajo social. 

“Este es el proyecto que se tiene para presentarle a las mujeres, principalmente alumnas, que con toda razón han tomado escuelas como exigencia”, adelantó López Betancourt al asegurar que el Rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers ha hablado con él y se mostró dispuesto a dialogar con las universitarias, mostrarles el proyecto y comentar la propuesta para suspender a los docentes y trabajadores señalados por acoso. 

“No hay limitantes cuando hay voluntad, no hay de ninguna manera algún freno si hay voluntad y estoy seguro que el Rector la tiene, inclusive el pasado martes me externó él personalmente su intención de dialogar con las estudiantes de Filosofía y Letras para decirles: ‘vamos a suspenderlos [a las personas denunciadas por acoso]”, dijo.

Sin embargo, la propuesta va en contra de una de las críticas que el movimiento de mujeres universitarias ha externado repetidamente sobre la intención de  centralizar el diálogo.

“Señalamos una vez más que no somos las únicas mujeres organizadas, sino que nuestras compañeras de planteles a nivel superior y medio superior en todo el país también están luchando y resistiendo. Estamos concientes de que su verdadera preocupación es que las instalaciones sean entregadas antes de que empiecen las vacaciones administrativas, y es por ello que plantean una falsa preocupación por resolver los conflictos que han llevado no solo a esta toma, sino a paros en otros planteles”, se pronunció el colectivo Mujeres Organizadas de la FFyL en un comunicado.

Hasta el 6 de diciembre, una semana antes de iniciar las vacaciones administrativas de la UNAM, los paros de labores encabezados por mujeres continuaban en la FFyL así como en los planteles 7, 8 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria.

El Presidente del Tribunal Universitario recordó que varias escuelas de la UNAM están en paro acusando a sus directivos de la indiferencia para atender los casos de violencia de género.

“A ellos les vamos a exigir responsabilidad, podemos inclusive pedirles su renuncia al cargo porque no están a la altura de lo que necesita la institución”, dijo.

En el caso de la FFyL, las universitarias también buscan destituir al Secretario General Ricardo Alberto García Arteaga Aguilar, quien fue denunciado en redes sociales por acoso sexual, y al Abogado de la Facultad Jesús E. Juárez.

Además, las mujeres organizadas buscan modificar los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General Universitario, para que la violencia de género se considere una falta grave. Otras de sus demandas son transparencia de los registros de violencia de género en la universidad; la creación de una comisión tripartita conformada por alumnas, académicas y trabajadoras encargada de supervisar una Unidad de Atención a la Violencia de Género; capacitación y sensibilización  obligatoria sobre violencia de género para la comunidad universitaria, así como una disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante que desapareció al salir de su casa en Iztapalapa en 2018, pues consideran que la actitud de la universidad ha sido omisa.

Las protestas de las universitarias se registran en un clima de violencia cotidiano. “La UNAM no nos protege, nos reprime”, “La UNAM encubre acosadores” y “UNAM feminicida” son algunas de las consignas que se pueden leer en las paredes y vidrios de la FFyL, que cumplió un mes y 10 días en un paro que podría extenderse hasta el inicio del próximo periodo escolar, en enero, en caso de que las autoridades universitarias y las estudiantes no alcancen acuerdos.

Los últimos tres años decenas de estudiantes y mujeres de la comunidad universitaria han denunciado casos de violencia de género. De acuerdo con datos de la UNAM, de 2016 al pasado 31 de octubre un total de mil 104 quejas se iniciaron a través de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias y de las oficinas jurídicas de los planteles,  de ellas resultaron 991 presuntos agresores.

Del número de quejas totales fueron iniciados 862 procedimientos de sanción, de los cuales 553 han sido resueltos y, de ellos, 528 fueron sancionados. Las cifras contrastan con los registros que universitarias han hecho, donde estiman que “las cifras negras” ascienden hasta los 2 mil 500 casos anualmente.