Los hombres tenían un grupo de WhatsApp llamado “La Manada” y actualmente cumplen sentencias de 15 años dictadas por el Tribunal Supremo por violar a una mujer de 18 años durante el festival de San Fermín de Pamplona en 2016.
Madrid, 4 de junio (AP).— Cuatro hombres que están en prisión en España por violar a una mujer en un sonado caso en 2016 recibieron el jueves nuevas penas de prisión por otro incidente de abuso sexual el mismo año.
Los hombres tenían un grupo de WhatsApp llamado “La Manada” y actualmente cumplen sentencias de 15 años dictadas por el Tribunal Supremo por violar a una mujer de 18 años durante el festival de San Fermín de Pamplona en 2016.
El caso desencadenó protestas generalizadas a favor de los derechos de las mujeres y un análisis sobre la forma en que los tribunales españoles manejan los delitos sexuales contra las mujeres. Cortes inferiores condenaron a los acusados en un principio por delitos menores.
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El jueves, un tribunal en la provincia sureña de Córdoba dictaminó que los hombres abusaron sexualmente de una mujer de 21 años dos meses antes del caso de Pamplona.
La violación ocurrió después de que la llevaron de un club nocturno a su casa, y mientras ella estaba inconsciente. Un video que grabaron ellos de la agresión fue evidencia clave en el juicio.
Tres de los hombres recibieron 2 años y 10 meses de prisión por abuso sexual y delitos contra la privacidad de la víctima, mientras que el hombre que filmó y difundió la grabación fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Las sentencias pueden ser apeladas.
Una agrupación de mujeres contra la violencia convocó a una protesta nocturna en Córdoba porque consideran que la sentencia es “vergonzosa” e “insuficiente”. Su lema es “sin justicia no hay igualdad”.
Entre los involucrados, hay dos futbolistas de Primera División del Club Atlético Huracán, quienes se encuentran detenidos al igual que el resto de los imputados. Todos son oriundos de Buenos Aires y tienen entre 21 y 29 años.
Ciudad de México, 26 de diciembre (RT).- La Justicia de Argentina investiga a 10 hombres que fueron acusados de haber violado en manada a una joven de 18 años, en una casa de veraneo en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Entre los involucrados, hay dos futbolistas de Primera División del Club Atlético Huracán, quienes se encuentran detenidos al igual que el resto de los imputados. Todos son oriundos de Buenos Aires y tienen entre 21 y 29 años.
De acuerdo al relato de la víctima y denunciante, ella concurrió a una fiesta en la vivienda invitada por uno de los jóvenes, a quien había conocido en una discoteca de la zona.
En un momento dado, según declaró, la encerraron en una habitación en contra de su voluntad y fue abusada en grupo.
En la casa había otras cuatro mujeres, quienes fueron demoradas por orden de la Justicia y liberadas horas después, tras ser indagadas por el fiscal de la causa, Ricardo Mazzuchi.
En tanto, la vivienda fue allanada por la Policía, que secuestró los teléfonos celulares de los agresores y las cuatro mujeres mencionadas, preservativos, bebidas alcohólicas y otros elementos de prueba.
Los dos jugadores de fútbol involucrados fueron identificados como Walter Pérez y Federico Marín. Tras conocerse la noticia, el club Huracán emitió un comunicado en el que repudió “cualquier acto de violencia en general y contra las mujeres en particular”. Y adelantó que, de confirmarse la veracidad de lo denunciado, la institución “no dudará en aplicar las medidas disciplinarias más severas respecto de los involucrados”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), el día de los hechos, la menor fue interceptada por un individuo en las escaleras del Metro Villa de Aragón.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexualesinició una carpeta de investigación por la violaciónde varios sujetos de una menor de 16 años, que habría ocurrido el pasado lunes en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), el día de los hechos, la menor fue interceptada por un individuo en las escaleras del Metro Villa de Aragón.
Posteriormente la obligó a subir a una camioneta color negro con vidrios polarizados; ahí estaban los cómplices del individuo, quienes la agredieron sexualmente.
Acorde al testimonio de la víctima, la camioneta donde la mantuvieron cautiva circuló por aproximadamente 40 minutos, posteriormente, abandonaron a la menor agredida y huyeron.
Policías de Investigación y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales ya iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de ubicar a los probables responsables y llevarlos ante las autoridades.
La Procuraduría General de Justicia de la CDMX, precisó que fue un hecho ocurrido al exterior del Metro.
Por su parte, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, ya proporciona apoyo médico y psicológico así como asesoría jurídica a la víctima y a sus familiares.
La joven víctima, una estudiante de fisioterapia de 23 años, regresaba a casa el 16 de diciembre de 2012 con un amigo tras ver una película en un cine de Nueva Delhi, cuando seis sujetos la atacaron.
Unos manifestantes sujetan pancartas y velas para protestar por la brutal violación en grupo en 2012 de la joven Jyoti Singh, en un caso que conmocionó al país y llevó a endurecer la legislación. Foto: EFE.
Nueva Delhi, 6 de mayo (EFE).- El Tribunal Supremo indio ratificó hoy la pena de muerte para cuatro de los acusados que participaron en la violación en 2012 de la joven Jyoti Singh, que moriría poco después por las heridas, en un caso que conmocionó al país y llevó a endurecer la legislación.
La sala, formada por los jueces Dipak Misra, R. Banumathi y Ashok Bhushan, ratificó las sentencias previas del Tribunal Superior de Delhi y una corte ordinaria de la capital india contra los acusados, que habían sido declarados culpables de violación en grupo, ofensas antinaturales, destrucción de pruebas y asesinato.
El Supremo rechazó la demanda presentada por la defensa, que pedía la cadena perpetua, en un delito en el que se aplicó la pena de muerte al tratarse de un “caso extraordinario entre los extraordinarios”, una categoría que se adjudica en la India a crímenes de especial virulencia y alevosía.
Uno de los abogados de los condenados, A.P. Singh, mostró su desacuerdo con la decisión del Supremo.
“No se puede emitir una sentencia de muerte para lanzar un mensaje a la sociedad. Esto supone una total violación de los derechos humanos y a los principios de la no violencia del mahatma Gandhi”, aseguró Singh ante la prensa a la salida del tribunal.
Los cuatro acusados cuyas sentencias han sido ratificadas -de los seis que participaron en la violación- son el monitor de gimnasio Vinay Sharma, el conductor del autobús donde se cometió el delito Akshay Thakur, el frutero Pawan Gupta y el desempleado Mukesh Singh.
La madre (c) de la joven Jyoti Singh, que murió tras ser violada en 2012, sale del Tribunal Supremo tras conocerse el dictamen de la corte en Nueva Delhi (India). Foto: EFE.
La directora de la Comisión de la Mujer de Delhi, Swati Maliwal, celebró la decisión de la máxima instancia judicial india.
“Al fin, aunque la justicia se retrasó, finalmente no fue negada”, sentenció Maliwal en su cuenta de Twitter.
La joven víctima, una estudiante de fisioterapia de 23 años, regresaba a casa el 16 de diciembre de 2012 con un amigo tras ver una película en un cine de Nueva Delhi, cuando la pareja subió al autobús en el que ella fue violada y torturada por los seis hombres.
La chica murió 13 días después en el hospital de Singapur al que fue trasladada de urgencia a consecuencia de las graves heridas sufridas.
Un quinto implicado en el caso, Ram Singh, el presunto cabecilla del grupo, se suicidó en marzo de 2013 en la cárcel, según la versión de las autoridades.
Y el sexto, tachado por la Policía como el más violento y que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, fue condenado a tres años de reclusión en un correccional y liberado en diciembre de 2015 tras cumplir la sentencia.
Con la puesta en libertad del joven, la capital india revivió las muestras de rabia que en diciembre de 2012 siguieron a la violación de Jyoti, aplacadas en parte cuando dos días después el Parlamento indio aprobó a toda prisa las enmiendas de la conocida como Ley de Justicia Juvenil, para poder juzgar como adultos a menores de entre 16 y 18 años, aunque sin poder retroactivo.
Esta aprobación suponía un paso más en el endurecimiento de las penas contra los violadores después del debate sin precedentes generado en la India tras la violación de la joven, que además llevó a que las políticas de protección a la mujer se convirtieran en habituales en los programas oficiales de los partidos indios.
En el video cinco jóvenes aparecen desnudos junto a la víctima, que intenta esconder la cara, en una habitación de una vivienda ubicada al parecer en la Baixada Fluminense, una región de altos índices de pobreza en el área metropolitana de Río de Janeiro.
La violación ocurrió presuntamente en una de las zonas más pobres de Brasil. Foto: EFE.
Río de Janeiro, 5 may (EFE).- La Policía del estado brasileño de Río de Janeiro informó hoy de que abrió una investigación para identificar a los protagonistas de un video publicado en las redes sociales en el que, así como un caso similar el año pasado, sus autores cometen una violación colectiva contra una menor de edad.
La investigación fue abierta luego de que una tía de una niña de 12 años acudiera a la Comisaría para la Infancia y la Adolescencia de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro para denunciar que su sobrina es la que aparece en el video, al parecer grabado en una fiesta de adolescentes esta semana.
“Aún no hemos escuchado a la víctima porque está en estado de shock y su madre tampoco pudo venir a presentar la denuncia porque tuvo que quedarse cuidándola en casa”, afirmó la titular de la comisaría, Juliana Emerique, en declaraciones a periodistas.
La comisaria afirmó que en el video que circula en las redes sociales, que la denunciante mostró a los investigadores, se muestran escenas de la violación colectiva.
En el video cinco jóvenes aparecen desnudos junto a la víctima, que intenta esconder la cara, en una habitación de una vivienda ubicada al parecer en la Baixada Fluminense, una región de altos índices de pobreza en el área metropolitana de Río de Janeiro.
En una de las escenas la menor se queja de dolor al ser sometida por uno de los jóvenes mientras que otro le pide a los gritos que mantenga silencio para que nadie pueda identificarla por la voz.
“Iniciamos una investigación. Por ahora sabemos que eso ocurrió en una comunidad de la Baixada Fluminense pero tenemos que tener mucho cuidado para preservar la identidad de la menor”, afirmó Emerique.
La comisaria agregó que la Policía no descarta “la participación de menores y de mayores en el crimen”.
La nueva denuncia se produce casi un año después de un caso similar ocurrido el 21 de mayo de 2016 en una favela de Río de Janeiro y que tuvo gran repercusión porque la información inicial indicaba que más de 30 personas habían participado en la violación de una menor, lo que finalmente no fue confirmado.
Pese a que la víctima, una adolescente de 16 años, dijo inicialmente haber sido violada por 33 agresores, la Policía estableció que el crimen fue cometido en momentos diferentes por unos doce hombres, primero por un grupo integrado por entre siete y nueve miembros de una banda de narcotraficantes y después por otro de tres personas.
La violación comenzó a ser investigada luego de que diferentes personas denunciaran la circulación de un video en las redes sociales en el que la joven aparece desnuda y desmayada, con sus órganos genitales sangrando, mientras que el autor de la grabación comenta que fue violada por al menos treinta personas.
Los detalles del crimen fueron aclarados por el testimonio de tres de los detenidos por el caso y gracias a las imágenes extraídas del celular con el que fueron grabados los vídeos.
Dos de los acusados en esta caso fueron condenados en febrero pasado a quince años de prisión.
De acuerdo con medios locales, el implicado quedó vinculado a proceso penal sin derecho a fianza después de que se cumplieron las 48 horas que la defensa de éste solicitó para presentar más pruebas a su favor.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Juzgado Tercero de Primera Instancia de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz dictó auto de formal prisión a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro acusados presunta pederastia y abuso sexual en contra de la joven Daphne Fernández.
De acuerdo con medios locales, el implicado quedó vinculado a proceso penal sin derecho a fianza después de que se cumplieron las 48 horas que la defensa de éste solicitó para presentar más pruebas a su favor.
A Cruz Alonso se le imputó los cargos de pederastia tumultuaria, por lo que podría enfrentar una pena de 12 a 40 años de cárcel.
El pasado jueves, el Gobierno español entregó en extradición al joven Diego Cruz Alonso a las autoridades mexicanas, quien fue detenido en Madrid por estar acusado de violar a una menor en Veracruz en enero de 2015, informó la fiscalía de México.
El joven, que cuenta nacionalidad mexicana y española, fue requerido por la justicia del estado de Veracruz, donde tiene una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia, remarcó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La entrega se realizó el 18 de enero “en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas por parte de autoridades españolas a elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a Interpol-México, para su traslado a nuestro país”, detalló.
La PGR confirmó que el joven llegó a la Ciudad de México alrededor de las 20 hora del mismo día y fue entregado a las autoridades de Veracruz para ser puesto a disposición del juez que sigue la causa.
El Consejo de Ministros de España acordó el 23 de diciembre pasado la extradición del joven de 21 años después de que la Audiencia Nacional aceptó entregarlo al rechazar los argumentos de la defensa, que atribuyó la acusación de violar a la menor a una “elaborada extorsión” del padre de la chica.
La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en el estado de Veracruz, aunque se denunció hasta mayo, y el joven se inscribió en noviembre de ese año en un curso de la Universidad Europea de Madrid, donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española supuso una huida de la Justicia mexicana.
Según el relato de la víctima, Diego en compañía de otras tres personas, la abordó en el momento en el que salía de un bar y la hizo subir por la fuerza en la parte trasera de un vehículo para dirigirse posteriormente al domicilio de uno de los acusados.
Durante el trayecto la menor fue sometida a tocamientos y una vez en el interior de la vivienda fue forzada sexualmente por uno de los acusados.
Tras ser detenido el 10 de julio pasado en España, Cruz alegó ante la justicia de ese país que no participó en el delito que se le imputa en México y se negó a ser extraditado.
En su petición de libertad, el imputado argumentó que no estaba huido de la justicia cuando se le detuvo en Madrid, sino que había abandonado el país norteamericano para hacer un curso en la Universidad Europea y que, de hecho, tiene domicilio conocido en una residencia de estudiantes de la capital española.
Cruz también argumentaba que tiene doble nacionalidad, que él “jamás” ha evadido la acción de la justicia, ya que compareció en el juzgado de Veracruz que instruye el caso en todas y cada unas de las ocasiones en que fue citado, que “no es un delincuente” y no participó en los abusos a la menor.
El pleno comparte todos estos criterios y añade que de la incidencia mediática en México de este caso “no puede deducirse afectación alguna de la imparcialidad (…) ni de la efectividad de la garantía de ser sometido a un juicio justo”.
Diego Cruz, fue detenido en 10 de julio en Madrid. Foto: EFE
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- La Audiencia Nacional española sostiene que la repercusión mediática en México del caso de “los Porkys de Costa de Oro” no afecta a la garantía de un juicio justo para Diego Cruz Alonso, el joven detenido en Madrid y reclamado por participar con tres amigos en la violación de una menor en Veracruz en 2015.
Este es uno de los motivos que esgrime la Audiencia Nacional para confirmar la extradición a México de Cruz Alonso, de veintiún años, tras rechazar el recurso de apelación contra la decisión previa de acceder a su entrega, según consta en un auto notificado hoy.
La reunión del pleno – integrado por 19 magistrados – se celebró el pasado viernes y ya ese día fuentes jurídicas consultadas por EFE informaron de que se había decido ratificar la extradición, si bien la resolución no se ha hecho publica hasta hoy.
Una vez notificado este auto, la última decisión sobre la extradición queda en manos del Consejo de Ministros español, que tiene la potestad de dar o no el visto bueno a la entrega.
La sección tercera dio luz verde a la extradición porque el delito por el que se le reclama es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, “siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
El pleno comparte todos estos criterios y añade que de la incidencia mediática en México de este caso “no puede deducirse afectación alguna de la imparcialidad (…) ni de la efectividad de la garantía de ser sometido a un juicio justo”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado, el tribunal indica que se trata “de una persona que no ha residido en España con carácter previo, que no le une vínculos reales y actuales”, ya que vino “a realizar concretos estudio de grado” por “dos trimestres” y no hay elementos que prueben que tratara de “instalarse” en España.
A esta circunstancia, el pleno añade que el conjunto “de la prueba, la víctima, demás encausados, testigos, y la necesidad de no dividir la continencia de la causa, exigen razonablemente que el enjuiciamiento se materialice en México, y que incluso pueda ser conjunto”.
En cuanto a la situación de las cárceles mexicanas, la Audiencia Nacional defiende que más allá de la “superpoblación penitenciaria o escasez de servicios de vigilancia, no puede concluirse sobre padecimiento de tratos inhumanos o degradantes” y confía en que la “autoridad requirente velará por los derechos del reclamado”
La supuesta agresión a una menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en Veracruz -no se denunció hasta mayo-, y el joven se inscribió en noviembre de ese año en un curso de la Universidad Europea de Madrid, adonde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española supuso una huida de la Justicia mexicana.
Durante la vista de extradición, Cruz Alonso se declaró entre lágrimas “cien por cien inocente” y explicó que el padre de la víctima le extorsionó a él y a los otros tres acusados de la violación en grupo (de familias adineradas) y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación que, según él, no cometió.
Pese a ello, la Audiencia Nacional no ha dado “ninguna credibilidad” a la versión exculpatoria del reclamado.
Cruz Alonso, que fue detenido el pasado 10 de junio en Madrid acusado de “pederastia tumultuaria”, es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo lo fue en México otro de los sospechosos, Enrique Capitaine.
De los siete imputados, cinco están bajo sospecha de haber violado a la joven y los otros dos de haber filmado las imágenes en las que aparece inconsciente. Cristiana Bento dijo que este crimen “entrará a la historia y ayudará a terminar con la cultura de la violación, principalmente en comunidades (favelas) donde los delincuentes no tienen noción de que eso configura un delito”.
Rai de Souza, de 22 años, sospechoso de haber participado en una violación colectiva. Foto: Archivo/AP
Imputan a 7 hombres por violación grupal de adolescente en Río
Río de Janeiro, 17 jun (dpa) – Siete hombres fueron imputados hoy por su presunta participación en la violación grupal de una adolescente de 16 años en una favela de Río de Janeiro, informaron medios brasileños.
La titular de la Comisaría de Niños y Adolescentes Víctimas, Cristiana Bento, quien encabeza las investigaciones, no descartó que haya más personas involucradas en el episodio, que fue divulgado en redes sociales y generó estupor e indignación en Brasil.
“La policía se basa en pruebas materiales y solo las encontramos hasta el momento contra los que fueron imputados. Espero que la Justicia establezca penas ejemplares”, dijo Bento.
Agregó que este crimen “entrará a la historia y ayudará a terminar con la cultura de la violación, principalmente en comunidades (favelas) donde los delincuentes no tienen noción de que eso configura un delito”, añadió.
De los siete imputados, cinco están bajo sospecha de haber violado a la joven y los otros dos de haber filmado las imágenes en las que aparece inconsciente, desnuda y siendo manoseada, y haberlas divulgado en redes sociales.
En Brasil, la ley vigente estipula como delito de violación no solamente los casos en que hay penetración, sino también cuando hay “actos libidinosos” contra una persona en contra de su voluntad o cuando es menor de edad.
Entre los imputados hay un menor de 17 años y tres acusados además de narcotráfico. Uno de éstos es el jefe del mercado ilegal de drogas en que la joven fue atacada, la favela Morro da Barao. El barrio integra el Complejo de Favelas Sao José Operário, en la región oeste de Río de Janeiro, y es controlado por el grupo del crimen organizado Comando Vermelho.
El delito salió a la luz el 25 de mayo, cuando las imágenes de la chica fueron compartidas miles de veces hasta su prohibición.
Según las últimas informaciones, tras ir a un baile “funk”, típico de las favelas cariocas, la joven fue a una casa de Morro da Barao con un chico con el que tuvo relaciones y otra pareja.
Al día siguiente quedó sola en la casa y, estando inconsciente, fue llevada a otro inmueble, donde fue abusada por al menos dos grupos diferentes de hombres y en momentos distintos.
Debido a que recibió amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, la joven y su familia ingresaron al programa de protección a víctimas amenazadas de muerte y fueron retiradas de Río de Janeiro a un paradero desconocido.
A raíz del caso fueron revelados datos preocupantes sobre lo que se dio en llamar la “cultura de la violación” en Brasil. Una mujer es violada cada 11 minutos en el país, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, mientras que en el estado de Río hubo en promedio 13 violaciones diarias entre enero y abril de 2016, según el Instituto de Seguridad Pública regional.
Las dos personas figuran entre las seis contra quienes se dictaron las primeras órdenes de detención por el caso que ha conmovido a Brasil y que ha generado protestas en las redes sociales.
Un policía brasileño escolta a Raí de Souza en Río de Janeiro. Foto: EFE
Río de Janeiro, 30 may (EFE).- Dos de los cerca de treinta acusados de haber violado a una adolescente de 16 años y de haber divulgado las imágenes de la agresión en redes sociales fueron detenidos hoy por la Policía Civil de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.
Las dos personas figuran entre las seis contra quienes se dictaron las primeras órdenes de detención por el caso que ha conmovido a Brasil y que ha generado protestas en las redes sociales.
Las primeras detenciones se producen cinco días después de que numerosas personas denunciaron la circulación de un video en las redes sociales en el que la joven aparece desnuda y desmayada, con sus órganos genitales sangrando, mientras que el autor de la grabación comenta que fue violada por al menos 30 personas.
Uno de los detenidos es Lucas Perdomo, de 20 años, futbolista del modesto club Boa Vista, a quien la menor violada identificó como su novio y en cuya casa dijo haber pasado la noche del sábado 21 de mayo antes de despertar al día siguiente, dopada y desnuda, en la vivienda en que fue atacada.
Perdomo, detenido en una restaurante en el centro de Río de Janeiro luego de los frustrados operativos policiales en su residencia y la de familiares, asegura que tras pasar la noche con la adolescente no volvió a verla.
El otro acusado preso es Raí Souza, de 22 años, que se entregó voluntariamente este lunes en la comisaría y que el viernes ya se había presentado ante la Policía para identificarse como el autor del video difundido por internet.
Souza dijo entonces haber tenido relaciones sexuales “consentidas” con la víctima, pero negó su participación en la supuesta violación colectiva.
Pese a tal declaración, su abogado dijo hoy que su cliente alega que no fue el autor del video y que las imágenes fueron grabadas con su celular por un narcotraficante al que solo identificó como Jefferson.
Agregó que la denunciante inventó lo de la violación incluso porque en la vivienda en que estaban difícilmente caben tantas personas.
Pese al desmentido, la jefa de la Comisaría de la Infancia y la Adolescencia de la Policía Civil de Río de Janeiro, Cristiana Bento, aseguró que ya hay elementos que permiten afirmar que la menor fue víctima de una violación colectiva.
“Mi convicción es que hubo violación y que el video lo prueba. El video muestra una persona tocándola y otros comentando. Lo que quiero probar es la extensión de esa violación. Si fueron 5, 10 o 30. Queremos verificar cuántas personas practicaron ese crimen. Si uno abusa y otro mira, el segundo también responde por el mismo crimen”, afirmó la comisaria al negar que la Policía tenga dudas sobre si hubo delito.
Agregó que, además de ser objeto de violencia sexual, la adolescente también fue víctima de otro crimen por la divulgación de las imágenes de las agresiones.
En su denuncia ante la Policía, la adolescente dijo que fue dopada y violada por 33 hombres, algunos armados con pistolas y fusiles, en una vivienda usada por narcotraficantes para encuentros sexuales con menores en el Morro do Barao, una barriada pobre en la zona oeste de Río de Janeiro.
Entre los otros cuatro acusados contra quienes fueron dictadas órdenes de arresto y que siguen prófugos figura Sergio Luiz da Silva Júnior, conocido como “Da Russa” y al que se señala como el jefe de la organización que controla el tráfico de drogas en el Morro do Barao.
Dos de los otros prófugos fueron los primeros en divulgar los videos en las redes sociales y el último aparece en una de las imágenes tomándose una foto al lado de la víctima.
De acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una mujer es violada cada 11 minutos en el país y, en 2014, 47 mil 636 personas sufrieron una agresión sexual.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
